Tortura
Caso Iratxe Sorzabal: “La justicia no da importancia al protocolo recomendado por la ONU para casos de tortura”

“Me autoinculpé, con el infierno que me hicieron pasar no podía hacer otra cosa”, afirmó Iratxe Sorzabal el pasado 6 de febrero en la Audiencia Nacional, donde está siendo juzgada por los atentados que tuvieron lugar el 2 de noviembre de 1996 en Gijón. El juicio se celebra a pesar de hay informes que demuestran que firmó su autoinculpación bajo tortura. 

Sorzabal, que ha recibido el apoyo de Brian Currin y otras siete personalidades internacionales por su “papel crucial” en el fin de ETA, fue detenida en 2001 y trasladada a Madrid en un vehículo de la Guardia Civil. Según ha relatado en el alto tribunal, ahí empezaron las torturas que sufrió, que siguieron durante los cinco días que estuvo incomunicada hasta que firmó una autoinculpación. Tras ello, denunció que había firmado su autoinculpación por las torturas sufridas ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno —el mismo del caso Titiriteros—, quien la dejó en libertad por falta de pruebas. Quince años después, otro juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, la procesó por estos atentados y pidió su entrega a Francia, donde cumplía condena, con su autoinculpación como principal prueba.

En diciembre de 2017, por orden de la justicia francesa, varios expertos confirmaron que el relato que Sorzabal sobre las torturas sufridas en 2001 por parte de la Guardia Civil era verídico. Lo comprobaron aplicando el protocolo de Estambul, una herramienta de peritaje recomendada por la ONU para comprobar la veracidad de las denuncias de torturas. 

“La justicia española no está dando ninguna importancia al protocolo”, lamenta Miguel Ángel Navarro. Él es uno de los psicólogos expertos en este tipo de peritaje que trabajaron en la realización del informe Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2013), encargado por el Gobierno de Lakua y dirigido por el forense Paco Etxebarria. En este informe se recogen 4.112 casos de tortura y en su marco se realizó el protocolo de Estambul a 202 personas denunciantes de torturas, de los que que todos resultaron ser veraces. “Me llama la atención que, habiendo sido realizado el informe por un psicólogo francés y que en el propio informe aparece el currículum y experticia de este psicólogo para realizar este protocolo, ni tan siquiera tenga oportunidad de defender el informe; antes se ponía en entredicho la objetividad de los psicólogos que podemos llegar a participar en las periciales, pero ahora es que ya ni se tienen en cuenta”, continúa Navarro.

“En el caso de Sorzabal, no hay otra pericial psicológica que diga que no es verdad su relato, no hay una contraposición de pruebas, simplemente se rechaza y se acabó”

Este psicólogo explica que el protocolo de Estambul sigue siendo una herramienta muy desconocida aún dentro de la justicia española. “Apenas se utiliza y, cuando se utiliza, no se entra a discutir el informe pericial como tal sino que simplemente se desecha porque se considera que no es prueba suficiente, sin ni siquiera aportar otra pericial psicológica con la que contrastarla”, explica Navarro. “En el caso de Sorzabal ocurre lo mismo, no hay otra pericial psicológica que diga que no es verdad su relato, no hay una contraposición de pruebas, simplemente se rechaza y se acabó”, continúa.

Según detalla este psicólogo, el protocolo de Estambul es una medición psicológica adoptada por Naciones Unidas para investigar casos de tortura. “Es el manual de referencia que Naciones Unidas recomienda a todos los países y, dentro de este manual, lo que más se utiliza es la pericial psicológica”, recalca. El objetivo del protocolo es medir el grado de veracidad del relato sobre las torturas sufridas. En el caso de los 202 estudios realizados para el informe en el que participó, Navarro afirma que no hubo ni un solo caso en el que los denunciantes de torturas no estuvieran diciendo la verdad.

“Los países nórdicos son los que están más avanzados en este tema”, continúa Navarro sobre cómo se está aplicando esta herramienta a nivel judicial. “También sucede que, en muchos países, este protocolo se tiene en cuenta cuando se habla de torturas producidas por cuerpos y fuerzas de seguridad de otros países, por ejemplo para aceptar peticiones de asilo, y mucho menos cuando se aplica a alguien torturado por tus propias fuerzas de seguridad”, concluye.

Sorzábal se enfrenta a 46 años de cárcel por su supuesta participación en dos atentados que tuvieron lugar en 1996 en Gijón y en los que no se contaron víctimas. Según relató el primer día de juicio, cuando fue detenida por su implicación en ETA en 2001 y pasar por el cuartel de Intxaurrondo, fue trasladada a Madrid en un vehículo de la Guardia Civil. “Allí empezó todo el infierno”, afirmó en la Audiencia Nacional. “En el coche me pusieron un antifaz, me aplicaron las descargas, me golpean, me insultan, me soban, me vejan, me asfixian con una bolsa”.

Al llegar a Madrid la mantuvieron cinco días incomunicada en dependencias de la Guardia Civil, donde continuaron las torturas y la obligaron a aprenderse de memoria la declaración que tenía que dar sobre los hechos. En el segundo día de incomunicación tuvo que ser trasladada al hospital, donde la reconoció un médico forense. “Estaba tan destrozada que pensaba que más de lo que me estaban haciendo no podían hacerme. Le enseñe las marcas, en carne viva, y al verme vio que debía ir al hospital”. Además de marcas de los electrodos y hematomas por todo el cuerpo, tenía una vértebra desplazada

Pero tras el hospital fue llevada de nuevo a las dependencias de la Guardia Civil, donde le avisan que, si no sube a declarar continuarán con las torturas, si sube pero no dice lo que ellos quieren, las torturas serán aún peores pero que, si declara lo que le dicen, ya no la tocarán más. “Elijo la tercera. Después del infierno que me estaban haciendo pasar no podía elegir otra”, afirmó en la sede judicial. “Me autoinculpo de delitos muy graves e inculpó a personas que conozco y a las que no conozco. Les dije que si querían firmaba que había matado a Carrero Blanco. Me dijeron que eso no podían hacerlo creíble, pero que estuviese tranquila, que me iban a meter otros muchos”.

Psicólogos denuncian que la Audiencia Nacional desprecia su trabajo y el Protocolo de Estambul

Redacción Diagonal

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Psicólogos denuncian que la Audiencia Nacional desprecia su trabajo y el Protocolo de Estambul

Redacción Diagonal

Once psicólogos y una psiquiatra, apoyados por 12 organizaciones, denuncian que los magistrados de la Audiencia Nacional no hayan tenido en cuenta el informe que, basándose en el Protocolo de Estambul, concluía que los relatos de tortura de los jóvenes juzgados por pertenencia a la organización juvenil vasca Segi eran verídicos.