Colombia
Colombia: “La presión de los movimientos para una salida negociada al conflicto ha sido decisiva”

Desde 1971, la lucha de los pueblos indígenas en el Cauca ha impulsado recuperaciones de tierras, una autonomía indígena sobre miles de hectáreas, con sanidad y educación propias, y una larga trayectoria en la búsqueda de una solución pacífica, dialogada y justa al conflicto armada en Colombia.

Los grandes medios hablan de un proceso de paz protagonizado por las FARC, el ELN y el Estado colombiano. Pero hay hay otros agentes clave de los que no se habla tanto por aquí...
ROSALBA VELASCO:Efectivamente, también está el movimiento indígena —al que represento— y que trae una larga trayectoria. No empezó con el proceso de paz, viene de muchos años atrás. Ha venido empeñado en conseguir una salida negociada al conflicto. Así fue desde el inicio y eso ha posibilitado conversar con otras organizaciones sociales y encarar las acciones que culminan en la Mesa de Negociación entre las FARC y el Gobierno. Además, hoy hay un inicio de diálogo con el ELN, que es la otra guerrilla colombiana y con la cual también estamos empeñando esfuerzos para el proceso de paz. 

El Movimiento Nacional de Mujeres consiguió incidir en la conformación de una Subcomisión de Género en la Mesa de Negociación. No existen precedentes en otros procesos de paz en el mundo

MARCELA AMADOR OSPINA:La presión política de los movimientos populares y sociales para llegar a una salida negociada al conflicto, que derivó en la instalación de la Mesa de Negociación entre las FARC y el Gobierno, ha sido decisiva. Entre otros sectores, el Movimiento Nacional de Mujeres consiguió también incidir en la conformación de una Subcomisión de Género en la Mesa de Negociación. Eso ha sido una apuesta política muy fuerte que no tiene precedentes en otros procesos de paz a nivel mundial, porque logró instalar una perspectiva de género transversal en todos los acuerdos de paz.

De igual modo, tanto los pueblos indígenas como las comunidades afrocolombianas lograron incluir lo que en el acuerdo de paz se denomina “el capítulo étnico”, que introduce una importante cantidad de perspectivas sobre la autodeterminación de los pueblos y de las comunidades afrocolombianas. Entonces, es claro que quienes están negociando en la Mesa son dos actores —el Gobierno y las FARC— pero los sectores sociales y populares han hecho que las decisiones que se vayan a tomar ahí tendrán incidencia y trascendencia política en la vida social, comunitaria y organizativa de los pueblos y comunidades.

Tuvieron un papel destacado en la construcción de diálogos y viajaron a La Habana, para participar en las diferentes comisiones para que se incorporasen reivindicaciones sociales y populares que no estaban siendo incluidas en las tratativas previas. Entonces, el acuerdo de paz es también una apuesta política de muchos movimientos sociales y populares.

¿Cuáles son las actitudes y posiciones que tienen las FARC y el ELN ante el proceso de paz?
M.A.O.:Pasan por circunstancias diferentes. Desde el inicio del proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno se manifestó un empeño por una salida negociada al conflicto armado. Al mismo tiempo, desde los movimientos sociales dijimos “dos mesas de negociación, pero un solo proceso de paz”. Un solo acuerdo. Porque, aunque las reivindicaciones políticas de las FARC y el ELN son diferentes, el hecho de que las FARC se hayan sentado a dialogar con el Gobierno también generó un mensaje positivo para el ELN, para vincularse también a un proceso de negociación.

Los cuatro años que duró la Mesa de Negociación fueron muy importantes para poder concluir los acuerdos que hoy conocemos y había optimismo sobre lo que podía esperarse, parecía haber voluntad política por ambas partes para cumplir lo pactado. Sin embargo, ahora estamos en un momento crítico del acuerdo porque, en materia de implementación, hay un sistemático incumplimiento por parte del Gobierno.

Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas lograron incluir lo que en el acuerdo de paz se denomina “el capítulo étnico”, que introduce una importante cantidad de perspectivas sobre la autodeterminación de los pueblos

Durante este tiempo han sido asesinados cerca de 50 militantes de las FARC...

M.A.O.: Sí, y la cifra va en aumento por la reconfiguración que ha asumido el conflicto armado en los territorios que se pretendieron “libres de violencia” a partir del proceso de pacificación. El conflicto armado se ha restablecido allí y ha resultado en una sistemática violación de los derechos humanos, con un impresionante aumento de los asesinatos tanto de los líderes y lideresas campesinos como de miembros de las FARC. Ha transcurrido un año y algo desde la firma del acuerdo y la última cifra de la Defensoría del Pueblo es de 283 líderes y lideresas campesinos asesinados, a los que hay que sumar otra cifra mayor aún de combatientes de las FARC.

