Derechos Humanos
Avaricia de vacunas de países ricos, legislación represiva y conflictos violentos marcaron 2021, según Amnistía Internacional

“En 2021, los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de Covid-19 en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era”, han declarado desde Amnistía Internacional.

El mal reparto de las vacunas del covid ha sido uno de los principales problemas que han caracterizado el año 2021, según denuncia el último informe anual de la organización titulado La situación de los derechos humanos en el mundo. Junto al tema de las vacunas, destacan también la proliferación de legislaciones represivas y contra la libertad de expresión que, al estilo de la Ley Mordaza en España, han ido aprobándose durante el pasado año en varios países del mundo, el aumento de los conflictos violentos y de la violencia machista.

Precisamente, la ciudad elegida por la organización internacional para presentar el informe, Johannesburgo, tiene mucho que ver con esta denuncia. “Ha habido una confabulación entre los Estados ricos y las empresas en cuanto a las vacunas que ha llevado a un incremento de los niveles de pobreza e inseguridad, por eso el informe se presenta aquí”, señalan desde la organización en la rueda de prensa en la que han presentado el informe.

500 millones de dosis excedentes que se dejan caducar

“Recuerden lo que nos dijeron a finales de 2020, que iban a reconstruir mejor”, dice Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “¿Mejor para los intereses de quién?”, se pregunta. 

En septiembre la organización contabilizó en 500 millones las dosis de vacunas excedentes almacenadas por los países desarrollados, “suficientes para vacunar por completo a la población de varios de los países menos vacunados del mundo”

El informe destaca que en septiembre la organización contabilizó en 500 millones las dosis de vacunas excedentes almacenadas por los países desarrollados, “suficientes para vacunar por completo a la población de varios de los países menos vacunados del mundo”. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que estos Estados permitieron que muchas de estas dosis se caducaran y fuesen destruidas mientras las farmacéuticas se aseguraban beneficios millonarios. A finales del pasado año, la proporción de personas con la pauta completa en África no llegaba al 8%, frente al 40% fijado por la Organización Mundial de la Salud como objetivo, el 70% de media europea o el 92,4% que alcanza España a marzo de 2022. 

El informe destaca que en 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos exorbitantes beneficios de hasta 54.000 millones de dólares y, sin embargo, suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos.

A nivel gubernamental tampoco se ha hecho nada por evitar este desequilibrio. Amnistía Internacional reprocha que varios ricos, como los Estados miembros de la UE —incluida España—, Noruega, Suiza y Reino Unido, bloquearon sistemáticamente las iniciativas encaminadas a incrementar la producción mundial de vacunas, negándose a apoyar la propuesta de exención temporal de derechos de propiedad intelectual. 

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Un año de conflictos sangrientos

El pasado año también fue un año de conflictos armados, con nuevos escenarios que se sumaron a los que ya derramaban sangre en años anteriores. Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Israel, Palestina, Libia, Myanmar, Mozambique, República Democrática del Congo o Yemen son algunos de los territorios en los que los derechos humanos han sido pisoteados en el marco de conflictos políticos frente a los que la comunidad internacional se ha mantenido de brazos cruzados, según afirma Amnistía Internacional. Como consecuencia, millones de personas se encuentran desplazadas. 

“La inacción global a la hora de abordar estos conflictos que se multiplicaban aumentó la inestabilidad y la devastación. La ineficacia de la respuesta internacional a estas crisis quedó patente con la parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no actuó en relación con las atrocidades que se estaban cometiendo en Myanmar, ni con las violaciones de derechos humanos en Afganistán o los crímenes de guerra en Siria”, explica la organización en su informe. “Esta vergonzosa inacción, la parálisis continuada de los organismos multilaterales y la ausencia de rendición de cuentas de Estados poderosos contribuyeron a preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, que ha violado de forma flagrante el derecho internacional”, continúa.

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Una Ley Mordaza mundial

“Las detenciones en la vigilia anual de Hong Kong o Afganistán tenían que habernos servido de señal de alarma”, reconoce Callamard. “Si no vamos con cuidado los Estados se arrogan cada vez más y más poder, los espacios limitados que tenemos para debatir se van a reducir más, es por eso que Amnistía Internacional va a presentar en unas semanas una campaña mundial para exigir el derecho a la libertad de protesta”, continúa

Amnistía Internacional señala que la tendencia global a amordazar las voces independientes y críticas cobró fuerza en 2021, cuando los gobiernos desplegaron un abanico creciente de herramientas y tácticas. Defensores y defensoras de los derechos humanos, ONG, medios de comunicación y dirigentes de la oposición fueron objeto de detención ilegítima, tortura y desaparición forzada, muchos bajo la cortina de humo de la pandemia. Justo el 28 de marzo, mismo día en que Amnistía Internacional presentaba su informe, Bielorrusia ilegalizaba una de sus principales organizaciones civiles de protección de aves

Además, desde la organización denuncian que en 2021 al menos 67 países han aprobado nuevas leyes que tienen como objetivo limitar la libertad de expresión, de asociación o de reunión, entre los que se cuenta Reino Unido, y en Estados Unidos son al menos 36 los estados en los que se han presentado al menos 80 proyectos de ley en esta dirección 

El reconocimiento facial como método de control usado en Rusia —pero cuyo uso también se está plantando en España— el bloqueo a páginas web por “seguridad nacional” en China y otros tantos países se suman a las nuevas legislaciones. “En lugar de generar espacios para un diálogo y un debate imprescindibles sobre la mejor forma de afrontar los desafíos de 2021, muchos Estados redoblaron sus esfuerzos para acallar las voces críticas”, prosigue Agnès Callamard.

¿Y en España qué?

En España la limitación del derecho de expresión y reunión no es algo nuevo. Ya han pasado seis años y medio desde su aprobación durante el gobierno de Mariano Rajoy y aún no se termina de concretar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es uno de los puntos que Amnistía Internacional destaca sobre la situación del Estado español en cuanto a violaciones de derechos humanos. Otros son la aplicación del Código Penal en los denominados delitos de expresión como “enaltecimiento del terrorismo” o injurias a la corona, que ha tenido el caso de Pablo Hasél como referente internacional; o el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y de las balas de goma

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“La única buena noticia en este ámbito en 2021 consistió en la puesta en libertad de los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart después de cuatro años en los que nunca debieron estar en prisión”, destaca el informe de Amnistía Internacional.

En España se ha dado la “mayor violación de derechos humanos de la pandemia”, según destaca la organización: la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias, que ha quedado prácticamente impune

Pero la limitación de las libertades públicas no es la única amenaza a los derechos que Amnistía Internacional percibe en España. En 2020 en España se ha dado la “mayor violación de derechos humanos de la pandemia”, según destaca la organización: la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias, que ha quedado prácticamente impune. “El año 2021 es el año de la impunidad: ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos y, a pesar de eso, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad”, lamenta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. A eso se suma lo que la organización ha denominado como “la otra pandemia”: la falta de acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, personas mayores, y personas con problemas de salud mental, que ha puesto en riesgo su salud física y mental y ha impactado de manera especial en las mujeres, en el marco de un sistema sanitario cercano al colapso, especialmente en su atención primaria.

Desde Amnistía Internacional también han destacado la doble vara de medir en cuanto a las personas que llegan a España en busca de refugio. “Por un lado el gobierno está haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a quienes llegan a España procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero no actúa de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o la persecución”, explica el informe. “No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo van a hacerlo cuando interesa más”, señala Esteban Beltrán, que también alerta de la violencia contra las mujeres, la falta de acceso a la vivienda o la limitación de los derechos sexuales y reproductivos como otro de los puntos a destacar.