Medio ambiente
Vertidos, urbanismo descontrolado y turismo masivo: así padecen las playas españolas la acción humana

Contaminación química, sonora o lumínica. Urbanizaciones descontroladas que invaden el litoral. Vertidos de aguas fecales producidos por sistemas de saneamiento deficientes y con problemas extremadamente graves de depuración. Rellenos y dragados en zonas portuarias. Acopio de basuras marinas. Si a todo ese cóctel se le suma un movimiento masivo de turistas a las costas españolas, se obtiene un resultado que pone en jaque la salud medioambiental de la costa española y agrava la crisis de biodiversidad en la que ya está inmerso el planeta en su conjunto. Pues eso es lo que pasa cada verano y en un Estado cuya economía depende en buena medida del turismo, el escenario que se dibuja a corto plazo es complejo. No es casualidad que el nuevo informe Banderas Negras de Ecologistas en Acción señale como denominador común de estos perjuicios medioambientales la turistificación y la urbanización desmedida del litoral.

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La Xunta autoriza el vaciado de 890.000 metros cúbicos de aguas con metales pesados en un río para reactivar la mina de volframio de San Finx.

El razonamiento y las causas de esta simbiosis letal para el medio ambiente parecen fáciles de entender: “Si ya de por sí España tiene grandes deficiencias en su infraestructura de saneamiento, vertidos y gestión de residuos, cuando en verano las cargas con poblaciones turísticas que llegan a triplicar a las locales obtienes las auténticas barbaridades que estamos padeciendo”, explica Cristóbal López, coordinador confederal del informe que este año ha repartido nada menos que 48 deshonores a los puntos del litoral más afectados por la acción humana. 

No en vano, en 2020 la Comisión Europea instó a España a que cumpliera los requisitos de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas que, constataba, se encontraba en una situación extremadamente deficiente. En concreto, los Estados miembros de la Unión Europea deben establecer un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes. Algo que en muchos núcleos urbanos nunca ha ocurrido. De hecho y debido a esta inacción de la Administración española, el Estado cuenta con hasta cinco procedimientos de infracción en materia de saneamiento y depuración abiertos, al no haber adoptado el obligado tratamiento de las aguas residuales. Además de pagar multas recurrentes, España debe hacer frente a 11 millones de euros por cada semestre de retraso en la adopción de unas medidas efectivas. Uno de esos ejemplos de políticas continuamente equivocadas se da en Vejer de la Frontera, en Cádiz.

Esa ha sido una de las 133 aglomeraciones de población en las que la Comisión Europea puso el ojo para llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por un “incumplimiento generalizado” de la Directiva sobre aguas residuales urbanas. La responsabilidad del retraso de construcción y el mal estado de las depuradoras se la reparten entre el Gobierno central, que tiene que establecer un programa de financiación; la Junta de Andalucía, que debe realizar el proyecto y ejercer la potestad sancionadora; y el municipio, encargado de la agrupación de vertidos, de la red separativa de aguas pluviales y fecales y de facilitar los terrenos para la depuradora.

Además de multas recurrentes, España hace frente a 11 millones de euros por cada semestre que tarde en adoptar medidas efectivas frente a la gestión de aguas residuales

No cabe en las líneas de este texto una explicación profusa de las 48 banderas negras que ha otorgado Ecologistas en Acción en este nuevo informe de libre acceso. Pero los ejemplos abundan en los 8.000 kilómetros de costa que tiene el Estado español. Se mire dónde se mire. Desde el Mar Menor a las Rías Baixas, pasando por el delta del Ebro y todos los puertos industriales. Macrocomplejos urbanísticos a pie de playa, deficiencias de infraestructuras, sobreexplotación turística o industrias contaminantes a las que se les da manga ancha. Como el omnipresente caso de la ría de Pontevedra, que resume en una imagen la fotografía que ilustra este reportaje y en la que está instalada la fábrica de producción de celulosa a partir de eucalipto ENCE.

En este caso, los perjuicios de la marisma de Lourizán, Ecologistas los reparte a partes iguales entre la empresa que ostenta un dominio público desde 1958, a pesar de su privatización en 2001 por el Gobierno de José María Aznar, y el Tribunal Supremo, cuya sala de lo contencioso-administrativo anuló a comienzos de año la sentencia de la Audiencia Nacional que había tumbado la prórroga que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy concedió en 2016 a la empresa para mantener la fábrica allí hasta 2073.

