Personas refugiadas
La larga espera de Saad Omar antes de empezar a vivir

Tras un malentendido administrativo, Saad Omar, periodista y activista palestino, se encuentra en un callejón sin salida: sin papeles en el país donde pide asilo y amenazado en su lugar de origen.
Saad Omar, palestino solicitante de asilo en España 1
Saad Omar, palestino solicitante de asilo en España

Saad Omar, de 36 años, vive con miedo en Barcelona. Solo va de su casa al trabajo y del trabajo a casa. La pandemia no es a lo que más teme. Omar no tiene papeles, su solicitud de asilo como refugiado se encuentra en un limbo administrativo y la palabra deportación le quita el apetito a la hora de comer. “Estoy desesperado, mi jefe me acaba de decir que va a cerrar la tienda en la que trabajo por la crisis económica y ahora no sé qué va a pasar conmigo”, cuenta en un inglés perfecto al otro lado del teléfono. El sistema de asilo en España esquivó por los pelos la crisis de los refugiados de 2015 y anda rozando el límite de su capacidad desde 2018, año en que empezaron a alargarse casi sine die urgentes procesos de admisión de refugiados cuya vida, como en el caso de Omar, depende de la posibilidad de poder permanecer en el país. Hoy, solo en España hay 8.000 solicitantes de asilo pendientes de una plaza de acogida. En mitad de un sistema saturado, el horizonte se nubla para todos ellos.

Una de estas peticiones corresponde a Omar, cuya lucha por la supervivencia empezó mucho antes de llegar a España. Cuando piensa en ello, lo primero que resuena en su cabeza son las amenazas que le profirieron en 2017 soldados israelíes en una base militar durante las tres horas que duró el interrogatorio previo a viajar a estudiar cine a Alemania. Tenía 32 años y ya había pasado nueve en la cárcel.

Hijo de un profesor de la Universidad Nacional de Al-Najah, en la ciudad palestina de Nablus; hermano del también activista y artista Hafez Omar, famoso en el país por sus ilustraciones en apoyo a los presos palestinos; nacido y crecido en la franja de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel y sometido, por tanto, a sus leyes militares, en Omar se despertó muy pronto la conciencia política, la idea de que los palestinos vivían bajo un regimen de terror injusto. Tanto fue así que antes de cumplir los 20 años fue condenado por la Justicia israelí a pasar por sus cárceles. Sus delitos: pertenecer a sindicatos estudiantiles de izquierdas y participar en disturbios y manifestaciones en las que se arrojaron piedras contra policías y edificios de instituciones israelíes. Su pena: nueve años. El 5 de enero de 2005, Omar entró en prisión.

Salió en 2014, pero no fue hasta tres años después que Omar tuvo la oportunidad de abandonar el país gracias a una beca de estudios que le permitía estudiar cine en Alemania. Como consecuencia de la concesión de esta ayuda, las autoridades germanas preguntaron a las israelíes por la situación de Omar para salir del país. Israel, a pesar de que le tenía prohibido viajar, no supo justificar entonces por qué suponía una amenaza. Así, Alemania concedió la visa, pero la salida no iba a ser fácil. En cuanto Omar pisó suelo jordano, las autoridades israelíes solicitaron que se le devolviera al país. Pero la ocasión de escapar de la región era demasiado clara como para renunciar a ella. Tras pasar cinco días escondido gracias a sus contactos como activista, logró tomar un vuelo a Berlín. 

“Lo que viví me impide volver con los míos, a pesar de lo mal que lo están pasando. Con eso está dicho casi todo”, reflexiona Omar

Cuando Omar se ve a sí mismo sonriente con una cámara al hombro en mitad de una clase de cine tomada en la Universidad de Stuttgart, no puede evitar decirse: “Los buenos tiempos”. No duraron mucho. Antes incluso de que acabara su estancia universitaria de un semestre, los amigos que Omar mantiene en Cisjordania le remiten un documento de 31 páginas con supuestos futuros objetivos de las autoridades israelíes. 

