Crisis climática
La falta de saneamiento pone contra las cuerdas la transición ecológica en España

En pleno debate sobre el precio de la luz, la gestión del agua ha pasado más desapercibida. Y es que a pesar de que el cambio climático sea una realidad que afecta a España también en forma de acceso a los recursos hídricos, muchas políticas públicas han procrastinado durante décadas. Desertificación del suelo, sequías generalizadas y lluvias torrenciales son algunas de las consecuencias del calentamiento global. Y, a pesar de esto, ningún gobierno ha invertido realmente en la gestión de las aguas residuales, una de las fuentes de acceso para la población.

A finales de julio, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR), una lista de objetivos que pretende fijar los puntos negros de la gestión del agua en España. Esta hoja de ruta para la adaptación al cambio climático se ha estado retrasando hasta tal punto que los incumplimientos de los acuerdos climáticos lideran las sanciones impuestas por la Unión Europea: España ha tenido cinco expedientes abiertos por falta de saneamiento de aguas urbanas.

En la actualidad, ocho poblaciones de Asturias, Tenerife, Málaga, Cádiz y Huelva siguen incumpliendo la normativa de tratamiento adecuado de sus aguas residuales

El Tribunal de Justicia europeo sentenció al país en 2018 a pagar la mayor multa de su historia, que asciende a 32,7 millones de euros, a causa del déficit de depuradoras. Además de una multa fija por los incumplimientos pasados, la UE también sentenció a España a pagar 20 millones por cada año de quebrantamiento de la directiva. Este dinero procede de la resolución de un expediente que se centraba en algunas de las poblaciones que no depuran sus aguas residuales o que lo hacen mal, y que concierne a áreas naturales.

En el momento de dictarse la sentencia, 17 aglomeraciones urbanas —con más de medio millón de habitantes— seguían vertiendo sus aguas residuales sin tratar adecuadamente al mar o a los ríos. En la actualidad, ocho poblaciones de Asturias, Tenerife, Málaga, Cádiz y Huelva siguen incumpliendo la normativa; de ellas, cuatro son responsabilidad del Estado y cuatro de las comunidades autónomas.

A pesar de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán,  confiaba en que a lo largo de 2019 se concluirían cinco depuradoras y en 2020 otras dos más, en la actualidad no se ha avanzado casi nada. Este pasado de mes julio solamente se había terminado la depuradora de Tarifa.

En 2018, más de 500 aglomeraciones urbanas todavía no alcanzaban su conformidad con la Directiva 91/271/CEE, aprobada el 21 de mayo de 1991

Además, los otros cuatro expedientes abiertos conciernen a casi 1.100 aglomeraciones urbanas más. Tal como asumió a principios de año el Director General del Agua, Teodoro Estrela, “existe un problema importante de saneamiento y depuración”. En 2018, más de 500 aglomeraciones urbanas todavía no alcanzaban su conformidad con la Directiva 91/271/CEE, aprobada el 21 de mayo de 1991. Esto implica a 10,7 millones de habitantes equivalentes. Y, aunque la Comisión Europea envió una carta de requerimiento a España el año 2012 y un primer dictamen motivado en 2015, 332 poblaciones siguen incumpliendo las obligaciones medioambientales a día de hoy.

Enfrentarse al cambio climático sin garantías

Cuando la mencionada normativa se aprobó en los años 90, el agua aún se consideraba un recurso renovable e infinito. Y, si bien es cierto que proviene del ciclo natural, una inadecuada explotación puede convertirla en un recurso finito. Su distribución geográfica supone un problema por los desequilibrios entre recursos disponibles y necesidades de agua, y, ya desde hace años, el estrés hídrico es problemático en muchas zonas de España. Además, la incidencia de las sequías ha ido incrementando desde los años 70 —un 20% aproximadamente según datos de la Science Hub de la Comisión Europea—. Y, a pesar del aumento de las lluvias torrenciales, las precipitaciones anuales tienden a descender.

Así pues, el desafío con el que se encuentra el Ministerio para la Transición Ecológica es cada vez más duro. No solamente cobra importancia el impacto ambiental del vertido de aguas contaminantes, sino la falta de aprovechamiento de unas aguas que pueden tener un uso posterior. En este marco, Ecologistas en Acción ha alertado, en un extenso informe publicado a principios de año, de la situación en la que se encuentra el país, y ha exigido a las administraciones que cumplan la normativa de aguas.

Un vertido de aguas fecales fue denunciado hace unos días en Isla Cristina (Huelva). Un documento califica de “terrible” el estado en el que se encuentra la depuradora de la población

Uno de los autores de dicho documento, Antonio Amarillo, destaca que “es preocupante que la contaminación producida por las aguas residuales sea muy superior a la permitida” y que “no es posible que aceptemos el mal funcionamiento de las depuradoras y del sistema en general”.

