Derecho a la vivienda
El PP promete blindar los pelotazos urbanísticos si gana las elecciones

En las municipales y autonómicas, la vivienda fue uno de los temas centrales. En la campaña del 23J el problema de millones de personas que no pueden acceder a una vivienda digna o que deben dedicarle la mitad de sus ingresos apenas ha despegado entre una nube de descalificaciones, acusaciones cruzadas y monólogos sordos.

Solo en el debate a siete emitido en RTVE el 14 de julio el tema llegó a tener su propio espacio, entre defensas a la Ley de Vivienda por parte del bloque progresista y la afirmación de Espinosa de los Monteros (Vox) de que el Gobierno “no ha construido una sola vivienda en cinco años”. Una aseveración falsa pero aproximada: desde 2018, se han producido apenas 9.330 calificaciones definitivas de viviendas de protección oficial procedentes de planes estatales con un parque público que sigue sin superar el 2%.

En las 110 páginas y 365 propuestas del PP, no figura ni una promesa para mejorar la situación de cuatro millones de hogares con hipotecas variables que han visto subir su cuota cerca del 50%

Los altos precios de la vivienda, del alquiler y de las hipotecas están presentes en los programas de los cuatro principales partidos con soluciones muy distintas y alguna coincidencia. El PP y Vox prometen derogar la Ley de Vivienda si llegan al poder; el PSOE, aplicarla para alcanzar “en unos años” el 20% de vivienda social; y Sumar propone enmendar algunas deficiencias de la Ley, que permitirían —si así lo permiten los resultados del 23J y el Tribunal Constitucional— aplicar la regulación de los alquileres en todo el territorio cuando se den las circunstancias objetivas para declarar un mercado residencia como tensionado.

El problema de vivienda es la ocupación 

El PP reconoce en su texto programático la crisis habitacional que atraviesa buena parte de la sociedad española. Según sus propios datos, 6,7 millones de españoles “no pueden mantener su hogar con una temperatura adecuada”, mientras que “la cuota hipotecaria ha crecido un 49% desde 2019”. Algo directamente relacionado, afirman en su programa, con que un tercio de la población tenga dificultades para llegar a fin de mes y un 26% esté en riesgo de pobreza.

El choque entre la denuncia de los problemas sociales y la falta de propuestas para enmendarlos no solo se dejó ver en el debate electoral a dos de La Sexta. También está presente en el programa electoral del partido favorito en las elecciones del 23 de julio. En las 110 páginas y 365 propuestas del PP, no figura ni una promesa para mejorar la situación de cuatro millones de hogares con hipotecas variables que han visto subir su cuota cerca del 50%, entre 250 y 300 euros mensuales, por el aumento del Euribor. 

El ‘fake’ de la okupación sigue ganando elecciones

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda El ‘fake’ de la okupación sigue ganando elecciones

Martín Cúneo

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Una campaña de la derecha y la extrema derecha consigue explotar “anécdotas extremas” y ‘fake news’ para situar la okupación como el principal problema de la vivienda.

El fantasma de la okupación, agítese antes de usar

En abril, un mes antes de las elecciones del 28M, Feijóo posicionó la idea de “sentarse con los bancos” y crear un “fondo solidario” para ayudar a las familias con problemas para pagar la hipoteca, una idea que desarrolló poco después con la propuesta de implementar una ayuda de hasta 750 euros por familia para pagar las deudas hipotecarias. Sin embargo, nada de eso ha quedado plasmado en el programa electoral, que no recoge ni una sola medida para aliviar la situación de estas cuatro millones de familias con hipotecas variables.

Para resolver la crisis habitacional, la propuesta estrella del PP es la derogación de La Ley de Vivienda, una norma que, según afirman, “ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado”.

El PP propone que el Estado avale el 95% de la hipoteca de las primeras viviendas de hogares jovenes. El PSOE, en la misma línea de promover con fondos públicos el regimen de propiedad, propone avalar el 20%

Para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, el partido de Feijóo apuesta por entregar recursos del Estado a los hogares para favorecer la compra de pisos. En concreto, promete avalar hasta el 95% del préstamo hipotecario para la compra de las primeras viviendas de menores de 35 años, una dinámica que vuelve a esquemas previos al estallido de la burbuja inmobiliaria –cuando los bancos financiaban el 100% de las hipotecas–, y no hace más que agravar el problema de la vivienda, tal como denunciaron en su momento el movimiento de vivienda y distintos líderes de Unidas Podemos. El PSOE, en la misma línea de promover con fondos públicos la vivienda en propiedad, incluye en su programa electoral que el Estado avale el 20% de la hipoteca de los hogares jóvenes.

