Maternidad
Adversidad y resiliencia: historias de maternidad adolescente en entornos institucionalizados

Hace poco más de nueve meses la vida de Irene —nombre ficticio— cambió por completo. Junto con la resolución judicial que la obligaba a cumplir una medida de privación de libertad en un centro de internamiento de menores infractores, llegó el positivo de su embarazo. “Cuando me enteré de que estaba embarazada no reaccioné”, confiesa la joven. La situación agregó una complejidad innegable a su ya complicada realidad. “Al principio me impactaba más el centro que el embarazo, pero cuando ya fui al hospital y vi las ecografías, me empecé a dar cuenta de mi situación”, reconoce Irene.

Los centros de internamiento de menores infractores (CIMI) también llamados centros de ejecución de medidas judiciales (CEMJ), son espacios donde los jóvenes menores de edad que han cometido una infracción o delito cumplen una medida de privación de libertad por un tiempo determinado. Al tratarse de menores de edad, estos centros deben funcionar con principios educativos frente a los punitivos empleados por el sistema penal a través de un programa pedagógico para reorientar y apoyar a los jóvenes promoviendo su reinserción, tal y como resume Raúl Casas, coordinador educativo del centro de ejecución de medidas judiciales El Madroño (Madrid).

Según el Boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a personas menores de edad en conflicto con la Ley publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en 2021 se registró un ligero aumento tanto en el número de medidas notificadas como en el número de medidas ejecutadas en comparación con las medidas registradas en el año anterior. Pese a que estos centros están habilitados para admitir a adolescentes desde los 14 a los 21 años, la mayor parte de los jóvenes que se encuentran en estas instalaciones tienen edades comprendidas entre los 16 y 17 años.

De los seis centros de ejecución de medidas judiciales que gestiona la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, solo uno tiene un protocolo diseñado específicamente para embarazos adolescentes

A pesar de que mayoritariamente los menores que residen en estos centros son varones, no se puede ignorar la presencia de mujeres en ellos. De acuerdo con el mismo estudio, en el año 2021 ingresaron 624 chicas con regímenes cerrados, abiertos o semi-abiertos indistintamente en los centros de internamiento de menores infractores de todo el país. De los seis centros de ejecución de medidas judiciales que gestiona la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid, únicamente El Madroño, donde reside Irene, cuenta con un protocolo diseñado específicamente para situaciones como la suya: un embarazo adolescente. “Nosotros ayudamos a las mamás a desarrollar su labor como madre”, explica Casas, haciendo alusión a la existencia de un programa materno que persigue “brindar el cuidado y la atención necesaria a la madre en el periodo de embarazo y en la preparación para el parto y crianza”.

La Universidad de Córdoba, en su última investigación acerca de la maternidad en estos centros, ha señalado que en la última década un total de 23 jóvenes han afrontado el desafío de la maternidad, pasando por el embarazo, parto y crianza mientras se encontraban en un centro de ejecución de medidas judiciales bajo la custodia del Estado. Cuando Irene llegó al centro en 2022 coincidió con otras tres madres y sus hijos, pero su tiempo juntas fue breve, ya que éstas abandonaron la institución poco después de su llegada. En la actualidad, sólo Irene, junto a su hija Nora, cumple una medida de internamiento judicial en El Madroño. Sin embargo, el centro ha llegado a registrar un máximo de ocho niños residiendo al mismo tiempo en este espacio.

Deslocalización de la maternidad, un factor de vulnerabilidad social

El embarazo y el posterior proceso de crianza es un fenómeno sociocultural que se ve influenciado por una variedad de factores sociales, culturales y económicos. En su análisis sobre la maternidad ritualizada, la antropóloga de género Beatriz Moncó señala que los escenarios en los que se desarrolla la maternidad son capaces de modificar los significados sociales de este proceso, por lo que asumir la maternidad desde un lugar alejado del convencional llevará a la adopción de nuevos discursos en la maternidad. Raquel Granda, que lleva 21 años trabajando como educadora social en un centro de protección de menores en la Comunidad de Madrid y ha sido testigo de numerosos casos en los que chicas menores de edad se han quedado embarazadas, da cuenta de la dificultad: “Ya no es sólo que vayan a ser madres y que sus vidas cambien, sino que son chicas que están institucionalizadas. Se enfrentan a muchísimos más desafíos que a veces entran en conflicto”. 

