Opinión
Por qué la ordenanza del PSOE contra la prostitución crea más víctimas de las que “salva”

En materia de prostitución, la oposición frente a las ordenanzas municipales es de las pocas cuestiones en las que un sector del abolicionismo y el movimiento proderechos parecen estar de acuerdo. Desde la primera de ellas, la barcelonesa de 2006, hasta la sevillana, muy similar a la que ahora propone el PSOE en Madrid, se ha demostrado que, además de no solucionar problemas de convivencia, empeoran gravemente las condiciones de trabajo y de vida de las personas que ejercen la prostitución.

El primer eje de la ordenanza registrada por el PSOE en Madrid se centra en la multa a la clientela, lo cual supone un gasto innecesario de recursos ya que la sanción a los clientes lleva aplicándose desde julio de 2015 con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley Mordaza, además, multa también a las mujeres principalmente a través del artículo 36.6 que sanciona la desobediencia a la autoridad. Duplicar la sanción cuando esta ya existe y ha traído graves consecuencias documentadas desde las ONGs, colectivos de trabajadoras sexuales y academia, se revela como un gesto ideológico cuya preocupación central no son las prostitutas.

Aunque Causapié insista en que este tipo de medidas no penalizan a las prostitutas, la experiencia demuestra que, al contrario, ellas son las principales perjudicadas. La sanción a la clientela arroja de la precariedad a la pobreza a la prostitución callejera, la modalidad de ejercicio ya de por sí más precaria, al tiempo que agudiza su clandestinidad, dependencia, vulnerabilidad y los peligros potenciales de un trabajo estigmatizado, sin ofrecer alternativas realistas. En primer lugar, aumenta la vulnerabilidad del colectivo, ya que para evitar que multen a su fuente de ingresos las trabajadoras sexuales se ven obligadas a desplazarse a lugares más alejados, peor iluminados, negociando las condiciones del servicio de manera rápida y clandestina, con mayor presión económica y escasez de trabajo; es decir, con menor derecho a rechazar clientes. Todo ello se traduce en una pérdida de control en la negociación del preservativo, la tarifa y las prácticas.

En segundo lugar, favorece las agresiones. Preocupadas por la presencia policial pueden pasar por alto otras señales, buscarse protectores que las avisen de las redadas o las defiendan en el reparto del espacio. Si la agresión, robo o extorsión ocurren, no denuncian porque no confían en la misma policía que las hostiga, les dificulta el trabajo y las persigue, conscientes de que tal vez la justicia no se preocupe de sus necesidades e intereses, como hemos visto al hilo de la manada de Murcia.

La apuesta por las vías punitivas dificulta el trabajo de detección de las víctimas de trata, que difícilmente considerarán los cuerpos de seguridad como aliados

En tercer lugar, crea el caldo de cultivo idóneo para los abusos de poder policiales y su impunidad. La experiencia de estos años con la Ley mordaza muestra que las sanciones en el espacio público otorgan un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad policial, lo que a menudo conduce a abusos como los que denunciamos en el Polígono de Villaverde.

Además, en cuarto lugar, la apuesta por las vías punitivas dificulta el trabajo de detección, identificación y protección de las víctimas de trata, las cuales difícilmente considerarán a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como aliados en los que confiar para denunciar su situación. En quinto lugar, opera a favor de los intereses de los empresarios de los clubes de alterne.

Estas medidas empujan a las mujeres a abandonar la calle para trabajar a terceros donde, ante la falta de derechos laborales que las protejan de los abusos, los dueños imponen sus normas que, a menudo, se llaman explotación laboral. Otro de los ejes de la ordenanza es la sanción a locales que no cumplan con la licencia. Prevemos que se centrarán en aquellos donde las mujeres se asocian para trabajar, no así contra los clubes de alterne que suelen contar no solo con licencia, sino también con amparo jurídico.

Al margen de la persecución al cliente y a los locales, la propuesta de ordenanza en Madrid enuncia otra serie de medidas relacionadas con la publicidad, campañas de sensibilización y alternativas al ejercicio de la prostitución. Sobre el conflicto existente con la publicidad de prostitución en la vía pública sabemos que ya existe una ordenanza al respecto y que desde la puesta en marcha de la campaña vecinal No acepto Madrid se ha endurecido su aplicación.

