Renta básica
¿Dónde está mi IMV? La Seguridad Social suspende o reduce prestaciones sin aviso previo

Desde diciembre de 2020, seis meses después de solicitarlo, Nieves, de 53 años, percibe el ingreso mínimo vital. Al vivir sola, empezó cobrando 462 euros mensuales, cantidad que en marzo de 2022 se incrementó en el marco de la respuesta a la crisis económica desencadenada por la guerra de Ucrania. Así, hasta el pasado octubre, Nieves ingresaba 565 euros. Con esta ayuda, esta vecina de Dos Hermanas, a quien una insuficiencia renal que se está agravando hasta el punto de precisar diálisis impide trabajar, a duras penas se organizaba, pero iba tirando. 

El pasado 24 de noviembre, sin embargo, lo que entró en la cuenta bancaria de Nieves fueron unos escasos 24 euros. “Cuando yo vi eso, mira, me sentí como si se me hubiera caído la casa encima”.  No tiene otros ingresos, había hecho su declaración de la renta y sellado el paro, no entiende qué puede haber fallado. Desde entonces, intenta recabar alguna explicación. “Estoy llamando a los números de la Seguridad Social, nadie contesta. He ido a la oficina y ahí no te dan cita, tampoco explicaciones y encima te dicen que tienes que coger cita por internet o por el teléfono”. Al final, explica, ha conseguido una cita telefónica en Salamanca el próximo 16 de diciembre. 

Como Nieves, muchas personas descubrieron el pasado 24 de noviembre directamente en sus cuentas bancarias que sus ingresos mínimos vitales habían desaparecido o menguado hasta casi desaparecer. Una semana después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, celebraba el fin de la primera etapa de su autobús informativo. A través de una nota de prensa, cuyos datos reproducirían algunos medios, desde la cartera de Jose Luis Escrivá se cifraba en 1.495.128, las personas a las que habría llegado el IMV.  

Lo que no concretaba el Ministerio es si este dato incluye a las familias a las que se ha extinguido sin aviso la prestación, o cuántos perceptores están ingresando, como Nieves, cuantías que no sobrepasan las decenas de euros, ingresos tan mínimos que quedan lejos de cubrir lo vital. La vecina de Dos Hermanas empatiza con quienes están en la misma situación que ella, y además, con niños. Pero también lamenta que, al estar sola, no está consiguiendo recibir ayuda de organizaciones como Cáritas. “Yo también necesito comer”. 

Como trabajadora social, Rosa García* atiende a unas 400 familias en Carabanchel, entre ellas, 60 son perceptoras del IMV, o al menos pensaban que lo eran hasta el pasado 24 de noviembre. “Los últimos días, 30 de estas familias se comunicaron conmigo tras cambios en los IMV que percibían. A 27 se los habían suspendido directamente”. Ni a las familias a las que apoya García ni a Nieves les llegó ninguna notificación por parte de la Seguridad Social.

De nuevo la indefensión

“El INSS, por segundo año consecutivo, realiza la revisión de oficio de la cuantía del IMV de espaldas a los principios básicos del derecho administrativo, dejando a miles de familias con cero ingresos o una reducción sustancial de la cuantía para el mes de diciembre y en una situación de indefensión total al no recibir notificación alguna de la variación en la cuantía percibida”, denunciaba el pasado jueves un manifiesto promovido por el colectivo RMI tu derecho, que está reuniendo firmas entre colectivos y organizaciones para denunciar la situación. 

Roberto Borda es integrante de RMI tu derecho, y miembro de la Asociación Apoyo y, como García, lleva unos días muy duros. “La gente está muy frágil, está muy jodida. Yo no he visto llorar a tanta gente como en esta semana. Todo el mundo dice, ‘¿qué hago?’ Confiaban en esto. Si el IMV desaparece y lo hace de esta forma tan brusca, la gente se queda totalmente asustada y totalmente indefensa”.

