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Plataforma contra los fondos buitre
En la exposición de motivos de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, constituida en mayo de 2020 por la crisis del coronavirus, se planteaba trabajar sobre cuatro ámbitos de actuación, el primero de los cuales consistía en el reforzamiento de la sanidad pública. Fruto de los resultados de esta Comisión, habría que alcanzar un pacto de Estado por la sanidad, un acuerdo lanzado desde la idea de que el deterioro de la misma era previo a la pandemia.
Desde Audita Sanidad defendemos que los motivos que han producido este debilitamiento se pueden encontrar en la aprobación de la Ley 15/97 —que permitió la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad pública—, los recortes derivados de la crisis financiera de 2008, la modificación del artículo 135 de la Constitución que estableció la prioridad en el pago de la deuda por encima de cualquier gasto —incluido el gasto social— o las colaboraciones público-privadas que han supuesto un incremento del gasto sanitario público y una transferencia de recursos públicos hacia el sector sanitario privado.
La privatización, precisamente, ha producido una serie recortes y precarización del personal sanitario, además de un deterioro de la calidad asistencial. A ello se suma una política farmacéutica que ha aumentado el gasto sanitario público y la estrategia de empresas y fondos de inversión adjudicatarias de la gestión de hospitales públicos que ha debilitado el sistema sanitario.
Sanidad
Sanidad: un derecho en manos privadas
La aprobación de la Ley 15/97 trajo consigo la entrada de fondos de inversión al sistema sanitario, la devaluación de las condiciones laborales, el recorte en el número de camas y la deshumanización de la atención sanitaria. La pandemia, que ha puesto en evidencia todas las consecuencias de esta privatización, ha despertado la reivindicación de la sanidad pública.
Los expertos de la mesa de reconstrucción
La selección de los expertos suele estar orientada a los intereses de partida en la solución estratégica. Por eso nos interesa ver en qué caladeros fueron reclutados los expertos convocados para discutir los lineamientos de la reforma y por qué no se convocaron a otros. Lo cierto es que se acaba pretendiendo que el resultado lo dictan “los expertos”, y no tanto unos “supuestos expertos” elegidos por conveniencia. De los 37 expertos escogidos para el ámbito de la Sanidad, diez fueron reclutados en los caladeros de los lobbies del capital privado y de los intereses de las empresas privadas en el dominio de la sanidad.
Casi un tercio del pool de expertos elegidos para discutir la estrategia y el reforzamiento del sistema público de salud están directamente vinculados a la empresa privada de tipo capitalista
Además de esta decena, en el grupo existen otros dos expertos que, originalmente de orientación política, fueron moviéndose hacia la empresa privada. El politólogo Baena del Alcázar ya hizo referencia a la frecuencia con la que personas que se integran en la élite política tienden a acabar en la empresa privada, sea por movimientos de puertas giratorias o por el lanzamiento de iniciativas empresariales desde o a partir de la experiencia y el mundo relacional de apoyo político. Con estas dos personas, ya serían 12 los reclutados en la empresa privada, lo que supone que más del 32% del pool de expertos elegidos para discutir la estrategia y el reforzamiento del sistema público de salud están directamente vinculados a la empresa privada de tipo capitalista.
Quién es quién
Ana Polanco Álvarez
Presidenta de AseBio, Asociación Española de Bioempresas.
Carlos Rus Palacios
Presidente de ASPE, Alianza de la Sanidad Privada Española, también miembro de CEOE.
Cinta Pascual Montañés
Pascual vio, en un tiempo récord, la posibilidad de construir un emporio de residencias de ancianos financiados con recursos públicos en gran medida y presidenta de CEAPs, Círculo Empresarial de Atención a Personas, que forma parte de la CEOE. Su grupo residencial es Residencia Tercera Edat L’Onada SL.
Entre los expertos que compone la mesa de reconstrucción está el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española y otros grupos que forman parte de la CEOE, además del presidente del lobby de las industrias farmacéuticas o de tecnología médica
Jesús Cubero Herranz
Secretario de AESTE, Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad
Martín Sellés Fort
Presidente de Farmaindustria, el lobby de las industrias farmacéuticas, con gran preponderancia de las empresas farmacéuticas trasnacionales.
Industria farmacéutica
Farmacia pública y anulación de patentes para asegurar el acceso a los medicamentos del covid-19
Margarita Alfonsel
Secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), el lobby de las empresas de tecnología médica.
Juan Abarca Cidón
Presidente de la Fundación IDIS, fundación donde todos los intereses de las empresas privadas que tienen su objetivo en la Sanidad tienen instalada su batería, incluidos colegios profesionales.