¿A qué se comprometieron las FARC en el proceso de paz?
R.V.:Al abandono de las armas y el cese de hostilidades. Y que fueron cumpliendo paso a paso, a lo largo de la construcción del proceso. Ahora, una vez firmados los acuerdos, le corresponde al Gobierno empezar a cumplir con los seis puntos a que se ha llegado. Pero el Gobierno no está cumpliendo. Por ejemplo en las denominadas “zonas veredales” en que fueron instalados los miembros de las FARC desactivados. Esos espacios no reunían las mínimas condiciones para que esa gente pudiera formarse y capacitarse para poder integrarse luego a procesos productivos, como se les había prometido. Todo eso se quedó en veremos. Ahora atravesamos un momento muy difícil y complicado. Ha habido mucha expectativa y todos colaboramos con ese proceso, pero el Gobierno no le está cumpliendo a las FARC. Esto ha empeorado la situación generando que parte de la disidencia haya decidido armarse nuevamente.

¿En qué otras cosas ha no ha cumplido el Gobierno?
M.A.O.: Hay una medida contemplada en los acuerdos, que es clave y que está directamente relacionada con el aumento de los asesinatos: el desmontaje del paramilitarismo en Colombia. Esto no ha ocurrido y ha sido un incumplimiento grave. Otro se ha dado en materia de tierras, donde todavía se avanza a pasos muy lentos. En el punto 1 de la llamada Reforma Rural están los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, eso también va muy lento. Hay allí una arbitrariedades fuera de toda lógica por parte de la institucionalidad, una metodología que no fue consultada comunitariamente y que está impidiendo que las comunidades puedan elaborar con claridad propuestas para el desarrollo y la transformación nacional, que estaba en el espíritu del acuerdo de paz.

El conflicto armado se ha restablecido allí y ha resultado en una sistemática violación de los DD HH, con un impresionante aumento de los asesinatos tanto de los líderes campesinos como de miembros de las FARC

La metodología con la que el Gobierno opera en estos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial está promoviendo algo así como una lista de peticiones, en las que las comunidades acaban solicitando tejas, puertas y una serie de necesidades básicas insatisfechas que tendrían que haber sido de obligatorio cumplimiento, anterior a los acuerdos de paz. Y de este modo no se promueve el pensamiento y la acción la transformación territorial, así como inaugurar nuevas concepciones del desarrollo regional.

¿Qué propuestas tenéis para el proceso de paz desde el Movimiento de Mujeres?
M.A.O.: Trabajamos en el norte del Cauca, una región históricamente afectada por el conflicto armado. Desde que se propuso la Mesa de Negociación, las mujeres —tanto indígenas como afrocolombianas, campesinas, urbanas y población LGTBI— nos hemos articulado en diferentes plataformas de mujeres a nivel nacional, en defensa del proceso de paz. Y en el caso particular de esta región, actúan conjuntamente el Programa Mujer de ACIN y la Corporación Ensayos y Mujeres Diversas de Santander del Quilichao, que es un espacio de mujeres nacido a raíz de la firma de los acuerdos de paz, con la intención de participar en ellos, de capacitarnos y poder generar procesos de formación política comunitaria con otras mujeres.

Las Mujeres Diversas de Santander de Quilichao han conseguido posicionarse como un colectivo que actúa no solo en defensa del proceso de paz, sino también desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Estas organizaciones formamos una articulación nacional que se llama La Juntanza de las Mujeres por la Paz. Esta entidad reúne a varias organizaciones y lanza un mensaje político clave para que las mujeres podamos ser agentes activos y defensoras de un proceso de paz, que está constantemente amenazado debido a la singular coyuntura política del país, de la sistemática falta de voluntad política del Gobierno para implementar los acuerdos de paz, pero también de un escenario electoral adverso, dado que la mayoría de las candidaturas presidenciales están en contra de los acuerdos de paz. 

Anteriormente a los procesos de paz, las comunidades indígenas habían conseguido el reconocimiento por parte del Gobierno de miles de hectáreas. 

R.V.: Eso se consiguió con la lucha. Cuando se inició el movimiento indígena en el año 1971 su punto de partida fue la recuperación de la tierra que estaba en manos de grandes terratenientes. Y así empezó este gran proceso de recuperación de las tierras donde hoy estamos ubicados la mayoría de los resguardos [territorios indígenas, en régimen de autonomía]. Allí se hace un “ejercicio colectivo” aunque no sean tierras de propiedad colectiva, que coexisten con algunas familias que tienen su pequeña propiedad privada; esto no impide que ellas formen parte del proceso del cabildo, que es la autoridad indígena y nuestro dispositivo de funcionamiento.

