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Migración
Los socios del Gobierno presionan para desatascar la regularización de migrantes
Tras la toma en consideración el pasado abril de la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya, respaldada por más de 700.000 firmas, el texto se encuentra ahora mismo sin una fecha determinada para llevarla a su votación definitiva. “La ILP está parada desde septiembre y lo que se está hablando entre los partidos, es a puerta cerrada, existe un hermetismo por el que no sabemos lo que se está negociando”, explica Vicky Carballo, portavoz de la iniciativa.
En concreto, la ILP se encuentra en la fase de ponencias, donde los partidos intentan consensuar un texto definitivo para llevarla al siguiente trámite, el de su votación. Desde el movimiento por la regularización, han optado por impulsar una Propuesta No de Ley (PNL), presentada por Podemos con el apoyo de Sumar, BNG, ERC y Bildu, con la que pretenden que el debate salga a la luz pública. Una PNL que ha sido tumbada en el Congreso con los votos en contra del PSOE.
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El texto de la iniciativa instaba a aprobar, en el plazo de seis meses y mediante mediante Real Decreto o Acuerdo del Consejo de Ministros, un procedimiento para solicitar una autorización de residencia legal por circunstancias excepcionales de carácter extraordinario tras la cual sea posible modificar hacia otras autorizaciones de residencia contempladas en la normativa general de extranjería.
Además, incluía varias enmiendas sobre la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada el pasado noviembre, y que dejó fuera varias casuísticas que, desde el Movimiento por la Regularización, consideran importantes. “Estimamos que un 80% de las personas en situación irregular no pueden acceder al padrón”, explica Carballo, por lo que incluirlo como requisito es, de facto, negarles la posibilidad de acceso.
En el texto se hace referencia a las “dificultades para acogerse a los mecanismos previstos de regularización ordinaria, personas vulnerables que no pueden obtener por la mera situación de irregularidad que les impide acceder a recursos económicos en España y a viajar a su país de origen, por la documentación habitualmente requerida: documentos de identidad, certificados de empadronamiento, medios económicos, vivienda adecuada y otra documentación del país de origen”.
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Por otro lado pedían garantizar que las personas solicitantes de protección internacional podrán acceder a dicha autorización de residencia excepcional sin la obligación de desistir de su solicitud de asilo de conformidad con las recomendaciones del Defensor del Pueblo en la materia.
La posición de los partidos
En el debate de la iniciativa, la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de bloquear la ILP, primero en la Mesa del Congreso y después en la ponencia, así como de utilizar a Junts como excusa para no aprobar la iniciativa. Además, se ha referido a la reforma del Reglamento de Extranjería que aprobó el Gobierno el 19 de noviembre del año pasado, que ha dicho que es puro maquillaje. Belarra ha interpelado al PSOE a decidir si está con la posición “racista” de PP y Vox o con “la mayoría social que apoya la regularización”. Ante el abucheo de la bancada del PP y Vox, por haberles llamado racistas, Belarra se ha ratificado explicando que “Les he llamado racistas porque son racistas, porque hacen políticas racistas, es lo que son. No es un insulto, es una descripción”.
Por su parte, el socialista Vicente Montávez ha defendido una migración “regulada, segura y respetuosa con los derechos humanos, que garantice la inclusión, la convivencia y el fortalecimiento” de la sociedad. En este sentido, ha apelado a buscar el “máximo consenso” en la tramitación como ley de la ILP.
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Por EH Bildu, Marije Fullaondo ha pedido a los grupos parlamentarios que sean “valientes” y que apoyen la iniciativa. Además, ha lamentado que, mientras la tramitación de la ILP se duerme, la reforma del Reglamento de Extranjería entrará en vigor en mayo y “afectará negativamente a la regularización de diferentes colectivos de migrantes que no van a poder acceder a la regularización por vías ordinarias”. Jordi Salvador, de ERC, ha reprochado al Ejecutivo que dejase morir la ILP en la anterior legislatura y ha criticado también el nuevo Reglamento de Extranjería que “sigue dejando fuera a miles de personas”. “El Gobierno prefiere tener centenares de miles de personas sin papeles, explotadas y vulnerables”, ha afirmado.
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