Crisis energética
Diez medidas ecologistas para atajar la crisis energética y alimentaria derivada de la guerra de Ucrania

Ante la situación de crisis energética y social global, amplificada por la guerra de Ucrania, que ha llevado a un aumento de precios de materias primas, combustibles y alimentos, las cinco grandes organizaciones ambientales españolas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF— han planteado este 4 de mayo una hoja de ruta al Gobierno centrada en hacer frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica.

Se trata de una “hoja de ruta” —tal como la ha definido el anfitrión de la presentación, llevada a cabo en el Ateneo La Maliciosa de Madrid, el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis Rico— que pasa por “generar una transición ecológica justa”, apoyando a los sectores más vulnerables de la población y más afectados por la crisis, además de por luchar contra la pérdida de biodiversidad.

Para ello la propuesta, titulada Frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica: soberanía energética y alimentaria, que fue presentada el pasado miércoles en el Consejo Asesor del Medio Ambiente ante la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se centra en avanzar hacia la soberanía energética y alimentaria.

Modelo obsoleto

“Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis —ha señalado Rico— es que tenemos un modelo productivo muy vulnerable y nos encontramos en una situación de mucha vulnerabilidad a nivel social donde las crisis, como la pandemia o esta guerra, es posible que se sucedan”. Con la inseguridad del modelo actual de producción y consumo, deslocalizado y dependiente del exterior en materia primas y fuentes de energía, la hoja de ruta planteado por el G5 —como coloquialmente se conoce a las cinco organizaciones ambientales— se basa en diez puntos concretos, cinco relacionados con la soberanía energética y cinco sobre la alimentaria.

“Es imprescindible apoyar al sector ganadero para que transite hacia otros modelos como el extensivo, que mantiene los pastos y es de los sectores que más población es capaz de fijar en el medio rural”, remarca Blanca Ruibal

La primera se centra en la puesta en marcha de un programas de ayudas a la movilidad y a la energía para los grupos socioeconómicos más vulnerables. Frente a la medida temporal y universal adoptada por el Gobierno de subvencionar 20 céntimos por litro de combustible para todos los usuarios, independientemente de la renta —una iniciativa que para la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, “no hace más que agravar la situación”—, las cinco organizaciones proponen la creación de un bono social como apoyo para sufragar los gastos de movilidad, así como una tarifa social de electricidad para familias con rentas bajas y sectores directamente afectados, con el foco especialmente puesto en el mundo rural.

Sindicatos y colectivos sociales consideran “insuficientes” y “raquíticas” las medidas anunciadas por el Gobierno

Redacción El Salto

Crisis energética

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Las medidas carecen de ambición y alcance para hacer frente a las consecuencias de la inflación y el aumento del coste de la energía, según organizaciones de la sociedad civil. Aumenta la presión para que el tope del precio de la energía se sitúe en los niveles previos a la escalada.

El refuerzo de los sistemas de transporte público urbanos y periurbanos, con apoyo directo de las empresas municipales de transporte, es también crucial para el G5, que recuerda además la necesidad de la implantación de medidas como los carriles bus y VAO en las entradas de las grandes urbes.

Reformar el sistema eléctrico

La aceleración de la transición energética es uno de los pilares de la hoja de ruta planteada. En concreto, proponen impulsar un sistema eléctrico eficiente, inteligente y 100% renovable y democrático para el año 2030. “No podemos seguir dependiendo de regiones tan inestables como Rusia, es algo que teníamos que haber hecho mucho antes”, ha apuntado por su parte el responsable de Gobernanza Ambiental y Convenios Internacionales en SEO/Birdlife, Juan Carlos Atienza, quien añadía además: “No podemos seguir dependiendo de grandes inversores y de de grandes empresas, hay que democratizar la energía”.

Una nueva legislación que potencien aún más la generación renovable, promoviendo el uso de tejados y de zonas industriales degradadas y zonas del medio rural con bajo valor ambiental, es clave para este punto de la hoja de ruta.

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Además, la puesta en marcha de un plan de inversión a gran escala para descarbonizar los hogares de cara a 2035 es otra de las propuestas enarboladas por las organizaciones ambientalistas. “Necesitamos consumir menos energía, hay que profundizar en ahorro energético”, remarcaba Atienza, haciendo especial hincapié en la necesidad de que dichas políticas se desvinculen del precio del gas y en la importancia de transformar el consumo de los hogares, desde la sustitución de las calderas de gas al aislamiento térmico.

