Hemeroteca Diagonal
Caja Madrid y Mapfre culminan la especulación en Tenerife

Con la adquisición por parte de Mapfre Inmuebles del Valle de las Huertas, en la trasera de la playa de Las Teresitas, propiedad de la sociedad Inversiones Las Teresitas SL, el holding Caja Madrid- Mapfre pone la guinda a uno de los más largos y procelosos procesos de especulación inmobiliaria en Santa Cruz de Tenerife. La operación puede alcanzar los 96 millones de euros (16.000 millones de pesetas). Sumados a los 51 millones de euros abonados por el Ayuntamiento por las parcelas del frente de playa, y dado que Inversiones Las Teresitas SL compró los terrenos por 30 millones, el conjunto de transacciones ronda los 177 millones de euros (más de 29.000 millones de pesetas).

A pesar de que Luis Basagoiti, presidente del Consejo de Administración de Mapfre Inmuebles, declarara recientemente que “todas las operaciones de Mapfre Inmuebles se rigen desde el principio fundamental del cumplimiento estricto de la ley”, tanto la inscripción registral de terrenos a favor de la Junta de Compensación como la compraventa de éstos por parte de Inversiones Las Teresitas SL como el posterior Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han sido acusados de presentar irregularidades jurídico-administrativas. Recientemente, un grupo de vecinos de la capital ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el Convenio Urbanístico de la playa de Las Teresitas por considerarlo un “pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos que transgrede todos los principios, objetivos y fines que, legalmente, han de inspirar la actuación de las Administraciones Públicas en materia urbanística”.

El Convenio Urbanístico para la reordenación del ámbito del Plan Parcial Playa de Las Teresitas fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión del 23 de julio de 2001. En él se establece la compra por parte del Consistorio de una parte de los terrenos el frente de playa- propiedad de Inversiones Las Teresitas SL, y se cambia el uso de terciario a residencial del resto de los terrenos -Valle de las Huertas-, con lo que ahora es posible la construcción de alrededor de mil viviendas donde sólo se permitía un uso turístico. La recuperación de la playa para el dominio público, vieja aspiración de la ciudadanía como demuestran las movilizaciones organizadas por la Plataforma para la Defensa de Las Teresitas, se convirtió en una coartada para la especulación por parte del equipo municipal, gobernado por Coalición Canaria.

Además, a pesar de que la Secretaría general del PSOE manifestara su rechazo a dicho convenio, los cuatro concejales del PSOE en el Consistorio capitalino votaron a su favor, lo que significó el comienzo de un proceso interno en el partido que condujo a su expulsión. La concejal Herminia Gil figura actualmente en la nómina de asesores municipales con un sueldo de más de 31.200 euros anuales; el que fuera jefe del grupo municipal socialista, Emilio Fresco, era y es asiduo colaborador de un programa que emite Canal Azul, propiedad de Ignacio González Martín, miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias. También José Luis Martín, el otro concejal expulsado, llegó a dirigir varios programas en esta emisora. El dato resulta relevante si se echa un vistazo a la historia de esta compraventa.

Crédito de alto riesgo

La sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas SL se constituyó ante notario el 24 de junio de 1998. El contrato de compraventa entre la Junta de Compensación (propietaria de los terrenos) y esa
sociedad se firmó el 26 de junio, es decir, que entre los días 24 y 26 de junio de 1998 Inversiones Las
Teresitas SL obtuvo un crédito por parte de CajaCanarias de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) considerado de “alto riesgo” por el Banco de España.

Además, la sociedad no estaba inscrita aún en el Registro Mercantil tal como ordena la ley. Para los denunciantes resulta sorprendente que Ignacio González Martín, miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias y presidente de la Cámara de Comercio y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, apareciera meses después como propietario del 50% del capital social de Inversiones Las Teresitas SL, y su hijo, Pedro González Santiago, como administrador. El otro 50% es propiedad del empresario Antonio Plasencia, dueño de Promotora Puntalarga y presidente de Fepeco, la patronal de la construcción.

de nuevo en la calle

Una impresionante ola de creatividad y alegría recorrió las calles de Santa Cruz de Tenerife, por segundo año consecutivo, para protestar contra la construcción del puerto de Granadilla y reivindicar la viabilidad del actual puerto. El sábado 26 de noviembre cerca de 80.000 personas acudieron a la convocatoria de la Asamblea de Tenerife para reclamar una economía no agresiva con el medio ambiente, bajo el lema “Ya está bien”, y pedir en consecuencia la retirada de un proyecto que consideran “innecesario” y “despilfarrador”. Además, la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que aglutina a asociaciones vecinales, profesionales, ecologistas, sindicatos y partidos de izquierda, ha presentado a la Unión Europea un informe técnico sobre la viabilidad de estas instalaciones como alternativa a Granadilla.