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Elecciones sin oposición para al Asad y protestas laborales en Omán y Líbano

El régimen sirio celebra una votación no reconocida por la ONU para legitimar al presidente durante siete años más mientras el nuevo sultán omaní atraviesa su primera crisis y el general del ejército libanés advierte de una implosión en las fuerzas armadas.
Alepo ruinas
Tras 10 años de guerra, Bashar Al Asad revalida su mandato en unas controvertidas elecciones

Bashar al Asad fue el protagonista el miércoles de unas elecciones no reconocidas por la ONU de las que nadie duda que saldrá vencedor y que tienen como objetivo presentarle de cara al mundo como la persona indicada para reconstruir el país después de 10 años de guerra, aún inacabada. En Omán, el nuevo sultán, en el cargo desde enero de 2020, afronta la que hasta ahora supone su mayor crisis. La falta de empleo en el país del golfo y el declive en los ingresos provenientes del petróleo aumentan la presión sobre las autoridades, cuyas medidas de austeridad parecen volvérseles en contra.

En Iraq, las autoridades habrían aceptado el regreso de 100 familias que vivían encerradas en el campo de al-Hol, conocido por albergar miles de familias de supuestos combatientes de Estado Islámico. El campamento hospeda 70.000 personas y UNICEF pide la liberación de al menos 22.000 de ellas, que son niños. En Líbano, el general del ejército, Joseph Aoun, continúa advirtiendo de una posible “implosión” dentro de las fuerzas armadas. La devaluación de sueldos y la sensación de abandono por parte de las autoridades amenaza con el incremento en la dejación de funciones por parte de los soldados, muchos de los cuales buscan segundas ocupaciones para llegar a fin de mes.

Elecciones sin misterio en Siria

El régimen de Bashar al Asad organizó el miércoles una votación en la que solo podían participar los sirios que viven en los dos tercios del país controlados por el gobierno y en la que se presentaban como alternativa solo dos personas afines al círculo de al Asad.

El presidente, que se mantiene en la cima del régimen familiar después de diez años de guerra y medio millón de muertos, pretendía con estas elecciones presentarse al mundo como el líder capaz de reconstruir el país, donde la pobreza golpea al 80% de la población. Hasta 48 candidaturas fueron denegadas “por errores en los requerimientos legales y constitucionales”, según el gobierno. La ley electoral exigía que los candidatos hubieran vivido en Siria de forma ininterrumpida durante los 10 años anteriores, impidiendo de forma efectiva la participación de cualquier oposición.

Estas fueron las segundas elecciones desde el inicio de la guerra, en 2011, y el presidente las preparó subiendo el sueldo a los funcionarios, en un intento de incrementar su popularidad. En las de 2014, al-Asad recibió el apoyo del 89% de los votos.

En Siria la ley electoral exigía que los candidatos a la presidencia hubieran vivido en Siria de forma ininterrumpida durante los 10 años anteriores, impidiendo de forma efectiva la participación de cualquier oposición

“Estas elecciones fraudulentas no suponen ningún progreso hacia la solución política”, decía un comunicado conjunto entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. El texto exigía a Siria que se pusiera a disposición de un proceso político liderado por la ONU, tal y como dicta la resolución 2254, aprobada en 2015 en defensa de una solución política pactada entre régimen y oposición.

Países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Líbano permitieron a los ciudadanos sirios participar en las elecciones desde el país de acogida. Miles de refugiados sirios organizados en autobuses asistieron a la embajada siria en Beirut para votar. Muchos cargaban banderas de Al Asad, y algunos fueron apaleados o intimidados en su camino hacia los colegios electorales. Según prensa local, los asaltantes serían seguidores de Fuerzas Libanesas, un grupo cristiano de extrema derecha que es contrario a la presencia de refugiados sirios y palestinos en Líbano.

El líder del partido y antiguo señor de la guerra, Samir Geagea, había dicho el día antes de la apertura de los colegios que el gobierno libanés debía “hacer una lista de todos los [refugiados sirios] que votaran a al-Asad para pedirles que se fueran del país inmediatamente”, ya que “el régimen no supone una amenaza para ellos”. Entidades sociales que trabajan en Líbano con refugiados sirios indocumentados alertaron que aliados locales de al-Asad estaban explotando su situación de precariedad para presionarlos y hacer que votaran a favor del presidente sirio.

La lucha por el empleo enciende las protestas en Omán

Varias docenas de personas sorprendieron el pasado lunes a las autoridades omaníes al protestar en la ciudad portuaria de Sohar, al norte de Omán. Los manifestantes, que exigían la creación de empleo y el fin de la corrupción de la clase política, se enfrentaron a la policía y hubo intercambio de piedras por gases lacrimógenos. Durante aquella noche, el gobierno evitó pronunciarse al respecto mientras la televisión pública mostraba una charla del sultán sobre empleo juvenil.

