Infancia
Infancia pobre, derechos vulnerados

En el Estado español, uno de cada tres niños y niñas menores de 16 años está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Son datos del Informe sobre el Estado de la Pobreza, publicado el pasado octubre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Una vez más, el documento constataba que tener menores a cargo es un factor de riesgo para caer en la pobreza.

Pobreza infantil

“No interesa resolver la pobreza porque es una especie de efecto secundario del sistema económico que tenemos ahora mismo. Por eso, las políticas contra la pobreza siempre han sido una cuestión secundaria”, sentencia por teléfono, desde Albacete, Juan Carlos Llano. Autor del informe mencionado, este sociólogo se muestra escéptico ante las posibilidades de revertir una situación que viene de largo —recuerda que en el boom económico entre 2004 y 2007 había alrededor de un 20% de pobreza— si no se ataca al trasfondo estructural: una sociedad tremendamente desigual.

Sobre la desigualdad Intermón-Oxfam aportaba su propio informe el pasado 21 de enero. Mientras que el número de millonarios crecía, observaba la ONG, también lo hacía el número de hogares en los que no entraba ningún recurso económico, llegando a 617.000. “El hijo de un padre de ingresos altos ganará, al hacerse adulto, un 40% más que el de un padre de ingresos bajos”, ponían como ejemplo para ilustrar la creciente polarización. Así, si las cosas siguen su curso, los niños pobres de hoy serán los adultos pobres del futuro.

Pero, ¿qué es la pobreza infantil más allá de las estadísticas?, ¿de qué hablamos?, ¿cómo viven las niñas y los niños pobres? “Las carencias son enormes: tienen una alimentación insuficiente y deficiente, comen mal, se saltan muchas comidas, y eso afecta a su salud. Además, no van al dentista, si tienen problemas psicológicos nadie se los resuelve”, enumera Llanos. “Algunos medicamentos que son fundamentales en la infancia no están cubiertos por la seguridad: antitusivos, laxantes, antidiarreicos. Lo mismo pasa con los pañales”.

A todo esto hay que añadir el estrés de vivir en hogares atravesados por la incertidumbre económica, que tienen que decidir todo el tiempo a qué destinan sus limitados recursos. También está el dónde se vive: casas donde no se puede mantener la temperatura, que tienen humedades, o poca luz natural. Barrios mal iluminados por la noche, más peligrosos, más contaminados, en los extremos de la ciudad… “Todo eso afecta a la salud, al desarrollo social. El tiempo libre, las relaciones sociales son fundamentales para los derechos del niño, el hecho de que no pueda ir a excursiones o seguir al grupo en otras actividades afectará a su desarrollo”, sigue describiendo Llanos.

“Una de las principales medidas que hay para luchar contra la pobreza infantil es luchar contra la pobreza”, ironiza Llanos.

Si bien entiende la pertinencia y utilidad de hablar de pobreza infantil para visibilizarla, el sociólogo recuerda que, cuando se habla de niños pobres, lo que hay detrás son hogares pobres. “Una de las principales medidas que hay para luchar contra la pobreza infantil es luchar contra la pobreza”, ironiza.

Políticas públicas

¿Cómo se interviene para acabar con la pobreza infantil? ¿hay políticas públicas a la altura? Serán los años de relevar los casi inmóviles números de la pobreza mientras el PIB se recuperaba, pero la visión de Llanos no es optimista: “La situación actual es una muestra del fracaso de las políticas públicas. El límite es que se tratan de políticas reactivas, para luchar contra la pobreza de personas que ya son pobres, y además son escasísimas, son malas”. Explica que los montos son insuficientes y el alcance limitado, por eso él tiene otra propuesta: “La clave es la predistribución, distribuir antes de que las personas sean pobres”, y eso requiere, para el experto, una mirada transversal, que aborde políticas de vivienda, recuperación de los servicios públicos, “y salarios dignos, rentas inclusivas, acceso a los recursos necesarios para vivir, que ahora no se adquieren ni trabajando”.

