Justicia
El Caso Arnaldo desnuda una vez más la relación entre política y judicatura

“Esta es una de las últimas minas nazis antes de conquistar Polonia”, dice como metáfora irónica un miembro de Unidas Podemos cuando se le pregunta por el sapo que ha debido tragarse la formación morada al votar al juez Arnaldo para el TC. Una muestra del clima que se generó por el pleno del jueves pasado. Para algunos, hizo falta una dosis de épica mezclada con pragmatismo. Desde fuera, podía verse como una de las deudas pendientes de la democracia española consigo misma: modernizar (y disociar) la relación entre partidos políticos y judicatura.

Para quien se haya perdido el culebrón: la semana pasada fue el primer capítulo del desbloqueo por dosis que el PP ha ofrecido para renovar los órganos constitucionales que exigen una mayoría cualificada (tres quintos de la cámara), por tanto requieren sí o sí de la negociación de Moncloa con el principal partido de la oposición. En este caso, de PSOE y UP con el partido alfa de la derecha española.

Se definió también las autoridades del Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, pero la polémica fue desatada por los cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque Pablo Casado supo tensar la cuerda al máximo hasta que llevó al Gobierno a aceptar lo que en otra posición de fuerza seguramente podría haber rechazado, que es votar en el menú de cuatro a dos jueces de marcado sesgo conservador y cercanía al PP. Especialmente con el objetivo final de renovar el CGPJ.

La magistral transacción

El comercio de magistrados entre los tres partidos de la negociación fue dos para el PP, uno para los socialistas y uno para los morados. Concepción Espejel y Enrique Arnaldo los primeros, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez para los segundos. Fuentes del Gobierno confirmaron a El Salto que todo este paquete estaba ya prácticamente acordado “hace un mes” pero explotó -a su entender- hace unos días por la operación de algunos medios para desgastarlos, ante la obvia contradicción de partidos de izquierda votando gente con el currículum de Arnaldo.

El polémico juez ascendido ha compatibilizado su trabajo en dos universidades cuando la ley lo prohíbe expresamente, ha ocultado durante su comparecencia en la comisión del Congreso su papel como patrono en tres fundaciones privadas, y, según dio a conocer días pasados Público, “enchufó” a su propio hijo en la dirección del máster de acceso a procurador en la URJC. A lo que se suma su activa participación en la aznarista fundación FAES y que su bufete jurídico realizó 562 servicios jurídicos a diferentes administraciones públicas. Pese a ello, en su comparecencia dijo sin sonrojarse: “No tengo amigos en la política”.

Una excentricidad si se recuerda que Arnaldo aparece en el sumario del caso Palma Arena en el que llegó a estar como imputado por malversación y, como difundió la semana pasada la Cadena SER, allí le ofrece en un correo al ex president balear Jaume Matas la participación en un negocio.

La votación de Arnaldo fue la de mayor indisciplina partidaria en el Congreso desde la investidura de Rajoy en 2016

Será por todo este denso pasado que la votación de Arnaldo fue la de mayor indisciplina partidaria en el Congreso desde la investidura de Rajoy en 2016. Uno de los doblemente pecadores ha sido Odón Elorza, el diputado por Gipuzkoa, quien más allá de los motivos por los que decidió votar en contra, lo expuso en sus redes sociales, una vez que su votación inciertamente hubiera sido secreta: es que el PSOE tuvo su giro stalinista para con su grupo parlamentario y en un hecho inédito, le exigió a sus diputados que enviaran el recibo de votación con nombre y apellido para conocer cómo había sido. Este verticalismo in extremis fue considerado un escándalo por varios diputados (algunos incluso sugerían que hasta podría ser ilegal, ya que el voto es secreto) y visto con estupor desde los otros partidos, según se pudo constatar en los pasillos del Congreso.

Solamente 232 votos apoyaron a Arnaldo, 237 a Espejel y 240 a los progresistas, lo que desató una ola de cotilleo para descifrar quién, además de Elorza, se había escapado del rebaño. Los diputados Ábalos y González Ramos (PSOE) tuvieron votos nulos por error y se lo comunicaron a la dirección del grupo, liderado por Héctor Gómez. La suma perfecta sin deserciones hubiera sido 243 (PSOE, PP, UP y Foro Asturias, los únicos que aseguraron públicamente su voto a favor).

Fuentes del PSOE preguntadas por El Salto respondieron que “la dirección se reunirá en los próximos días para tomar una decisión” con respecto a Elorza y que “estudiarán” el caso de Ábalos y González pero que está casi descartada una sanción para ellos por haber informado inmediatamente del error.

La ferocidad de la reacción del Partido Socialista para con sus parlamentarios en esta votación también es una expresión de lo que está en juego en los plenos que tienen que ver con la conformación de la judicatura, que se convierte así tal vez en la joya más preciada del bipartidismo gracias a la necesidad de la mayoría cualificada. La impronta de ambas formaciones en el Poder Judicial se vuelve indeleble por décadas.

