Política
Sumar analiza “medidas de presión” contra Sánchez y no descarta romper el Gobierno por la jornada laboral

“Si la reducción no se hace en este período de sesiones, la posibilidad que salga adelante es mínima. Para nosotros no es crucial, es algo más. Es un elemento fundamental y fundante y si no se cumple con el acuerdo, nuestra permanencia dentro del Gobierno entra en duda”, comenta a El Salto un influyente diputado de Sumar y de la máxima confianza de Yolanda Díaz.

Fuera de micrófono, miembros del grupo parlamentario admiten que esta vez van en serio y son conscientes que esto va de su propia supervivencia. La reducción de la jornada laboral fue la propuesta principal de la ministra de Trabajo como candidata a presidenta del Gobierno en 2023 y al confeccionar el acuerdo de investidura la medida quedó consignada en detalle (a diferencia de otras ideas, redactadas de manera más vaga) en cuanto a plazos de tiempo y alcance.

El PSOE maniobra en el Gobierno para retrasar la tramitación de la reducción de jornada laboral

Deva Mar Escobedo

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Reducción de jornada

Conflicto en la coalición El PSOE maniobra en el Gobierno para retrasar la tramitación de la reducción de jornada laboral

Deva Mar Escobedo

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Economía retrasa el debate de la contracción de las horas de trabajo en la CDGAE, el organismo por el que las posibles futuras leyes deben pasar antes de ir a la mesa del Consejo de Ministros; Díaz señala al PSOE y Pedro Sánchez.

El contexto además ha cambiado y para peor. Sumar ahora compite electoralmente (al menos para las encuestas) con Podemos, que ha crecido en las encuestas y están en empate técnico según el CIS. También todavía se siente el impacto del Caso Errejón y la forma en que se dio su salida (echado pero comunicado de una forma errática y se le permitió desautorizar a sus jefas políticas). La coalición sabe que no hay más margen para dejar pasar el tiempo y oportunidades.

La ofensiva

Díaz ha pisado el acelerador en los últimos días. Ganada por los nervios o quizás con un claro intento de conseguir titulares en cabeceras, ha llamado “casi mala persona” al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tal vez el miembro del Consejo de Ministros más desconocido entre los ciudadanos, y el de menos experiencia política. La vicepresidenta también fue, minutos antes del acto que puso en marcha la conmemoración por la muerte del dictador Franco, a un plató de TV a explicar su posición.

Pero este viernes se ha dado otro paso: Díaz convocó a los cuatro ministros de Sumar (Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy) para mantener una reunión con el objetivo de “abordar el tema más importante del año”, refiriéndose a la reducción de jornada. En redes sociales dejó en claro que no cumplir con esa iniciativa en 2025 sería “incumplir el acuerdo de Gobierno”.

La misma fuente de Sumar respondía a El Salto que están “pensando medidas de presión que se puedan implementar” para forzar al socio mayor de la coalición a cumplir lo pactado. “El tema de la vivienda y los temas laborales son lo principal. Si no somos capaces de tocar ahí, no estamos a lo que estamos”, ha recalcado, e insiste en que faltar a la palabra puede tener “consecuencias” en la permanencia dentro del Consejo de Ministros, aunque también admite que hay “varias medidas previas” que se pueden concretar antes de una decisión drástica.

Tanto este alto cargo de Sumar como un dirigente de una de las confluencias aliadas opinan que el Partido Socialista “no quiere” aprobar la reducción de jornada. “La dilación (que hacen) es la suspensión de facto de la medida porque nos acercamos a período electoral”, señala uno. “Ningún socio parlamentario va a querer darle al Gobierno este triunfo cuando falte poco para el período electoral. Y el PSOE sabe que si vamos a elecciones, la reducción de jornada será capitalizada por la izquierda confederal y no ellos”, opina el otro.

Lo de los tiempos no es baladí. Según cálculos de Sumar, si el proyecto es tramitado por vía parlamentaria de urgencia, para fines de abril o comienzos de mayo ya podría estar en el BOE, contando también con ponerle un coto de tiempo a las dilaciones que querrá hacer el Senado, con mayoría de derecha (la urgencia implica que el tratamiento de la cámara alta sea en no más de 20 días naturales). En cambio, si no es tratado por vía exprés, la hipotética aprobación sería, como pronto, después de septiembre, ya que hay que esperar los informes de varios ministerios, además del período de enmiendas y los debates en comisión.

El año que acaba de comenzar tiene una especificidad a favor de tratar proyectos de gran relevancia política: no hay ninguna convocatoria electoral prevista (aunque muchos creen que Castilla y León adelantará los comicios). Que no haya elecciones (es el primer año nada menos desde 2017 en que el vacío del calendario electoral estatal y autonómico es absoluto) favorece alcanzar acuerdos en las Cortes Generales. En 2026 habrá llamado a las urnas en Andalucía y ya seguro en Castilla y León, y nadie puede descartar que no haya generales antes de tiempo.

En esta búsqueda de acuerdos está Yolanda Díaz. Además de haber firmado con los sindicatos el acuerdo por la reducción, está intentando tender puentes con partidos que serían clave para la aprobación en el Congreso. El Salto pudo confirmar que la vicepresidenta ha tenido una conversación telefónica con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en ese sentido.

Fuentes del entorno de Díaz han explicado que el diálogo fue antes de que acabara el 2024 y que el expresident de la Generalitat le dejó en claro que no estaba negado a la posibilidad y que estaba abierto al tratamiento de la propuesta en el Congreso. Se sabe que la influencia de Foment del Treball, una de las patronales catalanas, es grande en Junts. Pero también es grande el deseo de Puigdemont de provocarle dolores de cabeza a Pedro Sánchez.

También antes del receso invernal, miembros de Sumar tuvieron reuniones con representantes de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. “Ha habido intercambios con todos, pero el conflicto ahora es con el PSOE, no es ni con el PNV ni con Junts. Cuando llegue la proposición al Congreso habrá que negociar y tendrán lugar las disputas, ahora no es el momento”, señalan.

El PSOE da largas

El ministro de Economía ha rechazado las críticas de Sumar y ha asegurado que es “prioridad” la reducción de jornada, sólo que ha pospuesto su apoyo a tramitarla de urgencia para que el proyecto sea revisado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Dijo querer “garantizar un debate y análisis a fondo”.

Sin embargo, las posiciones dentro del PSOE divergen. Todas las fuentes consultadas responden que el proyecto “saldrá adelante” pero con diferentes tiempos a los deseados por Sumar.

Sobre finales de diciembre, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dicho a su equipo que la reducción de jornada es altamente improbable que sea aprobada en el hemiciclo del Congreso antes de 2026. “No importan las fechas. Lo importante es que lo apoyen los grupos parlamentarios. Para nosotros sí es relevante que salga con el mayor consenso posible. El calendario no es lo importante, lo importante es que España apruebe una reducción de la jornada laboral con grandes consensos. Si es en 2025 ó 2026 no es lo prioritario”, se le escuchó decir a la número 2 del PSOE, según pudo confirmar El Salto.

Las encuestas indican que casi dos tercios de la población apoya la propuesta y el PSOE quedaría fuera de juego si acabara no impulsándola. Otra cosa es la disputa simbólica por capitalizar su éxito. Además, como todo en Sánchez, existe una estrategia de posicionamientos. Como admitió un exlíder autonómico de los socialistas: “Hay un claro intento de posicionarse en el centro ideológico y no dejárselo a Núñez Feijóo”. Además, Sánchez tampoco quiere un enfrentamiento caníbal con las patronales, algo que le puede costar votos en los votantes caoba de su partido.

El acuerdo de investidura explicita que la jornada laboral semanal debía ser de un máximo de 38 horas y media en una primera etapa en 2024 y reducirse nuevamente hasta las 37 y media máximo en 2025. Ya la primera parte no fue cumplida, evidentemente. También se establece la creación de una mesa de expertos posterior para que analice los efectos y estudie una disminución aún mayor a largo plazo.

La CEOE está en contra, así como la vasca Confebask y las catalanas Foment del Treball y Cambra del Comerç, y por supuesto, PP y Vox. En la acera de enfrente, los sindicatos, los partidos soberanistas de izquierda, Podemos y Sumar. En el medio, un PSOE que parece titubear. Y una Yolanda Díaz que sabe que se juega su supervivencia política más que nunca.