María Vega Sanz, psicóloga especializada en psicología perinatal y juvenil, sostiene que la deslocalización del proceso de la maternidad afecta psicológicamente a las madres. “Es muy habitual que las mujeres tengan sensación de vulnerabilidad durante el embarazo, pero además pasar por todo el proceso desde este tipo de centros puede que no permita a la madre sentirse tranquila, acompañada y cuidada. Al final estos centros son un lugar hostil para una mujer que está embarazada”, argumenta la experta.

La institucionalización de estas chicas implica que su experiencia de convertirse en madre se transforme en una maternidad internada, con una desvinculación con su red de relaciones

La institucionalización de estas chicas implica que su experiencia de convertirse en madre se transforme en una maternidad internada, donde tanto la crianza de su hijo como su desarrollo como madre estarán sujetos a la supervisión del cumplimiento de la medida judicial, lo que puede provocar una desvinculación con su red de relaciones, especialmente cuando el centro en el que residen se sitúa en un lugar distinto al de su lugar de residencia habitual, así como la pérdida de conexión con el contexto cultural considerado común: las características del ambiente pueden fomentar o limitar oportunidades que resultarán clave para las jóvenes, resumen las expertas.

“Para algunas es un salvavidas”, asegura Granda, “son madres y de repente se dan cuenta de que tienen que dar un giro a sus vidas porque hay alguien que depende de ellas”. Un estudio desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona señala que es la suma de distintos factores los que intervienen en la decisión de jóvenes tuteladas de convertirse en madres. De acuerdo con la investigación, entre los factores más comunes se encuentran la perspectiva poco realista sobre la maternidad, la ausencia de un proyecto profesional y el deseo de llenar un vacío emocional tal vez marcado por una carencia afectiva durante su infancia y adolescencia. “Nosotras trabajamos con muchas chicas que desean tener un hijo para que su vida cambie, cuando en realidad es su vida la que tendría que cambiar para poder tener un hijo”, subraya Raquel Hurtado, psicóloga y sexóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).

Orígenes y repercusiones de la maternidad adolescente

La vulnerabilidad social y el embarazo adolescente son dos realidades íntimamente relacionadas que pueden tener un profundo impacto en la vida de las jóvenes afectadas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, sus siglas en inglés), señala que la mayoría de los embarazos adolescentes se producen en los llamados países en vías de desarrollo. Sin embargo, también asevera que cada año cientos de miles de embarazos en la edad adolescente suceden en países occidentales avanzados de ingresos altos y medios.

De acuerdo con el Banco Mundial, la desigualdad, la pobreza, la carencia de habilidades de las jóvenes para la toma de decisiones y la negociación de relaciones sexuales seguras son sólo algunos de los factores de vulnerabilidad social relacionados con la maternidad adolescente. En este contexto, las jóvenes que viven en hogares de escasos recursos suelen tener menos oportunidades de acceder a la educación y a los servicios de salud, que combinado con el escaso control que a menudo tienen estas chicas sobre sus vidas y sus decisiones, hace que incremente su vulnerabilidad frente al embarazo adolescente.

La pobreza, la carencia de habilidades de las jóvenes para la toma de decisiones y la negociación de relaciones sexuales seguras son algunos de los factores de vulnerabilidad social relacionados con la maternidad adolescente

Según un estudio de La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), la falta de información sobre métodos anticonceptivos, prevención del embarazo y sobre el propio embarazo, aborto o maternidad; las desigualdades de género entre las que cabe mencionar la violencia de género y las altas expectativas de una emancipación exitosa son algunos de los elementos que veinticinco madres adolescentes menores de veinte años admitieron que influyeron en sus embarazos.

