Desastres naturales
Inundaciones en la Vega Baja: de aquellos polvos, estos lodos

La catástrofe natural provocada por las inundaciones en la comarca de la Vega Baja del río Segura, en el sur de la provincia de Alicante, se ha saldado con un balance -todavía en proceso-, sin precedentes. La agricultura, principal medio de producción de la comarca, ha quedado devastada, junto con incontables daños materiales y dos vidas humanas. Sobre la causa del desastre, todo el mundo tiene claro que va más allá de la propia naturaleza, ya que implica al modo en el que los habitantes del territorio nos hemos relacionado con ella. Ahora bien, la gestión del caudal del río Segura, principal elemento responsable de las inundaciones, no corresponde a todas las moradoras de la cuenca, sino a una institución concreta: la Confederación Hidrográfica del Segura. Ello invita a plantearse dos preguntas clave en relación con lo sucedido: ¿Qué responsabilidades tiene en un desastre que hemos padecido todas? y, a fin de cuentas, ¿Qué es la Confederación Hidrográfica del Segura, quien la compone y de dónde viene?

Muchas de las personas que han vivido -y siguen viviendo- las fatídicas inundaciones que asolan desde el jueves 12 de septiembre la comarca de la Vega Baja del Segura son conscientes de una cosa: lo que están padeciendo son hechos históricos, sin un precedente cercano, al superar sus consecuencias -y con creces-, los efectos de la gran riada del 87. El acontecimiento que desencadenó esta idea en gran parte de la población de la Vega Baja no fueron solo las tormentas de la gota fría, que, pese a su gran intensidad en este episodio, son características de esta época del año, ni tampoco la consecuente crecida del caudal del Río Segura, algo lógico que ya había mantenido a múltiples personas pendientes del desastre en otras ocasiones, como sucedió en 2016. La novedad aparecía en un vídeo que circulaba por redes y medios que capturaba dicha crecida en el llamado “puente de Algorfa” en el momento justo de la rotura del muro de contención del agua, el comienzo del desastre que se avecinaba y que, por desgracia, se cumplió.

Desde ese momento y coexistiendo con sentimientos como el miedo a perderlo todo, la rabia, la impotencia y la tristeza, recorre la comarca una afirmación común a la mayor parte de afectados: primero hay que sacar el barro, pero después hay que sacar conclusiones. Cabe deliberar profundamente sobre lo ocurrido, sus responsables, los fallos en las infraestructuras, y la forma en la que se gestó una tragedia silenciosa que creció lentamente al calor del desarrollo capitalista de la comarca. Estos pensamientos no son más que un raciocinio lógico en el ser humano, relativo a que la Historia debe ser analizada, objetivada, y puesta a disposición de la sociedad para poder crecer como conjunto, para analizar los errores del pasado y estudiar los pasos a seguir para no volver a repetirlos.

En la Vega Baja hemos hablado muy poco de nuestro pasado, ya fuera por desinterés, por la ocultación y el silenciamiento sistematizado que trajeron consigo los largos años de dictadura, o por la selección de grandes hitos que beben directamente de las férreas corrientes discursivas mediante las que se configura el Estado y la identidad nacional española. Historias de conquistas y reconquistas, de filántropos adinerados que contribuyeron al desarrollo capitalista o de lo antigua que es la imagen de aquella virgen o santo que hay en la iglesia. Historias que no cabe despreciar, pero que explican muy poco nuestra comarca, cómo hemos adaptado el espacio para crecer en él, y como hemos modificado el territorio. El triunfo en redes de una reconstrucción del paisaje de la Vega Baja hace 2.000 años, en su mayoría cubierta por el agua, pone de relieve la necesidad de tratar estas cuestiones interesantes para los habitantes de la Vega, todavía más durante estos días.

Primero hay que sacar el barro, pero después hay que sacar conclusiones. Cabe deliberar sobre lo ocurrido, sus responsables, y la forma en la que se gestó una tragedia silenciosa al calor del desarrollo capitalista en la comarca

La conocida Confederación Hidrográfica del Segura está en boca de todos, y con razón, a la vez que la revisión del planeamiento urbanístico de la Vega Baja, la disposición de zonas inundables y el pasado de una naturaleza que ha recuperado su espacio predilecto a golpe de fango.Sin duda, la perspectiva histórica sobre estas cuestiones tiene mucho que aportar al debate actual, a la vez que la capacidad de ayudar a responder las preguntas realizadas al principio.

Un modelo histórico

Las Confederaciones Hidrográficas se crearon durante la dictadura de Primo de Rivera, a partir de un decreto de marzo de 1926, con el fin de mejorar la gestión de las cuencas de unos ríos que generalmente atravesaban varias provincias. En el caso del Segura existían estructuras previas, como el Sindicato de Regantes del Segura y sus Afluentes -repartía el agua, resolvía los conflictos entre vegas y proponía nuevas obras-, constituido en 1918 y la División Hidráulica del Segura, que era la que se encargaba de la limpieza entre otras cosas. Cuando se creó la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, su funcionamiento se rigió por una Asamblea General compuesta por síndicos, y para votar en esas elecciones de síndicos el requisito era la posesión de una cantidad mínima de tierra -unos mínimos que garantizaran que solo serían los grandes terratenientes los que participaran-. Gracias a ese sistema, fueron los mayores propietarios de la Vega Baja -y de otras provincias-, adscritos en esa época al partido único Unión Patriótica, los que coparon todos los puestos de síndicos por la zona sexta (Almoradí) y quinta (Orihuela) en las elecciones de la CSHS de 1927.

Las críticas hacia su gestión no se hicieron esperar, señalando que en todo momento hacían primar sus intereses sobre los del resto de regantes.Uno de los conflictos más señalados fue el hecho de que instalaran motores por toda la cuenca (motores patentados por el conocido Adrián Viudes, hijo -y hermano- de los marqueses de Río Florido) para elevar el agua a sus fincas, que secaban el caudal para el riego de las tierras de los campesinos más pobres, que no podían comprarse un motor. Durante la II República estalló la burbuja, y se habla de 4.000 agricultoras que marcharon por las motas del río, acequias y azarbes destruyendo motores, legales e ilegales.

Es necesario volver a analizar el proceso de especulación urbanística durante el boom del ladrillo, las construcciones en zonas inundables y la relación de los gestores locales con las empresas que edificaron la catástrofe

“Los huertanos de la zona de Almoradí-Dolores-Callosa han resultado los más levantiscos y han sido los únicos, hasta el momento actual, que han comenzado a tomarse la justicia por su mano. En lo que va de semana, millares de huertanos, con sus mujeres e hijos, han hecho varias salidas procediendo a la destrucción de norias y motores y la quema inmediata de dichos artefactos. Han llegado hasta las mismas puertas de Orihuela, y en el sitio denominado “el Vieja”, han obligado a un huertano que acababa de desmontar su motor para guardarlo en el desván a sacarlo, y ante sus propias narices lo han roto y lo han achicharrado. Cada día que transcurre es una constante amenaza. En todos los sitios no se oye otra muletilla que la que siguen: ¡Que vienen!, ¡Que llegan!, y el temor a los destructores incendiarios de Almoradí, Dolores y Callosa", cuenta El Día en su edición del 19 de mayo de 1932. 

Fue en este contexto cuando el gobierno republicano disolvió las confederaciones a golpe de decreto, convirtiéndose en Mancomunidades Hidrográficas controladas por el Estado. Estos terratenientes dejarían de estar sobrerrepresentados y por fin las confederaciones podían mirar por todos los regantes y no solo por unos pocos. Se atajarían así problemas como la falta de limpieza o la dejadez de infraestructuras, situándose estos en primera línea y desplazando las actuaciones que eran primordiales hasta la fecha: la construcción de presas y pantanos -según el decreto de creación de las Mancomunidades Hidrográficas de 1931, “no siempre necesarias”-, que con la excusa de evitar avenidas acabaron convirtiéndose en otro instrumento de control del agua por parte de estas élites.

Algunos de estos grandes terratenientes de la Vega que controlaban la Confederación durante la dictadura, desarrollaron un mecanismo interesante y desconocido por muchos para continuar al frente de la que sería una de sus mayores motivaciones: dejar de militar en la Unión Patriótica y afiliarse al Partido Radical Socialista (lo que pone de relieve que la etiqueta política era menos importante que el dinero). Esto les permitió, además de organizar la Reforma Agraria republicana en la provincia de Alicante, ser los encargados de volver a dotar de representatividad a las mancomunidades (de nuevo convertidas en Confederaciones Hidrográficas en 1934, ahora sin la etiqueta de “sindicales”), encargándose de su reorganización y volviendo a copar todos los puestos directivos.

