Derecho a la vivienda
El sueño de un techo asequible, más lejos pese a la aprobación de la Ley de Vivienda

Hubo dos días de 2023 en los que parecía que, a fin de cuentas, se podía salvar el año. El 26 de mayo entraba en vigor la primera Ley de Vivienda de la democracia, con un acabado desteñido, lleno de trampas y agujeros, pero indudablemente mejor que lo que había antes, que era nada. Dos días después, el 28 de mayo, el resultado de las elecciones autonómicas y municipales convertía buena parte de la ley, al menos las más interesante, en inaplicable. Con una administración autonómica y municipal en manos de la derecha o, en el mejor de los casos, de un PSOE poco predispuesto, habrá que esperar al menos cuatro años para ver los aspectos más avanzados de la ley convertidos en políticas reales.

Un golpe de realidad para millones de familias que deben destinar un porcentaje cada vez mayor de su presupuesto al pago de la vivienda. Pese a la aprobación de la ley, la crisis de acceso a la vivienda es más grave que hace un año y mucho más grave que hace dos, cuando el Euribor, el índice por el que se rige el 80% de los hogares hipotecados de España, estaba en negativo. Hoy, con un Euribor cerca del 4%, unas diez millones de familias deben dedicar de media un extra de entre 200 y 300 euros mensuales para pagar las cuotas de su piso.

En este año, la opción de comprar una vivienda también se ha vuelto imposible para buena parte de la clase media (hace tiempo que ya lo era para los sectores empobrecidos)

Para Javier Gil, investigador y miembro del Sindicato de Inquilinos de Madrid, el pago del alquiler y de la hipoteca se ha convertido en dos de las principales fuentes de “empobrecimiento” de la población española.

En este año, la opción de comprar una vivienda también se ha vuelto imposible para buena parte de la clase media —hace tiempo que ya lo era para los sectores empobrecidos—. Los altísimos tipos de interés ofrecidos por los bancos hacen que las frases típicamente navideñas de “comprar para no tirar el dinero” o “comprar es más barato” estén más lejos de la realidad que nunca. Las cifras lo confirman.

Hasta septiembre de 2023, la firma de hipotecas se había reducido el 29,6% con respecto al año pasado. Las operaciones de compraventa de vivienda llevan también un año cayendo, aunque a un ritmo mucho menor, con un acumulado del 8,5%. Esta diferencia entre la firma de hipotecas y la compraventa de pisos delata la estrategia de un sector de la población con recursos suficientes o entidades financieras y fondos de inversión que están adquiriendo pisos a tocateja, es decir ahorrándose intereses de decenas de miles de euros en cada operación.

En los primeros diez meses del año, 204.859 viviendas fueron compradas al contado. Entre los compradores, además de hogares que ya disponían de una vivienda y decidieron venderla para comprar otra, destaca la presencia de entidades financieras y personas extranjeras, la mayoría procedentes de Reino Unido, Alemania y Francia, que ya acaparan dos de cada diez compras en España, según el Barómetro Inmobiliario de UCI y SIRA.

Los altísimos tipos de interés ofrecidos por los bancos hacen que las frases típicamente navideñas de “comprar para no tirar el dinero” o “comprar es más barato” estén más lejos de la realidad que nunca

La mitad de estos compradores extranjeros no son residentes en España y siete de cada diez paga al contado. Este desembarco de población extranjera de altos recursos se sostiene políticamente con la llamada Golden Visa, que otorga la residencia a cambio de la compra de uno o más inmuebles por valor de medio millón de euros. Pese a que países como Andorra, Bélgica, Malta, Finlandia, Croacia o Dinamarca limitan la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes, el acuerdo de investidura del Gobierno de coalición no incluye ningún punto al respecto.

El aumento récord de operaciones al contado —en julio eran la mitad del total—, evidencia un nuevo ciclo de acumulación y concentración de vivienda en cada vez menos manos: son muy pocas las familias que cuentan con suficientes ahorros para realizar estas operaciones sin financiación del banco.

A pesar de la caída de las operaciones y del número de hipotecas, el precio de la vivienda no ha dejado de subir y ha crecido un 7% en este año, según datos de Idealista. Un aumento del precio que no tiene en cuenta la escalada de los costes de los préstamos, que se han encarecido cerca del 50%, tanto en hipotecas fijas como variables.

Para el investigador Javier Gil, la economía española sigue dependiendo del tirón inmobiliario y la política central del Gobierno es que “el precio de la vivienda no baje”

Para el investigador Javier Gil, se trata de una cuestión puramente “política”. La economía española sigue dependiendo del tirón inmobiliario y la política central del Gobierno es que “el precio de la vivienda no baje”. Según argumenta este investigador y activista a El Salto, “hay bancos y fondos de inversión que han invertido mucho en España y no pueden ver que sus acciones bajan o se devalúan, y eso genera una contradicción entre las necesidades de los mercados financieros y las necesidades de la población”.

Ley de Vivienda, año uno

2023 ha sido un año “amargo” para el derecho a la vivienda, dice Lucía Delgado, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Es el año en el que se consiguió aprobar por fin la primera Ley de Vivienda de la democracia, pero el redactado final así como el resultado de las elecciones autonómicas y municipales han convertido sus principales conquistas en poco más que papel mojado. Al menos hasta ahora.

“No es lo que queríamos, pero sin la presión de los movimientos sociales no habría ninguna ley”, dice a El Salto. Lejos de verlo todo perdido, esta portavoz de PAH Barcelona valora la actual ley como un peldaño más en una larga lucha, sobre el cual seguir presionando para conseguir modificaciones que garanticen el derecho a la vivienda.

Guía para no perderse en los avances y “coladeros” de la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Guía para no perderse en los avances y “coladeros” de la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

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La Ley de Vivienda consensuada entre los socios de Gobierno incluye demandas históricas del movimiento social, pero también “está llena de agujeros” que hacen muy difícil que la norma sirva a su propósito.

Pablo Carmona Pascual “Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

El gobierno autonómico que ha mostrado más interés por aplicar la regulación de los alquileres que recoge la Ley de Vivienda ha sido Catalunya, y se ha encontrado con un muro burocrático: el Gobierno central no reconoce el índice de referencia de la Generalitat, elemento indispensable para declarar un área tensionada y aplicar el tope a los alquileres. Los trámites se han acelerado con la firma del acuerdo entre Sumar y PSOE —que pedía definir este índice “con carácter inmediato”—. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aseguran que el índice estará listo en enero de 2024.

De ser así, Catalunya se convertirá en el primer territorio en aplicar la regulación de los alquileres de la Ley de Vivienda, una versión light y menos ambiciosa que la propia regulación de los alquileres catalana que el Tribunal Constitucional tumbó en marzo de 2022 con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Bajará el precio de los alquileres si se aplica? Según los propios sindicatos de inquilinos, los “coladeros” de la Ley de Vivienda permitirían que un propietario pueda apañárselas para subir hasta un 35% el precio del alquiler en cinco años. Del resto de comunidades autónomas, solo Asturias, donde la cartera de vivienda la tiene IU, ha mostrado interés por iniciar los trámites necesarios para aplicar la regulación de los alquileres.

Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Acusan a Alquiler Seguro de cobrar honorarios ilegales a los inquilinos

Martín Cúneo

El Sindicato de Inquilinos de Madrid y Facua denuncian que la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro está cobrando honorarios a los inquilinos, algo prohibido expresamente por la Ley de Vivienda, vigente desde abril.

Otras novedades de la Ley de Vivienda que no dependen de las autoridades locales y son de aplicación automática no han tenido mejor suerte.

Una de las principales conquistas de la Ley de Vivienda y de las más celebradas por las organizaciones sociales fue la prohibición de cobrar honorarios a los arrendatarios. Según han denunciado en numerosas ocasiones los sindicatos de inquilinos, las inmobiliarias están vulnerando la ley de forma sistemática y sin ningún tipo de control ni castigo. A través de diversos subterfugios y partidas camufladas, Alquiler Seguro, Tecnocasa, RedPiso o Agencia Negociadora del Alquiler cobran de forma ilegal unos honorarios que según la ley corresponden al propietario, según denuncian los sindicatos de inquilinos y la organización de consumidores Facua.

