Transfobia
Comienza el procedimiento judicial por una agresión policial tránsfoba en Granada

La madrugada del 28 de mayo del año pasado, Jaia y La Calva se encontraban en una céntrica plaza de Granada, cuando presenciaron la detención de un chico por no portar la documentación. Ante tal hecho, las jóvenes pidieron a los agentes acompañar al detenido hasta las dependencias policiales, una demanda a la que estos no accedieron.

No obstante, firmes en su voluntad de no dejar solo al chico, cogieron un taxi hacia la Comisaría del Distrito Norte de Granada, conocida como ‘La Palmita’, donde también se les denegó el paso. Tras preguntar varias veces los motivos por los que no podían acceder al punto de información policial, Jaia y La Calva -desoyendo la negativa del agente de la garita- continuaron rampa adelante dirigiéndose a la puerta principal .

El agente que se encontraba en la garita fue tras ellas y sin pudor alguno empujó a La Calva y se abalanzó sobre Jaia. Traspasadas las lindes de la violencia, numerosos policías se fueron sumando para reducirlas. “Gritábamos que nos dejasen en paz, no entendíamos por qué nos pegaban de manera tan bruta”, recuerda La Calva, a la que no se le borra la actitud “dramática de los agentes”; para ella era “como si estuviesen viviendo un momento completamente diferente al que estaba ocurriendo”, en alusión a las reacciones de los agentes mediante gritos y alertas mientras les agredían.

Todo sucedió entre la tapia que separa la entrada principal y el acceso al edificio administrativo, donde “casualmente descubrimos que no había cámaras”, comenta Jaia. Cuando llegaron las amigas del detenido, eran más de una decena de policías alrededor de la trifulca y para evitar que los recién llegados grabasen o se implicasen de alguna manera, hicieron un cordón en la misma puerta.

Las horas en comisaría las recuerdan lentas entre insultos y amenazas. “Desde que nos bajaron esposadas a la sala de identificación hasta nuestra salida, el trato fue continuamente vejatorio”, asegura La Calva, que además de los episodios de violencia durante la detención, en un pequeño espacio contiguo a la primera sala donde las llevaron, recibió unos cuantos golpes “de regalo” propinados “por un agente especialmente sádico”.

Aquella noche, Jaia y La Calva no tuvieron asistencia médica, tampoco jurídica, “¡ni tan siquiera un vaso de agua!”, comentan. Terminada la ficha policial, trasladan a La Calva a calabozo, pero a Jaia, sin embargo, la retuvieron en la sala de identificación, donde pidió que se le aflojasen las esposas y para su asombro “no sólo no me las aflojaron, sino que me colocaron unas adicionales de cuerda con un cierre tipo brida.”

Lo peor estaba por llegar, pues el mismo policía de la garita mientras le apretaba las esposas, “me agarró los genitales con la otra mano”, comenta la joven. Finalmente, Jaia asegura que este mismo agente “se empeñó en trasladarme a una sala para ratificar que yo era un hombre”, y así fue, “dos agentes entraron conmigo a la habitación y me obligaron a desnudarme”.

Tras varias horas en calabozo, las despertaron para terminar con los trámites administrativos en Comisaría, en los que tampoco recibieron un trato muy cabal. Una vez terminada la burocracia y sin asistencia letrada previa -vulnerando de este modo la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, fueron esposadas y llevadas a los Juzgados de La Caleta.

Un tornadizo procedimiento judicial

Ya en los Juzgados, se les informa de que el procedimiento será mucho más rápido si no denuncian a los agentes, que ya les habían puesto denuncia por atentado contra la autoridad. Jaia y La Calva consultan con las abogadas de oficio y la única vía para poder denunciar y no ser retenidas dos días más en los calabozos, era marcharse a casa y contactar con una abogada que les llevase el caso. Y así fue, una vez fuera de los Juzgados, –previo paso por casa de una amiga para desayunar y tomar una ducha– fueron al Hospital Virgen de las Nieves para realizar el parte de lesiones.

Las activistas finalmente presentan denuncia por detención ilegal, tortura y trato vejatorio con carácter tránsfobo. En este sentido, La Calva lamenta que “ya no solo se trata de un episodio de tortura de carácter tránsfobo, sino que todo el entramado sistémica en torno a esta historia es desalentador.”

Llega noviembre y se desestima que haya habido torturas por parte de la Policía a las denunciantes, solo se encontraron indicios de falta leve. “Nuestra abogada presentó recursos a la Audiencia Provincial para solicitar, en primer lugar, que los dos casos se juntaran y que posteriormente se hiciese una investigación más profunda debido a la falta de pruebas.”

El caso continúa con una citación el pasado 10 de abril, en la que Jaia y La Calva testificaron para la investigación. “Según nos cuenta nuestra abogada, no ocurrió lo mismo el miércoles 11 con los agentes, que se negaron a contestar las preguntas que la letrada les formuló”, lamentan. Finalmente, la Audiencia Provincial resolvió que ambos casos tenían que ir juntos, y la abogada de las afectadas está preparando un nuevo recurso por no haberse practicado las diligencias previas de investigación necesarias, pues las grabaciones de la zona donde ocurrieron los hechos, “no existen”, según la defensa de los agentes policiales.

Sentimientos y sensaciones dispares

A la espera de una nueva fecha, las acusadas por atentado contra la autoridad se sienten agradecidas por las muestras de apoyo de los sectores activistas “del mundo precario”, a la par que frenadas en su respuesta contra cualquier episodio tránsfobo con el que puedan toparse “por miedo a lo que pueda pasar de cara al juicio”.

Para La Calva, terminar el proceso judicial es vital: “que personas de una institución burocrática tengan tanto poder sobre lo que me pueda pasar mañana, no me tranquiliza en absoluto.” A pesar de ello, sus ganas de luchar no cesan, y aunque por un lado tome la causa como algo político y personal, también lo lleva a la parte colectiva por la visibilización y lucha de la red estatal de colectivos transfeministas.

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Jaia asegura sentirse “emocionalmente inestable” por todo lo que se le ha venido encima. “Estar en un proceso judicial tras sufrir un episodio brutalidad policial de tales características no es agradable”, aun así, al igual que su compañera, se muestra abrumada y agradecida por la respuesta de la ciudadanía. Una situación que también le provoca impotencia por arrebatarle "el empoderamiento de respuesta en la calle frente a una posible agresión tránsfoba", explica.

El miedo a una pena mayor está presente. “La posibilidad de entrar en una cárcel masculina por atentado contra la autoridad es un pensamiento que me produce terror, ya no solo por estar en un espacio masculino, sino por el trato que podamos recibir por nuestra identidad.”, apunta Jaia. A pesar de todo, mientras no haya una resolución del caso, Jaia y La Calva continuarán su lucha por visibilizar y denunciar su caso y el otras compañeras transfeministas en “cafetas”, jornadas y redes sociales, como es el caso de la plataforma Lxsnuncamascalladxs, que desarrollan la campaña ‘Estamos divxs, nos quieren muertxs’ en apoyo al caso.