Memoria histórica
Ante el silencio de la Administración, se alza la voz del testigo

Cecilio Gordillo, natural de Medina de las Torres, en Extremadura, accedió fortuitamente a los entresijos de la Memoria de nuestro país debido a la exhumación de un tío suyo del que no sabía apenas nada, y que murió represaliado en esos años oscuros de Guerra Civil y represión del posterior régimen franquista. Ahora, tras haber dedicado las últimas décadas de su vida al memorialismo, es una voz de sobra autorizada en la materia, sin duda respetada, aunque no tan escuchada por parte de las Administraciones como cabría esperar.

Nos reunimos con Cecilio en la sede del sindicato CGT Andalucía, un local austero que también hace las veces de centro de operaciones de Todos los Nombres, una web que alberga miles de nombres de hombres y mujeres represaliados por el régimen y que este extremeño puso en marcha junto con otros compañeros memorialistas hace ya varios años. Acaba de regresar de unas merecidas vacaciones, pero no se trata de turismo al uso y un apartamento Airbnb al que volver. El “descanso” de Cecilio consiste en muchos kilómetros por el sur, conversaciones con personas desconocidas que puedan arrojar luz sobre sucesos relacionados con la memoria de un lugar y pensiones a las que pueda llegar de improviso sin una reserva previa. 

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

Si hubiera que remontarse a la razón inicial de esta entrevista, sería el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presentó en septiembre de este año —el texto del Anteproyecto data de enero de 2020— pero, finalmente, esta acaba siendo una excusa para hablar de distintos aspectos de la memoria histórica y social en España, siempre bajo la premisa de que aún tenemos mucho que hacer para restablecer la dignidad de quienes fueron represaliados. No obstante, en el panorama local sevillano, es reseñable que, pese al presente pandémico que nos ha tocado vivir, los trabajos de exhumación en la fosa de Pico Reja en el cementerio municipal de San Fernando no se han detenido y los profesionales de la empresa Aranzadi continúan produciendo informes con sus hallazgos. A esto se le añade que, a principios de este mes, se anunció que el Consistorio sevillano destinará 1,5 millones de euros a la rehabilitación del pabellón de ingresos de la cárcel de Ranilla, y que el uso del espacio estará relacionado con la memoria local.

Comienzan los trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja en Sevilla

Victoria César

Memoria histórica

Comienzan los trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja en Sevilla

Victoria César

Familiares de las víctimas, activistas por la memoria y representantes institucionales se dan cita en el acto simbólico que da inicio a los trabajos de exhumación en el cementerio sevillano de San Fernando.

Así las cosas, el activista parte de una seria duda acerca de la necesidad de una Ley de Memoria estatal en nuestro país ya que las comunidades autónomas como Aragón, Andalucía o Cataluña, que tienen leyes propias, operan con las competencias transferidas y normalmente las comparten con sus municipios. 

En Andalucía, el anterior Gobierno socialista aprobó en 2017 —con la abstención de PP y Ciudadanos— una de las leyes más progresistas de España en materia de memoria; un texto en el que, entre otros aspectos, se hacía especial hincapié en las mujeres castigadas por razón de género o en los represaliados debido a su orientación sexual. Tras el relevo de poderes, el actual Gobierno creó un Comisionado para la Concordia a través del cual deberían ejercerse las competencias en memoria democrática recogidas en la ley. 

“Conocer la verdad no te lo ofrece la Administración, sino los testimonios”

En todo caso, según Cecilio, la nueva ley estatal acarreará en el medio plazo más problemas que soluciones, y añade que se están poniendo más trabas para una exhumación ahora que en los años setenta. Además, esta cuestión surge de la mano de otra, la de si España necesita un relato común fuerte, una memoria institucionalizada frente a otras más alternativas, surgidas de entornos al margen de las Administraciones. Tajante, el activista afirma que lo realmente importante es conocer la verdad, “y eso, desde mi experiencia, no te lo ofrece la Administración, sino los testimonios”. No obstante, el testimonio alberga un problema intrínseco, el del paso del tiempo, que “es el verdadero aliado de la clase política, porque cada día muere un testigo”.