En las vivencias de las entrevistadas se pueden observar diversos elementos de violencia de género que tenían normalizados en sus relaciones, como, ser manipuladas sobre las consecuencias de ciertas prácticas sexuales; sentir menosprecio si no accedían a mantener relaciones sexuales coitales incluso sin preservativo y sentirse obligadas a permitir la eyaculación dentro de la vagina, aunque no lo desasen o que se le hubiese mentido al respecto.

El sociólogo García Tojar, explica que por vulnerabilidad se entiende “la situación de una persona en la cual carece de recursos económicos, sociales y familiares, no sólo para subsistir al día, sino para plantear un proyecto de vida a medio plazo”. La doctora en filosofía, Lydia Feito, en su artículo Vulnerabilidad, añade que ésta no depende exclusivamente de las condiciones del individuo, sino que también está estrechamente ligada a las condiciones del entorno en el que se desenvuelve su vida.

“Es básicamente el entorno quien define esa vulnerabilidad. No es un hecho individual, es un hecho social”, coincide el sociólogo. Según García Tojar, esa sensación de ser vulnerable es lo que define una parte muy importante de la sociedad de nuestro tiempo. “Y no solamente afecta a los pobres, sino a mucha otra gente. Y son especialmente los jóvenes los que no pueden desarrollar un plan de vida de manera autónoma”, añade el experto.

Los riesgos asociados a la maternidad adolescente no sólo afectan al embarazo y a la posterior etapa de crianza, sino que tienen consecuencias a lo largo de toda la trayectoria de vida de la joven madre, pues la maternidad adolescente implica una serie de aspectos que intensifican la vulnerabilidad social de las jóvenes que se enfrentan a ella. La principal dificultad que representa la transición a la maternidad a una edad temprana es la falta de recursos con los que habitualmente cuentan estas chicas.

“El embarazo en la adolescencia es problemático cuando hay un montón de mujeres atrapadas en zonas de marginalidad y no hay ninguna red que les ayude a llevar adelante la maternidad”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el embarazo y la maternidad adolescente como un problema de salud pública. Sin embargo, el sociólogo García Tojar, puntualiza que, desde su perspectiva, lo que convierte el embarazo adolescente en un problema de salud pública es que convertirse en madre tiene consecuencias en todo su entorno. De acuerdo con lo expresado por el sociólogo, estadísticamente se observa una estrecha correlación entre los embarazos adolescentes y la pobreza, puesto que éstos tienden a ocurrir con frecuencia en las comunidades más desfavorecidas socialmente. “El embarazo en la adolescencia es problemático cuando hay un montón de mujeres atrapadas en zonas de marginalidad y no hay ninguna red que les ayude a llevar adelante la maternidad”, aclara el sociólogo. La idea clave para el experto es que, en esos contextos, la maternidad precariza la vida de las mujeres y los entornos familiares en los que se produce, asegurando que el problema no es la maternidad adolescente sino la precariedad y la vulnerabilidad social que las envuelve.

Una de las principales problemáticas de la maternidad adolescente es el factor económico. Según la UNFPA, “la maternidad temprana altera la trayectoria económica de la persona”, lo que señala que aquellas adolescentes que se convierten en madres durante la adolescencia tienen que enfrentar un mayor número de gastos asociados con el embarazo, el parto y los cuidados necesarios para el recién nacido, en comparación con los que registra una adolescente que no ha experimentado la maternidad. De acuerdo con la UNFPA, no es hasta aproximadamente los veinte años cuando comenzamos a desarrollar autonomía personal, coincidiendo con nuestro ingreso en el mundo laboral. Debido al gran esfuerzo económico que implica tener un hijo, la adolescencia no se considera generalmente una etapa adecuada para asumir la maternidad. García Tojar tiene una posición firme al respecto: “Si el embarazo no lleva implícito una serie de ayudas públicas, la maternidad lo que hace es añadir un gasto más a un presupuesto familiar ya muy justo y deteriorado, lo que produce una condena social convirtiendo a todo el entorno familiar en más pobre”.

