Bolivia
El golpe anunciado que Evo Morales no supo prever (I)

Hace solo unas pocas semanas muchos analistas de la realidad política y social latinoamericana coincidían en que el nuevo ciclo de gobiernos neoliberales iniciado en los últimos años no terminaba de cuajar.

Evo Morales posiblemente también lo viera así. Sabía que su Gobierno, que en enero de 2020 hubiera cumplido 14 años, era el único de los gobiernos progresistas de la región que no había caído derrotado ni en las urnas como el de Argentina y El Salvador; ni por obra de golpes ‘blandos’ como los de Honduras y Paraguay; ni por impeachment o juicios manipulados como los de Brasil, ni tampoco estaba cercado económica y políticamente como Venezuela.

Era el único también que había conseguido mantener un ritmo continuado de crecimiento de casi el 5% anual a pesar de la caída de las materias primas, aunque esto fuera manteniendo y ampliando incluso un sistema extractivista, de explotación especialmente del gas, petróleo, plata, cobre, zinc. Bolivia tiene también las mayores reservas mundiales de litio —fundamental para la producción de baterías de coches eléctricos—, principalmente en el desierto salado de Uyuni y en los salares de Coipasa y de Pastos Grandes.

Morales utilizó esa mayor explotación de los recursos naturales para reducir drásticamente los índices de pobreza, de malnutrición, los problemas de salud, para acabar con el analfabetismo —reconocido por la UNESCO—, para mejorar decisivamente la distribución de la riqueza, para construir hospitales, escuelas e infraestructuras, especialmente en las tradicionalmente abandonadas zonas rurales. Estos hechos fueron reconocidos por la propia CEPAL, el FMI y el Banco Mundial.

Su Gobierno mejoró sustancialmente la vida de las mayorías sociales blindando constitucionalmente los derechos de indígenas y campesinos e hizo que el Estado asumiera el control estatal sobre los hidrocarburos y sectores estratégicos.

Por todo ello, tras más de 13 años de importantes cambios sociales sentía que su Gobierno estaba totalmente arropado, blindado.

Evo se sintió arropado en 2019 por las nuevas movilizaciones sociales en la región

El clima social en América Latina y el Caribe parecía favorecerle en 2019. El ciclo neoconservador se estancaba y algunos vaticinaban que podía empezar a retroceder. En octubre pasado las protestas sociales se masificaron contra los gobiernos de Lenin Moreno en Ecuador, contra el de Sebastián Piñera en Chile, el de Jovenel Möise en Haití; las movilizaciones se ampliaron en Honduras contra Juan Orlando Hernández o en Panamá contra el flamante presidente Laurentino Cortizo.

La brutal represión con la que en la mayoría de estos casos respondieron esos regímenes —22 muertos, 2.000 heridos y 5.000 detenidos en Chile; ocho muertos, 1.300 heridos y casi 1.200 detenidos en Ecuador; 35 muertos en Haití; dos en Honduras— no logró doblegar esas luchas populares.

Todo parecía indicar que el trabajo de años desde abajo de los movimientos sociales estallaba de nuevo frente al neoliberalismo depredador que había logrado ir arrollando en los últimos años a la mayoría de los gobiernos progresistas que hegemonizaron América Latina y el Caribe desde fines del siglo pasado. A partir del primer triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998.

Pero ninguno de estos ciclos es lineal y una vez más se impone la tantas veces confirmada frase de Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.

“No supimos entender las señales. Había un plan previamente establecido”, declaraba García Linera desde México 

Ni Evo Morales ni su fiel presidente, Álvaro García Linera, parecían ver los monstruos que se avecinaban. “No supimos entender las señales. Había un plan previamente establecido”, declaraba estos días a eldiario.es desde México.

García Linera se refería fundamentalmente a los hechos producidos en las semanas previas a las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Sin embargo, todo había comenzado mucho antes, años antes. Las advertencias estaban ahí.

Evo Morales se convirtió en enero de 2006 en el primer presidente indígena de Bolivia por mayoría absoluta. Obtuvo el 54% de los votos en las elecciones de 2005, y en 2008 superó un referéndum revocatorio con un 67% de los votos.

