Argentina
Argentina: el descontento popular se cocina en cacerolas

La indignación en Argentina parece ir cocinándose a fuego lento, subiendo grados en la misma proporción que el gobierno de Mauricio Macri intensifica el ajuste neoliberal que viene exigiendo el Fondo Monetario Internacional desde hace bastante tiempo. El lunes por la noche la sociedad entró en en su primera ebullición: decenas de miles de argentinos salieron a la calle con sus cacerolas a protestar por las políticas del gobierno y la represión ejercida el viernes anterior y ese mismo día. Ayer, martes, se repitieron, siendo menos numerosas pero igual de intensas. El arma más temida, la cacerola, volvió a la calle.

Ni las piedras, ni las gomeras, ni los palos, ni los bombos. Las cacerolas, como en el 2001, se erigieron en el símbolo de la indignación popular. Una salida inesperada que todo lo desborda, que escapa a los conceptos de manipulación tradicionales y rompe el relato oficial de que son grupos violentos autoorganizados que atentan contra la democracia.

Nadie se anima a cuestionarlas, a restarles identidad, apenas desde los medios de prensa más oficialistas se las pretende ignorar o, en su defecto, difundirlas escuetamente como grupos de vecinos aislados, en planos cortos y audios que reducen su sonoridad. Banderas argentinas de ciudadanos de a pie, sin una estructura partidista detrás –al menos visible– e incluso en barrios porteños como San Isidro o Vicente López, de alto nivel adquisitivo, zonas donde el macrismo se hace fuerte.

'ARGENTINAZO'

A priori no parece demasiado inteligente en la planificación del Gobierno haber apretado el acelerador del ajuste en fechas que coinciden con las revueltas populares de 2001, ocurridas precisamente un 19 y 20 de diciembre, y que se conocieron como “El cacerolazo” o “El Argentinazo”.

Es cierto que la situación dista bastante de ser la que llevó a aquellos sucesos, pero las últimas medidas del Gobierno han calentado los ánimos de una sociedad que viene sintiendo en su propio bolsillo los efectos de las decisiones que se están impulsando. El relato de la necesidad de “hacer el esfuerzo” para salvar el país parece perder peso, incluso en algunos sectores sociales que dieron su voto al proyecto oficialista y que, sobre todo –y más allá de todo- se posicionan en clave anti-K [anti kichnerista].

La semana anterior ya hubo cierta unanimidad en las críticas porque el medio aguinaldo (paga extra) que se cobra en estas fechas comienza a desgravar, un extremo que desde 2014 con el Gobierno de Cristina Fernández había quedado exceptuado del impuesto a las ganancias. Paralelamente se conoció una medida cautelar de la justicia por la que el presidente del Club Boca Juniors y operador judicial de Mauricio Macri, Daniel Angelici, no tendrá que pagar impuesto a las ganancias por sus casas de bingo. Un ahorro de al menos 14 millones de pesos anuales para el amigo del presidente, en los mismos días en que tocaban el bolsillo a los trabajadores.

La chispa de las pensiones

Pero fue la reforma previsional la que aceleró la respuesta callejera. “Con los viejos no se jode”, se convirtió en uno de los lemas más escuchados y leídos. La nueva Ley significará un ajuste que nadie desconoce: la filosofía general pasa por modificar la base de cálculo de actualización de las pensiones, de modo tal que su poder adquisitivo será corroído a lo largo del tiempo por la alta inflación estructural que impera en el país sudamericano.

Además, se retrasa la edad de jubilación, aunque no se enuncie como no obligatoria, sino optativa. En el caso de los hombres el límite pasa de los actuales 65 a 70 años y en el de las mujeres de los 60 años de ahora, a 63; en ambas situaciones con la condición de haber aportado –como mínimo– durante 30 años. Solo que los contribuyentes, sabedores de que con el transcurso del tiempo su pensión será –en términos reales– cada vez más baja, intentarán jubilarse lo más tarde posible. Desde la oposición se afirma que esta medida implica atrasar –aunque de forma solapada– la edad de jubilación.