Miguel Carballeda Piñeiro
Presidente de la ONCE y de ILUNION, el complejo empresarial de la ONCE, con muchas empresas concesionarias de la sanidad pública.
Enrique Castellón Leal
Con larga presencia en puestos de responsabilidad en la Sanidad Pública, de confianza del PP, fue Subsecretario de Sanidad siendo Ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, con José María Aznar como presidente del Gobierno. Puerta giratoria en Rovi, en este momento trata de lanzar un fondo de capital riesgo precisamente para promover el negocio de la sanidad privada. Es presidente de las siguientes empresas: 4 Pe Dx Market Access SL, Cross Road Biotech Inversiones Biotecnologicas Sgecr SA, Health in Code SL y Administrador y Consejero de Biocross SL y One Way Liver SL.
Enrique Castellón Leal, de confianza del PP y puerta giratoria en Rovi, trata ahora de lanzar un fondo de capital de riesgo para promover el negocio de la sanidad privada
Ignacio Riesgo González
Riesgo González es un médico que entre 2005 hasta 2013 fue director del área sanitaria de la Empresa Transnacional (ETN) de auditoría PwC (PriceWaterhouseCoopers), donde coordinó un curioso informe anual: Diez temas candentes de la Sanidad Española. Su principal misión consistía en asesorar a sus clientes potenciales sobre el emergente negocio que asomaba de los procesos de privatización de la sanidad pública que estaban preparando en la opacidad, al tiempo que presionaban para que les entregaran los segmentos posibles e interesantes de la sanidad pública.
Desde 2013, Ignacio Riesgo se lanza a editar el citado informe desde la consultoría que funda con Julián García Vargas —ex ministro de Sanidad (1986-1991) y ex ministro de Defensa (1991-1995) por el PSOE— y Xavier Pomés —ex conseller de Sanidad—. VPR Consultoría tuvo como núcleo de su negocio asesorar y promover empresas privadas para hacerse con la sanidad pública.
Sanidad pública
Las ocho empresas que se reparten el negocio
La entrada de los fondos de inversión en el capital de privadas sanitarias provocó un casino en el que las acciones pasaron en pocos años por entidades que ganaron miles de millones de euros con estas transacciones mientras concentraban el sector en un puñado de empresas.
Aunque la consultoría hubo de declinar el negocio específico en 2018, Riesgo continúa con su promoción de los Diez temas candentes de la Sanidad española sin soltar la presa del posible negocio de la privatización de la sanidad en España. En 2017 lo editó Diario Médico. En 2019 fue coeditado por el Círculo de Empresarios y la propia VPR Consultores, y presentado el año pasado en el Círculo de Empresarioss.
La principal misión de Ignacio Riego era asesorar a sus clientes potenciales sobre el negocio emergente que asomaba de los procesos de privatización de la sanidad pública, al tiempo que presionaban para que les entregaran los segmentos posibles e interesantes de la misma
Julio Sánchez Fierro
Entre los expertos figuran también perfiles de cargos de confianza en la Sanidad Pública, pero que se están moviendo hacia la empresa: es el caso de Julio Sánchez Fierro, con destacado desempeño en el Partido Popular (PP) y también en la CEOE, actualmente más entregado a la abogacía.
Jesús María Fernández Díaz
Diputado y portavoz de la Comisión de Sanidad por el PSOE en el período 2016-2019, fue viceconsejero de sanidad en Euskadi. Ocupa una responsabilidad en Oracle y últimamente está promoviendo una startup del ámbito de la salud denominada HIRIS. También es profesor en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE).
representantes de colectivos
También hay representantes de colegios profesionales: Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, fue responsable del Sindicato de Enfermería SATSE; o Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que también es socio de FENIN. Pablo Casado hizo, recientemente, unas declaraciones sobre la política sanitaria con el rótulo del Colegio de Médicos detrás, lo que evidentemente solo puede significar el respaldo espurio del Colegio de Médicos a una opción política concreta, algo por completo inusitado.
También fue convocado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). Cabe resaltar que los tres Colegios mencionados forman parte de la Fundación IDIS. Por otra parte, Jaume Padrós, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, fue diputado en el Parlamento de Cataluña (1989-1995) por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Cargos de confianza política
Otras cinco personas corresponden a cargos sanitarios de confianza política: Isabel Baena, que fue nombrada viceconsejera de Salud en sustitución de Martín Blanco en enero de 2017 bajo el gobierno de Susana Díaz del PSOE; Enrique Ruiz Escudero, militante del PP y del PADE (Partido Demócrata Español), partido muy conservador a la derecha del PP, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el PP desde 2017; Manuel Balcells por Catalunya; y los mencionados Jesús Fernández y Julio Sánchez. Casi un 15% de los nombres elegidos como expertos de Sanidad para la Mesa son cargos de confianza política.
