Aborto
El aborto bajo los ‘gobiernos del cambio’ de América Latina y el Caribe (II)

Para Estados Unidos y sus aliados, para el 'orden establecido' de siempre, la llegada al poder de Hugo Chávez —en 1998—, Evo Morales —2006— y Rafael Correa —2007— suponía la instauración de un 'Eje del Mal' latinoamericano, un preocupante balón de oxígeno para la acosada Cuba. Otra vez el 'patio trasero' de Estados Unidos se atrevía a rebelarse.

Esos temores de la derecha y los grandes poderes se vieron confirmados; los tres gobiernos convocaron y ganaron referendos para cambiar sus Constituciones, sus modelos de Estado, poniendo en pie Asambleas Constituyentes a las que se incorporaron por primera vez indígenas, campesinos y movimientos sociales.

Fueron muchos los cambios, las reformas que impulsaron estos nuevos mandatarios. Aún sin llegar a cuestionar realmente el modelo productivo y extractivista, comenzaron a trabajar para las mayorías sociales, implantando —al menos inicialmente— una nueva forma de distribución de la riqueza.

Millones de personas se beneficiaron de esa nueva realidad. La mujer latinoamericana también logró significativos avances en el reconocimiento de sus derechos. A pesar de que no fue hasta 2001 cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) creara la Unidad Mujer y Desarrollo para verificar estadísticamente el control de los avances en materia de igualdad de género, hay coincidencia en los organismos competentes en que en las últimas dos décadas, y coincidiendo con la celebración de la Conferencia de Beijing de 1995 y la posterior irrupción en escena de gobiernos 'del cambio', la mujer obtuvo cambios sustanciales especialmente en el ámbito educativo y en su presencia en parlamentos regionales y nacionales.

El propio Banco Mundial reconocía en un escrito, en marzo pasado con motivo del Día de la Mujer, los cambios producidos: “La región ha achicado la brecha de género en educación y participación laboral”. Sin embargo, sostenía que se trataba de una “revolución estancada” . “La violencia contra la mujer, la desigualdad salarial y las altas tasas de embarazo adolescente deslucen los avances”.

En un importante trabajo sobre el tema de la profesoras Susana Ruiz Seisdedos —de la Universidad de Jaén— y Petra Bonometti —de la Ong Madre Coraje, de Perú—, publicado en 2010  documentaban ampliamente los avances conseguidos en una región donde la discriminación de género, decían, “viene marcada por cuestiones tales como la religión, unos persistentes valores culturales asentados en ideas machistas y de sumisión de la mujer, la pobreza y los enclaves multiétnicos”. 

Ambas autoras sostenían en su trabajo que los innegables avances existentes en educación y vida laboral, política y parlamentaria, no se reflejaron en una disminución real de la violencia de género ni hubo cambios drásticos en la práctica al derecho de la mujer sobre su salud reproductiva y su vida sexual. En su informe resaltaban que, “en el ámbito reproductivo, el acceso al uso de los anticonceptivos es notable pero, a pesar de ello, la maternidad temprana ha aumentado, especialmente en las clases más bajas, rurales, índígenas”, e, igualmente, “el número de mujeres infectadas por el VIH/sida, muchas de ellas contagiadas por su pareja única y estable”.

Más de la mitad de los países con mayor tasa de femicidios están en América Latina y el Caribe

En diciembre de 2017, ONU Mujeres recordaba en un informe: “Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio están en América latina y Caribe, y se estima que a una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia de acuerdo con la OMS [Organización Mundial de la Salud]”.

Tomando datos de la OMS de 2013 y del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres daba este dato alarmante: “La región presenta la mayor tasa de violencia sexual fuera de la pareja o ex pareja a nivel global y la segunda mayor tasa de violencia por parte de la pareja o ex pareja. Otros datos revelan que tres de los diez países del mundo con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe”.

A pesar de que todos los países latinoamericanos firmaron la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 1994 al igual que son firmantes de tratados como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros que garantizan el derecho sobre el propio cuerpo, la aplicación nacional de los mismos dista mucho de respetar sus principios en buena parte de los países.

En el trabajo antes citado de Ruiz y Bonometti, ambas profesoras sostenían que precisamente esos altísimos índices de violaciones y de violencia de género, tanto en el interior como exterior de la pareja, justificaba aún más la necesidad de legalizar el aborto en la región. “El derecho al aborto supone dar a las mujeres la posibilidad de decisión sobre su vida personal y profesional”.

Las feministas venezolanas influyeron decisivamente en los avances legislativos conseguidos por las mujeres pero hay muchos problemas a la hora de aplicar las nuevas normas

La llegada a la región de gobiernos de izquierda o progresistas de mayor o menor radicalidad influyó y alentó, sin duda, las luchas del movimiento feminista y el llamado feminismo popular presionó e influyó a su vez sobre esos gobiernos y se extendió por buena parte del subcontinente americano en pocos años.

En un seminario con numerosas panelistas feministas latinoamericanas, Feminismos Populares y Políticas de la Izquierda Latinoamericana, la venezolana Alba Carosio, veterana feminista, profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, sostenía que “los ascensos de la izquierda al poder recogen las banderas de lucha de los movimientos sociales y de mujeres”.

“Hay presidentes latinoamericanos —Chávez, Correa, Evo— que se han declarado 'feministas'. Y se han desarrollado consignas como: 'Sin feminismo no hay socialismo', 'Socialismo Feminista', 'Sin despatriarcalización no hay descolonización'”.

“Hoy tenemos un feminismo popular que aportó el concepto de despatriarcalización —sostenía Carosio—, que amplió el horizonte político, pero que también tiene desafíos para lograr que su voz sea oída y se concreten las utopías máximas. Porque en el Estado aún existe una matriz patriarca, y estructuras jerárquicas que dirigen las agendas feministas. Hay mucho que hacer todavía para que esa construcción sea no solo impulso sino parte del programa político de los gobiernos de la izquierda”.

El feminismo radical de Venezuela, representado fundamentalmente por la Araña Feminista —colectivo de numerosas organizaciones feministas de izquierda— ha formado parte desde su creación, en marzo de 2010, del proceso bolivariano, como buena parte de los movimientos sociales que ya existían anteriormente en ese país.

La Araña Feminista ha sido clave en incluir las reivindicaciones de las mujeres en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores; en la inclusión de Comités de Igualdad y Equidad de Género en el seno de los Consejos Comunales, y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, a la que en 2014 se le añadió el delito de feminicidio y el de inducción al suicidio. Son 19 los delitos contra la mujer especificados en esa ley.

A pesar de esos avances indudables, una feminista como la venezolana Gioconda Mota, advertía en una entrevista en Alba TV en diciembre de 2017: “Ha habido un cuerpo de conquistas legislativas que han centrado en buena parte muchas de las reivindicaciones del movimiento de mujeres, de la organización feminista. Pero no significa que necesariamente todas estas conquistas legislativas sean hechos reales en la vida concreta de las mujeres”. “Lo que tenemos en el país es un severo problema de implementación de políticas públicas”.

Gioconda Mota, licenciada en Educación Integral y profesora de Producción Audiovisual y Análisis crítico de Medios desde una Perspectiva Feminista y de Género, sostenía que uno de los factores que inciden negativamente en la aplicación de las normas legislativas aprobadas era la temporalidad en el cargo de los ministros y en las diferencias personales existentes en la gestión: “A veces tienes ministras o ministros que no pasan de tres, cuatro, seis meses”. “En algún momento pareciera que las políticas públicas estuvieran en manos de unos decisores u otros, de unas decisoras u otras”.

Ponía por ejemplo el “incremento abrumador de la mortalidad materna”. “En este momento podemos considerar que es una situación de emergencia nacional, aunque no se le ha dado ese carácter visible de situación de emergencia y, por ende, las acciones en consecuencia”.

