Laboral
Cambiar para peor

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 8 de febrero de 2019 la denominada “Agenda del Cambio”. Se trata de la hoja de ruta económica y social del Gobierno de Sánchez, basada en el crecimiento “inclusivo” y “sostenible”. Sin leer en profundidad los documentos, podría parecer interesante, pero si vemos los contenidos, alcanzamos otras conclusiones por cuanto se refiere a la política laboral que viene.

Hablan de “derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”, es decir, que no van a cumplir con la derogación de la contrarreforma laboral más profunda operada en nuestro sistema laboral. Los salarios de tramitación seguirán siendo una institución casi inexistente, las grandes empresas seguirán aplicando despidos objetivos con absoluta discrecionalidad como práctica habitual y no se van a recuperar las indemnizaciones para los casos de despidos improcedentes. Supedita este Gobierno la derogación al consenso con agentes sociales y fuerzas parlamentarias, por lo que nos encontraremos con un Gobierno que apuntalará los contenidos de aquel Decreto-Ley que tanto se atragantó a la izquierda social en febrero de 2012. Siete años después, la Reforma Laboral del PP sigue más viva que nunca y ahora es el Gobierno socialista quien la blinda. No se escuchó la voz del movimiento sindical durante las huelgas generales de entonces y tampoco se va a hacer ahora.

Pero sí se prevén otras reformas. Quizá entre las más destacadas se encuentra el primer paso hacia el “contrato único”. La apuesta estelar que se realiza desde la filas de Ciudadanos sí que encuentra un decidido apoyo en la política gubernamental. Es el Gobierno del capitalismo. Y a cara descubierta. De hecho, pese a que nadie sitúa la simplificación contractual como necesaria para mejorar ni la situación de desempleo, precariedad o sobrecualificación que presenta el mercado laboral estatal es la apuesta estrella que el Gobierno hace suya e importa del programa económico de Garicano, Girauta, Rivera y Arrimadas.

Entre las tres grandes tipologías de contratos, se plantea “avanzar” hacia tres fórmulas contractuales: indefinido, temporal estructural y formativo. En realidad se trata de retroceder. Y mucho. Se apuesta porque el 66% de estas figuras sean precarias (formación y temporales) y se aboga porque esta precariedad sea la fórmula estrella y sobre la que pivote el futuro (el oxímoron “temporal estructural” indica cuál es el objetivo pretendido: la "flexiprecariedad"). La política gubernamental se dirige a implementar más formas de contratación temporal. Esto no es novedoso pues trabajo precario, trabajo eventual y trabajo basura son los mecanismos por las que se decantan como elementos de “cambio” en nuestro ordenamiento laboral. Nada nuevo bajo el sol. A día de hoy, nadie –excepto este Gobierno- puede pensar que lo que hace falta es mayor flexibilidad en la contratación. Ni la baja protección por desempleo ni la brecha de género van a presentar mejores resultados por ese camino. Y para concluir eso no es necesario se ningún experto en la materia.

De hecho, nos encontramos con una tasa de rotación récord que alcanza ya el número de 5,6 contratos que son necesarios firmar para trabajar un año entero. Los últimos datos de enero de 2019 son clarificadores. Contratos de menor duración, con menor número de horas y mayor tasa de rotación es lo que explica que sigamos siendo la mayor potencia europea en todas las tasas de precariedad.

Y para seguir con más medidas estrellas hallamos la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Esto es absolutamente cierto. Pero ¿es toda la verdad? ¿es cierto que ha sido una mejora tan “espectacular”? De un lado podemos afirmar que el Salario Mínimo Interprofesional sigue sin alcanzar siquiera el 60% del salario medio en el Estado español tal y como recomienda la Carta Social Europea. Ahora bien, con la subida sí es cierto que hoy ya hemos adelantado ligeramente a Polonia, Estonia, Portugal, Grecia, Malta y Eslovenia. Con esto, le sobra a los autodenominados “progresistas” para presentar un hito “histórico”. Parece que se conforman con muy poco. Ahora bien, nada nos cuentan sobre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), creado por el Gobierno también socialista de Zapatero y que asciende en la actualidad a 537,84 €. No parece una cantidad muy elevada y menos aún si tenemos que en cuenta que en 2010 ascendía a 532,51 €. Se olvidaron los propagandistas del SMI de la existencia de este indicador, antes integrado en el mismo SMI. Esto sí que es el verdadero indicador de rentas (ayudas, becas, subsidio de desempleo, justicia gratuita, vivienda, bono social eléctrico, etc.) y a la vista está cómo evoluciona. ¿No es esto prioridad? Parece que no, pues se omite deliberadamente en el documento gubernamental.

Las cuentas individuales de capitalización para la movilidad, la colaboración público-privada, la unidad de mercado y otros anglicismos completan el menú de medidas que nos presenta el Gobierno como innovadoras. Sinceramente nada nuevo bajo el sol. Se acentúa una acusada tendencia neoliberal en las orientaciones políticas que tienen que ver con las políticas de empleo y el mercado de trabajo. Y además se blindan los cambios legislativos operados por el mismo Gobierno en los años de mayorías absolutas del PP. Quienes mantienen que el PSOE es el mejor Gobierno del capital quizá no se equivocan. Y el acierto es más completo si atendemos al comportamiento de quienes los han aupado a esa posición gubernamental sin condicionar ninguna política de orden laboral. Porque, a la vista está, las posiciones dominantes siguen siendo continuistas y neoliberales con exclusividad.