Isla Cristina, por ejemplo, es una de las nueve aglomeraciones urbanas consideradas en la multa millonaria de 2018. Un vertido de aguas fecales fue denunciado hace unos días por la fundación Savia a través de una carta pública a las administraciones. En el documento apuntan a una contaminación del espacio protegido Paraje Natural Marismas y califican de “terrible” el estado en el que se encuentra la depuradora de la población. Además explican que, como norma, se vierten sin tratar decenas de litros por segundo, algo “especialmente dramático”, ya que sucede desde hace años.

Amarillo apunta que el gran problema con las aguas residuales es que nadie lidera su depuración “por falta de gobernanza”

Otro gran problema con el saneamiento según Amarillo es que “las depuradoras no están diseñadas para separar las aguas pluviales y las residuales” lo que hace que “cuando hay fenómenos de lluvias torrenciales se viertan al medio sin depurar”. Desde la organización apuntan que es normal que se protejan las infraestructuras con esta herramienta, el aliviadero, aunque critican que no existan dos sistemas de canalización separados. Un ejemplo de este problema es el del Mar Menor. A pesar de que el vertido de nitratos sin control sea la causa principal de su deterioro, las aguas residuales urbanas que llegan a la laguna cuando llueve con intensidad también supone un revés para el medio natural.

A esto se le suma el estado del litoral. Según Ecologistas en Acción, que cada año otorga una bandera negra a las playas con problemas medioambientales, “lo que más nos encontramos son, justamente, los vertidos de aguas y la mala depuración”, que suponen un 31% del total.

Todas las provincias de costa, además de Ceuta y Melilla, han estado marcadas con este color. En el caso de Roquetas de Mar, en Almería, explica Amarillo que han recibido presiones para que no les otorgasen dicha marca. “El Ayuntamiento amenazó a compañeros de la organización, ya que la zona es turística y no quieren manchar su nombre”. Otra playa que levantó polémica fue la de Nerja, en Málaga. “A pesar de ser una de las playas más famosas de España, donde se grabó Verano Azul, no tienen depuradora a pesar de que hace más de 25 años que empezaron los trámites para eso”, concluye el activista.

España suspende (otra vez) en depuración de aguas y vertidos al mar

Pablo Rivas

Costas

Banderas Negras 2021 España suspende (otra vez) en depuración de aguas y vertidos al mar

Pablo Rivas

La depuración de aguas residuales es el problema más enquistado del litoral español, con casos especialmente graves como la depuradora de playa de El Carmen, en Barbate.

Saneamiento de aguas La mitad de las depuradoras del litoral presenta insuficiencias en el tratamiento de agua

El nuevo plan, una lista de deseos para 2030

La falta de políticas públicas en materia de acceso al agua es un debate que ha llevado al actual gobierno a aprobar el plan DSEAR este pasado 14 de julio. La intención es mejorar las infraestructuras y conseguir un uso más sostenible del agua en un contexto nacional con una carencia real de recursos hídricos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado esta serie de políticas de saneamiento y depuración con una línea de financiación de 12.600 millones de euros. Y es que la idea es anticiparse a las situaciones sobrevenidas en un contexto en el que el cambio climático pondrá contra las cuerdas el acceso al agua en el área mediterránea.

Este plan nacional constituye una herramienta para mejorar los planes hidrológicos del tercer ciclo (2022-2027) enfocados a cumplir con la Agenda 2030. El Plan, además, revisa las estrategias y actuaciones que definen la política del agua para alinearlas con el Pacto Verde Europeo. Para Ecologistas En Acción, sin embargo, “estas políticas llegan tarde” y “las acciones no son concretas”. Tal como apunta Amarillo, el gran problema con las aguas residuales es que nadie lidera su depuración “por falta de gobernanza”, ya que “hay muchas administraciones implicadas, los Ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, el Estado”.

El propio gobierno admite en el plan un significativo retraso en la puesta en marcha de muchas de las medidas programadas hasta ahora a causa de la escasa inversión. En esta línea apunta también la organización ecologista, que considera que “el problema del Plan DSEAR es que la financiación que contempla es muy ambiciosa” y que “aunque ahora se liciten las obras, una depuradora no estará en pleno funcionamiento hasta dentro de cinco o más años”. Y es que, además, el país ha destinado estos últimos años un 45% menos de dinero por habitante en las infraestructuras medioambientales que la media europea, y ha reducido la financiación a este tipo de proyectos en un 65%. Por esta razón, concluyen, el plan es “una lista de deseos”.