País Valenciano
Las plataformas educativas advierten de que el distrito único escolar del PP generará centros gueto

La propuesta del distrito único escolar que la Conselleria d'Educació lanzó en València el pasado mes de diciembre ha generado reacciones contrarias, sobre todo en diversas plataformas educativas que apodan esta medida como el “distrito segregador”, y lo califican como “perjudicial para la educación”. 

Esta normativa propuesta por el Partido Popular se pretende implantar el próximo curso escolar. La medida afectará al proceso de admisión de alumnos, ya que cambiará los criterios de baremación, según argumentan cargos del PP, “en pro de la libertad”. 

El distrito único ya estuvo vigente durante el mandato del PP, hasta que fue derogado en 2015 por el Gobierno del Botànic, la coalición de partidos de izquierdas valencianos. Con el modelo del Botànic, el baremo priorizaba cuestiones como tener otro hermano en el centro o la proximidad con el domicilio. También supuso la eliminación de los dos puntos que quedaban a elección de los centros educativos, medida que consideraban podía generar selecciones a dedo, como ocurría con el punto “extra” en el País Vasco. La actual propuesta del PP pretende eliminar esas medidas que caminaban hacia un acceso en condiciones de igualdad y no discriminación entre alumnos.

La propuesta del PP es que el área de influencia pase a ser todo el municipio, es decir, que todos los domicilios de una misma ciudad (distrito) tengan la misma puntuación

El área de influencia de los centros

Hasta ahora, la asignación de alumnos a los centros se ha basado en un sistema por puntos que otorgaba la puntuación más alta a tener hermanos estudiando en ese centro, seguida de la proximidad, con una intención de arraigo en el barrio. Lo que plantea la Conselleria del PP es que el área de influencia pase a ser todo el municipio, es decir, que todos los domicilios de una misma ciudad (distrito) tengan la misma puntuación. “Esto provoca problemas sobre todo en las grandes ciudades como València”, afirma Kilian Cuerda, representante sindical de UGT-Ensenyament del Pais Valencià. 

Por su parte, Alberto López fue inspector de la división territorial de educación y asegura que esta medida podría provocar que los niños y las niñas vivieran a distancias muy elevadas de su domicilio. “Con el inconveniente añadido de que, según la legislación actual, si el alumno se encuentra a 3km o más de su centro, la Conselleria debe cubrirle los gastos de transporte y comedor, con el aumento de gasto que eso conllevaría innecesariamente”, afirma el inspector.  Debido a esta propuesta, los alumnos podrían quedarse sin plaza en el centro más próximo a sus viviendas, independientemente de la condición económica de los padres y de la capacidad de trasladar al menor a un centro alejado.

Esta medida favorece a los centros concertados, ya que son las familias con más recursos económicos quienes se aprovechan para matricular a sus hijos e hijas en centros concertados lejos de su lugar de residencia

Más contaminación

No se puede obviar que nos encontramos en un momento de crisis climática. Estas medidas, lejos de tratar de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos privados, provocaría más desplazamientos. 

Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana afirma que, históricamente, esta medida favorece a los centros concertados, ya que son las familias con más recursos económicos quienes se aprovechan para matricular a sus hijos e hijas en centros concertados lejos de su lugar de residencia. Este factor, asegura, aumentaría la contaminación atmosférica.  “Favorece la mercantilización de la educación, no impulsa la integración del alumnado en el barrio de residencia y de proximidad”, denuncia Usó.

Secunda esta opinión Rubén Pacheco, presidente de FAMPA València y de la Confederación d'AMPA Gonzalo Anaya, que asegura que aumentará la saturación de tráfico, la contaminación y, en consecuencia, habrá peor calidad del aire.

El punto que queda a elección del centro

El PP valenciano retoma el controversial punto extra que queda a elección del centro. Es decir, no sigue ningún criterio objetivo. “Se han dado casos en el pasado de alumnos que han sido aceptados en el centro porque su madre pertenece a la parroquia”, afirma Kilian de UGT. Por su parte, Alexandra Usó asegura que esta normativa atiende a intereses minoritarios en contra del interés colectivo: “una medida que esconde parámetros elitistas detrás de la palabra libertad, y cuando la libertad es limitada, la palabra que hay que emplear es privilegio.” 

Se han dado casos en el pasado de alumnos que han sido aceptados en el centro porque su madre pertenece a la parroquia”, afirma Kilian de UGT

Las listas pasan a general antes de que se cierren

En cada centro se deben reservar dos plazas para niños con necesidades especiales y una para niños de compensación educativa, que suelen ser casos de menores que no dominan el castellano. Con la nueva propuesta, estas plazas pasarán a general antes de cerrarse las listas provisionales. Alberto López, inspector, afirma que este sistema puede discriminar a estos niños de compensación educativa ya que, quizá se acaben de mudar y, al acotar el plazo, se quedan sin esa plaza pensada específicamente para acompañarlos en su adaptación. 

Un estudio llevado a cabo en 2019 por los sociólogos e investigadores Jose Manuel Rodríguez Victoriano y Borja de Madaria Escudero, desveló que las medidas educativas impulsadas por el Partido Popular valenciano fueron en detrimento de la calidad de la educación pública. “En cuanto a las conclusiones del proceso de investigación conviene destacar dos: el desmantelamiento que ha padecido la enseñanza pública en los últimos veinticinco años de gobierno municipal por parte del PP valenciano y los efectos perversos de la modernidad conservadora de la LOMCE en la enseñanza obligatoria de la ciudad”. El estudio afirmaba a su vez que, existen graves desequilibrios en la red de centros escolares sostenidos con fondos públicos en el municipio. Estos desequilibrios conducen a desigualdades que generan segregación escolar y propician la exclusión educativa de los sectores sociales más desfavorecidos. 

La propuesta del PP

Por su parte, el Partido Popular asegura que su intención es “permitir una mayor libertad de elección de las familias respecto de las escuelas a las que pueden optar, porque ahora muchos alumnos no estaban en igualdad de condiciones con otros al encontrarse en distritos donde hay menos centros docentes para escoger”, según declaraba Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación en una entrevista concedida a Europa Press.

A pesar de la insistencia, el director general de centros docentes, Jorge Cabo, no ha concedido una entrevista para este medio, pero para un artículo de ElDiario.es, afirmó que se trata de una medida que “garantiza la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, elimina barreras geográficas, promueve la diversidad en las aulas y facilita la movilidad social”.

Las plataformas educativas, aseguran que no existía un problema de admisión del alumnado y que el sistema de baremación es eficiente. Según el periódico València Plaza, el porcentaje de admisión era de más del 97,4 %. Una cifra ligeramente más alta al 95’8 % de Madrid, que lleva años implementándolo con el mismo mantra de ‘libertad de elección’. 

Pedirán la retirada del decreto

Tanto FAMPA, como Escola Valenciana y UGT, pedirán la retirada del decreto, ya que opinan que incumple artículos de la LOMLOE por no tener en cuenta el criterio de proximidad del domicilio y no puntuarlo como es debido. También por no escuchar a las administraciones locales, y no garantizar el equilibrio en la distribución del alumnado. 

La presidenta d’Escola Valenciana opina que el ‘distrito segregador’ es un modelo que tiene un objetivo claro: desmantelar la educación pública para favorecer el negocio de la privada. “Fue el modelo que implantó la alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá durante su etapa de Consellera de Educación en la que el PP propició el mayor destrozo de la educación pública. Es una política educativa que fomenta claramente la red concertada en detrimento de la pública”, sentencia.