Una fuente muy cercana a la dirección de Podemos confirmaba a El Salto que la operación TC del jueves pasado abre la puerta a la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, paralizada hace dos años por el PP. “Lo votado demuestra que esto saldrá adelante con dos de Podemos”, señalan en clave de conquista. Desde el invierno pasado circula la versión que en la negociación se incluiría un vocal sugerido por el PNV (y en su momento UP pedía que también hubiese uno de ERC), además de los restantes del PP y del PSOE para alcanzar los 20.

Desde el PSOE, ante la misma pregunta, prefieren la “cautela” y creen que es factible pero no seguro. Todo depende al fin y al cabo del PP.

Victoria pírrica

El apoyo a un juez considerado invotable por muchos progresistas dio alas a una puesta en escena de las fuerzas soberanistas. Esquerra Republicana, EH Bildu, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego se marcharon del pleno y dieron declaraciones duras contra el gobierno de coalición y el “teatrillo” montado para consagrar una nueva “estafa del bipartidismo”.

A quien más golpea esto es a Unidas Podemos, cuyo votante fiel seguramente tenga más problemas de digestión que el del PSOE a la hora de justificar lo de Arnaldo

A quien más golpea esto es a Unidas Podemos, cuyo votante fiel seguramente tenga más problemas de digestión que el del PSOE a la hora de justificar lo de Arnaldo. De hecho desde la formación morada se admite fuera de micrófono que los dos votos en contra fueron de las diputadas Gloria Elizo y Meri Pita. Quienes llevaron adelante las conversaciones con sus legisladores fueron los portavoces Echenique y Asens, quienes dieron el argumentario morado sobre la conveniencia de votar sí. La decisión de la dirección fue no seguir el ejemplo del PSOE y no formalizar sanciones, a pesar de la obviedad de Elizo y Pita, a quienes un miembro de la formación acusó de “subirse al tobogán de la infamia mediática” que erosiona más a UP que a la derecha por este tipo de situaciones.

Estas grietas no son nuevas pero no se van a profundizar. Un diputado de una de las confluencias moradas dijo fuera de micrófono a El Salto: “Todos sabemos quién votó en contra pero no se va a hacer ninguna persecución ni señalamiento público. Hubo un debate interno muy intenso y todo el mundo entendió lo que nos jugábamos y también lo que estaba en riesgo”.

¿Y eso qué es? Se puede preguntar legítimamente un votante de izquierdas. Desde la cúpula de UP dijeron a El Salto que lo que intentaron es que sus diputado entiendan “que era un sapo que había que tragar y que se lo comían todos por igual, porque lo que había detrás era muy importante y no se podía caer en la trampa del PP de montar un problema por un juez y regalarle la excusa para paralizar todo otra vez otro año más”.

En la mirada de Unidas Podemos han visto esto como una victoria de mínimos, con mucho desgaste pero victoria al fin

En la mirada de Unidas Podemos han visto esto como una victoria de mínimos, con mucho desgaste pero victoria al fin, como la del rey Pirro, debido a que consideran que los poderes fácticos ahora deben también digerir que no sólo estén en el Ejecutivo sino también que les toque designar a altos cargos de la judicatura. El elegido por ellos es Ramón Sáez, un hombre al que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera intachable y según comentó a su equipo, hubiera sido imposible que entrara alguien así al TC de la mano del PSOE (y menos del PP).

Sáez ha dado ejemplos de romper ciertos esquemas conceptuales de la judicatura conservadora y sus casos más evidentes fueron el juicio al exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Trapero, pidiendo su absolución y defendiendo el rol de mediación de la fuerza de seguridad por sobre el de la de represión; y otro ejemplo ha sido su ponencia en el juicio por el presunto asedio al Parlament de Catalunya en 2011, también pidiendo absolución de los acusados en pos de su ejercicio del derecho de libertad de expresión.

Otro de los puntos fuertes en el argumentario morado para defender el sapo tragado es que la renovación del Constitucional beneficia al sector progresista del tribunal, la cual sigue en minoría pero matizada a su favor a partir del jueves próximo, cuando los nuevos cuatro miembros juren su cargo ante el rey Felipe VI. Un reequilibrio que prometen reeditar con su injerencia en los vocales del CGPJ.

Aunque es un tema largo para explayarse, merece un párrafo salir de la península y ver otros ejemplos, para entender con perspectiva la anomalía del Estado español y la relación entre políticos y jueces. Cruzando los Pirineos, el caso francés es para los especialistas uno de los mejores exponentes de independencia judicial con respecto a los partidos, con su Consejo de la Magistratura, un órgano independiente del Ejecutivo desde 1946 y con una sala integrada tanto por magistrados como por designados por el presidente y las cámaras legislativas. Esa sala heterogénea elige los designados por los propios jueces y, desde la reforma de hace dos décadas, el presidente ya no es quien tiene la última palabra en esos nombramientos.

Mirando al sur, un modelo similar, aunque con mayor injerencia presidencial, tiene el Consejo Superior de la Magistratura portugués, una imitación lusitana del modelo italiano, también elogiado. Hay otros modelos con mayores contrapesos y filtros que no signifiquen la autonomía absoluta de la judicatura con respecto a su sociedad en clave de casta pero a la vez no tengan una relación tan directa con los partidos. El Caso Arnaldo puede servir para concienciar un poco más al electorado, al menos a la parte de él que sí le importa que la transición democrática también le toque a la judicatura de España.