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Coronavirus
Gibraltar, el Coronavirus al otro lado de la verja
Esta semana, pudimos conocer cómo va a afrontar el gobierno gibraltareño la pandemia del coronavirus. Más allá de las cuestiones sanitarias, el presidente avanzó su plan de actuación en materia económica y social.
Llama la atención que el gobierno de coalición de laboristas y liberales ha consensuado con la oposición, conservadores, las medidas. Existe, pues, consenso entre las principales fuerzas políticas que se plantean colaborar para superar la situación. Y el plan ha sido también consensuado con los agentes económicos del Peñón.
También es de destacar que en Gibraltar, ha sido el propio Ministro Principal, Fabian Picardo, quien ha dado cuenta de las mismas ante la prensa y con bastante detalle. El paquete de medidas ha sido denominado “BEAT” que puede ser traducido como “latir”, “golpear”, “batir”, “ganar” o “superar”. Constituye toda una declaración de intenciones.
Y no las declaraciones no se han quedado en las intenciones. El Gobierno ha prohibido los despidos y recortes colectivos. Ni ERE ni ERTE al otro lado de la reja. No se considerara justificada ninguna de tales medidas para ningún empleador. Despidos cero en la Roca durante la crisis del COVID-19.
De hecho, los principales destinatarios de las medidas son los trabajadores y trabajadoras. El objetivo declarado es precisamente evitar despidos y reducciones de salarios. En su comparecencia llegó a decir que los trabajadores necesitan de sus ingresos para “llevar la comida a la mesa”. Así de claro y directo. En Gibraltar, será la administración quien se haga cargo de los salarios del mes de abril de 2020 para todos aquellos que no puedan ir a trabajar, sin descartar que la medida se extienda a los meses de mayo y junio. Se ha creado una novedosa institución jurídica denominada como “trabajador inactivo”.
Serán los empleadores, incluidas personas en régimen autónomo, quienes formulen las solicitudes y faciliten los datos personales y bancarios de las plantillas afectadas. Facilitar información falsa o errónea llevará aparejada responsabilidad penal.
Quienes trabajen 7 horas y media o más serán considerados como “a tiempo completo”; y quienes estén empleados a jornada parcial, deberán comunicar la media de las horas trabajadas entre el 1 y el 15 de marzo de este año 2020. Esto es especialmente relevante allí, porque la norma permite los contratos de trabajo denominados “zero hours”, para los trabajadores ocasionales, el eslabón más débil y precario de las relaciones laborales británicas.
El importe neto a percibir será de 1155 libras esterlinas mensuales, al cambio del 25 de marzo, 1254,91 euros para los empleados a tiempo completo. De esta cantidad no se deducirán ni impuestos ni cotizaciones al sistema de protección social, que se considerará cotizado. Y el módulo de cálculo utilizado ha sido a partir de 7 libras la hora, esto es 7,61 euros.
Además, se trata de medidas inclusivas, pues afectará a los 14322 trabajadores transfronterizos, aquellas personas que trabajan a un lado de la frontera y viven en el otro cruzando la fronteras al menos una vez a la semana, de los que 9090 son de ciudadanía española. Solidaridad gubernamental en lugar de xenofobia institucional.
En síntesis, prohibición de despedir y recortar salarios y condiciones, ingresos mínimos garantizados de 1254,91 euros mensuales netos mientras dure la crisis, cotizaciones garantizadas e inclusión en las medidas de los trabajadores transfronterizos. Con independencia de mayores consideraciones geopolíticas o económicas, habría que repensar qué gobierno es el que practica la piratería y en qué situaciones. Es evidente, que en esta ocasión, uno de nuestros vecinos del sur, nos ha enseñado un mejor camino para abordar una crisis y son ellos –el pequeño- quien presta ayuda al grande. El declarado gobierno social-liberal ha adelantado por la izquierda al gobierno de la coalición de progreso.
Y no es baladí que el Ministro Principal del Peñón dijese en su intervención algo para lo que no nos hace falta ninguna traducción: “This is a time to think communally”.
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Por que no toman bajo su direccion la junta de andalucia todos los centros de ancianos de la comunidad y asi evitar problemas, aunque tengamos que pagar un impuesto los residentes