Según Gioconda Mota, cinco mujeres mueren diariamente en Venezuela durante el parto y las semanas posteriores, “especialmente en los centros públicos de salud, porque más del 80% de los partos en nuestro país se atienden en los centros públicos de salud”. Mota decía que hay “violencia obstétrica en la atención” y que no se investigan como se debieran los muchos casos que terminan en muerte.

En un artículo publicado sobre el aborto en la revista venezolana Desafíos, Mota sostenía: “La revolución bolivarina ha puesto énfasis en ser una revolución con rostro mujer. Entonces, ¿por qué este tema permanece en el clóset? ¿por qué año tras año el movimiento feminista solicita abrir este debate y realizar los respectivos cambios legislativos y luego que pasa la efeméride del 28 de septiembre [Día Mundial por la Despenalización del Aborto] nada ocurre?”.

El feminismo radical venezolano considera totalmente incoherente que el gobierno bolivariano mantenga después de 20 años en el poder artículos en el Código Penal —artículos 430 y 431— que prevén penas de seis meses a dos años de cárcel para la mujer que aborte y penas de entre 12 y 30 meses para quien la ayude a provocarlo.

En 2005, cuando Hugo Chávez llevaba ya siete años en el poder, se aprobó una reforma del Código Penal, pero no hubo acuerdo para que entre los cambios se incluyera la despenalización del aborto tal como reclamaba Inamujer y el Movimiento Amplio de Mujeres.

En 2014 hubo una propuesta para debatir en la Asamblea Nacional la despenalización y legalización del aborto, pero no prosperó. La oposición de derecha y la jerarquía de la Iglesia católica lanzaron una campaña contra la ley e incluso sectores chavistas se opusieron a que se debatiera.

A pesar de ello la Araña Feminista redobló durante 2018 su campaña, estimulada además por el debate en Argentina, y consiguió en junio pasado que se le aceptara presentar su propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente —a la que la oposición no le reconoce poderes legislativos—.

El hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida por un peso pesado del chavismo, Diosdado Cabello, esté ahora controlada totalmente por parlamentarios pro gubernamentales, ha dejado el balón sobre el tejado de Nicolás Maduro, inmerso actualmente en la peor crisis de su mandato y con otras prioridades.

La mesa de la ANC debe decidir ahora si acepta incluir este debate durante las sesiones de 2018.

“Bolivia amplió en 2017 las causales para llevar a cabo un aborto legalmente pero un mes después Evo Morales dio marcha atrás por la presión de la Iglesia y la oposición”

El caso de Bolivia es muy particular. Evo Morales, que llegó a la presidencia en 2006, hizo sus primeras declaraciones en relación al aborto siete años después, en 2013, a raíz de que Patricia Mancillla, diputada de su mismo partido —el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS)— desatara la polémica al interponer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una denuncia de inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal que penalizan el aborto.

Según los artículos 263 y 266 del Código Penal de 1973, una mujer que abortara voluntariamente podría ser encarcelada de uno a tres años y de uno a seis años la persona que la ayudara. Solo se podría obtener una autorización judicial para abortar en caso de “violación, estupro, incesto o rapto no seguido de matrimonio”.

Ante aquella polémica abierta, Evo Morales declaró en 2013: “No soy experto en temas de aborto, tenemos que debatirlos. Claro, cualquier aborto es un delito, así entiendo, pero de manera oficial quiero decir que analizaremos en el Gabinete los debates que están sosteniéndose en la opinión pública para tener una posición”. “Felizmente tenemos muchas ministras que, con mucha razón, con mucha personalidad y mucho conocimiento, nos pueden explicar y de manera conjunta debatir este tema”.

