Explotación laboral
Las “nadies” de la fresa: una campaña más de irregularidades para las jornaleras marroquíes

Como cada año, miles de mujeres marroquíes llegaron a principio de temporada a la provincia de Huelva para trabajar en la campaña de los frutos rojos. Para muchas de estas trabajadoras, una vez más, las cosas no han sido como se les había prometido. Algunas ven su proyecto truncado desde el principio: Uno de los mayores problemas que hay con la contratación en origen por contingente, la fórmula a través de la cual estas mujeres son contratadas, afirma la  secretaria técnica de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Carmen  Vásquez, es el período de prueba. “Si, tras un máximo de 15 días, al empresario no le agrada la  forma de trabajar de esta persona, la despide y no puede ir a otra cooperativa o empresa a  buscar empleo”, explica. “Éste le paga el billete de ida, pero para costearse el de vuelta tiene que ganar dinero. Si no tiene trabajo, no hay cómo volver.” 

Las mujeres vienen con la condición de permanecer en España solo a lo largo de la campaña, teniendo sus permisos una duración de 5 o 6 meses, que es lo máximo que se extiende la temporada. Después, deben volver a su país de origen para no quedarse en situación irregular. Las mujeres que son despachadas, tras el período de prueba de 15 días, se quedan en situación  irregular y muchas acaban alojándose en chabolas. Es el caso de Priscila, quien, como la mayoría de las contratadas es madre, hace ya un año que viven en los asentamientos de Palos de la Frontera y trabaja por horas, pero sin contrato. 

“Vine aquí porque me dijeron desde Marruecos que había mucho trabajo. Todo mentira.  Trabajo dos días y no trabajo otros dos. Hoy no. Mañana sí”

En otro asentamiento, en Lepe, viven Fátima y Aisha. Comparten una chabola muy pequeña en la que duermen junto a  un hombre en el mismo colchón. Ambas tienen hijos y hace tres años que llegaron a España, el  marido de Fátima está muerto y Aisha está divorciada. Tienen dificultades para defenderse con el español y apenas manejan el francés, sólo el árabe.  

“Vine aquí porque me dijeron desde Marruecos que había mucho trabajo. Todo mentira.  Trabajo dos días y no trabajo otros dos. Hoy no. Mañana sí”, se queja Fátima. No puede volver a Marruecos porque no tiene “papeles”, dice que tiene que pagar “mucho dinero para que le  hagan un contrato”.  “En Marruecos tengo una casa grande y aquí dormimos tres en el mismo  colchón. Echo de menos a mi familia” 

Hay empresarios que ejercen abuso de poder al no pagar a las trabajadoras. Así lo denunciaba la  Asociación Jornaleras de Huelva en Lucha cuando, tras llamar a uno de ellos que debía dinero a  sus contratadas desde el pasado mes de abril, recibieron la respuesta de que “se les ha  retenido el dinero para que no se escapen”. Muchos empleadores, además, desvían las horas extra que les deben a las recolectoras como productividad en la nómina para no pagarlas según lo regulado. A pesar de tener  pruebas y denunciar, la Asociación afirma que Inspección de Trabajo no las considera suficientes para intervenir. 

En muchas ocasiones, se les niega el acceso a la sanidad, aún cuando igualmente se les descuenta de  sus nóminas. La copresidenta de las Jornaleras, Najat Bassit, declara que es “una Seguridad Social  que no les sirve de nada porque a la hora de enfermarse no las llevan al médico”. Al tener un  accidente laboral, no les proporcionan su baja laboral. A los empresarios les corresponde ofrecer un alojamiento digno. Sin embargo, aunque muchos cumplan con la habitabilidad, las mujeres están  sometidas a “condiciones de hacinamiento y falta de higiene”.  

Mujer, madre, joven y sin marido 

Una vez que la Administración acepta la cifra de puestos de trabajo a cubrir en origen durante cada temporada, los empresarios freseros demandan a la embajada de España en Rabat la  previsión de ocupaciones y las condiciones que esperan de sus trabajadoras. Esta información  se traspasa a la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Habilidades (ANAPEC) en  Marruecos, que se encarga de preseleccionar al personal: mujeres, entre 18 y 44 años, madres,  con experiencia trabajando en el campo y preferiblemente viudas o divorciadas. Persiguen un  objetivo principal; garantizar el regreso a su país tras la campaña. 

Estas mujeres, además, suelen habitar en zonas rurales, son analfabetas y no hablan español ni  conocen sus derechos como trabajadoras. La presidenta de la Fédération des Ligues des Droits  des Femmes (FLDF) de Marruecos, Samira Mohaya, argumenta que estas características se  basan en los estereotipos de roles de género hacia las mujeres: delicadeza, sensibilidad,  carácter más apacible y obediencia. 

A algunas trabajadoras se les da un segundo contrato en español, sin copia traducida, al llegar  al destino. Como no comprenden el idioma, no saben qué están firmando. También hay  contratos que no especifican una fecha  límite, sino que están condicionados a la finalización de la campaña. Esto le otorga libertad al empresario para que pueda retornar a la mujer cuando quiera. A otras, denuncian desde la FLDF, se  les retira el pasaporte y sus maridos desde Marruecos inician procedimientos para quitarles la  custodia de sus hijos porque están ausentes. 

El descontento de jornaleros hondureños contratados para la campaña de la fresa no sorprende a los críticos con el sector

Sarah Babiker

Migración

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Las críticas de los primeros participantes en el plan piloto de contratación en Honduras y Ecuador para la campaña de la fresa, remiten al debate sobre la migración circular y sus efectos en el campo.

Mohaya insiste en que es necesario “realizar proyectos de sensibilización y formación a estas  mujeres, antes de partir, con todo lo que tenga que ver con su futuro trabajo en España:  contrato, horas, salario, en caso de conflicto saber a quién acudir... Y sobre los derechos de  extranjería españoles” porque “en Marruecos hay muchas creencias falsas”. Por ejemplo,  añade que muchas mujeres vienen embarazadas y creen que si dan a luz en el destino pueden  regularizarse. “Hay que mirar a las sociedades de origen y preguntarse qué posición ocupan  hombres y mujeres en los hogares y en las sociedades”.

No es solo el factor de género, sino la procedencia de estas mujeres, explica Carmen Vásquez, quien recuerda que con los contingentes de mujeres polacas y rumanas enfrentaban menos situaciones de abuso, al tener más facilidad para socializar y adaptarse. Estas mujeres protestaban más por las condiciones. Las mujeres marroquís provienen en muchos casos de entornos en los que enfrentan una socialización muy patriarcal, educadas para ser serviciales. Además no consumen alcohol, por lo que se las considera más cumplidoras en el trabajo.  

¿Donde viven las mujeres?

El motivo que impulsa a la mujer marroquí a migrar suele ser la falta de oportunidades en su  país porque carece de otras alternativas. Chadia Arab aclara que esta posición se encuentra  lejos de los objetivos masculinos, que parten de una decisión individual. Mientras que las  mujeres, con frecuencia, “lo hacen por estrategia familiar” y como un “proyecto colectivo”  para sustentar a sus seres queridos. 

La mayoría de las recolectoras viven en la propia finca del empresario que las contrata en  origen. Estos establecimientos están a kilómetros del centro urbano y carecen de líneas de  transporte. No pueden desplazarse, por lo tanto, se encuentran aisladas de la sociedad. “Les  obligan a que compren comida en la misma tienda de la empresa; el triple de caro que en el  supermercado”, declara Bassit. 

Desde que se contrataron a mujeres, se establecieron una serie de normativas en las fincas  que nunca se había implementado con varones. Por ejemplo, no salir por la noche si al día  siguiente se trabaja, la prohibición de hombres y de consumo de alcohol... Incluso, si los  incumplen, son amenazadas con castigos, como no laborar en la próxima jornada. Entonces,  no cobran ese día.  

“Hemos hecho de la alimentación un negocio donde se está permitiendo  mercadear con los cuerpos de la gente”

Este control que se ejerce fuera del trabajo está ligado al modelo de contratación en origen  porque los agricultores entienden que, como son sus viviendas, pueden regular el  comportamiento de sus trabajadoras. Cuando las trabajadoras van llegando al invernadero, una a una, son nombradas en una lista. Acto seguido, se les proporciona un contador que las acompaña el resto del día para indicar las  cajas que recogen. Pasadas unas seis horas y media, se lo entregan al manijero, y directamente  pasa a la oficina donde elaboran un registro de productividad. Al día siguiente, pueden verlo  en los comedores, en los aseos y en las pareces de la finca. Todas observan quién ha cogido  más y quién menos. “Es una manera de humillar al trabajador. No es legal, pero lo hacen la  mayoría de los empresarios”, afirma Bassit. “Hay agricultores que no dejan llevar agua encima,  en pleno verano bajo plástico, para que ‘la fruta no se moje’”. 

La abogada Pastora Filigrana y la Brigada feminista de observación sostienen en un informe  jurídico que el engaño que se ejerce en la contratación en origen es “una de las notas  características de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, particularmente  de mujeres”. Las condiciones de trabajo que firman no se corresponden con las que se  encuentran. Vienen con la intención de trabajar todos los días, por horas, durante la campaña, para después no poder hacerlo algunas jornadas. “Hemos hecho de la alimentación un negocio donde se está permitiendo  mercadear con los cuerpos de la gente”, concluyen.