Otra de las grandes medidas defendidas por el PP es la creación de una ley de “seguridad jurídica en materia de urbanismo”, una norma que garantice, según sus propias palabras, “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos” o, dicho de otra manera, blindar legalmente los pelotazos urbanísticos e impedir a las administraciones futuras deshacer los planes aprobados.

En el capítulo de “Defensa del derecho a la propiedad de los españoles”, el PP despliega un paquete de medidas para combatir la ocupación. Entre ellas, una reforma legal para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas, sin especificar si se refieren a los delitos de usurpación, que se dan en España casi en exclusiva en viviendas vacías en propiedad de bancos y fondos buitres, y el delito de allanamiento de morada, que se produce en viviendas habitadas y segundas residencias, con una intervención inmediata de la policía y duras penas.

El PP propugna la creación de una ley de “seguridad jurídica en materia de urbanismo”, una norma que garantice “la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”

Además de dotar de más recursos a las unidades encargadas de estos desalojos express, el PP amenaza con aumentar las penas a los delitos de usurpación hasta los tres años de cárcel, especialmente si la ocupación está organizada por “mafias” –otra coincidencia discursiva con el PSOE–, “introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones”. Si el PP gana las elecciones y aplica esta medida, una ocupación de un edificio vacío de la Sareb o de un fondo de inversión por parte de familias vulnerables –existen decenas de bloques ocupados en toda España organizados por colectivos de vivienda– pasaría a ser un delito castigado con condenas mucho mayores.

El PP plantea solucionar el resto de problemas con más vivienda social –sin especificar ni dar cifras ni asumir compromisos– y a través de la movilización de suelo público “con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”, es decir, pelotazos urbanísticos con suelo público y, a partir de ahora, blindados por ley. No se puede decir que no avisaron.

El partido de Santiago Abascal reproduce la misma lógica del PP: frente a los problemas de acceso a la vivienda, una decidida apuesta por la vivienda en propiedad, mayores castigos a las “mafias de la okupación” y ligereza para desalojar viviendas ocupadas.

El PP pretende solucionar el problema de la vivienda a través de la movilización de suelo público “con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”, es decir, pelotazos urbanísticos con suelo público y, a partir de ahora, blindados por ley

La otra gran solución es la liberación de “todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido” para la construcción de vivienda nueva en venta, junto con una batería de recursos fiscales –recuperación de la deducción por vivienda, reducción de los impuestos a las constructoras– para promover una nueva ola urbanística. Desde Vox también propugnan por la promoción de la vivienda social, pero en régimen de venta, la derogación de la Ley de Vivienda y la anulación de todo el desarrollo legal autonómico que vulnera, según ellos, el derecho a la propiedad.

¿Hay vida más allá de la Ley de Vivienda?

El elefante sobre la mesa del programa del PSOE no se menciona en las 272 páginas de propuestas electorales. Después del resultado de las elecciones del 28M, aún en el caso de revalidar un gobierno de coalición, las posibilidades de aplicar la Ley de Vivienda y otras medidas correctoras son más que limitadas. Tras las autonómicas, solo Catalunya y Asturias han mostrado interés en estudiar las posibilidades de declarar zonas tensionadas para aplicar los topes a los alquileres que recoge la ley.

Con este panorama y gran parte de la política de vivienda transferida a unas comunidades autónomas de color azul, la propuesta de alcanzar el 20% de vivienda protegida utilizando los recursos de la Ley de Vivienda –propuesta estrella de los socialistas– suena lejana. Más concreta –pero nada original– es la propuesta de destinar 2.500 millones de euros para abrir una línea de crédito del ICO para avalar el 20% de la hipoteca para la compra de primera vivienda de menores de 35 años. Los populares no tardaron en calificar de plagio la idea del PSOE y la mejoraron aumentando la cifra avalada al 95%.

Con gran parte de la política de vivienda transferida a unas comunidades autónomas de color azul, la promesa de alcanzar el 20% de vivienda protegida utilizando los recursos de la Ley de Vivienda suena lejana

A diferencia de los programas de PP y Vox, que también afirman querer apoyar la vivienda social y protegida, el PSOE pone cifras y se compromete a lanzar 183.000 viviendas públicas en alquiler, la mitad para jóvenes, en los siguientes años.

Aunque con matices, el PSOE utiliza un tono similar a los programas de PP y Vox para referirse a la ocupación. El partido socialista promete que “combatirá las estructuras mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades”. Entre las promesas para acabar con este “hecho grave”, el partido de Sánchez propone impulsar “una reforma legislativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas”. Al igual que el PP y Vox, no distingue entre usurpación y allanamiento de morada y lo que Feijóo promete hacer en 24h, el PSOE promete hacerlo en 48h.