En ese mismo año 2013, según la Defensoría del Pueblo boliviana siete de cada diez mujeres había sufrido un abuso sexual y seis de cada diez había tenido lugar en su propio hogar. En la práctica, el cúmulo de trabas con que se encuentra una mujer violada para conseguir la autorización judicial para poder abortar —entre ellas la objeción de conciencia que esgrime a menudo el personal médico— hace que muchas de esas víctimas termine recurriendo al aborto inseguro. Al menos el 13% de las mujeres habitantes en zonas urbanas había llevado ese año a cabo un aborto considerado ilegal por el Código Penal. 

La Iglesia católica, las iglesias evangélicas y la oposición y medios de la derecha presionaron al presidente boliviano para que no innovara sobre el particular. Durante la Presidencia de Morales se reavivó y se enriquecieron polémicas internas del feminismo de décadas atrás, que habían centrado la Convención de 1929 en la que ya se había presentado como antagónico el enfoque de género con el de despatriarcalización, convertido en el Gobierno de Evo Morales en política de Estado, según la escritora feminista y profesora Virginia Aillón: “Los cambios políticos producidos en Bolivia desde 2006 tienen como trasfondo cambios en la estructura de clases en el país, con el surgimiento de la así llamada burguesía chola, de la que participan amplios sectores de mujeres indígenas. Es muy posible que este cambio social traiga nuevos desafíos para el feminismo en Bolivia”.  

Según la corriente del feminismo boliviano más cercana al Gobierno, en la que tiene gran peso el indigenismo, el neoliberalismo se ha apropiado del enfoque de género, por lo que apuestan por el concepto de 'despatriarcalización' entendiendo este como parte sustancial de la verdadera descolonización.

El Gobierno de Evo Morales, de hecho, tiene un Viceministerio de Descolonización y dentro de él existe una Unidad de Despatriarcalización. Algunas corrientes feministas denuncian la instrumentalización política y el uso político de las subvenciones que hace el Gobierno con ciertos grupos de mujeres, una práctica que sigue también con distintos movimientos sociales y ONG.

Un año después de aquellas declaraciones de Evo Morales en las que aseguraba que consultaría con sus ministras la postura a adoptar frente a la legalización del aborto libre y gratuito, el Tribunal Constitucional exhortó al Legislativo de la Asamblea Plurinacional de Bolivia para que debatiera una legislación que garantizara los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para enfrentar el alarmante número de abortos clandestinos.

El MAS, el partido gubernamental, mayoritario, impulsó en 2017 finalmente una propuesta para despenalizar y legalizar el aborto siempre que tuviera lugar en las primeras ocho semanas de gestación, ampliando considerablemente las causales. A pesar de las diferencias internas en el MAS y la feroz campaña en contra de la Iglesia católica y evangélica, la propuesta salió adelante.

En diciembre de 2017 lo ratificaba la Cámara Alta de la Asamblea Plurinacional, y precisamente entraba en vigor el mismo día en que Evo Morales visitaba al papa Francisco en el Vaticano, por lo que la Conferencia Episcopal boliviana acusó al presidente de “hipócrita” en una tormentosa rueda de prensa.

Aparte de las nuevas causales para poder practicar legalmente un aborto, esas reformas contemplaban —en su artículo 88— sanciones económicas y penas de cárcel de hasta 12 años a quien “por sí, o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con algunos de los siguientes fines” y en su inciso 11 precisaba entre esos posibles fines: “Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones criminales o de culto”.
La Iglesia condenó también esta reforma al considerar que atentaba contra la libertad religiosa y castigaba la labor de los misioneros.

Pero la euforia del movimiento feminista ante el avance logrado con las reformas aprobadas duraría poco. Las manifestaciones callejeras convocadas por la Iglesia católica y evangélica, las huelgas de hambre y la presión de la oposición y sus medios de comunicación surtieron su efecto.

Un mes más tarde de esa histórica votación, el 25 de enero de 2018, y por iniciativa de Evo Morales, la Asamblea Plurinacional de Bolivia derogaba mediante la Ley 1027 las reformas hechas al Código Penal.
La Iglesia católica y evangélica y los sectores más conservadores de Bolivia consiguieron así una gran victoria en su pulso con el Gobierno de Morales, provocando la ira y desilusión de millones de mujeres.