La escasez de recursos económicos impulsa, a su vez, a las jóvenes madres a adentrarse en el mundo laboral antes de lo previsiblemente esperado, lo que frecuentemente conlleva que abandonen sus estudios y proyectos de vida. Según Vega Sanz, y así lo atestiguan numerosas investigaciones, son pocas las madres que cuentan con los recursos suficientes para llegar a terminar sus estudios, incluso para llegar a tener una carrera y optar a un nivel formativo superior. En el estudio Relatos de Madres adolescentes en la España actual, realizado en 2017 y patrocinado por el Centro Reina Sofía, se analizó la situación de 32 jóvenes españolas que habían sido madres entre los 14 y los 18 años de edad. Según esta investigación, la maternidad obligó a 14 de las jóvenes a interrumpir su educación y abandonar las escuelas a las que asistían. En cuanto a su situación laboral, 13 de ellas declararon estar en situación de desempleo y, a pesar de una búsqueda persistente, aseguran no haber conseguido nunca un empleo de calidad; seis de ellas no han trabajado nunca; 12 firmaron contratos temporales que clasificaron como “precarios” y sólo una de ellas tiene un contrato indefinido en la empresa familiar.

Además de las implicaciones económicas y laborales que desencadena la maternidad en la adolescencia, la psicóloga Vega Sanz destaca entre una de las mayores problemáticas la falta de apoyo social

Además de las implicaciones económicas y laborales que desencadena la maternidad en la adolescencia, la psicóloga Vega Sanz destaca entre una de las mayores problemáticas la falta de apoyo social: “La falta de apoyo puede convertirse en un factor de riesgo más para que la madre llegue a desarrollar algún tipo de psicopatología como ansiedad o depresión” , subrayando que el apoyo que reciben las madres adolescentes es crucial, ya que influye en la construcción de su autoestima y aceptación personal, aspectos fuertemente influenciados por la forma en que gestionan las opiniones de los demás.

“Es verdad que cuando te conviertes en mamá te quedas sin amigos, lo sé porque lo he experimentado. En el embarazo te habla mucha gente, pero luego cuando ya tienes al niño ves que te queda un amigo, dos o tres”, asegura Gabriela. “En mi caso es un poco difícil porque yo no tengo apoyo de mis padres”, expresa Mari, “cuando les dije que quería seguir adelante con el embarazo me echaron de casa y vine a aquí, pero es muy duro vivir esto sola. Yo realmente sí necesito a mis padres, aunque ellos piensen que no” confiesa apenada la joven.

Además, en esta etapa vital, las relaciones de pareja suelen ser frágiles e inestables, y en ocasiones el embarazo se convierte en un problema para la pareja, lo que puede llevar a una ruptura e incluso algunas veces al desentendimiento por parte del padre. “Son muchas las veces que no se cuenta con el apoyo de esa pareja porque no se responsabiliza”, asegura la psicóloga Vega Sanz. Asimismo, la falta de una unión estable de la pareja obliga a las madres a permanecer en casa de sus padres añadiendo un gasto adicional a una situación económica que ya es desfavorable.

Por otro lado, un efecto importante de situaciones de vulnerabilidad es el deterioro de la salud mental. El sociólogo García Tojar plantea que la escasez de medios dificulta que estas chicas puedan acceder a recursos de salud mental. “Es cierto que factores como la exclusión social o la pobreza hacen que las jóvenes se vean aún más privadas a acceder recursos, así como a informarse de la importancia que tiene lo que está viviendo para su salud mental, no sólo de la madre sino también del niño”, coincide la psicóloga juvenil.

Además, Vega Sanz enfatiza en la importancia de la intervención y participación activa del Estado en la prevención y solución de posibles problemas psicológicos que pueden surgir a raíz del embarazo adolescente. “La maternidad en la adolescencia más que un error o un desafío, es una situación muy vulnerable sobre la que es necesario intervenir para prevenir problemas a futuro”, señala la profesional. Normalmente, dicen, son los hijos de madres adolescentes quienes acaban llegando a consulta, más que las propias madres. “Son ellos los que a través de las dificultades que han vivido durante su infancia acuden a terapia”, resalta la psicóloga. Vega Sanz indica que generalmente las madres adolescentes no van al psicólogo debido a que están tan abrumadas por todos los cambios y dificultades que suceden a su alrededor, que el gasto económico que implica la atención psicológica pasa a un segundo plano.

La estigmatización es otro de los desafíos más preocupantes a los que se enfrentan las madres adolescentes

Según explica la experta, la estigmatización es otro de los desafíos más preocupantes a los que se enfrentan las madres adolescentes. De acuerdo con las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes “en todo el mundo se aprecia una incomodidad profundamente arraigada con respecto a la sexualidad de los adolescentes que contribuye a la existencia de barreras sociales”, situación que repercute de manera aún más significativa en las jóvenes que han sido madres durante la adolescencia.

Este estigma se entiende como la discriminación y el rechazo que experimenta una mujer embarazada lo que afecta fundamentalmente a su salud mental y a las relaciones sociales que establezca con su entorno. Según la especialista en terapia familiar sistemática, Sonia Dora Abarca, en este contexto, la maternidad temprana de las adolescentes es percibida por su entorno social y familiar como un obstáculo para su crecimiento y desarrollo, lo que les puede llegar a generar frustración tanto a nivel personal como social. “Cuando la sociedad ve a una madre adolescente pasan dos cosas, por un lado, su embarazo se asocia al descuido personal y la promiscuidad sexual, y por el otro, aparece la anticipación y el catastrofismo de 'esta chica no tiene la capacidad para cuidar un bebé'”, expone la psicóloga, “e igual es cierto, pero por ello hay que intentar salir de esa crítica y centrar todavía más apoyo en ellas, creando por ejemplo, programas de madres en los que puedan compartir experiencias con lo que quizá se sientan menos estigmatizadas y menos fuera de la sociedad”. La situación se complica en el caso de madres institucionalizadas.

“Muchas veces si que les surgen dudas del tipo «¿Cuento que he estado aquí? Bueno se me va a notar en la cara». Es increíble, ellas creen que la gente lo va a notar”, comenta Elena Ayuso, responsable del área penitenciaria de la Fundación Nuevos Horizontes, organización dirigida al asesoramiento y acompañamiento de madres que han cumplido una condena. “Yo sí que creo que hay mucho prejuicio y mucho estigma social por parte de la sociedad. Generalmente las personas que cumplen condena son personas en situaciones muy complicadas, no es casualidad que por su historia de vida lleguen a estar en el momento en el que están ahora”, subraya la especialista.

La educación sexual como instrumento para tomar el control

“Cada año, alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz. Esas cifras, de por sí alarmantes, se tornan más críticas al observar que muchos de estos embarazos son consecuencia de la falta de información, el limitado acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual y de género”, explicó Virginia Camacho, asesora técnica regional en salud sexual y reproductiva en la presentación de un informe de la UNFPA sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en 2020.

“No hay tanta información sobre salud sexual como nosotros creemos que hay. Para mucha gente esta información no es accesible”, sostiene el sociólogo Luis García Tojar. El experto plantea que es posible que los esfuerzos que hace el Estado para combatir la desinformación en materia sexual no llegan donde tiene que llegar: “Puede ser un problema de que la información que se da, no se da en los lugares donde puede ser consumida por la gente que lo necesita, que generalmente viven en las zonas más depauperadas socialmente”.

La educación sexual se ha convertido en una materia fundamental para que los jóvenes puedan asumir, desarrollar y expresar su sexualidad de forma saludable y segura, por lo que es crucial que esté presente en el currículo educativo. Sin embargo, la educación sexual que se recibe es casi inexistente y, frecuentemente, proporcionada por profesionales no preparados para ello. De esta manera, los jóvenes comienzan sus primeras relaciones y encuentros sin haber recibido apenas orientación y herramientas que les propicie experimentarlas de manera satisfactoria.

Según una encuesta publicada en el informe Jóvenes, valores y drogas de la Fundación de la Ayuda contra la Drogadicción (FAD), los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años sitúan “tener una vida sexual satisfactoria” en el quinto puesto de una lista en la que se contempla la importancia concedida a diferentes aspectos vitales, otorgando a la vida sexual 8,21 puntos sobre 10. Asimismo, la última encuesta nacional sobre sexualidad y anticoncepción entre los jóvenes españoles realizada en 2019 por la Fundación Española de Contracepción (FEC) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) muestra que la edad media en la que se inician las relaciones sexuales en España se sitúa en los 16,4 años.

Gemma Castro, que lleva dieciséis años trabajando en la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), sostiene que la ausencia de educación sexual es uno de los problemas más habituales con los que se encuentran los chicos y chicas en el centro: “Casi como cualquier joven, cuentan con una información muy limitada y sobre todo muy tipificada, llena de mitos y de informaciones erróneas”. Algo que intentan subsanar con la celebración de talleres.

“Hablar de sexualidad es mucho más que hablar de riesgos, de embarazos y de infecciones. También hay que poner en valor todo lo que tiene que ver con el disfrute, con el placer, con una sexualidad positiva, con la identidad, con una forma libre de vivirse y de expresarse. Poner en manos de los jóvenes información sexual de calidad debe ser una cuestión primordial”, afirma seguidamente. Según explica la profesional, las chicas que vienen de familias en riesgo a menudo tienen una idea de la maternidad muy idealizada y no reflexionan mucho sobre las implicaciones de tener un hijo. “Muchas veces estas chicas se despojan de la parte negativa que conlleva la maternidad para centrarse en una situación ideal que muchas veces no corresponde con la realidad”. 

La educación sexual debe ser un aspecto central de la educación donde debería participar toda la comunidad educativa, pero ésta no es obligatoria en nuestro país

Por otro lado, se tiende a pensar que sólo la población en situación de vulnerabilidad social, como los jóvenes que residen en centros de internamiento de menores infractores u otras instituciones, necesita una intervención profesional sobre el manejo de una sexualidad saludable, pero de acuerdo con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 y la Carta de Derechos sexuales y reproductivos de la FPFE, la educación sexual deber ser un aspecto central de la educación donde debería participar toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, sanitarios, monitores y familias. Sin embargo, ésta no es obligatoria en nuestro país. El Ministerio de Educación de España ha establecido en más de cuarenta años cinco leyes educativas diferentes, en las cuales la educación afectivo-sexual pasa casi desapercibida, lo que, según Hurtado “limita las posibilidades de las mujeres y los hombres para poder acceder tanto a la información, como a ese cambio actitudinal que necesitan”.

Varios de los responsables que imparten los talleres de educación sexual en los centros educativos aseguran que las pocas sesiones que se les otorgan y su discontinuidad son algunas de las mayores limitaciones a las que se enfrentan, además de la reducida inversión pública que reciben. “Al final eso también supone una reducción de la calidad de los servicios”, lamenta Hurtado.

En un mundo donde los jóvenes se enfrentan a tantos desafíos y decisiones cruciales para sus vidas, brindarles información precisa y accesible sobre su sexualidad se vuelve fundamental. Romper los tabúes y el silencio que rodea a la sexualidad, permite a los jóvenes ser más libres y capaces tomar decisiones conscientes y evitar situaciones no deseadas. Es necesario un cambio para que la educación sexual no se convierta, como es hasta ahora, en una cuestión de suerte.