Los ejemplos abundan en los 8.000 kilómetros de costa que tiene el Estado español. Desde el Mar Menor a las Rías Baixas, pasando por el delta del Ebro y todos los puertos industriales.

En el País Valencià, una de las banderas negras que se lleva por contaminación la obtiene su núcleo poblacional más abultado, la ciudad de València. Ecologistas en Acción se la colocan a los servicios de las administraciones local, autonómica y estatal encargadas del control de la contaminación de las aguas residuales depuradas en el municipio, por un lado, y a los servicios de control de la calidad de las aguas costeras, por otro, “por la opacidad de estas administraciones y la dificultad en obtener información pública sobre contaminación de las aguas”.

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“Los servicios encargados del control de la contaminación de las aguas, junto con los tediosos procedimientos administrativos necesarios para la solicitud de información ambiental, dificultan la obtención de los datos por parte de la ciudadanía y de las organizaciones medioambientales, pudiéndonos encontrar casos en los que la administración se niega a facilitar determinados datos, los facilita de forma incompleta o, en el mejor de los casos, se demora mucho en facilitarlos, superando los plazos establecidos por la legislación”, denuncian desde el colectivo frente a una administración que tachan de “opaca”.

Playas caninas sin estudios de impacto ambiental

De un tiempo a esta parte, los y las profesionales de organizaciones ambientalistas han venido denunciando la proliferación de lo que algunos ayuntamientos han acordado en llamar “playas caninas”. Es decir, reservar arenales para uso y disfrute de personas con mascotas. Decisiones extremadamente populares en ese sector de la población, pero que se están tomando sin evaluaciones ambientales: “Pasear con perros por entornos naturales se ha convertido en una actividad muy popular en todo el mundo, pero que plantea una serie de problemáticas medioambientales y desafíos que deben ser abordados de manera responsable por parte de las administraciones y de la sociedad”, explican. Lo cierto es que cada vez más literatura científica abarca este campo de estudio y evidencia un elevado impacto causado sobre la fauna litoral, principalmente a las aves. Conviene señalar que para muchas especies de aves marinas es su hábitat exclusivo de alimentación, descanso y reproducción. 

Avances y tareas pendientes en dos décadas de informes

En el extenso informe anual, los autores también abogan por señalar casos en los que han documentado mejorías en los casi veinte años que llevan haciendo este análisis. “Mejoras que se han logrado por la presión social, las movilizaciones y la acción judicial en la que desembocan”, matiza el coordinador del trabajo Cristóbal López. Entre algunos de los proyectos más lesivos para la naturaleza que han sido frenados este año destaca: el arreglo del emisario y las obras de puesta a punto del tratamiento terciario en Roquetas de Mar (Almería); la limpieza de la playa Hípica en Melilla; o las iniciativas políticas, administrativas y judiciales llevadas a cabo en el Mar Menor (Murcia).

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A pesar de todo, son más las cuentas pendientes que los logros cosechados. En esta edición, se repiten banderas negras a “atentados ecológicos” que parecían en vías de solucionarse, pero cuya resolución “está aletargada en el trámite administrativo, cuando no atrapada en el laberinto judicial que resulta de una legislación garantista con quien comete la infracción”. Es el caso, por ejemplo, de “la ocupación ilegal de terreno público” por parte Petronor en la ría de Barbadun, que etiquetan como “el punto más contaminante” de Euskal Herria.

“Se ha otorgado esta bandera a la empresa cuando, en este caso, casi estaría más justificado otorgar la de mala gestión a las distintas las instituciones como el Gobierno Vasco, la Fiscalía o la Dirección de Costas”, explican desde Ekologistak Martxan. “O bien por negligencia o bien por afán de lucro, protegen a la empresa para que con total impunidad se salte las leyes ambientales y la planta de Petronor contamine toda la ría del Barbadun y ocupe 46.000 m² de terreno público de costas sin los permisos adecuados pagando finalmente la insignificante multa de 60.000 euros al haber prescrito las infracciones más graves”, rematan.