La ilegalización de las empresas que utilizan el acoso y distintos tipos de violencia para realizar desahucios extrajudiciales no ha encontrado lugar en el programa del PSOE, como tampoco en el de Sumar, PP o Vox.

Al igual que el PP y Vox, PSOE no distingue entre usurpación y allanamiento de morada y lo que Feijóo promete hacer en 24h, el PSOE propugna hacerlo en 48h

Otra de las propuestas estrella del PSOE son las ayudas a las familias más afectadas por la subida del Euribor. En su programa electoral se compromete a ampliar el umbral de la renta media a 37.800 euros para acceder a las medidas de apoyo, que incluirían la extensión por siete años del pago de las hipotecas y la congelación de las cuotas durante un año, algo que se se traduciría en un ahorro medio de unos 300 euros mensuales, aunque el total a pagar no disminuiría y no queda claro cómo y quién y pagaría esta medida.

La necesidad de regular los alquileres de temporada –uno de los principales coladeros de la Ley de Vivienda, según denuncian los sindicatos de inquilinos– apenas merece alguna línea en el programa del PSOE y ninguna concreción: el partido de Sánchez se limita a prometer la “regulación de los contratos de arrendamientos para recoger las peculiaridades de cada situación [...], sobre todo en el caso de arrendamientos temporales para uso como primera vivienda”.

Las vaguedades y promesas vagas sin apenas compromisos en materia de vivienda —más allá del número de pisos públicos— contrasta con el programa de Sumar, que desarrolla una batería de medidas más concretas que irían incluso más allá de la Ley de Vivienda y enmendarían algunas de las deficiencias señaladas por los sindicatos de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El programa recoge muchas demandas históricas del movimiento de vivienda que quedaron fuera de la Ley de Vivienda: aumentar la duración mínima de los contratos de alquiler, el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago, obligar a las administraciones a ofrecer alternativa habitacional frente a un desahucio de una familia vulnerable, movilización de vivienda de la Sareb en coordinación con las comunidades autónomas o la “regulación efectiva de precios del alquiler y desarrollo de un régimen sancionador”.

Con respecto a los alquileres de temporada, el alquiler turístico y de habitaciones, el partido de Yolanda Díaz propone establecer “limitaciones” para que no “se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda”.

Además, proponen implementar y favorecer desde el Gobierno central una serie de iniciativas que han experimentado un importante auge en los últimos años en diferentes gobiernos autonómicos de centro-izquierda: un registro de viviendas vacías, juzgados especializados en conflictos vinculados con el derecho a la vivienda, el desarrollo del derecho de las administraciones al derecho de tanteo y retracto o unidades que vigilen el acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda.

Sin embargo, no ha sido ninguno de estos temas los más defendidos en espacios públicos por los representantes de Sumar. Una de las propuestas que más han sonado es la de dedicar el 1% del PIB –el doble que ahora– para ensanchar y rehabilitar el parque público de vivienda y la creación de un bono de emergencia para ayudar a los hogares a pagar sus hipotecas variables. El coste de esta última medida sería de mil millones de euros, que se “financiará con cargo al impuesto extraordinario a la banca”.

Con esta “portabilidad obligatoria” de las hipotecas, las entidades estarían obligadas a competir entre ellas, algo que ayudaría, según Martín Urriza, de Sumar, a terminar con el cartel bancario que domina el panorama de las hipotecas

Se trataría de una iniciativa temporal mientras se desarrollan iniciativas estructurales, entre la que destaca la obligatoriedad para las entidades bancarias de aceptar la “portabilidad” de las hipotecas acabando con lo que el autor de la medida, Carlos Martín Urriza, responsable económico de Sumar, califica como el “corralito de las hipotecas”. Con esta “portabilidad obligatoria”, las entidades estarían obligadas a competir entre ellas, algo que terminaría, según este economista, con el cartel bancario que domina el panorama de las hipotecas.

La otra propuesta estrella de Sumar es establecer precios de referencia en las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta media de los hogares que alquilan, eliminando las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y estableciendo un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia.

Sumar propone que la regulación de los alquileres pueda saltarse el boicot del PP: esta medida permitiría “la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado sin depender de la voluntad política del Gobierno autonómico”

El programa de Sumar incluye también la propuesta de que la declaración de zona tensionada sea obligatoria si se cumplen los criterios objetivos que la Ley de Vivienda establece, una fórmula que permitiría que la regulación de los precios del alquiler se pueda aplicar en el caso de que no sea derogada por un posible gobierno PP-Vox. Esta medida permitiría “la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado sin depender de la voluntad política del Gobierno autonómico”.