México
Comunidades indígenas paralizan un megaproyecto de capital español en México

El volcán más grande de México es el Popocatépetl. A sus pies colindan varios Estados de la república mexicana, entre ellos Puebla, Tlaxcala y Morelos. Durante muchos años durmiente, volvió a tener actividad en 1994. Grandes fumarolas de gas y cenizas son cotidianas, también su actividad sísmica. Movimientos de tierra acompañan las actividades diarias de sus miles de habitantes. En 2011, en este área comenzó la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas de ciclo combinado y gran capacidad, un gasoducto y un acueducto, con participación de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, y la italiana Bonatti. 

De acuerdo al informe recientemente publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Fondos públicos, negocios privados, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que pertenece al Ministerio de Economía español, otorgó casi 40 millones a Elecnor y Enagás para construir y operar el gasoducto que forma parte del PIM, una tubería de 170 km de largo que recorre las laderas del volcán, con el consecuente riesgo de desastre ambiental y humano.

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La obra en su conjunto ha implicado ocupación de tierras ejidales, un alto impacto ambiental, económico y social, y con ello la oposición de 80 comunidades indígenas y campesinas afectadas, pero al mismo tiempo ha posibilitado su organización y movilización política. Reunidas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala —FDPTA – MPT—  estas comunidades han venido realizando diferentes acciones de denuncia directa y a través de la jurisprudencia, y que hasta el momento, les han dado la razón.

El Ministerio de Economía español otorgó casi 40 millones a Elecnor y Enagás para construir y operar el gasoducto que forma parte del megaproyecto, una tubería de 170 km de largo que recorre las laderas del volcán

En estos nueve años han mantenido el pulso con los gobiernos de tres presidentes mexicanos —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador—, y han conseguido detener este megaproyecto, no sin altos costes como la criminalización de su activismo y el asesinato de uno de sus líderes más carismáticos, Samir Flores. 

Durante la primera quincena de marzo tres de sus activistas, defensores del derechos humanos y ambientales, Samantha Vargas, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores,  visitaron Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao con un agenda que incluyó reuniones con organizaciones sociales y ambientalistas, así como citas en el FIEM, el Ministerio de Asuntos Exteriores y con grupos políticos en el Congreso, para exponer los agravios, presentar documentación e informar sobre la situación que viven los habitantes de las localidades afectadas por el PIM.

La gira se inserta en las movilizaciones y acciones nacionales e internacionales que iniciaron el 20 de febrero, día del primer aniversario del asesinato de Samir Flores, con motivo de reivindicar la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio de los pueblos indígenas. Ese día, desde el estado español, 60 organizaciones sociales dirigieron un comunicado a los gobiernos español y mexicano, así como a las empresas involucradas en el PIM exigiendo justicia y paralización del proyecto. 

El Salto conversó largo y tendido con Samantha, Teresa y Juan Carlos durante su estancia en Madrid para entender en profundidad lo que ha traído consigo el Proyecto Integral Morelos. 

Sobreproducción y energías sucias en terceros países 

De todo el Proyecto Integral Morelos actualmente está terminada la primer termoeléctrica y, según la empresa, el gasoducto también. Del acueducto —constatan los activistas— faltan aproximadamente 200 metros.

Las obras tanto de construcción como de pruebas se han realizado durante estos años con el apoyo presencial e intimidante de fuerzas de seguridad ya que nunca se obtuvo el consentimiento de los pueblos, asegura Samantha Vargas: “En Puebla, hubo la presencia del ejército para que se construyera el gasoducto, en Amilcingo y Huexca con la presencia de la policía todo el tiempo para la termoeléctrica. Es decir, ha sido construida así, con la fuerza, con la violencia. Los impactos que plantea este proyecto tienen diferentes niveles: la contaminación del aire, la tierra —a través de los óxidos de nitrógeno de la termoeléctrica— que implican disminución de la producción agrícola. Morelos es un Estado eminentemente campesino por tanto tiene una impacto fuerte en ese sentido. Al mismo tiempo este Estado de violencia permanente ha generado conflictividad en las comunidades ya que las poblaciones ven como ajeno el prometido proceso de industrialización en toda la zona”.

Las comunidades han conseguido detener este megaproyecto, no sin altos costes como la criminalización de su activismo y el asesinato de uno de sus líderes más carismáticos, Samir Flores

Con la reforma energética en México de 2013 se creó la Comisión General de Gas (Cenagas), cuya función era desahogar el mercado de gas nacional que venía de EE UU, que es una potencia de producción de gas natural por medio del fracking. Desde entonces, están creando una red de gasoductos en México para sacar su mercado de gas.