En él destaca Hafez Omar, hermano de Saad, que ha estado recientemente en prisión durante más de un año sin derecho ni siquiera a la asistencia jurídica o a saber de qué delitos se le acusaba, tal y como recogen los medios locales. No es el único damnificado de la lista. En diversas fotos se puede reconocer también a Mohanad Kraja, que recibió una paliza por parte del servicio secreto palestino; a Jehad Barkat, periodista arrestado también por las fuerzas policiales palestinas al servicio del Gobierno militar de Israel; a Hanin Nasar, activista detenida sin cargos y torturada a la que solo dejaron ir después de arrestar también sin motivo a su marido, lo que provocó que se tuviera que quedar sola la hija de ambos cuando apenas tenía 12 años. De todos ellos fue sabiendo Omar poco a poco, como en un trágico goteo, mientras se debatía entre empezar su camino como refugiado o volver al hogar familiar.

“Sabemos que Israel nunca ha sido respetuoso con los periodistas, y hay muchos casos de encarcelamientos sin motivos en este gremio. Tampoco es extraño que tengan tantas fotos, parece un táctica muy israelí”, analiza Juan Brizneda, máster en Estudios de Oriente Medio por la Universidad Católica de Milán que ha dedicado los últimos años a estudiar a fondo la región. Brizneda lanza además una advertencia: “Sabemos también que a Israel no le tiembla el pulso a la hora de condenar a muerte. Con sus antecedentes, lo mejor que le puede pasar a Saad Omar si vuelve a pisar Tel Aviv es que solamente lo encarcelen”.

“En cuanto nos llegó el caso de Saad Omar nos volcamos en él, porque creemos que es un perfil de petición de asilo muy potente y documentado”, indica Lourdes Navarro, responsable de los servicios jurídicos de CEAR Sevilla

Retornar con su familia, finalmente, no era una opción para Omar, a pesar de que las autoridades israelíes han encontrado a través de ella una manera de intentar obligarle a volver. En estos años se han sucedido registros en la casa de la familia mientras mantenían esposado a su padre en plena calle, amenazas a su madre de que solo volverá a ver a su hijo menor en una bolsa y, por supuesto, el encarcelamiento de su hermano. Pero el recuerdo de lo que experimentó durante casi una década en las cárceles de Israel es más poderoso: “Lo que viví me impide volver con los míos, a pesar de lo mal que lo están pasando. Con eso está dicho casi todo”, reflexiona Omar. La decisión estaba tomada: pediría asilo como refugiado.

Omar llega a través de unos amigos a Sevilla y el 19 de marzo de 2018 los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se personan como sus representantes legales e inician unos trámites duros por tediosos y, sobre todo, por desesperantemente lentos. “En cuanto nos llegó el caso de Saad Omar nos volcamos en él, porque creemos que es un perfil de petición de asilo muy potente y documentado”, indica Lourdes Navarro, responsable de los servicios jurídicos de CEAR Sevilla. A pesar de estos esfuerzos, más de dos años después, sin embargo, Omar aún anda esperando respuestas: “Los procesos están diseñados para que perdamos la paciencia y abandonemos”, reflexiona más de dos años después de iniciar un proceso que ahora amenaza con volver a la casilla de salida.

El 25 de agosto del mismo año CEAR entrega la primera ampliación de pruebas que atestiguan que el relato de Omar es cierto; en marzo de 2019 presenta todavía más documentación; y en junio de ese mismo año Omar se va a los servicios médicos para que estos den fe de las secuelas producidas por las lesiones sufridas durante años de violencia y encarcelamiento. Para entonces, una vez superados los primeros seis meses, en los que, como solicitante de asilo, Omar debió permanecer con CEAR y aprender castellano, el fotoperiodista empieza a hacer planes. A sus 35 años, con la tarjeta roja en su poder, un documento expedido por el Gobierno de España cuando las peticiones de asilo son admitidas a trámite y que permite acceder a un empleo, sabiendo hablar varios idiomas (aparte de su lengua natal, inglés, francés y algo de ruso), Omar quiere trabajar, valerse por sí mismo y no depender del dinero que le dé ningún gobierno. Es por esto que acepta un trabajo en Barcelona como camarero. Lo que debía ser un paso hacia adelante, sin embargo, se convirtió en varios hacia atrás.

