Menores migrantes
Los trabajadores del CPA de Hortaleza dicen que el ataque con la granada no está “aislado de la situación prolongada e insostenible del centro”

El equipo educativo del Centro de Primera Acogida de Hortaleza denuncia que allí conviven “en torno a 100 chicos en un espacio concebido para 35” y que soporta esa masificación desde hace cuatro años. También lamenta la utilización partidista y demagógica del ataque con una granada sufrido el 4 de diciembre.

Puerta del centro de acogida de Hortaleza
Entrada al Centro de Acogida de Hortaleza. Julia Manso Hortaleza Periódico Vecinal
5 dic 2019 10:00

Tras la detonación por parte de la policía de una granada encontrada en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza ayer, miércoles 4 de diciembre, el equipo educativo ha emitido un comunicado en el que explica la realidad de lo que es este servicio de atención a la infancia y las limitaciones con las que trabajan. También muestra su hartazgo por la utilización “por intereses particulares” de la actividad que desarrollan en el centro y rechaza que la prensa utilice “demagógicamente” lo sucedido, un incidente que afirma “no se puede considerar aislado de la situación prolongada e insostenible del centro”.

Menores migrantes
Lanzan un explosivo contra el centro de primera acogida de Hortaleza

La policía ha detonado un explosivo en el perímetro del centro de primera acogida del distrito de Hortaleza. El ataque llega tras un mes de campaña política contra los menores no acompañados de este centro.


Los profesionales del CPA Hortaleza recuerdan que este es “un centro educativo de intervención psicosocial de atención a la infancia” y subrayan que trabajan con “toda la infancia madrileña entre 15 y 17 años con problemática de riesgo de exclusión social y/o desamparo”. Dejan claro que no se trata de un centro específico “de ese concepto deshumanizado llamado mena” puesto que allí conviven “en torno a 100 chicos en un espacio concebido para 35 y con un proyecto educativo para 35 adolescentes de ambos sexos e indiferente de su procedencia geográfica”. Según el comunicado, el centro soporta esa masificación desde hace cuatro años y se han adoptado medidas que han resultado “insuficientes”.

Sobre la explosión controlada de la granada encontrada en el patio, los trabajadores cuentan que sobre las 8.45h fueron avisados por el personal de seguridad de que la policía se encontraba en las instalaciones para investigar un objeto sospechoso y que debían permanecer dentro del centro. “No sabemos quién lo ha introducido. Ha sido observado por el equipo de vigilancia del centro. En torno a las 6.30h, un exresidente mayor de edad intenta entrar en el centro y se lo impiden los vigilantes. Ese es el único hecho. No hay ninguna información más. La policía hace su trabajo y nosotros solo queremos realizar nuestra actividad educativa y de ayuda a la infancia”.

Este hecho, valoran los profesionales del CPA, “no se puede considerar aislado de la situación prolongada e insostenible del centro”, que se caracteriza por la escasez de recursos para atender a “jóvenes con diferentes patologías mentales, conductuales, dependencias a tóxicos y otras problemáticas de riesgo que presentan”, junto a “la presencia de adultos exresidentes que deambulan por los alrededores al cumplir la mayoría de edad y no tener otro medio de acogimiento y ser nuestro centro su única referencia”.

El objetivo del CPA es la atención urgente de la infancia madrileña en situación de riesgo, recuerda el comunicado, que compara lo que debería ser su actividad con la de las urgencias de un hospital. Pero los trabajadores reconocen que “en la actualidad es imposible realizar este proyecto: no podemos observar, valorar y emitir un informe psicosocial educativo por las circunstancias del centro. Los primeros damnificados son los jóvenes y las jóvenes que están en nuestro centro, a la vez que un equipo de profesionales tanto educativos como de otras ramas saturados a niveles de estrés laboral continuado”.

Por último, el equipo educativo y el resto de profesionales expresan su malestar por la utilización partidista de su situación por parte de los grupos políticos así como la demagogia vertida por la prensa. “Pedimos que dejen de utilizar el centro y el hecho ocurrido en intereses particulares”, concluye el comunicado.

Además de este comunicado, organizaciones vecinales han convocado una concentración el próximo domingo 8 de diciembre a las 12.00h en el Parque de Clara Eugenia, bajo el lema “Por la convivencia, contra el racismo, contra los discursos de odio. Hortaleza Unida”. 

Escalada de violencia

La residencia de primera acogida de Hortaleza ha sido objeto de una escalada de agresiones por parte de la ultraderecha madrileña. A finales de octubre, treinta personas intentaron asaltar el inmueble de la calle de Valdetorres del Jarama en supuesta represalia por un atraco realizado por uno de los ocupantes del centro. El 17 de noviembre, una convocatoria de grupos de ultraderecha reunió a 50 personas en la entrada al parque Clara Eugenia, junto al centro.


Hogar Social Madrid y Democracia Nacional coparon una convocatoria organizada por una plataforma llamada HTZ Actúa, un colectivo que se presenta en internet como “vecinos de Hortaleza en contra del centro de Menas en nuestro barrio”, como explicaba una nota de Hortaleza Periódico Vecinal. La Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado denunció la convocatoria y pidió que no se autorizase por su peligrosidad.

Posteriormente, el candidato de Vox en las pasadas elecciones generales, aludió al centro de menores y su supuesta peligrosidad. Tanto Santiago Abascal como la portavoz autonómica de Vox, Rocío Monasterio, han hecho campaña contra el centro por la presencia de menores extranjeros no acompañados, un objetivo político del partido ultraderechista.

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