De nuevo, se apuesta por medidas prohibicionistas en lugar de estudiar las consecuencias que estas restricciones puedan tener para las mujeres. Para las mujeres que se asocian en pisos coartar esta vía de publicitación supone tener que anunciarse por internet en páginas de pago, en ocasiones, depender de terceros e, incluso, poder perder el control de sus derechos de imagen. Entendemos la preocupación del vecindario por la presencia masiva de anuncios de prostitución, pero al igual que en otros conflictos de intereses en los barrios, creemos que la intervención del consistorio debería ir dirigida a mediar y llegar a acuerdos que tengan en cuenta las necesidades de ambas partes.

Aunque la ausencia de derechos laborales suponga la exclusión de plenos derechos civiles y sociales, las trabajadoras sexuales son también ciudadanas

Al fin y al cabo, aunque la ausencia de derechos laborales suponga la exclusión de los plenos derechos civiles y sociales, las trabajadoras sexuales son también ciudadanas y merecen que se les considere en pie de igualdad con el resto de vecinos. Por lo que refiere a las campañas de sensibilización en centros escolares y para la ciudadanía en general reflejadas en la propuesta, nos preguntamos si estas irán encaminadas a educar en el respeto hacia las trabajadoras sexuales o, por el contrario, ahondarán en el estigma tal como ha ocurrido en Sevilla o en aquel Madrid del Plan Contra la Explotación Sexual de Ana Botella. Se obvia el hecho de que gran parte de las trabajadoras son madres, muchas veces madres solteras, y no se repara en la discriminación que sufrirán sus hijos a causa de las intervenciones en centros escolares.

Nos preguntamos: ¿cuál será el mensaje?, ¿quiénes impartirán las charlas?, ¿quiénes diseñarán los contenidos? Nos retrotraemos a la experiencia de años atrás cuando tuvimos que acudir a centros escolares porque sus hijos o sus compañeros habían reconocido a las madres en las imágenes de la campaña. Educar en el estigma no nos parece que pueda llamarse sensibilización, de ningún modo. Finalmente, otro de los ejes de la ordenanza se dirige hacia la asistencia de ‘víctimas’ a través de alternativas para el abandono del ejercicio. No hemos visto aún concretadas en qué van a consistir dichas alternativas, presumimos que se limitarán a continuar implementando las que ya ofrece el recurso del Ayuntamiento Concepción Arenal.

Gentleman’s club

Cristina de Middel

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Trabajo sexual

Gentleman’s club

Cristina de Middel

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La fotógrafa Cristina de Middel hizo un experimento: poner un anuncio en un periódico donde ofrecía pagar a los clientes habituales de la prostitución para que posaran frente a su cámara. 50 euros por 20 minutos si enseñaban su cara. 25 euros, si decidían permanecer en el anonimato. Este es el resultado.

Estas alternativas, además de insuficientes, inciden en ofrecer formación para trabajos feminizados y precarizados, los cuales forman parte del mismo abanico de opciones que ya tenían antes de escoger la prostitución como la más rentable, por lo que no solo no modifican el escenario inicial de aquel colectivo que quiera abandonar la prostitución, sino que en la mayoría de las ocasiones se ven obligadas a continuar complementando esas alternativas con el ejercicio. Además, la ordenanza supone la histórica ausencia de atención a la diversidad existente en el colectivo de personas que ejercen la prostitución y, una vez más, aquellas que ni quieren abandonar ni son víctimas, sino que quieren continuar ejerciendo en mejores condiciones, se encuentran totalmente excluidas de los recursos institucionales y sus políticas públicas.

Desde AFEMTRAS y Hetaira nos reunimos con Causapié para informarle del empeoramiento de las condiciones de trabajo y los abusos policiales consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Jamás se puso en contacto para tratar este tema tal y como acordó con nosotras. La ordenanza se desarrolla en el mismo escenario, sin tener en cuenta la voz de las mujeres, sin interlocución, mediación o negociación alguna; tan preocupada por las víctimas que no habla con ellas, sino que, en el esfuerzo por salvarlas, las crea. De aprobarse esta ordenanza nos encontraremos con un prohibicionismo por partida doble que agravará la vulneración de derechos y la desprotección de las personas que ejercen la prostitución. La réplica busca subrayar una identidad política, aun cuando esta sea muy similar a la también ordenanza que quedó en el cajón de Ana Botella. Al fin y al cabo, no queda tanto para las elecciones.