El Estado mexicano ha venido instalando termoeléctricas para que sean el principal consumidor de gas natural que viene del vecino país. En palabras de Juan Carlos Flores esto es un sinsentido: “Hace seis años, había una capacidad de generación eléctrica 40% mayor a la que necesita el país, actualmente ya está por el 50%. Las recomendaciones internacionales dicen que debe ser de máximo un 18% por seguridad nacional, para que no te quedes sin luz, pero no del 40% o 50%, porque eso está hablando de un exceso, de más emisiones y de un calentamiento global mucho mayor”.

La finalidad del proyecto, sostienen, no es la termoeléctrica, sino abastecer el futuro eje industrial que se pretende desarrollar. Teresa Castellanos, residente de la comunidad de Huexca, afirma: “Se supone que la termoeléctrica debe dar electricidad a los pueblos, pero es mentira. Las comunidades ya tenemos electricidad y lo que quieren es implementar los parques industriales y las mineras, que es lo que se viene fuerte ahora en el Estado de Morelos. Esta termoeléctrica es para el capitalismo no para las comunidades. Tendrían que cancelar este proyecto porque ha violado todos los derechos de las comunidades, ha roto los tejidos sociales y ha habido un asesinato por ello”.

"Esta termoeléctrica es para el capitalismo no para las comunidades. Tendrían que cancelar este proyecto porque ha violado todos los derechos de las comunidades, ha roto los tejidos sociales y ha habido un asesinato por ello”

Teresa insiste también sobre los aspectos ambientales que se verían altamente afectados en su comunidad si la termoeléctrica entrara en funcionamiento: “El gas natural que obtienen lo hacen a través del fracking, y eso es muy contaminante para los mantos acuíferos. También los ruidos que vivimos durante las pruebas en 2015 fueron de más de 110 decibelios porque la comunidad está pasando la carretera, a un lado de la termo, y el kinder y la secundaria están a escasos 200 metros. En esas pruebas se tiraron también algunos elementos químicos pesados a las barrancas y otra parte al Río Cuautla, entonces es muy grave para nosotros lo que está pasando”. Su compañera Samantah sentencia: “En general, el PIM es un proyecto integral de muerte porque plantea una transformación de la forma de vida y medio ambiente, cultura y forma organizativa de todos estos pueblos”. 

Sesenta comunidades se han visto directamente afectadas por el gasoducto y 20 entre el acueducto y la termoeléctrica, describe Samantha: “Ochenta y tantos pueblos en todo el proyecto y muchas más comunidades que no estaban incluidas al inicio del proyecto. Esto en la primera etapa, porque luego viene la segunda termoeléctrica y la construcción de otros gasoductos que ahora ya están iniciando. Ahí vendrá otro momento de impacto para otros pueblos que no están incluidos en el informe de impacto ambiental de la termo y del gasoducto”.

Los amparos, pequeñas grandes victorias

El Proyecto Integral Morelos se ha construido casi en su totalidad, sin embargo la lucha organizada de más de las 80 comunidades durante casi diez años, ha parado su puesta en marcha. No sin un alto coste en vidas, persecución y represión. Pequeñas victorias ganadas a pulso, poniendo el cuerpo, pero también incorporando la pelea jurídica. A lo largo de los años, el equipo legal del Frente de Pueblos ha conseguido varios fallos judiciales que han impedido funcionar a la termoeléctrica. “No funciona ni por tramos, ni en su totalidad”, explica Juan Carlos Flores a El Salto: “El proyecto fue licitado y concesionado en 2011 y se tenía proyectado que para el 2012-2013 ya estuviera en operación. El gasoducto tiene un permiso de explotación por 25 años, y lleva siete sin operar, entonces ya solo le quedan 18 años de concesión. Actualmente hay seis procesos legales —ya sea cumpliéndose o en proceso— que involucran el gasoducto y la termoeléctrica. El primero de ellos, y el más importante, es que no se pueden llevar el agua que va a consumir la termoeléctrica para su funcionamiento. Estamos hablando de 25 millones de litros de agua al día que va a consumir, por las dos termoeléctricas serían 50 millones de litros”.

Flores insiste en la escasa transparencia en torno al consumo de agua que usarán las termoeléctricas, ya que es un modelo de generación eléctrica sumamente extractivo. Si se parte de que para generar luz se necesita agua, un recurso que se encuentra en crisis en México y a nivel mundial, en este caso se hablaba de 256 litros por segundo, que fue lo que planteó en un inicio el estudio de impacto ambiental del proyecto, cuenta Flores: “Posteriormente las cantidades se han ido modificando y de plumazo redujeron hasta 100 litros de agua, pero sin embargo la tecnología no la han cambiado. De eso no se habla, de que ese consumo de agua, evidentemente será mucho mayor de lo que han dicho. En México, yo he hecho una comparación de las zonas que tienen una crisis hídrica muy grande, y con los mismos mapas de la Comisión Nacional del Agua, los superpones a donde existen termoeléctricas y coinciden las zonas extractivas de agua. En EE UU también la principal fuente de crisis hídrica se da por las termoeléctricas”.