Campo vulnerable

En lo referente a la soberanía alimentaria, el G5 ambiental denuncia que el modelo de producción agrario predominante en España es enormemente vulnerable por depende de insumos externos, como el hecho de que el 27,6% del maíz, el 12,9% del trigo y el 31,4% de las tortas de aceites vegetales importadas en España tiene como origen Ucrania o Rusia. Además, como recordaba la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, “el sector ganadero industrial está totalmente sobredimensionado”, especialmente el porcino con la problemática de las macrogranjas intensivas.

“Hay datos que señalan que se desperdicia hasta el 40% de alimentos”, denunciaba por su parte el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo

Así, la primera de las cinco claves en lo que se refiere a la soberanía alimentaria es la puesta en marcha un plan de transición justa para el sector ganadero que ponga fin en 2030 a las explotaciones ganaderas industriales, previa moratoria de este tipo de instalaciones. Para ello, remarca Ruibal, “es imprescindible apoyar al sector ganadero para que transite hacia otros modelos como el extensivo, que mantiene los pastos y es de los sectores que más población es capaz de fijar en el medio rural”.

Nación macrogranja

Pablo Rivas

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Macrogranjas

Ganadería intensiva Nación macrogranja

Pablo Rivas

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España se ha convertido en el quinto exportador global de carne, y el primero de porcino. El medio rural se ha levantado en armas contra la proliferación de instalaciones ganaderas industriales. La polémica por unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a 'The Guardian' ha llevado a primera línea el debate sobre los impactos de las macrogranjas. La batalla se prevé larga.

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La apuesta por un modelo de producción agroecológica, que minimice el consumo de combustibles fósiles e insumos agrarios es otra de las claves. “Es imprescindible utilizar menos fertilizantes, menos fitosanitarios y relocalizar y acercar la producción  y el consumo”, apuntaba Ruibal. “Parece cada vez más inconcebible el trasiego de alimentos y mercancías por todo el mundo yendo de aquí para allá, con el coste inmenso que tiene en emisiones de gases de efecto invernadero, y que pone además a nuestro sector agrario en una situación insostenible de competir en un mercado global”.

La recuperación de un mínimo del 10% de superficie agraria de espacios y elementos del paisaje de alta riqueza para la biodiversidad agraria, así como atajar las pérdidas y el desperdicio alimentario, son otras dos claves planteadas en la hoja de ruta presentada este miércoles. “Hay datos que señalan que se desperdicia hasta el 40% de alimentos”, denunciaba por su parte el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, quien remarcaba además que “es fundamental una ley para combatirlo”.

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Por último, el G5 ambiental defiende que la promoción de una dieta sostenible y saludable, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e incidiendo en la reducción del consumo de proteína animal, es otro de los factores que el Gobierno debe atajar en esta hoja de ruta contra la crisis energética y alimentaria actual. “Incidimos en una medida que defendemos desde hace años: que usemos el mecanismo de compra pública para mandar señales e incentivar el consumo de cercanía”, exponía Del Olmo.

Reforma fiscal verde

Las diez medidas pretenden ser el marco básico además para frenar la pérdida de biodiversidad actual, aunque las cinco organizaciones defienden que hay que realizar, además, acciones como que el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y la Biodiversidad esté listo antes de verano, que se eliminen los incentivos contrarios a la conservación de la biodiversidad en los presupuestos públicos y en los fondos Next Generation para la recuperación europea, y que se apliquen de forma efectiva la Ley 42/2007 de Biodiversidad y Patrimonio Natural.

De cara a la financiación de estas medidas, el G5 ambiental incide en que “la sociedad no sea quien cargue con este coste”, como remarca Del Olmo, y que tenga lugar una reforma fiscal verde que ayude a consolidar la transición ecológica. “España está a la cola de la cola en materia de fiscalidad verde”, ha denunciado el secretario general de WWF.

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Las cinco principales organizaciones ecologistas piden al Gobierno una profunda reforma fiscal para introducir principios medioambientales en los gravámenes. “Sin criterios de ecofiscalidad no habrá transición ecológica”, advierten.

En ese sentido, Blanca Ruibal ha recordado que estas mismas cinco organizaciones ya presentaron al Gobierno y a las comunidade autónomas el documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible, con 30 medidas en las que se desarrolla una propuesta para una profunda reforma fiscal para introducir principios medioambientales en los gravámenes.