El ciclo de protestas, que se extendió durante varios días, supone por ahora el mayor reto para el nuevo gobernante del estado, Haitham bin Tariq Al Said, que accedió al trono en enero de 2020 tras la muerte de su primo, el Sultán Qabús bin Said al Said —que, a su vez, se perpetuó en el poder durante 50 años después de destronar a su padre—. Las medidas de austeridad que las autoridades omaníes han lanzado durante los últimos tiempos amenazan con volvérseles en contra. La economía del país depende en gran medida del negocio petrolero, y su estabilidad es vulnerable a los precios fluctuantes del crudo, cuya pérdida de valor en el mercado ha producido un declive del 35% en los ingresos estatales. 

El ciclo de protestas en Omán supone por ahora el mayor reto para el nuevo gobernante del estado, Haitham bin Tariq Al Said, que accedió al trono en enero de 2020 tras la muerte de su primo, el Sultán Qabús bin Said al Said

En un intento de reducir la presión sobre las finanzas públicas, los gobernantes exigieron a las empresas del país que despidieran a los trabajadores extranjeros y que los sustituyeran por omaníes, incluyendo también los puestos de dirección. La orden se produjo en abril de 2020 y el plazo para llevarla a cabo finaliza en julio de este año. En un país como Omán, en el que la población extranjera supone un 40% sobre el total, la medida ha causado estragos. El papel clave de la población extranjera en el desarrollo del país durante las últimas décadas supone un agravante a la situación.

Aunque la policía protagonizó un cambio de comportamiento en relación a los manifestantes —en lugar de atacarlos, días después se les veía repartiendo agua entre los asistentes—, activistas exigen una investigación sobre el uso de gas lacrimógeno proveniente del Reino Unido, del que Omán se independizó décadas atrás. Según grupos especializados, el Reino Unido habría comercializado con Omán desde 2015 una cantidad de latas de gas lacrimógeno valorada en 23 millones de dólares: “Omán es uno de los mayores compradores de armas al Reino Unido, y era solo cuestión de tiempo que estas armas fueran usadas contra civiles”, explican los activistas.

Iraq acepta el regreso de 100 familias del campo de al-Hol

El gobierno iraquí aceptará la semana que viene el regreso al país de 100 familias que estaban encerradas en el campo de al-Hol, donde residen hacinadas unas 70.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños. El campamento, ubicado en el norte de Siria, un territorio controlado por las fuerzas kurdas, hospeda a miles de familias de supuestos miembros de Estado Islámico, además de individuos que trabajarían de incógnito para reclutar combatientes para la organización.

Aunque la mayoría de personas en el campo de al-Hol provienen de Siria y de Iraq, existen al menos 22.000 niños que son hijos de personas provenientes de al menos 60 nacionalidades diferentes. Hasta ahora, diversos países han rechazado repatriar a sus ciudadanos, muchos de los cuales se unieron al Estado Islámico después de que se declarara el autodenominado califato, en 2014. El rechazo viene motivado por el temor de que mantengan vínculos con la organización yihadista o de que puedan cometer ataques cuando estén de vuelta en suelo nacional.

UNICEF ha pedido en varias ocasiones la liberación de los niños que están encerrados en al-Hol, alegando que cargan un fuerte estigma además de duras condiciones de vida, en muchos casos con ausencia de servicios básicos

UNICEF ha pedido en varias ocasiones la liberación de los niños que están encerrados en al-Hol, alegando que cargan un fuerte estigma además de duras condiciones de vida, en muchos casos con ausencia de servicios básicos. En el campo son habituales la violencia, los asesinatos, las detenciones y los incendios. El director regional de UNICEF en la región de Oriente Medio y el Norte de África, Ted Chaiban, pidió que todos los estados miembro de la organización “ofrecieran a los niños, que son sus ciudadanos, la documentación pertinente para evitar que se conviertan en apátridas. Esta política estaría en línea con las necesidades de los niños además de con los estándares internacionales”.

El general del ejército libanés advierte de una implosión en las fuerzas armadas

El jefe del ejército libanés, Joseph Aoun, continúa advirtiendo de una posible revuelta interna en las fuerzas armadas libanesas. En esta ocasión, según Reuters, el general se habría dirigido a las autoridades francesas, en un intento por conseguir la colaboración de París, que reaccionó ofreciendo ayuda con comida y medicinas para que se mantenga la ley y el orden dentro de las tropas.

Recientemente, Aoun había ocupado titulares al anunciar que dentro del ejército podía darse una “implosión” que les haga abandonar sus obligaciones: “el ejército está pasando hambre igual que el resto de la población”, aseguraba Aoun. Según la entidad Information Internacional, la caída en picado de la libra libanesa ha dejado el valor de los sueldos de los miembros del ejército por los suelos. La retribución mensual de un soldado raso o de un policía ha pasado de equivaler a unos 800 euros a valer poco más de 100, mientras que la del propio general Aoun, la más alta del ejército, ha bajado desde los 5000 euros a menos de 900. 

Miembros de los cuerpos de seguridad han reconocido a la prensa, en condición de anonimato, que se sienten abandonados por las autoridades y que su sentido de la responsabilidad a la hora de enfrentarse a los manifestantes va en declive. Muchos de ellos han tenido que buscar segundas ocupaciones para cubrir sus necesidades familiares.

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