“Los 120 millones de mexicanos consumimos el 13% del agua que existe, y tan solo las termoeléctricas consumen entre el 5 y el 7%, esto quiere decir que la generación de energía eléctrica por esta tecnología consume lo que consumen 60 millones de personas. Desde ahí, desde el consumo de agua, es un tipo de generación eléctrica completamente inviable”, cuenta este activista.

El amparo ordena la suspensión del funcionamiento del gasoducto por la ocupación ilegal que hizo Enagas y Elecnor, las dos empresas españolas concesionarias del proyecto para la instalación y operación del gasoducto

Sobre este tema actualmente están vigentes amparos judiciales en cuatro ejidos que son usuarios del agua de riego del río Cuautla. A su favor se aplicó el decreto presidencial de 1924 a través del cual la Revolución Mexicana dotó al campesinado de tierras y del derecho al agua, la misma que se quiere llevar a la termoeléctrica. Para más inri, la comunidad de Huexca obtuvo otra suspensión definitiva el pasado 18 de febrero que dicta la prohibición de contaminar el agua del río Cuautla. Un problema añadido al funcionamiento de la termoeléctrica, porque al descargar sus aguas de purga afectaría a la producción de cultivos en un territorio eminentemente agrícola, cuestión que iría en contra del derecho a la alimentación. “No se pueden llevar el agua ni tampoco descargar. Son los dos primeros nudos legales que tiene el proyecto”, asegura Flores.

Otros nudos legales

Un tercer nudo legal lo ubicamos en la comunidad de Amilcingo (Morelos), donde nació y fue asesinado Samir Flores. El amparo ordena la suspensión del funcionamiento del gasoducto por la ocupación ilegal que hizo Enagas y Elecnor, las dos empresas españolas concesionarias del proyecto para la instalación y operación del gasoducto.

El cuarto nudo se refiere a cuatro comunidades indígenas del municipio de Atlixco (Puebla), donde después de cuatro años de litigio en los juzgados federales se ordenó realizar una consulta indígena por la instalación del gasoducto. Aunque sigue el debate sobre si esos ejidos autorizaron o no la ocupación del terreno para la construcción del gasoducto, no se obtuvo el consentimiento expreso por parte de la comunidad.

Señala Flores: “Hablamos aquí de dos tipos de permisos que debería tener este gasoducto, uno por parte de los propietarios, ya sea propiedad privada o sea propiedad social del ejido, y dos, el consentimiento de las comunidades indígenas sobre este proyecto. Esto se refiere a cuatro comunidades pero en realidad son las 80 comunidades originarias a las faldas del volcán Popocatépetl, una historia de asentamiento milenario porque allí hay agua. Las fumarolas que emite el volcán generan una fertilidad en los suelos. Como está todo muy mineralizado son tierras altamente productivas, unas donde hay agua, y otras donde precisamente el terreno arenosos y los mantos acuíferos permiten la siembra de cultivos dos o tres veces al año, sin siquiera regarlos”.

Otros amparos están exigiendo que se respete el derecho a la autodeterminación de las comunidades. En este sentido Juan Carlos apunta: “Nosotros decimos que a las comunidades nunca las consultaron como dice el convenio 169 de la OIT, pero entonces ya no tiene el Estado mexicano por qué consultarnos y organizar una consulta como si fuéramos niños pequeños, las comunidades ya se autoconsultaron ante la omisión del Estado y ya decidieron la negativa a ese proyecto. Lo que estamos exigiendo es que se respete esa decisión de los pueblos”. Además de los procesos legales en curso, el FPDTA-MPT ha realizado peritajes en materia ambiental y geológica e hídrica a partir de los cuales han analizando minuciosamente los impactos del proyecto. Uno de esos peritajes fue el que acompañó la sentencia de Atlixco en materia de protección civil y geofísica, que señalan el proyecto como inseguro e inviable.

En cuanto a la denuncia de violación de derechos humanos está pendiente el cumplimiento de la recomendación 3/2018 de la Comisión Nacional de DD HH “sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el Proyecto Integral Morelos”.

Participación de empresas españolas con fondos públicos 

La reforma energética mexicana de 2013 abrió el mercado a compañías privadas, nacionales o extranjeras a la exploración y explotación del petróleo, gas y sus derivados con el objetivo de generar electricidad en un 35% con energías limpias, disminuir sus emisiones contaminantes, así como impulsar el desarrollo con responsabilidad social y proteger al medio ambiente. No parece que el PIM respete estos objetivos. Por tanto, no se entiende el hecho de que continúen megaproyectos en México y otros países como el que denuncian los defensores del Frente de Pueblos. 

