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El Gobierno Vasco colocó como subdirector de Osalan a un imputado por prevaricación

Francisco Javier González, subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud entre los años 2015 y 2017, fue condenado en marzo del 2022 por un delito de prevaricación por parte de la Audiencia Provincial de Cantabria. Decretó 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público por utilizar la figura del contrato menor de manera deliberada y reiterada para el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios.

El culpable ocupó cargos de responsabilidad en la administración pública vasca, especialmente en instancias dependientes de las consejerías de Salud y Trabajo, así como en la dirección del Hospital de Cruces. En algunos de estos cargos, el comportamiento de González había sido el del fraccionamiento para eludir los distintos requisitos legales para la adjudicación de dinero procedente de los presupuestos públicos.

El imputado por prevaricación ejerció como subdirector de planificación en el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan)

Imputado desde junio del 2020, González ejerció como subdirector de planificación en Osalan entre el 24 de enero del 2019 y el 23 de noviembre del 2020, con un salario anual de 75.736 euros. A partir de noviembre del 2020, ocupó el cargo de técnico de programas de investigación del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. El Consejo General de Osalan está presidido por el Departamento de Trabajo y Justicia y vicepresidido por el Departamento de Salud. También fue director Económico-Financiero del Hospital de Cruces entre los años 2009 y 2013. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratificó la condena en enero del 2023, pero el pasado mes de febrero Francisco Javier González recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Osakidetza salpicada por la trama del Servicio Cántabro de Salud

No es el único ex alto cargo de Osakidetza implicado en el caso de prevaricación en el Servicio Cántabro de Salud. Otro de los imputados por las irregularidades, Álvaro Sáez de Viteri, exasesor externo del Servicio Cántabro de Salud, falleció antes de dictarse la sentencia. Francisco Javier González había promovido en 2015, mediante la figura del contrato menor, la contratación directa de los servicios de Álvaro Sáez de Viteri, persona de su confianza.

Álvaro Sáez de Viteri había sido subdirector de Compras, Obras y Servicios Estratégicos de Osakidetza (2009-2013) y Director-Gerente del Hospital del Alto Deba (1992-1996).

Por la trama de irregularidades dimitió el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez, quien llegó a estar imputado, aunque el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander decidió archivar la acusación de la Fiscalía contra él. Pérez había sido director general de Osakidetza entre los años 2009 y 2013, etapa en la que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también reprochó el fraccionamiento en la contratación de Osakidetza.

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Según la documentación remitida por la Consejería de Salud al Parlamento Vasco la semana pasada, destacan los 117,7 millones que fueron a parar a empresas vinculadas a exaltos cargos del servicio vasco de salud, los 42,3 millones destinados a una entidad presidida por una exportavoz jeltzale del Gobierno Vasco y los 34,4 millones que acabaron en mercantiles dirigidas por dos exburukides del PNV.

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La investigación judicial en torno al Servicio Cántabro de Salud se inició en febrero del 2018, a raíz de una denuncia de la jefa del Servicio de Contratación. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria se menciona a seis empresas ligadas a la trama de irregularidades por el fraccionamiento de contratos. Tres de ellas eran propiedad del hijo del alcalde socialista de Suances y otras tres eran proveedoras habituales de Osakidetza. Entre ellas destaca Elecnor, empresa en la que hicieron carrera algunos altos cargos actuales del PNV: Jesús Elguezabal, director gerente de EITB entre los años 2013 y 2021, y Aitor Etxebarria, director de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco desde el año 2017.

Plan Osasuna Zainduz como paradigma neoliberal

El debate parlamentario sobre las irregularidades en el Gobierno de Miguel Ángel Revilla sacó a la luz la puerta giratoria entre Osakidetza y el Servicio Cántabro de Salud, con la Consejería encabezada por la socialista María Luisa Real (2015-2018). Además, Ander Larrazabal,  exdirector de la OSI de Osakidetza Ezkerraldea-Enkarrerri, había sido nombrado Director del Hospital de Laredo, y Cristina Domingo, exdirectora médica de la Comarca Interior en Osakidetza, pasó a ser directora médica de Atención Primaria en Cantabria.

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Ahoztar Zelaieta ,  Lu Barcenilla Román

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El Plan Osasuna Zainduz fue el punto de inflexión en la implantación del modelo de gestión pública del Servicio Vasco de Salud. Esta reforma impuso en 1991 ideas como la competitividad, la reducción de costes, la figura de cliente, la sanidad como un mercado, las políticas de oferta y demanda, los incentivos por resultados y otras medidas procedentes de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher.

Los acusados por Fiscalía de liderar la trama de irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (Julián Pérez, Álvaro Sáez de Viteri y Francisco Javier González) habían ostentado responsabilidades en Osakidetza con Rafael Bengoa, quien encabezaba la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco que lideraba el socialista Patxi López.

Bengoa, al que el PNV le imputó estar relacionado con una trama de irregularidades denominada “caso Osatek”, venía de ocupar el cargo de Director de Planificación y Ordenación en Salud (1991-1995) con el jelkide Iñaki Azkuna de consejero de Sanidad (1991-1999). Al propio Azkuna le salpicó otra trama de contrataciones denominada “caso Margüello”.

Bengoa y Azkuna fueron los promotores del Plan Osasuna Zainduz, el punto de inflexión en la implantación del modelo de gestión pública del Servicio Vasco de Salud. Iniciado en 1991, este plan impuso la competitividad, la reducción de costes, la figura del cliente, la sanidad como un mercado, las políticas de oferta y demanda, los incentivos por resultados y otras medidas procedentes de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher.