Economía
Entidades civiles piden a las administraciones que solo contraten a las empresas que respetan los derechos humanos

Que solo se contrate a empresas públicas que respetan los valores humanos en toda la cadena de producción. Esto es lo que exigen más de una quincena de entidades del tercer sector, así como el grupo de investigación de Medio Ambiente de la Universidad de Greenwich que han elaborado la Guía para la protección y la promoción de los derechos humanos en la contratación pública.

“Para la contratación de compra pública debería haber un tratado vinculante que respete los derechos humanos. Eso sería lo ideal: que existiera un tratado internacional para juzgar aquellas empresas que violan los derechos humanos”, resaltó Lina González, del Instituto Internacional de Acción No Violenta (NOVACT), que presentó recientemente la guía en la jornada Cooperación Internacional y Economía Solidaria, construyendo alianzas a través de las finanzas éticas, que organizó Financiación Ética y Solidaria (FETS).

Ahora bien, como esto no existe, tanto expertos nacionales como internacionales en derecho y contratación pública han elaborado esta guía que pretende ser un marco legal para que desde ayuntamientos a instituciones nacionales del norte del hemisferio eviten  “la contratación pública a aquellas empresas que son poco éticas en el sur global”, explicó González, que participó en la mesa redonda donde se habló de qué modelo de economía que está internacionalizando España.

Para favorecer este contexto, González manifestó que se deben de controlar los ciclos vitales de las empresas, es decir, desde dónde producen sus productos hasta dónde los desechan con la finalidad de comprobar que, en todo este proceso, se respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Por eso, sugirió que las administraciones creen sellos públicos que pongan en valor a aquellas empresas que trabajan acorde a unos estándares éticos para favorecer que se las contrate a través de los concursos públicos de contratación.

Además, otra de las propuestas de la especialista es que se fortalezca a los proyectos de la economía social y solidaria, que respetan los derechos laborales, humanos y el medio ambiente. El problema principal es que estas iniciativas no tienen suficiente capacidad para abastecer las necesidades de las administraciones públicas, por lo que González reclama que se les dote de recursos económicos para que puedan ser una alternativa a las multinacionales. 

Sin embargo, lejos de propiciar una economía ética y con valores, desde el gobierno español se ha potenciado justamente lo contrario, ya que ha favorecido la internacionalización de empresas que tienen una actividad dudosa y/o que vulneran los derechos humanos en otros continentes. Así lo explicó Erika González del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), que participó también en estas jornadas que se celebraron el 28 de noviembre.

En este sentido, recordó que, en 2012, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, exclamó que era el tercer comercial de España, después del Rey y del presidente. “Ha sido una política de Estado", manifestó Erika González. El argumento que han utilizado los diferentes ejecutivos, relató, es el del sistema del "goteo", a través del cual se cree que los beneficios de estas compañías se van filtrando en las otras capas de la sociedad a través de sus ganancias o como motores de generación de empleo, entro otras cosas.  

El Estado asume los riesgos

Las empresas se han apoyado en el Ejecutivo para internacionalizar sus negocios y sin tener lidiar con los inconvenientes del sistema capitalista tradicional, argumenta la especialista de OMAL. Una buena muestra es que las empresas no pueden asumir el riesgo que implica su internacionalización, por lo que lo hacen a través del Estado. En esta tesitura, el Ejecutivo ha invertido entre el 2009 y el 2017 un total de 22.700 millones de euros en seguros y avales de las empresas que se han internacionalizado, de los cuales más de 13.000 millones de euros son activos de riesgo. Además, estos créditos son más baratos porque se presupone que el "Estado es solvente y responde". 

Pero esta no ha sido la única línea para potenciar la internacionalización de las compañías. En 2010 se puso en marcha el Fondo para la Internacionalización de las Empresas (FIEM), que depende de la Secretaria de Estado de Comercio. Esta entidad pública ofrece créditos a la exportación; apoya económicamente la inversión directa de activos productivos, es decir, que tienen beneficios; o financia iniciativas de project finance, que son grandes proyectos de infraestructura o energía tienen un costo muy elevado y el beneficio es a largo plazo. En sus seis primeros años de vida, el FIEM invirtió 1.300 millones de euros que se tradujeron en contratos asociados a la financiación de unos 3.000 millones de euros, según datos de esta institución.

Precisamente, a través de este Instituto, Elecnor-Enagás recibió en 2012 un total de 40 millones de euros para la construcción de un gasoducto que une los Estados mexicanos de Tlaxcala, Morelos, Puebla, que ha cosechado una fuerte oposición popular, especialmente, de las comunidades indígenas, relata Erika González.

Finalmente, los manifestantes consiguieron han conseguido que el actual ejecutivo de Manuel López Obrador consulte a la ciudadanía sobre este proyecto, que se celebró el último fin de semana de febrero. Unos días antes, el 20 de ese mes, fue asesinado uno de los principales líderes del movimiento contra el gasoducto, el activista Samir Flores, al quien dispararon en el centro de Morelos. “El FIEM no dijo nada al respeto”, lamentó Érika González.

Asimismo, denunció la poca transparencia que existe en los proyectos empresariales que se financian, ya que desde su entidad se ha hecho requerimientos a los Gobiernos para que expliquen que criterios siguen, pero éstos no han respondido. 

Hacia otro modelo económico

Las ponentes subrayaron que se debe de construir un modelo económico menos agresivo socialmente y con el medio ambiente. Un ejemplo de ello, explicó Paco Hernández, son las economías transformadoras. A diferencia del capitalismo, que basa su actividad en la productividad y los beneficios, las economías transformadoras ponen en el centro de su acción a las personas y a la naturaleza.

“El problema es que cada uno va por su lado, excepto yo que voy a la mía”, bromeó Hernández. Ahora bien, esta percepción es la que se quiere cambiar y se busca hacer piña para construir una alternativa real al capitalismo a través de proyectos que ya existen. Es por eso que del 25 al 28 de junio del 2020, Barcelona acogerá el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET), que quiere ser un lugar de confluencia entre diferentes movimientos: las economías feministas, la economía social y solidaria, la agroecología y la soberanía alimentaria; y los procomunes (espacios urbanos, rurales y digitales). Además, existen otros dos movimientos transversales a ellos: la educación y las políticas públicas.

El FSMET, detalló Hernández, es un proceso más allá de los días de celebración del Foro, que busca que todos estos movimientos tejan relaciones y confluyan entre ellos tanto antes como después del encuentro. “Jamás había habido un foro de estas características, temático de las economías transformadoras a nivel mundial”, puntualiza Hernández. Se espera que la cita reúna entre 3.000 y 5.000 personas con iniciativas que están teniendo lugar en diferentes partes del mundo. Todas ellas son una constatación que ya existe y es factible un modelo económico alternativo al capitalismo.