Presupuestos Generales del Estado
El acuerdo entre PSOE y Podemos, regular tirando a malo para las trabajadoras de hogar

“El Gobierno reconocerá el derecho a paro de las empleadas del hogar”. “Las empleadas de hogar podrán cobrar el paro y tener vacaciones seguidas”. El primer titular fue publicado en eldiario.es del 11 de octubre. El segundo apareció en El País el 21 de mayo de 2007.

Pero no. Las empleadas de hogar no tienen derecho a prestación por desempleo y no podrán cobrar paro de momento, pese a que, cuando entró en vigor el Real Decreto 1620/2011, se estableció como plazo máximo el 1 de enero de 2019 para que se produjera la equiparación del trabajo doméstico en derechos laborales, aplazada hasta 2024 mediante una enmienda del PP a los presupuestos.

El acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos, firmado el pasado jueves por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, líder de Podemos, incluye dos referencias al trabajo doméstico. En primer lugar, el compromiso de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a lo largo de 2019. En segundo lugar, la creación de dos nuevos tramos de cotización en 2019 en el sistema especial de empleadas de hogar “como paso previo a una plena integración en el Régimen General que no puede demorarse más allá de 2021”.

Sin embargo, ninguna de estas medidas implica que las empleadas del hogar tengan garantizado el derecho a cobrar el paro en un futuro inmediato ni que su trabajo se equipare a cualquier otro, como vienen demandando los colectivos de trabajo del hogar. “Lo único que dice el acuerdo es que la inclusión a todos los efectos en el régimen general no puede pasar de 2021”, explica Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y asesora de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.

Por lo demás, para Otxoa, la inclusión de dos nuevos tramos de cotización tampoco es una noticia que pueda beneficiar a las empleadas domésticas. Para empezar, dice, el texto no especifica cantidades para esos tramos. Esto supone, de hecho, que no se tengan en cuenta especificidades del trabajo doméstico como el trabajo de interna, donde “por ejemplo, si se pacta una base de mil euros, como ha publicado algún medio, lo que se está diciendo a las trabajadoras que hacen 60 horas, y más, es que no va a poder cotizar por todas las horas”.

Para Otxoa, la vía rápida para equiparar en derechos a las trabajadoras domésticas es muy sencilla: una reforma para incluir el trabajo doméstico en el Régimen General de la Seguridad Social: “¿Pueden subir el SMI de un día para otro? Pues entonces lo otro también pueden”.

Natalia Slepoy, del Observatorio de Derechos en el Empleo de Hogar Jeanneth Beltrán, que integran trabajadoras domésticas, también ve nuevas maniobras de dilación de la equiparación de derechos en este acuerdo. “No tiene sentido crear más tramos, lo que estamos pidiendo es que se cotice en función del salario real”, explica. Con el sistema de tramos —ocho en la actualidad, que pasarían a diez por este acuerdo—, lo que está ocurriendo es que muchos empleadores cotizan en un tramo menor que el que corresponde al salario, lo que tiene un impacto negativo en las pensiones de las empleadas domésticas.

Además, recuerda Slepoy, las empeladas domésticas no tienen reconocidos los vacíos de cotización, periodos de inactividad que en el caso de otro trabajo sí se contabilizan para el cobro de las pensiones.

Por otra parte, recuerda Slepoy, si en 2012 se prometió que la equiparación llegaría en 2019 y ahora se dilata, ¿qué garantías hay de que se vaya cumplir este nuevo plazo? “No puede haber alegría por estas medidas en el colectivo, el miedo es que llegue 2021 y se vuelva a aplazar”, explica.

CONVENIO 189, UN AÑO EN EL AIRE

Sobre el Convenio 189, cuya ratificación pidieron 100.000 firmas recogidas por empleadas del trabajo doméstico, desde el Observatorio Jeanneth Beltrán son optimistas y creen que sí puede suponer un camio de paradigma en el trabajo doméstico, porque va más allá de las reivindicaciones relacionadas con la Seguridad Social. Así, ratificar el convenio y acatar sus indicaciones supondría no solo el derecho a paro, sino también la impletantación de medidas relacionadas con prevención de riesgos laborales o contar con un convenio colectivo propio.

Isabel Otoxa, sin embargo, recuerda que este convenio incluye normas que ya existen legislación española “y no se cumplen por falta de voluntad política”. Además, contempla dos disposiciones relativas a la equiparación en materia de seguridad social y el establecimiento de medidas de seguridad y salud laboral, para las que no establece plazos, “por lo que el Convenio 189 no garantizaría el cumplimiento en ningún plazo”.

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