Comunidades autónomas
La financiación “singular” catalana, la nueva brasa caliente del PSOE para Sumar y sus aliados

Difícil encontrar un asunto que sea de tanta complejidad y conflictividad legal y política como la financiación autonómica. Bueno, es superado por la unidad de España y el derecho de autodeterminación de sus naciones sin Estado. Esa la madre de todos los melones posibles por abrir.

Pero el sistema de dotación de fondos a las autonomías del régimen común (es decir, todas menos Euskadi y Navarra, amparadas en el derecho foral) actúa como una suerte de tabú en el debate político. Está congelado desde 2009 y su reforma cumple este año una década de retraso, ya que la última revisión fue en 2014. Es decir, el esquema cumple diez años caducado.

La financiación mueve unos 150.000 millones de euros al año y cubre entre la mitad y dos tercios de los presupuestos de las autonomías del régimen común

La financiación mueve unos 150.000 millones de euros al año y cubre entre la mitad y dos tercios de los presupuestos de las autonomías del régimen común. Galicia, por ejemplo, es de las que más (6,6 de cada 10 euros que gasta son del reparto) y las Illes Balears de las que menos (cuatro de cada diez), según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El modelo incluye la entrega del 25% de la recaudación de los impuestos cedidos, la redistribución del 75% restante y las transferencias del IRPF y el IVA. Pero en las últimas cuatro décadas, el Estado ha transferido decenas de competencias y con ello sus fondos. Un sinfín de parches si también se considera que se debe tener en cuenta la inversión del Estado, sobre todo en trenes, puertos y aeropuertos y que también influye en el escenario económico de cada región.

En esta olla a presión es a la que ha decidido zambullirse el presidente del Gobierno, cuando en una entrevista en La Vanguardia consideró como “factible” una financiación singular para Catalunya, en unas declaraciones con el objetivo concreto de traer agua para su molino. O mejor dicho, los 20 escaños de Esquerra Republicana, necesarios junto a los de los ‘comuns’ para investir a Salvador Illa.

Ecos en Sumar

La decisión de Sánchez de poner sobre la mesa este espinoso asunto choca de frente con la viabilidad política para lograrlo, por varios motivos. El primero y más evidente es que requiere poner de acuerdo a los gobiernos autonómicos que, en su aplastante mayoría, están gobernados por el Partido Popular y, en muchos casos, cogobernados con Vox. También es difícil imaginar que el propio líder del PSOE quiera beneficiar financieramente a ejecutivos que le son hostiles.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Motero, ha citado a los gobiernos autonómicos a una reunión en julio en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Pero una vez destapada la olla, han tenido que actuar en consecuencia. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Motero, ha citado a los gobiernos autonómicos a una reunión en julio en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según Hacienda, el objetivo es poner las bases para comenzar después del verano el largo proceso de discusión. Igualmente, esa reunión en los hechos rotará sobre el techo de gasto para los Presupuestos Generales de 2025.

Todo lo antepuesto cayó en Sumar como un balde de agua fría en momentos en que no hacen falta más turbulencias tras la crisis de liderazgo que enfrenta Yolanda Díaz derivada de los malos resultados electorales, que acabaron en su renuncia a la jefatura de coordinación pero a ninguno de los otros tres cargos que tiene por Sumar.

Básicamente, los diputados de Compromís y la Chunta Aragonesista salieron a desmarcarse del PSOE y en los medios la lectura fue que todo acuerdo que beneficiase a Catalunya sería bloqueado si no había una reforma integral. Los días han transcurrido y la situación sigue igual, a menos de dos meses que haya que investir un nuevo Govern.

Fuentes del grupo plurinacional Sumar han confirmado a El Salto que tras esas declaraciones hubo una reunión privada de las partes con el portavoz Iñigo Errejón en la que este manifestó su empatía y entendimiento de los reclamos de sus aliados territoriales y pidió bajar el tono ante un debate que por ahora es inexistente.

“Creemos que es un juego simplemente de disparar con balas de fogueo hacia un lado. Es ruido, como lo dijo Errejón en rueda de prensa. En el fondo, es un tema que el PSOE no va a abrir”, comenta un diputado de Sumar

“Creemos que es un juego simplemente de disparar con balas de fogueo hacia un lado. Es ruido, como lo dijo Errejón en rueda de prensa. En el fondo, es un tema que el PSOE no va a abrir”, comenta un diputado. La idea que sobrevoló en la reunión del grupo es que para qué exhibir ante los medios las diferencias si, finalmente, Moncloa no se atreverá a dar la verdadera discusión.

Fuentes de Compromís y de la Chunta (ambas fuerzas tienen tres diputados en el grupo) han ratificado su posición de no votar un cambio en la financiación a Catalunya si no es tenido en cuenta lo de sus territorios. Cabe recordar que el Pais Valencià es la región más infrafinanciada del Estado y que Aragón también presenta déficits, especialmente si se tiene en cuenta las variables de despoblación y tamaño (la comunidad aragonesa tiene los kilómetros cuadrados de siete Euskadi).

Pero hay matices. Esos mismos legisladores admiten que no es lo mismo hablar de un cupo (al estilo vasco) para el Govern catalán, que de un cambio mínimo en el porcentaje de la financiación o un aumento de la inversión pública. La intensidad de esa singularidad es lo que haría estallar a Sumar.

Los valencianistas han dejado trascender que, si bien los de ERC tienen el legítimo derecho de reclamar más fondos y pedir un cupo, la actitud de los socialistas es “mercantilismo” y no apunta a resolver la realidad compleja del problema. Además, mantienen el rechazo total a votar un cambio en la financiación de cualquier comunidad si su región no está también en un proceso de negociación. En esto son más radicales: aunque haya promesa del PSOE de que se trataría antes que acabe la legislatura, tampoco lo aceptarían.

Dentro de Sumar también hay otros diputados que creen que sería difícil de digerir en el resto de los territorios un favor financiero a Catalunya, por más que sea justo, en el mismo año que se aprobó la amnistía y con la obvia necesidad del PSOE de ser investido. “Es un éxito que se vuelva a hablar de financiación autonómica, pero es algo que no prosperará. Los socialistas no lo van a impulsar y no van a querer beneficiar a los gobiernos del PP”, reflexiona otro legislador.

En el medio están los diputados de Catalunya en Comú, principal confluencia de Sumar y que apoyan, como no puede ser de otra manera, una mejora para las arcas públicas de su región. La portavoz Aina Vidal ha dicho en rueda de prensa que no desean que esto sea “en detrimento” de otras comunidades aunque no habla de cupo sino de “autonomía fiscal”.

El acuerdo de investidura firmado el año pasado entre Díaz y Sánchez incluye incisos en los que se comprometen a discutir y aprobar un nuevo marco de financiación y se hace explícita referencia al Pais Valencià y Aragón

Lo cierto es que el acuerdo de investidura firmado el año pasado entre Díaz y Sánchez incluye incisos en los que se comprometen a discutir y aprobar un nuevo marco de financiación y se hace explícita referencia al Pais Valencià y Aragón. Con la idea de presionar al PSOE para cumplir el pacto, Sumar lanzará en las próximas semanas un “grupo de trabajo sobre financiación autonómica”, integrado por economistas y por diferentes sectores con visiones diversas y de todas las regiones, que se reunirá y publicará conclusiones, según han avanzado a El Salto desde la coalición.

En Podemos, escindido desde fines del año pasado de Sumar pero cuyo discurso condiciona desde el lado izquierdo a la coalición, han cuestionado el “intercambio de cromos” que intenta el PSOE para conseguir una investidura y también piden una rediscusión general del modelo que incremente los ingresos aumentando la presión fiscal a los que más tienen. Aunque es difícil de imaginar que los morados vayan a desmarcarse públicamente de un acuerdo, sea cual fuere, que consiga ERC.

Otros dos aliados de investidura, el BNG y Coalición Canaria, tampoco avalarían una singularidad que no tenga en cuenta a sus regiones. De hecho, la líder del soberanismo gallego, Ana Pontón, ha dicho en el Parlamento de Santiago esta semana que pide también un “modelo de financiamiento propio” y reclamó una negociación “bilateral” con el Estado frente a una “multilateralidad que tiene como resultado una discriminación” contra Galicia. Quizás Sánchez se lo piense dos veces antes de volver a hablar de una financiación singular.

A la mesa, no

El río sigue revuelto en Sumar porque todavía no está resuelto el espacio que dejó vacío la vicepresidenta al prescindir de la coordinación. Ara Més, la Chunta y Compromís, tres de las confluencias, han ratificado que no participarán de la mesa de partidos que apuntale la construcción de Sumar, un cónclave que quedaría para Izquierda Unida, Más Madrid, Equo, los ‘comuns’ y Movimiento Sumar.

Uno de los dirigentes de las confluencias explica a El Salto que, desde el comienzo, esta situación estaba planteada así y que la diferencia está en si la llamada “mesa de partido” tiene que ver con la “coordinación entre las formaciones o la construcción de Sumar”. En lo segundo, los participantes serán menos.

El nuevo coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha anunciado que asistirá y Más Madrid y los ‘comuns’ todavía no han designado representante. Todavía no hay fecha para ese encuentro aunque se espera que sea antes de agosto.

Algunos diputados optimistas, y cansados de que en los medios solo trasciendan las pujas internas, recalcan que cuando se ha tenido voluntad, como en el caso del proyecto sobre prostitución que impulsaba el PSOE, se consiguió una puesta en común y alcanzar un consenso: “En esa ocasión el tema se abordó, se discutió y terminamos todos convencidos de defender la misma posición. Ojalá fuera siempre así”. Quedan tres años de legislatura para seguir intentándolo.