Carnet Palestino

La larga espera en España

Una vez llegado a la ciudad condal en verano de 2019, Omar no pudo inscribirse en el padrón municipal hasta octubre, momento en que por fin encontró un casero que le permitió hacer el trámite sin querer cobrarle por ello un precio desorbitado. Para entonces, ya habían llegado varias cartas en su antigua dirección de Sevilla citándole para una segunda entrevista con la policía para ampliar su testimonio y seguir presentando pruebas que avalaran su petición. 

Sin papeles para trabajar y con orden de que regrese a un lugar donde no debería volver nunca, Omar se encuentra hoy en mitad de un aparente callejón sin salida, desesperado y a punto de abandonar

Estas cartas nunca llegaron a él. Aunque el 22 de noviembre CEAR presentó otro informe técnico apoyando la petición de asilo de Omar, para febrero del año siguiente su caso ya había sido archivado, lo que se tradujo en junio en una retirada de pasaporte y en una orden de deportación. Dado que España no reconoce a Palestina como Estado, esta supone además mandar a Omar en avión al aeropuerto de Tel Aviv, la ciudad más peligrosa para él en estos momentos. En este caso, por ahora, se ha abierto un plazo de seis meses para recurrir por lo contencioso administrativo. Y después, más incertidumbre.

Sin papeles para trabajar y con orden de que regrese a un lugar donde no debería volver nunca, Omar se encuentra hoy en mitad de un aparente callejón sin salida, desesperado y a punto de abandonar: “Me siento muerto en vida en España. Esperé seis meses para poder contar mi caso a la policía, luego otros seis meses en el centro de Sevilla, y ahora otros seis meses para reclamar mi caso y ver qué dicen. Esto, después de huir de Palestina hace dos años y tras haber estado nueve en la cárcel”. En España, según un reciente informe de la Universidad Carlos III y la Fundación PorCausa, se estima que a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular. Esto supone entre un 11% y un 13% del total de inmigrantes extracomunitarios. Contrariamente a lo que señalan los discursos políticos de la extrema derecha, el 80% de estos vienen de América, y menos de un 10% de África.  “He pasado toda mi vida esperando a poder vivir como cualquier otra persona. No creo que sea posible”, se desahoga Omar en varios mensajes de Whatsapp. “Estoy cansado de ver mi vida desde la ventana”, zanja, antes de cortar la conversación para seguir esperando una salida mientras convive con el miedo.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Análisis
Análisis Trump no ha inventado nada o ¿qué hacemos frente al mundo-frontera?
Así opera la frontera: deshumaniza a las personas migrantes, abre así las puertas a una deshumanización que acaba despojando de dignidad a cualquiera que se considere problemático o sobrante.
República del Sudán
Externalización de fronteras Refugiados sudaneses en Níger: una tragedia humanitaria en el corazón del desierto
En Agadez, en un campo de refugiados alejado de toda población, cientos de personas refugiadas, en su mayoría provenientes de Sudán, esperan poder avanzar durante meses y años, en condiciones indignas.
Personas refugiadas
Personas refugiadas Dos tiktokers piden asilo político en Senegal tras denunciar fraude electoral en Mauritania
Procureur Général y Commisaire Diallo son activistas mauritanos forzados al exilio tras denunciar el racismo que subyace a un régimen donde el fraude electoral es el último mecanismo para mantener al líder de la oposición, negro, fuera del poder.
Comunidad de Madrid
Protocolos de la vergüenza Las mentiras de Ayuso en el quinto aniversario de la pandemia
La presidenta de la Comunidad de Madrid intenta lavar su imagen con un vídeo y un comunicado plagados de maquillaje.
Argentina
Argentina Milei pisa el acelerador en Argentina con la represión feroz de una protesta frente al Congreso
Una marcha de jubilados respaldada por aficionados de fútbol desata la mayor violencia desplegada por el Gobierno del presidente argentino desde el comienzo de su mandato hace más de un año.
Precariedad laboral
Migraciones La nueva diáspora española: entre la precariedad y el activismo
En “No nos vamos, nos echan” se recogen las experiencias de movilización social protagonizadas por los emigrados españoles tras la crisis de 2008.
Pueblo kurdo
Siria Las milicias kurdas firman un acuerdo ambiguo con Damasco en un Estado sirio aún sin definir
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por los kurdos, y el Gobierno de Al Jolani han firmado un acuerdo que promete estabilidad, pero que deja más preguntas que respuestas.
África
Alima Ngoutme “La solidaridad femenina es importante para que en África logremos la inclusión de los niños con discapacidad”
A través de su asociación, Alima Ngoutme, y a partir de una experiencia personal, ha concentrado sus esfuerzos por conseguir la plena inclusión social de los niños y niñas con discapacidad en su país natal, Camerún.

Últimas

Toledo
Medio ambiente El vecindario de Seseña lucha contra una planta de asfalto que se instalará a 650 metros de sus casas
Tan solo falta un informe de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha para que se comience a levantar una planta de asfalto cerca de las viviendas de este pueblo de Toledo.
Pueblo gitano
Opinión Un autogobierno para el Pueblo Gitano
La Constitución no incluye al Pueblo Gitano, por tanto, requiere un cambio para incluirle respetuosamente en el entramado institucional que compone el Estado.
Kabilas de mesa camilla
Kabilas de mesa camilla ¿Ramadán mubarak? o ¿ramadán digital?
La omnipresencia hace que las pantallas lo ocupen todo, incluso ese vacío que deja la abstinencia de comida y agua, y donde se supone que cada criatura se encuentra con lo que emana de sí misma.
Comunidad de Madrid
Privatización de los servicios sociales Ayuso propone 40 residencias privatizadas en una comunidad donde solo el 5% son públicas
El gobierno de la Comunidad de Madrid planea la construcción de 40 residencias cuya gestión estará en manos de empresas privadas. Partidos políticos, sindicatos, ONG y colectivos sociales se unen para oponerse a este nuevo “plan privatizador”.
Más noticias
Badajoz
Derechos laborales Denuncian la privatización y precariedad en la muerte en el piso tutelado en Badajoz
Los sindicatos y consejos profesionales señalan que las subcontrataciones limitan los recursos humanos y materiales, poniendo en riesgo a menores y profesionales.
Huelva
Medio ambiente Un fondo de inversión amenaza Doñana con la construcción de un proyecto gasístico
Los ecologistas alertan sobre los peligros ambientales de la petición del nuevo sondeo asociado al almacenamiento de gas natural Marismas, promovido por Trinity Energy Storage, en el que participa el fondo de inversión Teset Capital
Feminismos
8M Lluvia feminista para un 8M antirracista en Madrid
VV.AA.
Más de 80.000 personas, según los datos de la organización, han secundado la marcha que la Comisión 8M ha organizado entre Atocha y Plaza España, cuyo eje principal ha sido el antirracismo como antídoto necesario para conseguir derechos para todas.

Recomendadas

Migración
Migraciones Bruselas anuncia un nuevo proyecto de ley para acelerar las deportaciones de personas migrantes
La Comisión Europea ha presentado este martes un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo intensificar y acelerar las deportaciones de personas indocumentadas a sus países de origen o países de tránsito.
Galicia
Galicia La Xunta entorpece el acceso a más de 8.500 contratos que suman 57 millones de gasto
La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue indexa miles de pagos sin concepto e imposibilita su fiscalización. La Xunta de Alfonso Rueda aduce que la opacidad es causada por “un fallo de codificación”. Sin embargo, esa práctica se repite desde 2018.
Islamofobia
Religión El aumento de vetos al hiyab en escuelas reaviva el debate sobre la islamofobia en España
Cada vez son más los centros educativos que están vetando estas prendas propias de la cultura musulmana a través de disposiciones en sus protocolos internos.
Fronteras
Fronteras Sombras en el acuerdo de cesión de competencias pactado por el PSOE y Junts
El acuerdo sobre transferencia de las competencias en materia de migración entre PSOE y Junts encuentra el 'no' de Podemos y de organizaciones de migrantes y el 'sí' con matices de la izquierda independentista y de Sumar.