“Para que nuestros lectores juzguen, de la falta de seriedad de los políticos que dicen gobernarnos, vamos a presentar un juego de prestidigitación, que les va a gustar. Escenario es, el Consejo de regantes en la nunca bien ponderada Mancomunidad del Segura. Son Vocales del Comité Sindical, por Orihuela, D. Antonio Pérez Torreblanca y D. José Lucas Ibáñez, y por Dolores, D. Antonio Girona Ortuño. Son vocales de la comisión legislativa: por Orihuela don José María Lucas Parra, y por Dolores, D. Mariano Girona Ortuño. Son vocales por la comisión de presupuestos por Dolores dos amigachos de Riegos de Levante. Son vocales Serra, el ingeniero de Riegos de Levante (...). Eso es lo que han parido los radicales-socialistas y los socialistas de Orihuela, que hicieron un amaño, como el otro famoso de las otras elecciones. Democracia pura, señores. Nombres todos de upetistas y caciques conocidísimos. ¿A qué hablar de cosas nuevas, si dónde podéis comer, ponéis la mesa?” puede leerse en Actualidad en la edición del 9 de abril de 1933.

La dictadura

Durante la dictadura Franquista muchos mantuvieron su posición, mientras que hay trabajos que hablan del poco cambio en sus dinámicas organizativas y de actuación, todo ello reflejado en el establecimiento de grupos de presión para imponer sus intereses a los del Estado en la medida en la que estos podían llegar a contradecirse. El diálogo entre ambos actores, Estado y élites terratenientes regionales, también resulta una cuestión interesante sobre este proceso. En este sentido, el trabajo historiográfico ha formulado hipótesis sobre el resultado final de la creación de las Confederaciones Hidrográficas que insisten en que estos organismos solo implementaron la organización de dichas redes elitistas, con el objetivo de mejorar su adquisición de recursos, aumentando, si cabía, la aportación económica del Estado, es decir, enriquecerse a costa de los demás.

No sabemos cuánto se destina a la prevención ni qué partidas absorben los recursos destinados al río, aunque hemos comprobado en nuestras propias carnes que nuestras infraestructuras son más que deficientes

Sin embargo, hablar de intereses contrapuestos no implica solo al Estado, sino al resto de habitantes y productores de las cuencas sin capacidad de decisión sobre el territorio que habitan, algo incomprensible cuando son estas personas las mayores afectadas en desastres como el que está sucediendo en la Vega. No sabemos cuánto se destina a la prevención ni qué partidas absorben los recursos destinados al río, aunque hemos comprobado en nuestras propias carnes que las infraestructuras son más que deficientes, que los muros del cauce estaban en mal estado desde mucho antes de esta crecida, y que la entidad que lo gestiona no ha tenido capacidad para afrontar una reparación que han tenido que subsanar los propios habitantes, ya conocidos en la memoria popular como “héroes sin capa”.

Es por esto por lo que sería interesante seguir estudiando el recorrido de estas élites desde la perspectiva del largo plazo, y en qué medida se relacionan sus decisiones en estas estructuras públicas y sus propios intereses. Las críticas de la función de presas como la de Ojós, del trasvase, de la dejadez de las infraestructuras, de la falta de limpieza y del enriquecimiento a partir del agua que se escuchan estos días de desastre, invitan a descartar que se produjera un cambio de rumbo, ya que son las mismas críticas (o similares) que se pueden leer en la prensa de los años 20 y 30.

A su vez, también sería interesante volver a analizar el proceso de especulación urbanística que tuvo lugar durante el boom del ladrillo, las construcciones en zonas inundables que ahora están actuando de diques, los diferentes planes de ordenación urbana, la relación de los gestores locales -alcaldes y concejales- con las empresas que edificaron la catástrofe, y de todos ellos con los propios gestores del agua, los miembros de la Confederación. Con todo ello debemos responder a la pregunta del millón como única forma de avanzar hacia un futuro en el que la coexistencia de nuestros intereses sociales y económicos con la naturaleza sea plausible, ¿Está gestionado el río por y para todas las que vivimos en su cuenca, o lo está por y para unos pocos que se enriquecen a costa del agua?