Economía social y solidaria
Contratos a dedo y lámparas de papel: las cargas de profundidad de la derecha contra la economía social madrileña

Una Unión Temporal de Empresas que ya firmaba contratos con las alcaldías del PP; un proyecto financiado, aprobado y auditado por la Unión Europea; o contratos menores adjudicados según un reglamento aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales. Son algunos de los proyectos de empresas y asociaciones de la economía social y el cooperativismo madrileños a los que los diarios El País, El Mundo y la oposición de derecha están señalando por recibir supuestos tratos de favor por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Con el PSOE en perfil bajo, los grupos municipales del PP y Ciudadanos han hablado de una red clientelar y de puertas giratorias a raíz de estas denuncias, pero hasta ahora ninguno de los grupos municipales de la oposición a Ahora Madrid ha registrado ninguna denuncia en los juzgados contra los supuestos responsables o beneficiarios de esos contratos, difundidos con nombres y apellidos en diversos medios.

En respuesta a El Salto, una representante del grupo municipal del PP señala: “No tenemos más información que la que ha aparecido en la prensa”. En consecuencia, los populares pedirán una comisión de investigación sobre estos contratos, si bien la portavoz declara que no tienen previsto hacer ninguna interpelación al respecto en el próximo pleno municipal.

Las acusaciones a cara de perro enfrentarían inevitablemente a Ciudadanos con los funcionarios repartidos en los 96 órganos de contratación municipales

Ciudadanos ha afinado algo más el discurso. Tanto en rueda de prensa como en declaraciones a este medio, la formación naranja define como “corruptelas” la concesión de fondos como los 300.000 euros adjudicados desde 2016 a un proyecto sobre inteligencia emocional en el distrito de Villaverde, contrato ganado por una Unión Temporal de Empresas formada por las cooperativas Acais y Garúa.

“Aquí, sobre todo, no se está hablando tanto de legalidad como de ética pública”, explica a El Salto Miguel Angel Redondo, concejal de Ciudadanos y portavoz de economía de la formación en el ayuntamiento de Madrid, que evita responder a la pregunta de si se presentará alguna denuncia judicial al respecto. “Hay demasiados casos en los que se están dando subvenciones y contratos a dedo a personas vinculadas a Ahora Madrid”, zanja.

Redondo precisa que Ciudadanos apoyará una posible comisión de investigación en el caso de que el PP finalmente la solicite. Preguntado por ejemplos concretos —el redactor mencionó los casos de Garúa y REAS, cuyos contratos y subvenciones (respectivamente) han sido puestos en duda por la prensa—, Redondo contesta que “eso lo tendrán que decidir los jueces”. De la misma manera responde a la petición de más detalles sobre vínculos políticos concretos, trato de favor o simplemente el carácter fraudulento de las contrataciones —por ejemplo, que los servicios no se hayan realizado—. Preguntado de nuevo sobre si su partido denunciará, Redondo vuelve a hablar de la diferencia entre ilegalidad e inmoralidad. 

Con el argumentario algo más fresco, Villacís y el propio Redondo señalaban en rueda de prensa la base empresarial de esa supuesta red clientelar: un conjunto de cooperativas, asociaciones y proyectos de “escaso valor añadido y que no son el motor del empleo de calidad” (Redondo). “No nos oponemos a que se promueva la fabricación de lámparas de papel, el reparto en bicicleta, o a que expliquen cómo hacer ganchillo”, ironizaba Villacís. Y concluían: “Hay mucho dinero invertido y no vemos los resultados”. 

¿Es así? El conjunto de proyectos con cuantías relevantes puestos en cuestión apenas supera los dos millones de euros en varios ejercicios: son los contratos de grupo Tangente (717.000 euros en dos años), la subvención del proyecto Mares (1.200.000 euros municipales en tres años, con otros 4 millones financiados por la Unión Europea, y del que son socias varias cooperativas junto con el propio Ayuntamiento) o el contrato de Garúa (los ya mencionados 300.000). Nada comparado con un presupuesto municipal en expansión de más de 5.000 millones de euros, que entre enero de 2015 y mayo de 2016 destinaba el 54% de sus adjudicaciones a 10 grandes empresas, tal y como publicaba El Diario.

En el caso de Garúa, el servicio llevaba siendo adjudicado desde el año 2004 —con el PP en la alcaldía— y de hecho esta cooperativa apenas ha facturado un 5% del contrato señalado: la empresa que ha facturado el 95% de los trabajos ni siquiera ha sido mencionada por prensa y oposición pese a ser también una cooperativa.

Pese a ser minoritaria en dicha UTE, a Garúa le distingue haber tenido como socia a Yayo Herrero, referencia del ecofeminismo madrileño a la que El País relacionaba con Izquierda Unida y con Ganemos. El titular venía servido: “Carmena dio 300.000 euros a la firma de una impulsora de Ahora Madrid”, destacaba el diario el 30 de abril. La activista de Ecologistas en Acción y actual presidenta de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM, una conocida organización progresista madrileña) respondía en un artículo que había abandonado Garúa en 2011, cinco años antes de las adjudicaciones y cuatro años antes de la formación de Ahora Madrid, entre otros detalles sobre su trayectoria laboral y política.

En un artículo publicado en El Salto, otro socio de Garúa detallaba también los principales clientes de la cooperativa: en 2017, tan sólo un 5% de su facturación fue con el Ayuntamiento de Madrid, y el 73% de su volumen de negocio el año pasado fue con entidades privadas. Por su parte, el grupo Tangente informa a El Salto de que más del 50% de su facturación es con entidades privadas, y que en breve publicará un detalle sobre sus cuentas.

Una contratación prevista en la ley

El resto de informaciones publicadas por goteo han tenido que ver con los llamados contratos menores: licitaciones por menos de 40.000 o de 15.000 euros (respectivamente según sean para obras o para servicios) que se pueden hacer sin concurso público para agilizar su ejecución. Su uso por parte del Ayuntamiento de Madrid ha merecido la calificación de contratos a dedo, en una expresión que ha usado tanto la prensa como PP y Ciudadanos.

“El contrato menor es un recurso completamente habitual en las administraciones públicas”, señala a El Salto el consultor Santiago Lesmes, afincado en Pamplona y uno de los expertos que ha colaborado en la redacción de la nueva Ley de contratación pública, precisamente un caballo de batalla de las organizaciones de la economía social . Este experto responde que ni la actual ni la anterior ley obligan a la administración a solicitar tres ofertas distintas para uno de estos contratos. El supuesto de que el ayuntamiento se hubiera “saltado” esta obligación era uno de los indicios con los que la prensa ha calificado de contratos “a dedo” determinados ejemplos de contratación menor del equipo de Manuela Carmena.

Lo cierto es que dicho equipo ni siquiera ha hecho un uso discrecional de esta fórmula. Tal y como ha precisado el Área de Economía y Hacienda, los contratos menores han pasado de representar el 0,55% de la facturación municipal en 2011 (5.898 contratos menores en total) al 0,47% en 2017 (4.497 contratos). Esta bajada relativa (y absoluta por número de contratos) también se explica por el aumento total del presupuesto municipal, en expansión desde la época del exconcejal de área Carlos Sánchez Mato. En esta misma etapa el denominado procedimiento abierto ha subido hasta el 97,2% de las licitaciones.

El Ayuntamiento también se ha defendido alegando que el nuevo reglamento de contratación fue aprobado por unanimidad del pleno en septiembre, y que este incluye controles y obligaciones de transparencia hasta ahora inéditas. Villacís mencionó en su rueda de prensa que estos controles no se están cumpliendo en la práctica. El Salto se ha interesado por esta denuncia, pero preguntado al respecto el portavoz económico del grupo municipal, Miguel Ángel Redondo, no ha dado más detalles.

 

“A mí, como consultor, me molesta que se ponga el foco en el Ayuntamiento de Madrid, cuando hemos asistido a centenares de administraciones públicas con casos importantes de corrupción que están siendo juzgados”, señala Lesmes, que hace esta apreciación a nivel general y precisando que no conoce en detalle las actuales acusaciones de trato de favor contra la corporación. “Me llama la atención porque el Ayuntamiento está apostando por una contratación pública responsable y por la transparencia”, apunta. 

Con el trasfondo de determinadas guerras culturales, las acusaciones contra la política de contratación del Ayuntamiento de Madrid son anteriores a abril de 2018. Un miembro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) entrevistado por El Salto descarta que haya intereses de competidores empresariales en este goteo de informaciones contra los proyectos. “Los contratos son de cuantías muy bajas y para tareas tan especializadas que no hay competidores”, señala. Otro entrevistado coincide en el móvil político como explicación: “Somos víctimas de un fuego cruzado en el que se nos está utilizando para hacer daño al Ayuntamiento”.

La ambigüedad calculada —“no es corrupción, sino corruptelas, no es ilegalidad, sino inmoralidad” marca Ciudadanos— se corresponde con el peso económico y político de la corporación: las acusaciones a cara de perro enfrentarían inevitablemente a los naranjas con los funcionarios repartidos en los 96 órganos de contratación municipales, entre áreas de gobierno, distritos y organismos autónomos.

Pero las acusaciones sí cobran su sentido cuando se dirigen al entorno de una alcaldesa que se ha mostrado extremadamente sensible a las denuncias de la derecha: Antonio Hernández, uno de los exsocios de Garúa, fue cesado por otros motivos por Carmena como coordinador de Ahora Madrid el pasado mes de abril. Otros señalados (el cooperativista y exmiembro de Ganemos Fernando Sabín) o el concejal del distrito de Villaverde, Guillermo Zapata, forman parte de Madrid 129, tendencia salida de Ganemos y hoy una galería de defenestrados por Carmena en la que se sitúan también los concejales Javier Barbero y Celia Mayer.

De modo igualmente superficial, las acusaciones han afectado a otro concejal con trayectoria anterior en la economía social, el autónomo Pablo Carmona, o al ya cesado Sánchez Mato (y aún concejal presidente de los distritos de Latina y Vicálvaro). Es decir, los perfiles menos afianzados políticamente dentro del ayuntamiento de cara a una nueva lista municipalista (o simplemente municipal). Tanto la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, como el actual concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, han defendido públicamente la gestión económica y la política de promoción de la economía social por parte del Ayuntamiento de Madrid.