Ese mismo año se eligió una Asamblea Constituyente que redactó una nueva y garantista Constitución, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Morales y su partido tuvieron duros choques con la oposición parlamentaria de derecha al debatir muchos de sus artículos.

Entre otras muchas medidas de peso en la nueva Carta Magna el catolicismo dejó de ser religión oficial, se estableció la libertad de culto, lo que le valió grandes enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica. Por ello, los golpistas al irrumpir estos días violentamente en el palacio presidencial lo hicieron al grito de “la Biblia ha vuelto al Palacio Quemado”.

Como sucedió en Brasil con Jair Bolsonaro, el fundamentalismo religioso de católicos y sobre todo de evangelistas, se ha convertido en una seña de identidad y arma de estas fuerzas ultras para ganar apoyo popular.

Morales no consiguió que en la nueva Constitución de 2009 se permitiera la elección indefinida del presidente, solo podría tener dos mandatos consecutivos. A pesar de ello, en 2013 Evo Morales sí se presentó nuevamente. Aunque la oposición denunció como inconstitucional su candidatura el presidente consiguió que la Justicia avalara su argumento para hacerlo: había una nueva Constitución, la de 2009, y por lo tanto debía considerarse que la cuenta empezaba de nuevo desde cero. Se postulaba por lo tanto como candidato... para un primer mandato. Los dos anteriores no contaban. 

Y consiguió que el Tribunal Constitucional Plurinacional apoyara su argumento. Fue así que Evo Morales comenzó su tercer mandato entre la ira de la oposición.

Y para asegurarse luego la posibilidad de presentarse a otro mandato más, convocó en 2016 a un referéndum nacional para que los bolivianos aceptaran modificar un artículo de la Constitución, el 168, para que le permitiera postularse indefinidamente. Según su particular cuenta y la del Constitucional ese sería solo el segundo.

El referéndum tuvo lugar, pero la movilización de la oposición que por fin después de años encontró un punto de unidad le cortó el paso. El ‘no’ a esa reforma obtuvo la mayoría, el 51,3%. Sin embargo, Morales volvió a apelar al Constitucional, haciendo valer en esa ocasión que había una legislación superior a la propia Constitución boliviana, la legislación internacional, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece “el derecho del presidente a ser elegido y del pueblo a elegirlo”.

Aunque muchos hoy se escandalicen, fue la vía que en 2003 utilizó también Oscar Arias en Costa Rica, Daniel Ortega en Nicaragua en 2014 y Juan Orlando Hernández en Honduras en 2015, mandatarios de distinto signo ideológico.

Solo la eterna división interna de la oposición —en cada elección que ganó Evo Morales se enfrentó a líderes opositores distintos— explican que ese tipo de reiteradas ‘interpretaciones’ jurídicas no dieran lugar a graves crisis.

Durante años se produjeron reiteradas advertencias que Evo no supo ver

En 2017 hubo otra advertencia al Gobierno de Morales y García Linera. El 3 de diciembre de ese año se celebró un referéndum para elegir a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura. La oposición pidió a sus seguidores que boicotearan ese plebiscito, llamando al voto nulo.

Y el voto nulo superó el 50% y el voto en blanco el 17%. El presidente consiguió poco más del 30%. La oposición, aún sumamente fragmentada, se unía para acciones concretas. Pero la gota que rebasó el vaso fueron las últimas elecciones, las del pasado 20 de octubre.

Los adelantos del recuento que se fueron conociendo durante esa jornada permitían prever que los resultados electorales serían muy ajustados entre los dos candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, y que haría falta ir a una segunda vuelta.

Este nuevo líder de la oposición es un personaje contradictorio, ambiguo, periodista, escritor, al que el propio Gobierno de Morales le encomendó en 2014 representar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para conseguir una salida al mar a través de Chile.

Mesa, que fue presidente entre 2003 y 2005, llegó a anunciar en octubre de 2018 que se volvería a presentar como candidato para las elecciones de 2019 pero esta vez por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). El FRI es una organización de origen maoísta que ya en ese momento poco tenía que ver con los ideales de Mao. El nombre de esta organización hizo confundir a muchos sobre el perfil real de este personaje.

El FRI terminó rompiendo con Mesa y este se presentó finalmente a las elecciones del 20 de octubre pasado como candidato de una plataforma variopinta, Comunidad Ciudadana.

