Ley de Vivienda
“Si la Ley de Vivienda no incorpora las enmiendas, no saldrá adelante”

El 29 de marzo, el Gobierno aprobaba un paquete de medidas para amortiguar los efectos de la guerra de Ucrania y una inflación que roza el 10%. El plan de choque limitaba la actualización de los alquileres a un 2% hasta el 30 de junio. Las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda no tardaron en celebrar la medida, aunque matizaron que esa medida debería ser permanente y formar parte de la nueva Ley de Vivienda, que el Congreso comenzará a debatir en abril. 

Y esta es solo una de las carencias de un proyecto de ley que el movimiento de vivienda califica de “inaplicable” y de escasa o nula efectividad para reducir el precio de los alquileres y los desahucios. Otras demandas históricas del movimiento de vivienda también han sido ignoradas en la redacción de la primera ley de vivienda de la democracia.

Conseguir el apoyo de los socios del Gobierno a la Ley de Vivienda no será fácil y ya no pueden contar con el apoyo de partidos de centro o derecha, como en la votación de la reforma laboral 

Por eso, este 31 de marzo, la Iniciativa Ley de Vivienda ha presentado 60 enmiendas al texto, registradas por los partidos que apoyaron la ley alternativa presentada en septiembre, finalmente tumbada con los votos del PSOE y la derecha. La Iniciativa Ley de Vivienda está formada por los sindicatos de inquilinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los grandes sindicatos, muchos de los sindicatos críticos y un centenar de organizaciones sociales.

“A día de hoy está ley no sería útil para bajar el precio de la ley ni para reducir los desahucios. Es una ley que no garantiza el derecho a la vivienda”, declaró la portavoz del Sindicat de Llogaters, Carme Arcarazo. Esta activista recalcaba el apoyo a estas enmiendas por parte de “los grupos parlamentarios sin los cuales es imposible sacar adelante esta ley”: Unidos Podemos-En Común Podemos, ERC, la CUP, Compromís, EH Bildu o BNG. “Si esta ley no es mejorada y no regula los alquileres, no prohíbe los desahucios no vale la pena que sea aprobada”, añadió Arcarazo a las puertas del Congreso.

Después del debate y votación de la reforma laboral el 3 de febrero, ha quedado claro para el Gobierno y sus aliados que la otra gran ley de la legislatura no se puede dejar al azar. Y el apoyo de los socios de izquierda no será gratis. Especialmente después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley que permitía congelar y reducir los alquileres en Catalunya. El 21 de marzo, representantes de ERC y En Comú Podem se reunían con el Sindicat de Llogaters para establecer una estrategia conjunta: Ada Colau y Pere Aragonés se comprometían a “recuperar la regulación de los alquileres en Catalunya con la ley estatal de vivienda”.

🔴 NOTÍCIA 🔴
Pere Aragonès i Ada Colau aposten per recuperar la regulació de lloguers a Catalunya amb la Llei Estatal d'Habitatge.

Avui ens hem reunit amb el President i l'Alcaldessa després de la sentència del Constitucional.

🧵 Atenció al fil... pic.twitter.com/gyIQO3mQfl

— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) March 21, 2022

El Gobierno sabe que, para aprobar la Ley de Vivienda, no puede contar con los partidos de derecha o centro que apoyaron la reforma laboral de Yolanda Díaz. Si el Gobierno de coalición quiere sacarla adelante, necesita los votos de ERC y En Comú Podem, así como los del resto de partidos de izquierda que apoyan las enmiendas presentadas hoy por la Iniciativa Ley de Vivienda. Para que la regulación de alquileres catalana esté amparada por la ley que se empezará a debatir en el Congreso, esta debe cambiar mucho. El movimiento de vivienda lleva meses dando la batalla para que así sea.

Regulación de alquileres

Entre las 60 enmiendas presentadas, hay seis cambios que la Iniciativa Ley de Vivienda ha calificado como “imprescindibles”. Entre los apartados que deben cambiar figura la regulación de los alquileres, que en su actual formulación es “totalmente disfuncional” y deja “fuera de protección a la práctica totalidad de inquilinos”, denuncian. En el texto actual, para declarar una zona tensionada —paso necesario para aplicar la regulación— se tienen que dar dos requisitos al mismo tiempo que ahora mismo no cumple ningún territorio: que el dinero que se destina a la vivienda represente un tercio de los ingresos y que los precios hayan subido cinco puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. “Para que la regulación de los alquileres funcione”, dicen, se debería poder declarar una zona tensionada cuando se dan cualquiera de estos dos criterios, pero reduciendo el incremento del precio del alquiler al IPC más dos puntos en los últimos cinco años. 

En el texto aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de marzo, una vez conseguida la declaración de zona tensionada, las bajadas de alquileres solo se pueden aplicar a las personas jurídicas —bancos, inmobiliarias, fondos de inversión— y no a propietarios con nombre y apellido aunque tengan cien viviendas y especulen con ellas. Esta coalición de organizaciones sociales exige que la bajada de precios sea obligatoria para todos los pisos de alquiler que están por encima de la media. Para que estas medidas sean efectivas, también piden que se incluya un régimen sancionador para quienes se salten la ley, que la aplicación sea inmediata —actualmente se contempla un periodo de gracia de 18 meses— y “proteger las leyes que ya regulan el alquiler”, en referencia a la ley catalana.

Otro de los problemas de la ley, que la declaración de zonas tensionadas o las penalizaciones de las viviendas vacías dependen de las comunidades autónomas, tiene difícil solución por las competencias de las comunidades en materia de vivienda y por el acuerdo entre el Gobierno y ERC de que se respetarán esos marcos. Sin embargo, la Iniciativa Ley de Vivienda incluye una enmienda para que los municipios puedan solicitar directamente al Estado la aplicación de la ley. 

Última llamada para salvar la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

Ley de Vivienda

Especulación inmobiliaria Última llamada para salvar la Ley de Vivienda

Martín Cúneo

La Ley de Vivienda llega al Congreso con un texto duramente criticado por la PAH y los sindicatos de inquilinos. Los partidos del bloque de investidura asumen parte de las demandas sociales para mejorar la ley a las puertas de una nueva crisis social de consecuencias imprevisibles.

Burbuja del alquiler Vivir de las rentas sigue siendo negocio para los fondos de inversión

Desahucios, alquiler social y parque público

La falta de medidas efectivas en la Ley de Vivienda para evitar que España siga siendo el país líder en desahucios en Europa, con más de un millón de desalojos desde 2008, es una de las principales críticas de esta plataforma de organizaciones sociales. 

La ley no incluye la histórica demanda de prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una de las directrices de la ONU, cuyo cumplimiento debería ser obligatorio, según defienden desde la Iniciativa. La ley negociada entre PSOE y Unidas Podemos se limita a suspender este tipo de lanzamientos entre dos y cuatro meses a la espera de que las comunidades autónomas proporcionen una alternativa de vivienda. En el caso de que no haya viviendas disponibles, el desalojo se realizaría de todas maneras. Si se aprueban las enmiendas presentadas, las administraciones no podrán desalojar a una familia considerada vulnerable hasta que el “realojo se haya hecho efectivo”. Con esta reformulación, la falta de un parque público no se convertiría en un castigo para las familias vulnerables sino en un problema que el Estado debería resolver.

En el texto actual, solo se suspenden entre dos y cuatro meses los desahucios de familias vulnerables. Si se aprueban las enmiendas presentadas, las administraciones no podrán desalojar a una familia considerada vulnerable hasta que el “realojo se haya hecho efectivo”

En otra enmienda considerada “imprescindible”, la Iniciativa exige que antes de desahuciar, los grandes tenedores de vivienda tengan que ofrecer un alquiler social a los hogares vulnerables, tal como ya se hace en Catalunya con la ley 24/2015, una “medida que la experiencia demuestra que reduciría drásticamente las cifras de desahucios”. Además, los cambios exigidos piden el fin de los desahucios abiertos, sin fecha ni hora —que generan situaciones de ansiedad y vulnerabilidad en las familias— y una moratoria de desahucios total de un año hasta que se desarrollen las herramientas que incluye la Ley de Vivienda.

La posibilidad de reducir los desahucios y ofrecer alternativas habitacionales dignas está directamente vinculada con la inexistencia de un parque público. Por eso, otro paquete de enmiendas “imprescindibles” está destinado a buscar soluciones a corto plazo para corregir la carencia de inmuebles en manos de las administraciones públicas. Para conseguir pasar del actual 1% de vivienda pública y llegar al 20% en 20 años —una cifra acorde con los países del entorno— las enmiendas proponen la cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión, recuperar la titularidad pública de las viviendas de la Sareb, prohibir la venta de vivienda pública y promover el aumento de la compra de inmuebles a través del tanteo y retracto o concurso de vivienda privadas. La eliminación de las exenciones fiscales a las socimis y fondos buitre serviría para destinar esos recursos a la compra pública de vivienda.

La otra “gran decepción” del movimiento de vivienda estaba vinculada a la omisión en la ley más esperada de una de las bandera de lucha de cientos de miles de familias desahuciadas en la crisis de 2008: la dación en pago y una segunda oportunidad para las familias desahuciadas. “A día de hoy miles de personas en el Estado siguen endeudadas de por vida por haber querido acceder a un derecho básico como la vivienda”, señalan desde la Iniciativa Ley de Vivienda. Entre las enmiendas presentadas, proponen una “responsabilidad limitada” para que las cargas se limiten al bien hipotecado, que la entrega del bien hipotecado salde la deuda con el banco y que “la vivienda habitual sea inembargable”. La prohibición de corte de suministros de familias vulnerables es otro de los puntos básicos de las demandas para mejorar la ley. Esta prohibición debería hacerse utilizando el principio de precaución, es decir, las empresas deberían preguntar a Servicios Sociales si una familia es o no vulnerable antes de poder cortarle los suministros.

“Lo primero que tiene que hacer un Gobierno que dice defender el derecho a la vivienda”, dice Paco Morote, portavoz de la PAH, es “reconocer el derecho subjetivo de cada ciudadano a reclamar, incluso judicialmente, a las administraciones el cumplimiento de ese derecho”

Como trasfondo de todas las enmiendas, la idea de la vivienda como un derecho, tal como figura en la Constitución. El desarrollo de este derecho resulta insuficiente, según el movimiento de vivienda y los partidos que apoyan las enmiendas y “lo primero que tiene que hacer un Gobierno que dice defender el derecho a la vivienda —dice Paco Morote, portavoz de la PAH— es reconocer el derecho subjetivo de cada ciudadano a reclamar, incluso judicialmente, a las administraciones el cumplimiento de ese derecho”, tal como ocurre con la educación o la sanidad.  

Durante las próximas semanas, el Congreso discutirá y votará en una comisión estas y otras enmiendas de los grupos parlamentarios. “Queremos dejar claro, que como organizaciones sociales, estaremos encima de cada uno de los gestos que se lleven a cabo durante este trámite. No permitiremos la aprobación de ninguna ley de vivienda si no incorpora nuestras demandas más básicas”, decían desde estas organizaciones. “A partir de ahora presionaremos a todos los grupos políticos, sobre todo a PSOE y Unidas Podemos para que incluyan en el texto las enmiendas irrenunciables”, añaden desde esta iniciativa y lanzan una advertencia: “Si la ley no incorpora las enmiendas, no saldrá adelante”.