El 18 de junio de 2018, un recién estrenado gobierno socialista creó el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, un organismo vinculado directamente a presidencia. Desde septiembre de ese mismo año, su director es el sociólogo Pau Marí-Klose. Llano saluda esta iniciativa: “Demuestra al menos sensibilidad hacia un tema importantísimo”. Aún reconociendo los limites —el Alto Comisionado no tiene competencias directas en las políticas, ni presupuesto, sino que hace labores de seguimiento, evaluación, estudios y propuestas— reconoce “que ayuda a mantener la pobreza infantil como un objetivo diana de las políticas. Él de hecho está presionando en plan Pepito Grillo dentro del gobierno”, bromea.

“Que esté ahí el Alto Comisionado es definitivamente un paso en la dirección correcta”, afirma Lucía Losoviz, responsable de Políticas Locales de Infancia y Participación de UNICEF Comité Español. Para esta experta, la pobreza infantil es el primero de los grandes desafíos que enfrenta la infancia en el Estado. Selma Villa Bergman, especialista, actualmente implicada en el grupo de trabajo de Unidos Podemos-En Marea-Podem sobre derechos de la infancia como técnica, coincide en la urgencia de abordar la pobreza infantil. También retoma el argumento de Llano: “Los niños pobres no salen de una maceta. No es que viene una acaudalada vecina del barrio de Salamanca y te diga, ‘uy, he tenido un niño pobre’. Los niños pobres lo son porque sus familias lo son”.

Por eso, desde una perspectiva de derechos, Villa defiende la prestación universal por menor a cargo. “El PSOE ha dicho que va a ir todo mejor porque va a dar 300 euros al año por hijo a cargo. Es vergonzoso. Además se refiere solo a casos bajo el umbral de pobreza. Muchos de los países de nuestro entorno tienen para empezar la prestación universal por hijo a cargo, de al menos 100 euros al mes, luego ya si hay condiciones de vulnerabilidad hay otros recursos sociales”.

Villa admite que hay detractores a esta medida, que se preguntan por qué deben ellos pagar una ayuda por el hijo de Cristiano Ronaldo: “Si el sistema funciona, Ronaldo paga por 80 niños y niñas a través de los impuestos”. Más importante, la prestación universal afianza otro principio: los niños no pertenecen a los padres, a Cristiano, “son sujetos y tienen derecho a ese mínimo vital”, señala. El otro argumento contra la prestación universal sospecha de las familias. “‘Es que a ver en qué se lo va a gastar’, dicen. Me da igual en qué se lo gaste, es una manera de destinar recursos a lugares donde no los hay”.

Los niños no pertenecen a los padres, “son sujetos y tienen derecho a un mínimo vital”

Por su parte, Lucía Losoviz apunta a otros avances: “Tenemos herramientas para analizar los presupuestos generales y autonómicos y poder vigilar que las áreas que se doten de más presupuesto sean las áreas que tocan a la infancia. Sobre todo a las niñas y niños más vulnerables. Creemos que todas las políticas, todas las leyes, tienen que tener este enfoque de equidad, ver cuáles son los grupos más vulnerables, sus necesidades y si realmente los servicios y las políticas les están llegando”.

Una visión más amplia de los derechos

La violencia, la educación, la participación, la situación de los menores migrantes son, junto a la pobreza, los grandes desafíos a los que se enfrenta la infancia, señala Lusoviz.  El elenco coincide con las recomendaciones que hizo hace ya un año el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, organismo que da seguimiento a la aplicación de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Tras recibir el informe de seguimiento del Estado, y el informe complementario de las organizaciones sociales —ambos se entregan cada cinco años— el Comité señaló una serie de pautas a seguir por el Estado español. Lo primero, incrementar una deficiente inversión en infancia, pero también, establecer mecanismos de análisis presupuestario.

Combatir la discriminación a niñas, niños y adolescentes; avanzar con la adopción de una ley integral de violencia; reducir la presencia de niños en instituciones, fortaleciendo el apoyo a las familias; reducir la pobreza infantil; mejorar la coordinación entre comunidades autónomas para garantizar por igual el derecho a la educación o facilitar los procesos de asilo a las personas menores eran algunas de estas recomendaciones.

En algunas cosas se ha avanzado más que en otras, comenta Villa. Pero en cuanto a los menores migrantes no se ha avanzado nada. De hecho, argumenta, ya cuesta que se les considere niños antes que migrantes. “Hay múltiples interseccionalidades que no hay que perder de vista, ante las cuales hay que responder: menores no acompañados, niñas racializadas o trans. Pero hay que recordar que, sobre todo, se trata de niños y niñas”.

En septiembre se presentó el Anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia la Infancia.
“Es una ley de buen trato”, comenta Villa, quien participó en su elaboración, “no negamos que tiene que haber una parte contra la violencia, pero hay otra que tiene que ver con el buen trato, cómo construir relaciones y vínculos no violentos y positivos”. Villa considera vital esta aproximación, que implica la escucha, que se les sea tenidos en cuenta: “En temas como el abuso sexual, no se les cree, se les somete a complejos procesos para que ratifiquen su versión de los hechos. Son —establece paralelismos— como las mujeres antes. Se trata, en resumen de que se les considere sujetos de derecho”. 

“Llama la atención —comenta Losiviz—que a 30 años de la firma de la Convención, no se conozcan prácticamente los derechos políticos y sociales de la infancia

En concreto Villa se refiere a una tendencia al adultocentrismo, que imposibilita relaciones más equitativas con la infancia: “Es pensar que los y las niñas no son sujetos en sí, sino que pertenecen a su madre o a su padre o al adulto de referencia o a la institución de referencia”. Losoviz, que coordina  programas de participación —principalmente con municipios pero también con colegios— nota también estas resistencias a entender a las niñas y niños como sujetos de pleno de derecho. “Llama la atención —comenta—que,  a 30 años de la firma de la Convención, no se conozcan prácticamente los derechos políticos y sociales de la infancia”.

A la experta de UNICEF en ocasiones le ponen pegas en las escuelas, “no hablemos de derechos”, le dicen. “que luego nos exigen los niños demasiadas cosas”. Tal como señala, “es un error no entender qué es ser sujeto de derecho, ser sujeto de derecho significa poder compartir, opinar libremente, expresar las opiniones que se tienen. Otra cosa es que tú como representante del centro, docente, tutor, decidas tomar la que consideras la mejor decisión por el interés superior del niño, eso los niños lo tienen que entender, pero debes explicárselo”. Y añade: “Yo creo que ese es el proceso que nos queda por afianzar. ¿Cómo hacer entender que ser sujeto de derecho es una relación más equitativa y no un traspaso de responsabilidades”.

Quedándonos en la escuela, una de las vulneraciones a los derechos de la infancia señaladas por la ONU, y refrendadas por las personas entrevistadas en este texto, son las falencias de la educación, ante las cuales no ha sido posible alcanzar un pacto de Estado “que no cambie las leyes cada legislatura”. Además de esta volatilidad de los planes en función del liderazgo político, Llanos recuerda un estudio de reciente publicación de la OCDE, el cual señalaba que la mitad de los estudiantes españoles de clases pobres se concentran en escuelas en condiciones depauperadas. La escuela se ha convertido en un espacio segregador.

Losoviz es optimista, cree que, a pesar de los datos, va creciendo la convicción de que “el bienestar de la infancia es el indicador de qué sociedad somos, qué país estamos construyendo. Yo creo que se están dando pasos, que se hable de la pobreza infantil, que haya surgido del Alto Comisionado”. Villa cierra con un llamamiento. Se niega a ver a los niños como a los adultos del futuro en lo que hay que invertir. “Entiendo cual es la idea cuando hablamos de inversión, para no decir gasto. Pero me revelo un poco ante la idea de que hay que invertir en las niñas y niños porque son la sociedad del futuro. No, son la sociedad del presente. No es que cumplan 18 años y se hagan sociedad, lo son ya de pleno derecho”.