24 de noviembre 2022.
Hoy han acudido 19 familias a Apoyo, a toda ellas la #SeguridadSocial les ha extinguido el #IMV
La razón más adelante, ninguna ha recibido Notificación.
¿Cuántas serán en total?#EscrivaDimisión#IMVaporofobia pic.twitter.com/HqQxIcCNxr

— Asociación Apoyo (@asociacionapoyo) November 24, 2022

A Borda no le faltan casos que denunciar. Explica cómo a una familia que había acudido recientemente a una cita en la Seguridad Social les han dicho que vuelvan más adelante, pues ni siquiera el funcionario tenía la notificación. “Ahí también hay maldad, tienes un sistema informático capaz de anular la orden de pago al banco pero no lo programas para que emita la notificación y así la gente pueda defenderse y saber por dónde van los tiros”. Además de informar a las personas, apunta, habría que darles tiempo para reaccionar, y ser escuchadas por la administración. Sin embargo, lo que ha sucedido, considera Borda, es un “atropello”. 

“Desde la puesta en marcha de esta prestación, familias titulares junto a las entidades que las acompañamos venimos denunciando la falta de rigor en el proceso administrativo que la sustenta”

Un segundo atropello, pues, como se menciona en el manifiesto. La actualización de las cuantías a finales de año, en lugar de enero, ya tuvo consecuencias demoledoras para las familias perceptoras el año pasado, pues “además de quedar en la más absoluta pobreza deben devolver lo indebidamente pagado por el INSS durante todo el año”. Además, muchos de estos cálculos eran erróneos, por ejemplo, en diversas ocasiones se computaron rentas mínimas como ingresos, algo que la propia ley excluye. En el caso del IMV, alertan perceptores y colectivos, sin embargo, parecen ser los beneficiarios quienes pagan los errores de la administración. “Desde la puesta en marcha de esta prestación, familias titulares junto a las entidades que las acompañamos venimos denunciando la falta de rigor en el proceso administrativo que la sustenta”, apuntan en el manifiesto.

Para Borda, el trato que se da a estas personas encaja en el marco de la aporofobia: se les discrimina por ser pobres, se trata de una visión compartida por quienes promueven el manifiesto, que exigen la dimisión de José Luis Escrivá. “Es evidente que no puede seguir al frente de esta política vital para la erradicación de la pobreza alguien que en dos años no ha sido capaz de generar una forma de trabajo eficaz, que garantice por encima de todo la vida digna de las familias empobrecidas protegidas por este derecho”, sentencian. 

Entre las redes y el bus

En un grupo de telegram, casi 900 personas comparten su calvario burocrático. “He estado ansiosa por mi cita telefónica con el INSS y no me ha servido de nada, están tan perdidos como yo”, explica una usuaria, quien se define como “una de tantas damnificadas del IMV. Este mes lo que me han ingresado no da ni para pagar la luz”. La afectada narra una cita telefónica “peor que una cita con el médico”, en la que no la dejan hablar. Una admisión de que errores ha habido, que mejor hable con Hacienda, alguien que contesta desde Hacienda, pero que no sabe a qué departamento derivar esa consulta, llamadas que se cortan, cambios de operador. “Al final consigo una cita para información in situ en Hacienda”, celebra la protagonista de esta yinkana kafkiana, poniendo toda su fe en la presencialidad, algo poco frecuente en esta época.   

García explica que como lleva muchos años trabajando en esto, tiene una cierta contundencia a la hora de comunicarse con la administración, lo que le permite acceder a información que muchas veces se niega a las perceptoras del IMV.  Sin embargo, esto no es suficiente cuando los propios funcionarios están totalmente perdidos. La trabajadora social recuerda que desde el principio de la tramitación del IMV, cuando se contrataron a 1.080 funcionarios que debían tramitar 800.000 solicitudes en tres meses, propósito que resultó ser un estrepitoso fracaso, las cosas no han mejorado, no se han avanzado en la formación del funcionariado, los trámites no son más sencillos, y los profesionales están quemados, desarrolla. 

“El IMV no es el ‘derecho’ que supuestamente dice el gobierno que es, por su difícil acceso, por las trabas que hay que superar y por el miedo constante a que te la quiten sin comunicación, como está pasando”

La trabajadora social documenta con un hilo de mails (al que ha tenido acceso El Salto) un buen ejemplo de la situación. Al interesarse por el caso de una perceptora que ha perdido su prestación tras la actualización en base a su declaración de hacienda, García escribe inquiriendo  las razones para esta decisión, a lo que el tramitador de la Seguridad Social responde: “Hasta que no se expide la resolución [por parte de Hacienda] no podemos saberlo ni los funcionarios que tramitamos el Ingreso Mínimo Vital”. 

