Represión
Cinco activistas irán a juicio tras las protestas contra el PAI de Benimaclet

Una de las principales luchas del barrio de Benimaclet (València), caracterizado por su sólido tejido social, la protagoniza el Programa Especial de urbanización (PE), el cual planificará el futuro Plan de Actuación Integral (PAI). Tanto es así que algunas de las últimas movilizaciones han tenido de protagonista la oposición al plan urbanístico, y los más de 30.000 euros en multas que recaen sobre ocho personas, cinco procesos judiciales y el cierre de una acequia que supondría la pérdida de 40.000m² de huerta productiva.

Hace año y medio, este medio contaba cómo el vecindario del barrio mantenía el pulso contra la especulación urbanística con una serie de convocatorias y acciones que, entre otras, incluyeron tumbar el vallado que la empresa Metrovacesa había instalado en terrenos que eran de uso comunitario y que forman parte de este tejido social. A finales de mayo del 2021 estaban llegando las primeras vallas de la empresa privada en el barrio, lo cual solo fue el inicio: pero progresivamente las vallas levantadas amanecían tumbadas, en una muestra de rechazo al plan urbanístico y de defensa de los espacios que se empleaban con fines sociales. Y es que tras décadas en desuso y abandono por parte de las empresas que iban comprando y vendiendo estos terrenos, diversos colectivos de Benimaclet fueron creando proyectos entre los que se incluyen huertos urbanos comunitarios, aparcamientos provisionales y espacios como el Jardí Lluerna y el Racó de les Jaqueteres.

El sentimiento de pertenencia de estos terrenos y la necesidad percibida por el barrio de espacios comunes diametralmente opuestos a la especulación urbanística se tradujo en una lucha vecinal tremendamente activa a día de hoy. Y, como no podía ser de otra forma, también derivó en una represión hacia la misma. Ya a mediados de febrero de este año, Cuidem Benimaclet convocó una manifestación en el barrio valenciano contra el Programa de Actuación Integral (PAI) de Metrovacesa y en solidaridad con los activistas detenidos por supuestamente tirar al suelo unas vallas que rodeaban los solares propiedad de la empresa en la manifestación de verano del 2021. La Fiscalía pidió 30.000 euros a los activistas acusados de tumbar las vallas del solar del PAI de Benimaclet en esta protesta.

Recientemente, Cuidem Benimaclet, Alerta Solidària y Entrebarris han anunciado que ya hay fecha para el juicio a las cinco encausadas en el marco de estas protestas. Serán el 14 y 15 de febrero del 2023, y los colectivos están organizando una campaña en solidaridad a las encausadas “por protestar legítimamente contra el PAI de Benimaclet y defender el territorio”. “Vosotros tenéis la ley y el dinero, nosotras el amor para defender espacios comunitarios redignificados por acciones de las luchas populares del barrio durante años”, expresan en su comunicado estos colectivos.

Las entidades muestran una vez más su rechazo a la construcción de 1.345 nuevas viviendas en el barrio y la destrucción de la huerta. Apuestan, en cambio, por la desclasificación total de los terrenos del PAI y advierten que no cederán ni permitirán que “empresas multimillonarias como Metrovacesa hagan la vida más complicada” ni el cierre de un barrio que, además, ha sido “abandonado conscientemente durante más de treinta años”.