Casi un 15% de los nombres elegidos como expertos de Sanidad para la Mesa son cargos de confianza política
Los “independientes”
En total, serían seis los profesionales relativamente independientes (Daniel López, Carmen Ferrer, Emilio Bouza, Manuel Gimeno, María Fernández y Sandra García), y otros cuatro caracterizados por su activismo en pro de la sanidad pública: Antonio Barbará, José Félix Hoyo, Marciano Sánchez Bayle y Mónica García, diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid.
Además, forma parte del grupo una persona por su adscripción al sindicato de enfermeros SATSE (Manuel Cascos), cinco profesores universitarios (Itziar de Lecuona, Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández, José María Martín Moreno y Pedro Lorente) y otros dos de las altas escuelas de salud, más orientados políticamente: José Martínez Olmos de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y José Ramón Repullo de la Escuela Nacional de Sanidad.
Ildefonso Hernández
Actual portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), fue Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad (2008-2011) durante los diferentes gobiernos de Rodríguez Zapatero.
José Martínez Olmos
Además de su actividad docente, fue Secretario General de Sanidad en el Ministerio entre 2005 y 2011 estando Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, Diputado por Granada por el PSOE (2011-2016) y Senador por el PSOE (2016-2019).
José Ramón Repullo
Actualmente Jefe de Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, fue Director General de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid (1987-1991), estando de Consejero de Sanidad Pedro Sabando (PSOE). Desde el 8 de febrero de 2019, siendo Ministra de Sanidad María Luis Carcedo (PSOE), forma parte, como Vocal, del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad presidido por Pedro Sabando (PSOE).
José María Martín Moreno
Profesor universitario, fue Director General de Salud Pública (2002-2004) siendo Ministra de Sanidad Ana Pastor (2002-2004).
Fuerzas políticas
El peso del PSOE en el grupo de expertos es del 13,5% y el del PP está cercano al 11%. CiU, actualmente, Junts per Catalunya, tendría un peso del 2,7%. Cabe recordar que PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria votaron conjuntamente la Ley 15/97 y que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), junto con el Partido Popular, aprobaron la modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011.
Mientras se producía el debate en el Parlamento de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, fuera de la misma se desarrollaban dos acontecimientos llamativos. Por una parte, la CEOE celebraba una “cumbre empresarial” en la que insistió, de cara afuera, en la importancia de dos cuestiones: la rebaja de impuestos y el aumento del gasto sanitario, con el acento en la promoción de la Colaboración Público-Privada. También el PP, muy agresivo con las propuestas del Gobierno, puso énfasis en su disposición a negociar siempre y cuando se abordaran dos puntos: la rebaja de impuestos y el aumento del gasto público en la sanidad.
El PP se hace eco de los intereses empresariales —especialmente de las empresas trasnacionales— sobre el diseño futuro de la sanidad: cortar a todo trance las posibilidades de financiación para que al Estado no le quede más remedio que entregar la sanidad pública a las empresas sanitarias —mayoritariamente de matriz extranjera—, y que aumenten el gasto público, para así desbordar más negocio hacia la sanidad privada. Es posible, incluso, que pretendan reducir el sector público a que sirva de cajero para su negocio.
El PP se hace eco de los intereses empresariales para cortar las posibilidades de financiación y que al Estado no le quede más remedio que entregar la sanidad pública a las empresas sanitarias
Aunque será en las conclusiones definitivas del documento elaborado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica donde se podrá comprobar, por la composición mayoritaria del grupo de expertos no parece que esta dinámica se haya intentado modificar. De hecho, se podría atisbar que el reforzamiento del sistema sanitario público tal vez pase por asignar un mayor protagonismo al sistema sanitario privado. Una vez más, parece que no se pone a las personas en el centro de las políticas y que los intereses del poder económico se priorizan por encima de las necesidades y la vida de la ciudadanía.
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Buen artículo. Estos son los que valen... El origen del problema está en la creación del dinero, en el sistema monetario actual, 100% privado. Es verdad que incluso Podemos lo aprueba, y la población en general lo ignora, o cree que es mejor así. ¡Que nos dejen equivocarnos con nuestro dinero! ¡Democracia ya! https://positivemoney.org/2018/09/modern-monetary-theory-and-positive-money/
La Escuela Andaluza de Salud, al igual que otras entidades del estado, recibe demasiada financiación farmacéutica para que sean consideradas públicas o parte de la administración estatal de sanidad.
Que digo yo... Enjendros de vampiros de dinero público para intereses privados como los CIBER del instituto Carlos III, ¿para cuándo se van a denunciar?
Con estos "expertos" ya sabemos quién va a pagar el pato como siempre.