El Ejecutivo de Sánchez es objeto de las críticas de Cecilio especialmente, debido a que no ha contado con las asociaciones memorialistas para la redacción del anteproyecto. “Y me refiero a un encuentro en que todas las partes sean escuchadas, no a un mitin”, apunta Gordillo, que critica la actitud soberbia de un Gobierno que, por un lado, actúa unilateralmente pero, por otro, da por hecho que las asociaciones le cederán el trabajo que han realizado durante los últimos años en lo que respecta a la localización de víctimas o el mapeo de fosas. “Las Administraciones se aprovechan de la voluntad de la gente para hacer las cosas”, señala el activista, y recupera la idea de que, en muchas ocasiones, entorpecen más que facilitan; por ejemplo, a través de la burocracia que exigen a asociaciones y a particulares. 

“Cuando desaparece el testimonio, desaparece la fosa” 

Gordillo cuestiona las trabas que las Administraciones ponen en lo que respecta a la libertad de informar sobre los procesos de exhumación y señala que levantar vallas en los recintos en los que se realizan trabajos implica situarse de forma beligerante en contra de que la información fluya públicamente. “No es lo mismo una foto que ir a ver los cadáveres con tiros en la cabeza, entrelazados, rotos… las instituciones no deberían alejar ese proceso de la ciudadanía” y añade que algo parecido ocurrió con los trabajos de búsqueda de García Lorca, que el espacio en el que se estaba trabajando se tapió para que nadie lo fotografiase y la información no trascendiese.

Ian Gibson: “Un país que olvida su pasado está condenado a la mediocridad”

Jaime Cinca

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El hispanista, junto a un equipo formado por el experto en georradar Luis Avial y el periodista Víctor Fernández, entre otros, realizaron una investigación sobre la ubicación de los restos de Federico García Lorca, la cual impulsó que la Junta de Andalucía propusiera llevar a cabo una nueva búsqueda en otoño de 2018. Un informe del Ministerio de Justicia en enero frustró el intento.

Antes de la burocracia y los permisos, antes de los dispositivos de localización, estaba el testimonio. En 1979 se produjo en Medina de las Torres el hallazgo de los restos de Gregorio Giraldo Carmona junto con los de 57 vecinos represaliados. Era el tío de Cecilio. “Entonces, la fosa se localizaba buscando a los que apretaron el gatillo, que seguían vivos”, revela el activista. El alcalde del pueblo, que también tenía familiares en la fosa, fue a buscar a uno de los asesinos para que este le señalara el lugar exacto en el que se encontraba el enterramiento, sacaron los restos y los depositaron en un mausoleo. “Esto es muy complicado ahora, porque se están agotando los testimonios”, lamenta Cecilio. 

El reconocimiento de las víctimas

La restauración de la memoria de un país necesita ir de la mano de una democracia sana e integradora que dimane de una ciudadanía consciente. Para ello, los partidos a la cabeza de las diferentes instituciones —sin tener en cuenta el color con el que se identifiquen— deben, en primer lugar, comprender el problema de desmemoria que vive España para después ayudar a combatirlo. Para Cecilio, acontecimientos como la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos constituyen únicamente golpes de efecto publicitarios, sobre todo porque existen personas que han ganado en los juzgados su derecho a que les devuelvan los restos de sus familiares alojados en el monumento franquista, y, pese a estar perfectamente identificados, después de casi dos años de sentencia aún no se los han entregado. Además, está la cuestión del reconocimiento oficial —“eso con lo que tanto se nos llena la boca”— de las víctimas una vez exhumadas. El activista tiene claro que el mejor reconocimiento que se podría otorgar a la víctima y a sus familiares es que el Gobierno se hiciera cargo de la inscripción de la primera en el registro civil, un trámite que puede llegar a valer 3.000 euros. “Y con la causa real de la muerte. Hay inscritos que aparecen como ‘muertos por derrame cerebral’. Claro, derrame cerebral por dos tiros en la cabeza”, precisa con sorna. 

Entre tanto cinismo, esta última es solo una de las muchas injusticias que existen actualmente en este país. Las instituciones siguen estando lejos de la ciudadanía, ignorando el hecho de que, para restablecer la dignidad de las víctimas, es necesario empezar desde abajo, desde la tierra que aún alberga restos humanos insepultos. La memoria social e histórica en España no tomará carta de naturaleza hasta que personas como Cecilio Gordillo sean escuchadas por una Administración que a veces parece estar demasiado ocupada con el golpe de efecto y el titular, relegando a un segundo plano aquello que debería estar en el centro del asunto: el dolor de quienes buscan reparación y, más de ochenta años más tarde, aún no la han encontrado.