“Rafael Correa, abanderado de la 'Revolución Ciudadana' ecuatoriana, amenazó con dimitir cuando diputadas de su partido presentaron una propuesta para legalizar el aborto”

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, el otro miembro del Eje del Mal latinoamericano para Whashington, siempre se reivindicó “radical en lo económico y social pero conservador en lo moral” , defensor de la familia tradicional y enemigo acérrimo del aborto. En octubre de 2013 Correa llegó al extremo de amenazar con renunciar a su cargo si prosperaba una propuesta de parlamentarias de su propio partido, Alianza País (AP), para que se ampliaran las posibilidades de llevar a cabo un aborto legal. 

El presidente recordó en aquel momento que la Constitución ecuatoriana tiene como uno de sus principales principios el de “defender la vida desde la concepción”. “Si siguen estas traiciones y deslealtades presentaré mi renuncia al cargo”, dijo Correa, haciendo que los miembros de Alianza País partidarios de legalizar el aborto decidieran dar marcha atrás en su iniciativa.

Una de las parlamentarias que presentaron la propuesta, Paola Pabón, la retiró solo un día después de que Correa amenazara con dimitir: “Con el inmenso cariño que te tenemos —dijo al presidente en el hemiciclo—, te decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada, por la unidad de mis cien compañeros asambleístas, retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura”. La propuesta de las parlamentarias oficialistas no solo no prosperó sino que, poco después, fueron sancionadas por la dirección de su partido con un mes de inhabilitación para ejercer sus cargos por “indisciplina” y “por no respetar los acuerdos” internos. 

En 2014 se aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en cuyos artículos 149 y 150 se especifica que la interrupción voluntaria del embarazo solo se permitirá en aquellos casos de violación en que la paciente sea una discapacitada mental o esté en riesgo su vida. Fuera de esas excepciones, una mujer puede ser sancionada con penas de uno a cinco años de cárcel y de siete a diez años de prisión el médico o personas que la ayuden a abortar. 

El COIP incorporó el aborto dentro de los Delitos contra los Derechos de la Libertad. En un país donde su propio Ministerio de Salud Pública reconoce que casi el 16% de las muertes de mujeres embarazadas se produce por abortos clandestinos, los tribunales juzgan los abortos como verdaderos homicidios. Son ya más de 240 los juicios a mujeres desde que entró en vigor la ley en 2014.

Paradójicamente, en el documentado trabajo colectivo Mapeando la criminalización del aborto en el Ecuador, publicado en la Revista de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona este año, se muestra que, a pesar de que el aborto está prohibido en Ecuador desde 1830, “es solo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana que se presentó el fenómeno de un enjuiciamiento masivo de mujeres”.

Lejos de mejorar su situación, durante el último mandato de Correa los derechos de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción sufrieron un duro golpe claramente conservador.
En noviembre de 2014 el Ejecutivo de Correa aprobó el Decreto 491, suspendiendo la llamada Estrategia Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipa) para reemplazarlo por el Plan Familia, controlado directamente desde la Presidencia de la República. En el citado informe se dice: “El Plan se dirige a la familia nuclear heterosexual y apela a un modelo familiar 'positivo', a la abstinencia, e impulsa una educación enfocada en el arte de amar como solución a los índices de embarazos y situaciones de violencia”.

Colectivos feministas y letrados progresistas han seguido intentado en vano en los últimos años que se debata en el Parlamento una ampliación de los casos de abortos legales. En marzo pasado y ya como ex presidente, Rafael Correa, el hombre que llegó al poder prometiendo una Revolución Ciudadana, decía en una entrevista al visitar Argentina: “El aborto para mí es un asesinato. Y el asesinato del ser más débil, más desprotegido”.