Alquileres: el cielo es el límite

Quienes pensaban que la aprobación de la Ley de Vivienda iba a hacer más asequibles los alquileres o los iba a contener de algún modo se han tenido que llevar un buen chasco. Los alquileres en España aumentaron un 9,2% este año de media, según Idealista. El máximo aumento se registró en Baleares, con un incremento del 18,1%, seguidos de País Valencià (16,3%), Canarias (12,7%), Catalunya (11,2%) y la Comunidad de Madrid (10,6%). El alquiler medio de un piso en Barcelona alcanzó en octubre de 2023 los 1.123 euros, 36 más que a principios de año.

Entre las razones del continuo aumento de los precios de los alquileres, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias apunta a la disminución de la oferta de pisos —que cayó un 30% en el último año, según sus datos—. Según los analistas del mercado inmobiliario, esta disminución de la oferta se debe a la aprobación de la Ley de Vivienda y a la incertidumbre de los propietarios.

La escalada de los precios se explica, según los sindicatos de inquilinos, en el traspaso de pisos al mercado de los alquileres de temporada, turísticos y por habitaciones, aprovechándose de vacíos legales

Una explicación que no convence a los sindicatos de inquilinos, que apuntan más bien a un traspaso de pisos del mercado residencial hacia el mercado de pisos turísticos, de temporada y por habitaciones, tres tipologías convertidas en un reducto de inversión de propietarios que se están aprovechando de los vacíos legales para maximizar el beneficio de sus inversiones. Y no se trata de eludir tanto la Ley de Vivienda, cuya aplicación, salvo en Catalunya, es improbable en el medio plazo, sino más bien de escapar de las restricciones de la ley estatal de alquileres, que obliga a contratos de hasta cinco años en el caso de pequeños propietarios y de siete años en el caso de los grandes propietarios. Los alquileres turísticos, de temporada —que ha crecido un 40% en los últimos meses— y por habitaciones no se regulan por la Ley de Vivienda ni por la ley estatal de alquileres y permiten subir los precios y extinguir contratos a voluntad del propietario.

El plazo de seis meses incluido en la Ley de Vivienda para crear una comisión encargada de regular los alquileres de temporada ya se ha cumplido y hasta ahora no ha habido interés por cumplir con el compromiso. Sin embargo, según publicó este 17 de diciembre La Vanguardia, el Gobierno plantea lanzar en los siguientes días este grupo de trabajo y avanzar en la regulación de estos tipos de contratos.

Los fondos buitre y Airbnb encuentran vida más allá de la M-30

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Los fondos buitre y Airbnb encuentran vida más allá de la M-30

Martín Cúneo

El alza de los precios y el desembarco de Airbnb llega a los barrios populares de Madrid y provoca una nueva ola especulativa. Los contratos temporales se generalizan sin control. Frente a la expulsión de los vecinos, aumentan las resistencias.

Mientras la fiebre de los alquileres turísticos y de temporada empieza a llegar a los barrios obreros de las grandes ciudades —con grandes conflictos abiertos, como la lucha vecinal en el barrio madrileño de Puerta del Ángel contra el fondo buitre Vitruvio—, las propias plataformas y portales inmobiliarias han mutado al calor de la pandemia para saltarse las legislaciones y obtener rentabilidades mayores. Cuando se negociaba la Ley de Vivienda, estas transformaciones estaban cambiando el panorama inmobiliario y no fueron tenidas en cuenta. Las próximas luchas, afirman desde los sindicatos de inquilinos, tendrán como centro la regulación efectiva de este tipo de contratos.

Las luchas que vienen

Pese al desgaste y la frustración ante una Ley tan buscada y que ahora nadie sabe muy bien qué hacer con ella, las organizaciones sociales no han dejado de reclamar y organizarse para defender por la vía de los hechos el derecho a la vivienda.

La organización por bloques en lucha ha sido una de las vías más exploradas también en este año con el nacimiento de decenas de nuevos edificios donde sus vecinos se enfrentan de forma conjunta a los propietarios, una vía para sumar fuerzas y promover una negociación colectiva. La estrategia de “nos quedamos”, consistente en resistir en la vivienda pagando el mismo alquiler sin aceptar las subidas abusivas, sigue siendo la principal vía de presión.

