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Psicólogos denuncian que la Audiencia Nacional desprecia su trabajo y el Protocolo de Estambul

Los 11 psicólogos y psicólogas y la psiquiatra que, en calidad de peritos, declararon en el juicio contra 28 jóvenes acusados de pertenecer a Segi que sus relatos de torturas eran verídicos han criticado en un comunicado que la sala cuarta de la Audiencia Nacional rechazara estas alegaciones en la sentencia del 6 de mayo por la que se condenó a siete de estos jóvenes.

Los peritos, que trabajaron según los criterios y recomendaciones del Protocolo de Estambul (instrumento estándar internacional para la evaluación de la credibilidad de alegaciones de tortura aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas), explicaron durante el juicio que los relatos de torturas de los acusados eran verídicos, ya que, entre otras cosas, éstos presentaban claros signos de estrés postraumático grave, con profundas depresiones, cambio radical de carácter con respecto al que tenían antes de sufrir las torturas relatadas, desconfianza ante el entrono que les rodeaba, estados de ánimo alterados, llantos… Los jóvenes relataron torturas como fuertes golpes, posturas forzadas, patadas en los testículos, introducción de dedos por el ano y la vagina, tocamiento de pechos, asfixia con una bolsa, electrodos, amenazas de daño a sus familiares, etc. La defensa alegó que las confesiones de los jóvenes se realizaron bajo tortura. Sin embargo, el tribunal concluía que “las alegadas torturas no se han acreditado en lo más mínimo”.

El escrito de los peritos señala que “en todos los casos presentados existía una concordancia entre los hallazgos clínicos y los alegatos de tortura que realizaron las personas peritadas”, y añaden que “en ningún caso un informe de evaluación psicológica sobre el grado de veracidad de un relato queda invalidado por el paso del tiempo”, como pretende la Audiencia Nacional. Valoran la sentencia como “una falta de respeto hacia los y las profesionales que realizaron las peritaciones y hacia el propio Protocolo de Estambul que sobre un trabajo científico prevalezcan las subjetividades no basadas en evidencias”.

Frente a uno de los argumentos de la Audiencia Nacional para rechazar el informe pericial, que echa en cara a estos psicólogos que sólo se reunieran con los jóvenes supuestamente torturados y no realizaran una investigación con entrevistas también a los supuestos torturadores, estos peritos afirman que “es el propio Estado, según el derecho internacional, el que debe investigar con prontitud e imparcialidad todo caso de tortura que se notifique”, y añaden que “precisamente esa ausencia de investigación judicial competente de las denuncias de tortura realizadas por las personas detenidas en régimen de incomunicación es el motivo por el cual en los últimos años España ha sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los organismos de Naciones Unidas”.

Este comunicado, presentado hoy, ha recibido la adhesión de organizaciones como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, SOS Racismo Bizkaia, la fundación Zumalabe, la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona o la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans.