Explotación laboral
Las ‘agustinas’ contra Dulcinea

María Dolores y Belén son dos de las ‘agustinas’ del Campo de Gibraltar. Y su historia no es la de una vanguardista obra de teatro que junta a la ficticia dama del Toboso con la histórica capitana de artillería de Zaragona. Aunque sí están viviendo una historia surrealista.

Son dos de las dieciséis trabajadoras del cuartel militar de Campamento (San Roque), en cuyas cocinas se abastece a otros cuatro acuartelamientos del Campo de Gibraltar. En total, unos 200 militares a los que alimentan a diario. Una tarea, encargada por contrato del Ministerio de Defensa a la empresa Dulcinea Nutrición, que en el último año ha estado llena de incidencias: retrasos en las nóminas, represión sindical, falta de abastecimiento, deficiencias en el servicio y finalmente impagos de los salarios y de la Seguridad Social. Aunque María Dolores Rodríguez, que es además delegada sindical de CGT, señala el verano como el peor periodo. “Falta total de mercancías. Hasta nos llamábamos entre nosotras para ver quien podía traer algo. Nos veíamos negras. Sin aceite, cebollas o pimientos. Ni para poner un refrito. Incluso cambiábamos el menú, cosa que no se había consentido nunca”.

“La respuesta de la ministra fue un correo de dos lineas diciendo que nos apoyaba y suerte”, lamenta María Dolores

A pesar de estos malabares hechos por las propias trabajadoras para mantener el servicio, Dulcinea les adeuda las nóminas de julio, agosto y septiembre. “Cada mes desde enero la fecha de cobro se iba retrasando y junio ha sido el último mes que cobramos”, explica Belén García, que comenta incluso que ha habido compañeras “que no han llegado a catar el sueldo”. “¿Contratas gente sabiendo que no vas a poder pagarles? Yo entiendo que si la cosa va mal vayamos al paro o lleguemos a un acuerdo pero no esto”. Por el camino, las trabajadoras se organizaron en el sindicato CGT, con el rechazo de la empresa. “Tuvimos que realizar las elecciones sindicales en la calle, con una carpa y las compañeras que salimos en la foto ese mes no cobramos”, denuncia María Dolores. Finalmente acudieron a la huelga en septiembre, y de nuevo las amenazas por parte de la empresa. “En la primera convocatoria lograron meternos el miedo, que era lo que querían, y la desconvocamos”, comenta la delegada de CGT.

La situación degeneró cuando el 1 de octubre Intendencia de Sevilla ordena el cierre total de las cocinas y niega el acceso a las trabajadoras a sus puestos de trabajo como consecuencia de una sanción a Dulcinea por no pagar su seguridad social. “Octubre, noviembre y diciembre hemos estado acudiendo al puesto de trabajo pero no podemos entrar en las cocinas. Al menos los militares nos hacen constar como que hemos acudido”, explica María Dolores, que reconoce el apoyo y estima demostrado hasta la fecha por los mandos y la tropa de su cuartel, que les preguntan cuándo van a volver.

Desesperadas, empezaron a dirigir sus quejas hacia el Ministerio de Defensa, la otra parte del contrato. “La ministra Margarita Robles nos llamó dos veces y nos dijo que poco podía hacer. Se le mandó documentación explicando el caso y la denuncia ante Inspección de Trabajo. Un correo de dos lineas de la ministra diciendo que nos apoyaba y suerte. Esa fue la respuesta” explica María Dolores, que se queja del “pasotismo de las administraciones, ya no con nosotras, sino con el propio ejército” y asegura que desde la marcha de las cocineras “la tropa esta comiendo muy mal”. El Salto Andalucía ha intentado recabar la posición del ministerio vía telefónica y telemática, sin respuesta. Tampoco obtuvo respuesta la pregunta parlamentaria que formularon los diputados de Unidas Podemos Noelia Vera y Juan Antonio Delgado el pasado 17 de septiembre. En ella se interpelaba al gobierno a tomar medidas, en caso de que no se hubiera hecho, “para solucionar los graves problemas laborales” que sufrían las trabajadoras. Y se situaba al gobierno como “responsable subsidiario”. La pregunta caducó ante el fin abrupto de la legislatura fallida.

Finalmente, y sin mediar comunicación, Dulcinea Nutrición cesaba la vinculación laboral el 13 de diciembre, a escasos días de la Nochebuena, y sin pagarles las nóminas pendientes. “No nos han mandado los papeles bien y el paro va a ser difícil”, lamenta Belén. Aseguran estar pasando las fechas navideñas “malamente” y sobreviviendo con el apoyo de familiares. Su caso ha despertado una ola de solidaridad en la comarca y afirman sentirse muy apoyadas por los movimientos sociales de la zona, que las han bautizado como “las agustinas, heroínas de cazuelas y pucheros” por su resistencia ante la problemática laboral que viven. Además la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, les donó el montante total de sus dietas no utilizadas durante su permiso de maternidad. Un fondo que han venido utilizando para “mantener activa la protesta” y apoyos puntuales a algunos de los casos más desesperados.