Audios interceptados muestran la complicidad de militares retirados y senadores republicanos ultras

Semanas antes del 20 de octubre ya parecía claro que la estrategia tanto de la oposición parlamentaria como de las fuerzas ultras y violentas agrupadas en los Comités Cívicos de Santa Cruz, Potosí y otras ciudades, era no reconocer los resultados electorales si estos daban un triunfo a Evo Morales.

Este plan, tal como se pudo comprobar por una serie de 16 audios interceptados a los golpistas  y como era de prever, contaban desde hacía mucho tiempo con el aliento y complicidad de la embajada de EE UU en Bolivia y de senadores republicanos ultraderechistas cubano-estadounidenses como Marco Rubio y Ted Cruz, y de la propia Casa Blanca.

Evo Morales llegó a mencionar semanas antes de que se ejecutara el golpe que su Gobierno tenía constancia de que se fraguaba un golpe de Estado e hizo alusión incluso a la existencia de esos audios interceptados.

El día de las elecciones, cuando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, dio a conocer el primer recuento del 83% del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), parecía claro que haría falta una segunda vuelta. Aunque Morales aparecía con un 45% de los votos y Mesa con el 38% no era suficiente diferencia para ganar en primera vuelta.

El TREP es un sistema de conteo rápido cofinanciado por la UE que utiliza no las actas originales sino las fotografías de ellas enviadas desde las mesas de votación, todos daban por seguro que sería necesaria una segunda vuelta. En la misma noche electoral la presidenta del TSE dio a conocer que se suspendía el recuento rápido porque el TSE ya contaba con las actas originales y empezaría el recuento definitivo.

Errores en la gestión del recuento que sirvieron de coartada final a los golpistas

Con todo el país expectante en la finalización esa misma noche del recuento rápido esa decisión provocó extrañeza y sirvió a la oposición para denunciar inmediatamente que se estaba frente a un fraude electoral. El lunes 21 la oposición logró movilizar a miles de personas que tomaron las calles y el TSE, tras 23 horas de parón en el recuento del sistema TREP sí aceptó seguir dando datos de ese sistema de conteo rápido, a pesar de que el Tribunal Electoral ya estaba haciendo el recuento definitivo. Esos movimientos contradictorios del TSE resultaron para muchos aún más sospechosos cuando se anunció que con el 95% de los votos escrutados Evo Morales parecía como el claro ganador en primera vuelta.

Los observadores de la UE dijeron que interrupción inesperada del conteo durante 23 horas suscitaba “serias preocupaciones” y los observadores de la OEA denunciaban “un cambio inexplicable de tendencia” que generaba desconfianza en el escrutinio.

Los gobiernos de Trump, Bolsonaro y Macri se unieron a las denuncias, mientras proliferaban las fake news en las redes asegurando que se habían encontrado por doquier supuestas papeletas y actas manipuladas. Sin esperar a los resultados definitivos, Evo se reivindicó el ganador de las elecciones, lo que provocó aún más ira.

Cuando se conocieron días después los resultados definitivos, y con la calle ya en constante ebullición, Morales apareció con una ventaja del 10,57% sobre Carlos Mesa, 47,08% frente a un 36,51%, lo que hacía innecesaria una segunda vuelta. Fue Mesa entonces quien acusó al presidente de protagonizar un golpe de Estado.

Fue la coartada definitiva que usaron los golpistas para generalizar las protestas en las grandes ciudades y desatar con gran violencia su racismo y odio de clase.

Morales denunció que ya estaba en marcha el golpe de Estado que venía anunciando y llamó a sus fieles a movilizarse para defender al Gobierno, lo que dio lugar a enfrentamientos callejeros violentos entre militantes y simpatizantes del MAS y las fuerzas más ultras de la oposición.

La policía, que se amotinó en apoyo a la oposición y vergonzosamente se quitó de su uniforme las whipalas —emblema indígena—, fue por ello objeto de ataques de los partidarios del Gobierno, y al verse rebasada decidió pedir el apoyo de las fuerzas armadas, pasando ambas a patrullar y operar conjuntamente.