El plazo de seis meses incluido en la Ley de Vivienda para crear una comisión encargada de regular los alquileres de temporada ya se ha incumplido y no hay anuncios ni interés visible en abordar este tema en el Gobierno de coalición

La lucha de los sindicatos de inquilinos contra los grandes propietarios ha permitido vincular luchas de diferentes barrios y ciudades. En abril de este año, el sindicato de inquilinos de Madrid “pasaba a la ofensiva” y lanzaba las Brigadas Inquilinas, una forma de llevar la organización sindical a cada bloque, empezando por los que comparten caseros con denuncias reincidentes de especulación y abusos.

Para Pablo Martínez, portavoz del sindicato, las Brigadas Inquilinas han significado “un punto de inflexión” en la historia de la organización. No solo han permitido al sindicato tener un contacto directo con los barrios y con la población que está sufriendo los abusos de los caseros, sino que ha facilitado que los inquilinos se organicen antes de que comiencen los conflictos, algo que les ha dotado de una posición de ventaja, explica. Esta iniciativa también ha introducido un cambio en las formas, a veces “tediosas”, de participación en un movimiento como este: “Las brigadas están permitiendo que gente encuentre un primer contacto con el sindicato excitante, que cuando acaba, en las cañas de después, se siente útil”.

Solo en Madrid, diez nuevos bloques se sumaron a esta estrategia del sindicato este año. Muchos de ellos, como los de Puerta del Ángel, surgieron después de una visita de la Brigadas Inquilinas. Las luchas del Plan Sareb, organización formada por más de 300 familias que viven en pisos del banco malo, también han marcado el año, con concentraciones y ocupaciones de edificios públicos. La organización reclama tanto una negociación colectiva con la entidad nacionalizada, el fin de los abusos y desahucios, una auditoría pública del banco y el traspaso del patrimonio inmobiliario al parque público.

Edificios en lucha: de la indefensión individual a la negociación colectiva

Gessamí Forner

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Edificios en lucha: de la indefensión individual a la negociación colectiva

Gessamí Forner

En Madrid, 12 bloques con 115 viviendas se niegan a asumir incrementos especulativos del alquiler, mientras siguen abonando la renta tras decaer el contrato. En Barcelona, alrededor de 2.000 hogares han conseguido desde 2018 una renovación del contrato del alquiler que consideran justa siguiendo esta estrategia.

Derecho a la vivienda “La casa es una condena”: el rápido encarecimiento de las hipotecas acorrala de nuevo a las familias

En Barcelona, el otro gran foco de la lucha inquilina, el año estuvo marcado por la defensa de Casa Orsola, cuyos vecinos organizados con el Sindicato de Llogaters de Catalunya resisten los intentos de desahucio después de que un fondo buitre comprara el edificio. Las luchas contra Blackstone, la Caixa y The District, el encuentro de fondos de inversión de todo el mundo que invierten en vivienda, también se convirtieron en focos de protestas.

Pese a la moratoria de los desahucios de familias vulnerable todavía vigente y la aprobación de la Ley de Vivienda que en teoría debía prohibirlos, los desalojos de familias sin recursos ni alternativa habitacional siguen produciéndose a diario. Y también las movilizaciones de las PAH, los sindicatos de inquilinos y las organizaciones de vivienda barriales para impedirlos.

Desde PAH Barcelona, Lucía Delgado sostiene que uno de los ejes para el siguiente año será presionar para que los grandes tenedores de todo el Estado estén obligados a dar alquileres sociales a las familias vulnerables en procesos de desahucio, algo que la ley catalana 24/2015 ya dispone, aunque requiere una vigilancia constante de las organizaciones.

La principal herramienta de la lucha por el derecho a la vivienda, dice Delgado, es la movilización contra los grandes fondos buitre como Blackstone o Cerberus, “que se escudan en que no tienen cara”, con sedes a miles de kilómetros de distancia. “Nuestro objetivo es desenmascararlos, hacer ver a la sociedad que son los grandes conocidos de todas las crisis económicas, que van mutando con diferentes caras para especular con nuestros derechos a toda costa”, dice Delgado.