La respuesta del organismo español encargado de financiar la internacionalización de las empresas españolas (FIEM) fue “lamentable”, según Flores: les dedicaron en el encuentro apenas 20 minutos después de ocho años de intentar ser recibidos

Aún así, tres empresas españolas apostaron por por el proyecto. Abengoa —junto con la italiana Bonatti— en la construcción de la termoeléctrica; Elecnor y Enagás, en la concesión del gasoducto. “Por eso nosotros —relata Juan Carlos Flores— hemos venido para tener una reunión con Marta Valero, subdirectora general de Fomento Financiero del FIEM y señalarle estas irregularidades y toda la división social que ha traído el PIM”.

Flores resume que la respuesta de este organismo público español fue lamentable, dedicándoles un encuentro de solo 20 minutos: “Cuando nosotros, después de ocho años, logramos llegar a España y que nos recibieran, nos dijeron simplemente que la cuestión sale de sus protocolos y no están habilitados para recibir información documental —de nuestras sentencias oficiales— acerca del proyecto para entonces iniciar una investigación”.

Cabe subrayar que entre las directrices que guían al FIEM figura la de no otorgar fondos a proyectos que violan derechos humanos. “Si eso es así —insiste Flores— deben tener los protocolos y los mecanismos para que en caso de violación de derechos  humanos estos proyectos sean revisados y sea revisado el actuar de las empresas que lo realizan. Si no, sus lineamientos y directrices que existen por ley son palabra muerta, son demagogia”.

Enagás es una de las empresas responsables de buena parte de las consecuencias negativas del PIM. Durante su visita a Madrid, Teresa, Samantha y Juan Carlos, acompañados de otros activistas ambientalistas, visitaron la sede de la empresa española en Plaza Elíptica (Madrid) para entregar una carta y una cita con representantes de la empresa. Después de más de 40 minutos de espera, una representante del departamento de comunicación les indicó que Enagás no contaba con protocolo para recibir estas misivas, y que la única forma de hacerla llegar sería por correo electrónico. Un portazo en la frente en toda regla.

Conectando luchas

Aunque contemplaban presentarse en Bruselas e Italia, además de varias ciudades del Estado español, la visita de los defensores mexicanos se vio truncada a la mitad por el estado de alerta del coronavirus. Aún y con ello consiguieron realizar entrevistas y charlas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao. Ante los diversos públicos han transmitido la problemática que viven causada por el macroproyecto, y les han exhortado a exigir investigaciones serias sobre la participación de dinero público español a través de las empresas Enagás, y Elecnor.

“Es importante que la sociedad española tome conciencia de que su gobierno está invirtiendo dinero de la ciudadanía en proyectos en otros países que violan los  derechos humanos y crean conflictividad social”

En conversación con El Salto Samantha Vargas asegura: “2019 ha sido un año muy difícil para Morelos, ha habido mucha violencia y nos ha puesto en mayor riesgo a todos. Es importante que la sociedad española tome conciencia de que su Gobierno está invirtiendo dinero de la ciudadanía en proyectos en otros países que violan los derechos humanos y crean conflictividad social. El Estado español es ahora no solo responsable económicamente de este proyecto sino también política y socialmente de una conflictividad mayor, de poner en riesgo la vida de las poblaciones y de amenazar nuestros derechos”. A su vez exhortaba: “Es momento de que exijan al Gobierno español cuentas sobre cómo está aplicando este tipo de financiamiento de empresas españolas en el extranjero, y si hay o no un cumplimiento de los derechos humanos. Porque ¿cómo es posible que el Gobierno español proteja derechos en su territorio, pero en otros lugares impulse proyectos que los violan y se saltan las reglas oficiales de otros Estados?. Esta es una gran oportunidad de que la sociedad española tome partido y exija que haya cumplimiento de derechos humanos también en otros países donde hay inversiones españolas”.

Por su parte, Teresa Castellanos recalca: “A mí me lastima tanto porque es una la realidad que lo que le pasa a un país repercute en otro. ¿Si España ya no opta por termoeléctricas por qué implementarlas en México?, ¿por qué llevarlas a cabo si saben lo que ocasionan? Desde aquí es muy importante que la gente de España se alíe a estas resistencias para que nos hiciéramos más fuertes, ya que todos vamos a sufrir las consecuencias. Lo que sé es que los billetes no se comen por más que tengas, entonces qué va a pasar, ¿nos esperamos a que lleguemos a ese límite?, o de una vez nos unimos todos para parar este sistema. Queremos tierra y agua para todos y no morir por dinero”.