La oposición ya no escuchaba la convocatoria de Morales para discutir la crisis desatada; había encontrado su excusa para aglutinarse y acabar con el presidente indígena y con todos los logros que había conseguido durante los últimos trece años para los campesinos e indígenas del país más pobre de Sudamérica.

Solo querían su renuncia y recuperar cuanto antes sus privilegios perdidos.

Aún en ese momento Morales no decidía dar marcha atrás. Pidió inexplicablemente una auditoría a la OEA, un organismo de tradición pro imperialista —EE UU forma parte de ella y la utiliza— que ha sido punta de lanza del acoso a Venezuela desde hace años y que ha permitido que ese país sea representado en su seno por el golpista Juan Guaidó.

Tal como era de prever, la OEA expuso una serie de supuestas irregularidades —con nula precisión técnica— por lo que recomendaba la convocatoria de nuevas elecciones.

Solo en ese momento, cuando varias ciudades ya estaban en llamas, Morales aceptó esa recomendación, anunció su renuncia y propuso la convocatoria de nuevas elecciones.

Ya era tarde, los sectores más duros de la oposición y organizaciones derechistas y supremacistas generalizaron el caos, arrasaron edificios gubernamentales, la propia vivienda de Evo Morales, secuestraron a familiares de ministros, quemaron whipalas y todo símbolo de la revolución boliviana que llegó al poder en 2006. El odio de clase se hizo evidente.

Uno de los personajes que a pesar de no haber sido candidato en las elecciones tomó protagonismo y repercusión mediática en estas acciones vandálicas, blandiendo el cóctel molotov y la pistola en una mano y en la otra la Biblia, fue el empresario racista y fundamentalista Luis Fernando Camacho.

Líder del Comité Cívico de Santa Cruz —que promovió hace años violentamente la separación de esa rica región boliviana— es miembro también de la logia ultra Los Caballeros de Oriente. Es miembro del clan Camacho, con intereses en la industria gasística, y que resultó afectado por la nacionalización de los hidrocarburos.

Camacho apareció en el balcón del Palacio Quemado y también en rueda de prensa junto a la derechista y fundamentalista cristiana Jeanine Añez, vicepresidenta del Senado, que se autoerigió ilegalmente en presidenta interina al estilo de Juan Guaidó en Venezuela.

Estos y otros sectores ultras y racistas que siempre estuvieron ahí hostigando a la revolución intentan hacerse con el control del golpe ya consumado y marcar a los partidos de la oposición el rumbo a seguir.

A pesar de que Añez dijo que su cargo era interino hasta la realización de nuevas elecciones, se ha dotado ya de un equipo de gobierno ultraconservador y de una nueva cúpula militar, y previsiblemente mantendrá el hostigamiento y persecución a cargos del Gobierno de Evo, a parlamentarios y cargos del MAS, e intentará sofocar por la fuerza todo intento de resistencia popular en aras de ‘la seguridad nacional’.

EE UU, Brasil, la UE y Rusia reconocieron el ilegítimo gobierno ultra liderado por Jeanine Áñez

El esperpéntico Gobierno de esta senadora ultraderechista ha sido reconocido rápidamente por la Administración Trump, por gobiernos como los de Brasil, Guatemala o Colombia, por la OEA, y vergonzosamente también por la Unión Europea. En la UE no hubo consenso para denunciar la situación en Bolivia como golpe de Estado. Por su parte Rusia, si bien habló de golpe de Estado, decidió reconocer a Añez como “presidenta interina”.

Se abre un periodo incierto para Bolivia y su revolución y la actitud pasiva —cuando no cómplice— de la llamada ‘comunidad internacional’ no ayuda a alejar el fantasma de una guerra civil.

Es necesario para la izquierda reflexionar sobre las varias irregularidades legales que en estos años ayudaron a alimentar a la oposición y cuyas consecuencias golpistas Evo Morales y García Linera no llegaron a prever, y una vez desatado no pudieron frenar.

También es necesario analizar por qué al llamamiento de Evo Morales contra el golpe de Estado acudieron miles de seguidores pero no cientos de miles como hubo en Venezuela en abril de 2002 ante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, o como ese más de un millón de personas que se manifestó en Chile en octubre pasado contra el Gobierno de Piñera.

(Continuará)