Educación pública
La Junta abandona a los centros educativos de los barrios empobrecidos

Moisés Gervaró lleva tres años siendo profesor en el IES Diamantino García situado en el barrio de Su Eminencia-La Plata, uno de los barrios más vulnerabilizados de la ciudad de Sevilla. Desde hace más de un año los docentes se están quejando ante el recorte de recursos que el centro lleva sufriendo. “Solo estamos pidiendo los recursos que creemos que necesitamos para que estas criaturas puedan sacarse la ESO y que puedan hacer un ciclo o un bachillerato con un mínimo de garantía para poder tener un proyecto de vida”, sostiene Gervaró.

La comunidad educativa del IES Diamantino García está viviendo su día a día en el centro sin una educadora social que medie con las familias, han estado meses sin conserje y no disponen de un aula de mediación lingüística a pesar de contar con varios alumnos recién llegados del extranjero, negándoles la posibilidad de poder ser atendidos educativamente y acompañados en su proceso de aprendizaje del castellano. “Sin educadora social no podemos saber en qué situación se encuentra el alumnado ni qué problemáticas tiene. El profesorado llegamos hasta donde podemos, si tú no sabes nada de este niño o esta niña piensas si es conflictivo o solo es que tiene ganas de liarla”. Ante la falta de un espacio para la resolución de conflictos, el profesorado solo tiene a mano medidas punitivistas y disuasorias que, como explica Gervaró, no sirven para sostener al alumnado: “El único recurso que nos deja a las profesoras es el parte y la expulsión porque no tenemos los medios. Al final, lo que estamos haciendo, porque no nos queda otra, es reproducir el sistema de dominación. Ese niño al que tienes que intentar ayudar está en clase molestando, y si no tienes otro sitio donde se pueda atender a esas personas, van para la calle a ser carne de cañón”.

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Desde el claustro también ponen el foco en la ratio de alumnas por aula que llegan hasta 30 por clase, a pesar de que según el Decreto 167/2003 se fija “una ratio más baja para los centros de especial dificultad” como en el IES Diamantino que, según el profesorado, cuenta con un 25% de alumnado con NEAE. Por ello exige que se necesita en el centro “más personal docente, para desdoblar grupos o llevar a cabo la docencia compartida en todas las materias y que se cubran las bajas laborales con carácter inmediato”. Por si fuera poco, el centro, como el resto de Su Eminencia-La Plata y otros barrios sevillanos, se ve sometido a los cortes de electricidad que se dan en las zonas por parte de ENDESA. “A este gobierno parece no importarle el futuro de los hijos de las familias pobres”, sostiene Gervaró. Desde la comunidad educativa recuerdan que sus exigencias solo tienen el objetivo de “garantizar el derecho a una educación pública de calidad".

Olga Solano es profesora del IES Diamantino y responsable de Acción Sindical de USTEA “El caso del IES Levantino es un botón de muestra de lo que pasa en el resto de centros en Andalucía, es una problemática generalizada Lo que pasa es que los barrios más vulnerabilizados el problema se agrava”. No hace falta salir de la ciudad para encontrar otros dos ejemplos, por desgracia, paradigmáticos de en qué situación se encuentran los centros educativos en la comunidad. En Pino Montano, un barrio situado en la zona norte de Sevilla, las familias del alumnado del CEIP Adriano advierten que la Consejería de Educación tiene planteado el curso que viene cerrar la línea de infantil de 3 años para hacer una línea mixta con alumnado de 3 y 4 años.

En el barrio de Santa Justa, el CEIP Calvo Sotelo se encuentra en una situación similar, ya que se prevé el cierre de una de las líneas de educación infantil que dejaría a 17 familias fuera. Pepa Domínguez, presidenta de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) La Graná sostiene que “es incomprensible que se suprima un aula, dejando a familias fuera y, al mismo tiempo, se mantenga una sola clase con 25 niñas y niños, la ratio máxima permitida por la normativa”. Por su parte La Consejería de educación responde a la situación del CEIP Calvo Sotelo que “Las aulas mixtas son una solución con buenos resultados ante la drástica caída de la natalidad que dejan sin solicitudes muchos centros educativos, reversible en caso de que la demanda aumente en próximos cursos”. Domínguez sostiene ante la respuesta del gobierno andaluz que achaca la bajada de la natalidad al cierre de líneas, sostiene que debería ser una oportunidad para bajar la ratio y así la calidad educativa: “21 niñas y niños de 3 años por aula, en lugar de 25, supone una mejora de la calidad educativa y de la atención a quienes más lo necesitan. Además, mantener las dos clases permite al centro recibir alumnado de las familias que pueden llegar al barrio en los próximos meses, sin que la ratio supere el límite permitido por la normativa. Si la Consejería sigue adelante con su plan de recorte, tendremos una clase menos y, probablemente, un aula con ratio ilegal”.

“Solo estamos pidiendo los recursos que creemos que necesitamos para que estas criaturas puedan sacarse la ESO y que puedan hacer un ciclo o un bachillerato con un mínimo de garantía para poder tener un proyecto de vida”, sostiene Gervaró.

En algunos casos, el recorte en la educación pública se traduce en el cierre de los centros en su totalidad. En 2022 el barrio de la Orden en Huelva se quedaba sin uno de sus colegios, el CEIP Tres Carabelas, a causa de los recortes, un centro con una cantidad elevada de alumnado con NEAE. Desde CODAPA señalaron este cierre como “un ejemplo claro de que se priman las plazas de centros concertados o privados de la zona antes de apostar por el mantenimiento de este colegio público”. En Córdoba, el pasado febrero, tres centros educativos se manifestaban conjuntamente por la situación de precariedad en la que se encontraban: falta de personal de limpieza y administrativo que hacía inviable el día a día en los centros educativos. En la localidad de El Torno (Cádiz) el pasado lunes 10 de abril la comunidad educativa del CEIP Guadalete comenzaba una huelga hasta que las instituciones se comprometieron al comienzo de las obras de adecuación del edificio que llevan años reclamando, al día siguiente el pasado martes 11 de abril, la Delegada provincial de educación Isabel Paredes cedía a las presiones y se reunía con las familias del alumnado para comenzar el proceso de licitación.

En todo el territorio andaluz, alumnado, familias y profesorado se están poniendo en pie contra las políticas orientadas a la privatización de la educación que está poniendo en marcha el gobierno de Juanma Moreno Bonilla. La marea verde andaluza lleva varios años de resistencia incansable ante estos recortes en la educación pública. “La administración no está apostando por la escuela pública, no la está protegiendo”, sostiene Solanos, que además sostiene que las inversiones de la comunidad europea que llegan al gobierno andaluz son utilizadas solo para “poner parches que no tienen continuidad”. 

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El próximo sábado 15 de abril los distintos movimientos por la defensa de la educación pública han convocado una gran manifestación en el palacio de San Telmo en Sevilla para reivindicar la dignidad en los centros educativos públicos. Una acción que se une a las que día a día suceden en los institutos y colegios de toda Andalucía.