A lo largo del tiempo, el proceso de recuperación de tierras se ha ido transformando en un mandato de liberación de la Madre Tierra. Desde 2005 hasta el presente hay varios procesos de liberación de tierras en el norte del Cauca, sobre todo en predios que son de la Asociación Ardila Lules, el Ingenio Incauca, que trabaja la caña de azúcar. Allí se está reivindicando el derecho al territorio que ancestralmente fue nuestro y de las comunidades afro, para recuperar esta tierra, quitar de allí el monocultivo y sembrar para nuestra alimentación.

¿Qué se puede esperar del resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de la segunda vuelta de este domingo 17 de junio?
R.V.: El hecho de que Gustavo Petro pase a una segunda vuelta es muy importante. Somos también conscientes de los riesgos que implica esta segunda vuelta, no se había verificado en la historia del país que un candidato alternativo pase a una segunda ronda. Y gente como él, con ideales de construir en comunidad, de brindar educación gratuita, mejorar la salud y otros planteamientos suyos, en otros momentos de la historia del país, ha sido asesinada. Nosotros, desde el movimiento indígena, apostamos y seguiremos haciéndolo por la candidatura de Gustavo Petro. Fue un alegrón, me trajo muchas emociones. 

¿Tiene Gustavo Petro algún o algunos compromisos explícitos con el movimiento indígena?
R.V.: Tiene compromisos con el país. Nosotros queremos un país distinto y creemos que puede ser la persona que pueda darle un aire diferente. Aunque somos conscientes de que construir eso en Colombia es muy complicado porque dependemos de la economía mundial, de muchas fuerzas que están allí, de los EE UU que también tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro país. No somos ingenuos, sabemos que será difícil hacer transformaciones, pero apostamos por él. Al menos es una persona distinta, con otros ideales y tenemos la esperanza de contar con alguien distinto. Y también porque es una persona que quiere seguir trabajando por la paz, que también es nuestra lucha. 

Nosotros, desde el movimiento indígena, apostamos y seguiremos haciéndolo por la candidatura de Gustavo Petro. Fue un alegrón, me trajo muchas emociones

M.A.O.: A partir de los discursos que hemos podido escuchar de Petro en las plazas públicas en el norte del Cauca, vemos que hace una lectura muy pertinente y adecuada —en términos programáticos— de los procesos de la tremenda concentración de la tierra en la región. Y también tiene consciencia de la necesidad de generar transformaciones y un nuevo ordenamiento territorial en el norte del Cauca, donde hay un empresariado fortísimo en el área de la caña de azúcar y de otras economías que han sido nefastas para la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas. Además, esos sectores tienen a la mayoría de las poblaciones instaladas en la montaña, en áreas totalmente improductivas. Hay una zona plana en manos de la industria de la caña con una vocación agrícola muy potente, pero sin producir; que es lo que se necesita para el sostenimiento de todos los pueblos. Y hay por parte de Petro una conciencia clara sobre esa conformación regional y esa grandísima concentración de la tierra.

Hablemos sobre cómo funciona vuestra autoorganización. ¿Qué consecuencia práctica para la vida de las comunidades tiene?

R.V.: La ACIN es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, nace en 1994 y el Estado colombiano le da personería jurídica y legal en 1996. Pertenecemos al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) nacido en 1971 con una plataforma de lucha y unos principios claros que orientan al movimiento indígena en Colombia y específicamente en el Cauca. En la ACIN en este momento hay 21 autoridades indígenas con sus comunidades, que cubren un total aproximado de 110.000 habitantes del norte del Cauca, la mayoría indígena nasa [el término significa “gente” y alude a un pueblo indígena de Colombia]. A lo largo del tiempo se ha venido transformando la dinámica organizativa de la ACIN. Se inició como una asociación de cabildos, con un presidente y una estructura organizada bastante “desde arriba”, desde el Estado, que decía cómo se organizaban esas asociaciones. Con el tiempo se ha ido reconvirtiendo en un ejercicio de autoridad tradicional, en una apuesta política fuerte por consolidar un territorio autónomo con un gobierno propio, indígena.