García comenta cómo varias de las familias perceptoras a las que acompaña se acercaron a preguntar sobre sus casos hasta el autobús informativo del Ministerio, a su paso por Carabanchel. A algunas familias les transmitieron que se les habían aprobado la prestación —es el caso de una familia monomarental, a la que sin embargo, semanas después, no se le ha transmitido notificación ni efectuado ningún ingreso— a otros les comunicaron que la ayuda había sido denegada, y otras no consiguieron información sobre la situación de su expediente. Cuenta la trabajadora social que algunos de los funcionarios, que participan voluntariamente en el bus, animaron a las personas a presentar reclamaciones, o incluso a denunciar la situación ante el Defensor del Pueblo.

“Nos han dejado tirados como a perros”

Mientras que desde los diversos colectivos y organizaciones denuncian en las redes sociales las duras situaciones que están viviendo, García recopila hastiada noticias en la prensa donde se transmiten sin más las notas que va pasando el Ministerio con números que celebran el éxito del subsidio, en los diversos grupos las personas afectadas se preguntan por qué nadie habla de las duras circunstancias en las que se encuentran. “Te juro que es el trámite más complicado que he tenido que hacer en mi vida. Ya decía de coña que me tendrían que convalidar Derecho directamente, porque hasta tuve que meterme en el BOE muchas veces y leer directamente el Decreto. Lo peor es la sensación de indefensión, de que nadie te pueda ni siquiera escuchar, porque no puedes acudir a ninguna oficina ni tan siquiera pidiendo cita”. Explica otro usuario en conversación con El Salto, desde Barcelona. El IMV, apunta, respaldado por las decenas de mensajes que lee al día en los foros, “no es el ‘derecho’ que supuestamente dice el gobierno que es, por su difícil acceso, por las trabas que hay que superar y por el miedo constante a que te la quiten sin comunicación, como está pasando”.

De hecho, como las propias cifras del Ministerio apuntan, solo un tercio de las solicitudes están siendo aprobadas. Entre las personas que acudieron al autobús informativo, un 52% lo habría solicitado. Mientras casi la mitad (46%) estaban aún en espera de una resolución, al 23% le habrían concedido la ayuda, y al 28% se la habrían denegado. Las principales razones aducidas por la administración son las relativas a la unidad de convivencia (cambios en la misma como nacimientos, muertes o mudanzas) o exceder los umbrales de renta/patrimonio.

Borda, quien desde la Asociación Apoyo ha denunciado casos como el de un matrimonio con tres hijos a quienes les fue ingresada la prestación tras meses esperando, para ser retirada dos días después por un error de la administración, llama la atención sobre otra de las estadísticas aportadas por el Ministerio: el 42,6% de las personas beneficiarias del IMV serían menores. Se pregunta, por consiguiente, cuántos de estos menores estarán padeciendo las suspensiones y reducciones sin aviso a las familias. Y es que no son pocos los casos en los que el nacimiento de bebés, o las disfunciones a la hora de hacer la transición desde las antiguas ayudas por menor a cargo, o la adaptación de los nuevos complementos para la infancia, derivan en suspensiones de prestaciones, o incluso deudas por lo que se consideran cobros indebidos. “Esta forma de realizar la revisión de oficio, sin garantizar el derecho de audiencia antes de cometer el daño, vulnera el interés superior del menor”, se afirma en el manifiesto. 

García admite que, junto a muchas otras compañeras del sector, cuando apareció el IMV se ilusionó, pues el relato era el de una propuesta que se acercaba a algo parecido a una renta básica, una ayuda de fácil acceso sin condicionantes. “Era todo una mentira”, concluye dos años y medio después, “se sigue dejando a la gente atrás”. Mientras, Nieves piensa sobre cómo ir tirando, hasta que en dos semanas alguien se digne a darle una explicación. “¿Tú qué le dirías al ministro Escrivá?”. Desde el otro lado del teléfono, piensa por un par de segundos y contesta firme. “Le diría al ministro que nos ha dejado tirados como a perros. Que bien que comen él y el resto de los políticos, pero nosotros aquí seguimos pasando calamidades”.