A pesar de prologarse en el tiempo el conflicto y de saltar a los medios de comunicación, con la repercusión en su reputación, las trabajadoras denuncian que la empresa continúa desaparecida. “Nada de nada. Ni responde correos ni llamadas telefónicas. Hay días que me he pasado todo el horario de oficina llamando. Incluso burofax. Nada”, comenta María Dolores, que explica que tampoco se han presentado a los requerimientos de la Inspección de Trabajo. El Salto Andalucía ha contactado con Dulcinea Nutrición vía telefónica y telemática, para intentar recabar la posición de la sociedad, sin ser posible hablar con ningún directivo o portavoz.

Conexión con la familia Franco

Dulcinea Nutrición es un contratista frecuente del Ministerio de Defensa. Así consta en el portal de transparencia de la Administración General del Estado. El último contrato publicado por el Ministerio con la empresa es tan solo de mayo de este año. Desde 2016, empresa e institución han firmado 29 contratos además de figurar en dos acuerdos marco con el Ejército de Tierra.

Ubicada en Puertollano (Ciudad Real), la empresa tiene tres accionistas principales, tres empresas a su vez: Eurocirtersur, Nueva Herradura Siglo XXI y Domarma 3, como puede consultarte a través del portal de información empresarial eInforma. Esta última posee el 20% de Dulcinea Nutrición. 

Entre 2009 y 2015 la empresa estuvo dirigida directamente por el bisnieto de Franco, Jaime Ardid

De esta sociedad la administradora única es María de la O Martínez Bordiu Franco, nieta del dictador Francisco Franco. También figuran como apoderados sus hijos gemelos, dos de los doce bisnietos de los Franco, Jaime y Francisco de Borja Ardid Martínez Bordiu. La vinculación con el legado de su bisabuelo no es solo por apellido. El primero de ellos, Jaime, se casó en 2005 en el Pazo de Meirás. Finca cedida irregularmente a manos privadas de la familia Franco y sobre la que pesa la histórica reivindicación de devolución al pueblo gallego, una posición unánime en el Parlamento de Galicia.

Pero Dulcinea Nutrición no es una más de las muchas conexiones empresariales de la familia Franco. Entre 2009 y 2015 la empresa estuvo dirigida directamente por el bisnieto de Franco, Jaime Ardid. Así figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Entre noviembre de 2009 hasta diciembre de 2015 Ardid Martínez-Bordiu figura como consejero de Dulcinea Nutrición. El cese no se debió a una desvinculación de la familia Franco con la empresa, sino a un cambio en el órgano de administración de la entidad, de Consejo de Administración a Administrador Único.

De hecho, aunque no consta el nombramiento, a fecha 17 de julio de 2018 figura en el BORME cese como consejero y presidente de Dulcinea Nutrición el hermano gemelo de Jaime Ardid, Francisco de Borja Ardid.

Aunque el Ministerio de Defensa no es el único que ha contratado los servicios de Dulcinea. Las cafeterías y el bar-restaurante del complejo de la Moncloa, responsabilidad del Ministerio de la Presidencia, fueron adjudicadas a Dulcinea Nutrición en un contrato por valor de 1.752.000 el 6 de julio de 2017. Y también aquí la empresa tiene un conflicto laboral con sus trabajadores y ha tenido serios problemas para prestar el servicio.

Una trabajadora de la cafetería de la Moncloa, que prefiere mantener su anonimato, lo explica a El Salto Andalucía. “Dejamos de cobrar en agosto, hemos estado trabajando hasta el último día, 9 de diciembre, y nos vamos a meter en marzo sin cobrar seguramente”, lamenta, ya que como a las trabajadoras del Campo de Gibraltar, Dulcinea Nutrición no les ha entregado una carta de despido, sino un certificado de subrogación, que no da acceso inmediato a la prestación por desempleo y les obligará a recurrir a los tribunales, pero ahorra a la empresa el finiquito.

Pero además del impago de nóminas y el despido en malas condiciones, el servicio en la Moncloa también se ha visto afectado. Esta trabajadora denuncia que en todos estos meses la empresa solo ingresó al encargado dos adelantos de 400 euros para proveer de materias primas a los distintos servicios, lo que obligó a “quitar el datáfono y utilizar lo que se hacía de caja para pagar a los distribuidores, porque si no cobraban se llevaban el género”.

Los contratos de Dulcinea Nutrición en Moncloa, el CETI de Ceuta y el centro de acogida de Málaga han sido rescindidos por incumplimiento de la empresa

“El ministerio se tendría que haber mojado más, haber seguido más los pliegos. Con que no nos paguen ya los incumplen y sabían que llevábamos desde agosto sin cobrar. Hemos aguantado muchos meses, estando mal, hemos terminado tocados de la salud, con ansiedad. Tendrían que haber acelerado las cosas” se queja esta trabajadora, que junto con sus 35 compañeros acudirá a los tribunales tanto contra la empresa como contra el ministerio. Una reivindicación en la que están siendo apoyados por CCOO Madrid que justicia la denuncia hacia el ministerio “por su falta de vigilancia y porque quiere contratar un catering externo para sustituir a los despedidos”, si bien el contrato ya ha sido rescindido.

También han sido rescindidos por incumplimiento en los últimos meses los contratos que tenía Dulcinea Nutrición en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Ceuta y en el Centro Municipal de Acogida de Málaga. Además, el programa de Alberto Chicote dedicado a investigar la calidad alimentaria de diferentes establecimientos públicos detectó un incumplimiento del pliego de condiciones en el cuartel de Camposoto (San Fernando), también gestionado por Dulcinea Nutrición, y cuyos trabajadores se encuentran en la misma situación que las del Campo de Gibraltar.

El ejército, en venta

Pero las cocinas y las cantinas no son un caso aislado. Mantenimiento de equipos, alquiler de vehículos e incluso la seguridad de los cuarteles son servicios subcontratados por el Ministerio de Defensa a empresas externas. Eva Sempere, de Unidas Podemos, ha sido una de las diputadas que ha puesto la lupa sobre estos contratos en la pasada legislatura. “Forma parte de una estrategia privatizadora” explica la exdiputada. Sempere analiza que esta afecta de forma más evidente a servicios “invisibles” y que lejos del abaratamiento económico detrás se sitúa “trocear el Estado y repartirlo entre cuatro”. “Es un drama que por una parte se esté expulsando a la tropa mayor de 45 años y por otra le quitamos carga laboral a unidades del ejército, como no hay carga las vamos cerrando, para luego entrar en acción la empresa privada”.

Sempere (Unidas Podemos) denuncia “un desmontaje de derechos y un saqueamiento constante de lo público” en el ejército

Sempere hace referencia a la situación de los soldados que cumplidos los 45 años son despedidos del ejército. Jenner López, presidente de este colectivo en cuya situación están 50.000 personas considera que se trata de una “lacra para el ejército” y una “injusticia” para la tropa afectada. “A nosotros se nos expulsa poniéndonos un limite de edad, diciéndonos que ya no servimos, y por otro lado se subcontratan empresas a las cuales no se les impone ningún limite de edad para sus trabajadores. No le encontramos la lógica” explica López. Esto provoca, en opinión de Sempere, “un desmontaje de derechos y un saqueamiento constante de lo público”. “Nos podemos encontrar con gente de 45 años que se van fuera del ejército y al día siguiente pueden volver a entrar con una subcontrata. Eso sí, con menos derechos. Además estamos formando profesionales para que luego la privada se lleve los beneficios”. López pone como ejemplo de esta situación a la especialidad de mecánica. “¿Cuántos mecánicos conoces que se jubilen a los 45?”. Y denuncia que los contratos con empresas externas hacen que el mantenimiento de equipos solo pueda ejercerlo personal de la subcontrata, lo que deja a los mecánicos del ejército sin competencias.

En agosto de este año Sempere reclamaba al gobierno los contratos de mantenimiento de la Armada Española a la empresa Navantia entre 2015 y 2019. Por las mismas fechas la diputada denunciaba en una pregunta escrita hasta tres incendios en barcos militares en lo que iba de año. Ambos requerimientos quedaron sin respuesta. Unos datos que Sempere reclamaba para comprobar “hasta que punto los negocios de los contratos de mantenimiento están poniendo en riesgo la integridad fisica, ver si habia aumentado, sospechamos que si, la siniestralidad y accidentalidad laboral”. Lo cierto es que Navantia es otro de los contratistas frecuentes de Defensa. Hasta 164 contratos menores y acuerdos de diversa índole con el ministerio desde diciembre de 2013 figuran en el portal de transparencia de la Administración del Estado.

En el Campo de Gibraltar, la lucha de las ‘agustinas’ está lejos de terminar. “Yo no sé de dónde nace esto que no se hace nada” lamenta María Dolores Rodríguez, que se sorprende de que la problemática no estallase antes. A fecha de publicación de este artículo, no consta a El Salto Andalucía rescisión del contrato entre Defensa y Dulcinea relativo a los cuarteles militares de la comarca. Para Sempere, la vinculación de la empresa con los Franco no es casual. “Todavía existe ese franquismo estructural que sigue teniendo muy buenas relaciones y acceso a información para los mejores contratos”, aunque reconoce las dificultades para rastrear esas vinculaciones y reclama “un mínimo de buenas practicas, si una empresa no esta pagando a sus trabajadores no se les puede dar más contratos”.

Sorprendentemente, desde la recóndita comarca más al sur de la península, no con cañones sino con cazuelas, estas particulares ‘agustinas’ han logrado con la lucha por sus derechos poner en el mapa el desmantelamiento actual de uno de los ejércitos más antiguos, y otrora grandes, del mundo.