En la ACIN en este momento hay 21 autoridades indígenas con sus comunidades, que cubren un total aproximado de 110.000 habitantes del norte del Cauca, la mayoría indígena nasa

En esa línea hemos venido transitando los últimos años. También la estructura de la ACIN ha ido cambiando, de presidentes, secretarios, tesoreros, se ha ido modificando a consejerías, que son equipos colegiados, con personas que son elegidas por sus respectivas comunidades. Además de la ACIN, en el norte del Cauca existe una estructura organizativa que son los Planes de Vida, organizaciones de cabildos que sea agrupan, bien sea por su ubicación territorial o por afinidades o necesidades determinadas. Hay siete Planes de Vida y cada uno de ellos elige a una persona delegada que pasa a ser su representante en la ACIN. Se escogen en asambleas comunitarias y a partir de ellas se hacen congresos zonales, que es desde donde salen los mandatos. En junio del año pasado se hizo el III Congreso de la Asociación de Cabildos, en el que —entre otras cosas— se empieza a fortalecer el uso de la lengua nativa, la Nasa Yuwe [lengua materna del pueblo nasa]. O sea, se mantienen los consejeros [en castellano], pero pasan a llamarse los thúthenas [“el que lleva la palabra”], que en castellano sería equivalente a voceros.

¿Estos cabildos tienen facultades sobre toda la vida de la población?
R.V.: Sí, sobre la población indígena. En estos momentos estamos administrando la educación, la salud, la justicia. Se nos respeta y es una conquista que hayamos logrado que en la propia Constitución se nos respete una jurisdicción especial indígena; nosotros aplicamos la justicia en nuestro territorio y la justicia ordinaria respeta esa competencia que tenemos. 

¿Cómo funciona el poder judicial indígena? ¿Y cómo se eligen los jueces?
R.V.: Los jueces son la comunidad, toda la comunidad. No hay una persona que sea el juez. Se forman equipos jurídicos —todos los cabildos los tienen— que son los responsables del trabajo de investigación, dependiendo de cada caso a ser juzgado. Y cuando la fase de investigación está terminada, se llama a la asamblea comunitaria que, dependiendo del número de cada resguardo, puede ser de 200, 500, 1.000 personas y en asamblea pública el equipo jurídico hace una exposición de lo sucedido, de los hechos, la investigación que realizaron y cuáles son sus conclusiones. Entonces ahí, la comunidad decide qué tipo de aplicación de remedio da a la persona que ha hecho el daño. Así funciona nuestra justicia propia indígena. 

Los jueces son la comunidad, toda la comunidad. No hay una persona que sea el juez. Se forman equipos jurídicos —todos los cabildos los tienen— que son los responsables del trabajo de investigación, dependiendo de cada caso a ser juzgado

¿Y cómo funciona el tema de la propiedad en las comunidades indígenas? ¿Cómo se dirimen los conflictos en este ámbito?
R.V.: Por una parte, están los resguardos, que tienen reconocimiento legal en el marco de la Constitución y son los territorios colectivos que tenemos. Estos resguardos han sido reconocidos y se trata de varias fincas que nosotros recuperamos en 1971 y que el Gobierno nos reconoció, después de haberlas comprado para devolvernos su titularidad. Nosotros tenemos el usufructo de las tierras, pero no somos propietarios, podemos trabajarlas y tener nuestras casas allí; pero no podemos venderlas, son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Esas son las tres condiciones que tienen los resguardos indígenas en Colombia. Accedemos a ellas por procesos comunitarios que garantizan su usufructo.

Y si como comunero decides irte a otro lugar la tierra le va quedando a otras personas, que también pueden ser nuestros propios familiares; viene a ser como una herencia pero sin titulación. Y lo que nos dan es un documento que se llama adjudicación y es lo que da fe de que ese espacio es nuestro mientras lo trabajemos. Y a veces ha sucedido que gente no lo ha trabajado, entonces el cabildo le dice “tuviste dos o tres años para trabajarla y no lo has hecho, eso quiere decir que no la necesitas”, entonces se la pasan a otra persona. Y dentro de esto, claro que no somos perfectos y se han dado situaciones conflictivas alrededor de la tierra, a veces porque algunos resguardos ya están muy congestionados, no cabe un comunero más, y hay otros que tienen grandes extensiones —es un modo de decir— porque se trata de empresas comunitarias que todavía están allí y que no han sido repartidas, funcionan como entidades económicas, la mayoría en el área de la ganadería y que aún no han sido repartidas para el trabajo.

¿Son empresas privadas?...
R.V.: No, son empresas comunitarias cuyos integrantes han decidido continuar trabajando las tierras en tanto asociación y por eso no han sido parceladas. Y también hay algunos cabildos que deciden dejar alguna extensión de tierras libres, para tener la posibilidad de montar en ellas proyectos que les permitan tener recursos propios. Y que no necesariamente serán parceladas, algunas sí, otras no, eso depende de la dinámica de cada cabildo también.