El propio gobierno se ha apresurado a anunciar que con esta reforma los jubilados cobrarán en 2018 un 5% por encima de la inflación, pero oculta que aun así el cobro estará por debajo de lo que les correspondería con las cuentas actuales.

Es decir que el efecto de recorte repercutirá en forma inmediata, tal es así que los legisladores peronistas que votaron a favor (en algunos casos denunciando que no tuvieron alternativa “apretados” por el Estado y en otros porque siempre han sido funcionales al poder de turno) acordaron con el gobierno que, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DUI), se asegure un bono compensatorio, solo para el año próximo, a quienes reciben las prestaciones más bajas, de hasta 10.000 pesos (571 dólares).

Militarización

Tras la militarización de las calles con motivo de las manifestaciones programadas contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el primer intento de aprobación de la reforma previsional del pasado jueves 14 terminó en una represión sin precedentes en la reciente historia democrática del país. Cientos de efectivos policiales y gendarmes, balas de goma, gases lacrimógenos, unidades motorizadas disparando y sembrando el caos por las calles, carros hidrantes y un despliegue que terminó con decenas de personas heridas y detenidas, incluso de algunas que ni siquiera se manifestaban. Dentro del recinto de diputados, la oposición forzó la suspensión de la sesión por los hechos que ocurrían fuera.

El martes, ante las fuertes críticas recibidas la estrategia del gobierno fue distinta, al menos para las cámaras. Alejó a gendarmería y policía federal a las calles adyacentes al Congreso y, sobre el vallado principal, solo dejó un retén con un centenar de policías de la ciudad de Buenos Aires provistos de escudos y escopetas que, en su mayoría, lanzaban balas de pintura; aunque el dispositivo fue más tarde reforzado con integrantes de las otras fuerzas.

Durante al menos dos horas un sector de la plaza fue un campo de batalla entre un grupo de unos 500 manifestantes y la policía. El relato visual mostraba que algunos congregados agredían a una policía que resistía y, a veces, contraatacaba. Era la hora de los informativos, transmisión en directo.

La mayoría de las versiones habla de infiltrados de las fuerzas de seguridad para alentar un clima de violencia que legitimara decir al Gobierno que eran grupos que intentan bloquear la democracia. Otras, nacidas de los mismos participantes, reivindican su derecho a entender la violencia como un camino de resistencia y rebeldía ante la otra violencia, la de los ajustes y la exclusión.

Más tarde se repitió lo del viernes anterior, fuera de las cámaras de televisión la represión descontrolada por todo el microcentro de Buenos Aires. Centenares de policías recorriendo las calles, unidades motorizadas disparando a la multitud gases lacrimógenos y balas de goma sin importar las distancias. Camiones hidrantes, antidisturbios, y perros. Tres personas perdieron un ojo por las balas de goma, 86 fueron detenidas (y a estas horas ya en libertad) y un chico fue tirado al suelo para que después, lentamente, pasase una moto policial por encima de él. También le dispararon y pegaron. Aún permanece internado por las quemaduras sufridas en la región abdominal.

Violencia en las redes

Con la misma velocidad con que desde el gobierno se intentó instalar el relato de la violencia de los piquetes y grupos violentos organizados, las redes se llenaron de imágenes tomadas por los móviles de la gente. Desde lo alto de azoteas y terrazas, desde la misma calle, se hizo evidente que alguien había dejado actuar en un primer instante para justificar lo que sucedió después.

Horas más tarde, ya por la noche, con los relatos aún en pugna, aparecieron las cacerolas. Y la protesta concentrada en la plaza se extendió a los barrios. Y la gente temerosa de ir al epicentro se animó a salir con lo suyos, con sus vecinos y amigas. Tronaron otra vez, como en aquel caluroso diciembre de 2001.