Centros de Internamiento de Extranjeros
El CIE de València reabre después de un año cerrado y una reforma inacabada

La reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (València), custodiado por la Policía Nacional española y dependiente del Ministerio del Interior, ha supuesto, hasta el momento, el ingreso de al menos 18 personas migradas en situación administrativa irregular procedentes del CIE de Sangonera (Murcia), según han confirmado fuentes policiales. Tal como avanzó el diario Levante, el equipo de asesoramiento jurídico del CIE recibió previamente una circular donde se indicaba que la apertura oficial del centro se efectuaría el miércoles 7 de julio, poniendo fin a más de un año de cierre a causa de la situación de emergencia sanitaria y de las obras en el complejo de Zapadores. “La reapertura del CIE ha sido una oportunidad perdida para empezar a hacer un giro a los políticas migratorias”, ha declarado el portavoz de la Campaña “CIE NO València”, Adrián Vives.

Según las fuentes consultadas por este medio, el internamiento de las 18 personas migradas, privadas de libertad a raíz de la ley de extranjería, se realizó al largo del jueves 8 de julio. Desde Convivir Sin Racismo Murcia, aseguran que la mayoría de estas personas llevaban más de cincuenta días encerradas en el CIE de Murcia. “Nos parece absurdo que es reabra el CIE de València, y más aún que trasladen a quince chavales que hacía más de cincuenta días que estaban encerrados aquí, cuando el periodo máximo de privación de libertad en un CIE es de sesenta días”, denuncia Juan Guirado, portavoz de la entidad. Desde CIEs NO València señalan que si en un periodo de ocho o nueve días no consiguen ejecutar las deportaciones, deberían quedar en libertad. Vives puntualiza que ya han empezado a visitar a los internos “para establecer contacto”.

El centro continuará con una capacidad de 150 personas y sin un módulo específico de mujeres

Las obras que se han llevado a cabo en el CIE de València responden a un nuevo modelo de centros que, desde el año 2019, el Ministerio del Interior español pretende instaurar en todo el Estado. Se trata de una iniciativa que empezó en el CIE de Algeciras como proyecto piloto, y en el que también está integrada la reforma del CIE de Zapadores. De hecho, estas obras comenzarán ahora en el CIE de Murcia, lo cual ha propiciado el traslado a València de las personas que permanecían privadas de libertad.

Tal y como ha podido confirmar La Directa a través del gabinete de prensa del asesor parlamentario de la Secretaria de Estado de Seguridad, Eliseu López, las obras en el complejo de Zapadores “han tenido problemas” y no se han podido acabar, a pesar de su reapertura. El centro continuará con una capacidad de 150 personas y sin un módulo específico de mujeres, según han asegurado. Además, se ha preguntado a la policía española sobre la existencia de un protocolo antisuicidios, a raíz de la muerte del joven Marouane Abouobaida; su respuesta ha sido afirmativa, pero no han dado ningún detalle.

En cuanto a las condiciones en las que es encuentran las personas privadas de libertad, para Vives, después de la reforma, algunas cuestiones relacionadas con la habitabilidad del espacio podrían cambiar. En el CIE de València, durante años, “se ha denunciado mucho calor en verano, mucho de frío en invierno, agua helada que no se podía regular, no había váteres, sino letrinas; no había intimidad en las duchas”, subraya Vives. A pesar de que estas cuestiones podría ser que se solucionaran, Vives reflexiona: “Tampoco sabemos si estas reformas son mínimas en comparación con las vulneraciones que se producen”, es decir, “un cambio en la estructura —continúa— no pondrá fin al cierre de menores o de solicitantes de asilo, a las agresiones policiales, tanto físicas como verbales…”. “Son toda una serie de cuestiones que no desaparecerán con una reforma. Y por eso mismo estamos en contra de reabrir el CIE, porque un nuevo modelo puede poner un parche a aquello que sucedía, pero es una problemática estructural; cualquier modelo será un fracaso”, remarca con rotundidad.

Con motivo de la reapertura del CIE, el día 7 de julio, la Campaña “CIE NO València” organizó una convocatoria de urgencia ante la puerta azul, para exigir el cierre definitivo y el fin de las deportaciones

Las obras de remodelación del CIE de València, que suponían la puesta en marcha de mejoras en el edificio y que venían justificadas como un procedimiento para cumplir con las demandas del Defensor del Pueblo y los movimientos sociales en materia de Derechos Humanos, han sido adjudicadas a la empresa Construcciones y Obras Llorente SA (Collosa SA), con un presupuesto inicial de más de 600.000 euros. Esta empresa, propiedad de Patricio Llorente Muñoz y con sede en Valladolid, se dedica a la construcción de parques eólicos, líneas eléctricas de media y alta tensión, autovías y otras infraestructuras para el transporte y los ferrocarriles en el ámbito internacional, entre otros.

En su historial, destaca la vinculación de este grupo empresarial con el caso Martínez-Pujalte —Vicente Martínez-Pujalte, exdiputado en el Congreso español por el Partido Popular, que está siendo investigado por presuntos delitos de falsedad documental y soborno por su actividad en la consultora Sirga y por, presuntamente, facturar a empresarios del PP por trabajos inexistentes—, así como con la Trama Eólica, sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León y que ha supuesto la acusación de hasta diecisiete personas, entre ellas algunos antiguos cargos del gobierno autonómico. Según informaba eldiario.es, solo en trabajos para las consellerías y organismos de la Junta de Castilla y León, entre 2006 y 2013, Collosa SA habría facturado 134 millones de euros, una cifra que asciende a más de 438 millones de euros si se tienen en cuenta las filiales y Unió Temporal de Empresas (UTE) que conforman el Grupo Collosa.

Protestas por el cierre inmediato de los CIE

Con motivo de la reapertura del CIE, el día 7 de julio, la Campaña “CIE NO València” organizó una convocatoria de urgencia ante la puerta azul para exigir el cierre definitivo y el fin de las deportaciones desde los centres de internamiento de extranjeros. A pesar de que en un primer momento la Delegación del Gobierno español en València no autorizó la convocatoria, según han publicado varios medios locales, a causa de “el error de un técnico” que presuntamente no consideró la urgencia de la convocatoria a pesar de la excepcionalidad de los hechos, finalmente rectificaron. Desde CIEs NO explican que “siempre hemos estado en contra de cualquiera centro de internamiento de extranjeros”, y no piensan que el nuevo modelo sea el problema, sino que se trata de la misma idea de estos centros, diseñados para privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito, mientras se tramita su deportación. “Es una cuestión estructural”, rematan.

Con motivo de la reapertura del CIE, el día 7 de julio, la Campaña “CIEs NO València” organizó una convocatoria de urgencia ante la puerta azul de entrada, para exigir el cierre definitivo y el fin de los deportaciones des de los centros de internamiento de extranjeros

En esta ocasión, la convocatoria recibió el apoyo de diferentes cargos políticos y personalidades institucionales para reafirmar su compromiso con el cierre de estos centros, considerándolos espacios de no-derecho y dónde se vulneren sistemáticamente los Derechos Humanos. Al acto se sumaron cargos como Rosa Pérez, consellera de Transparencia del gobierno valenciano; Sergi Campillo, vicealcalde de València; Pilar Lima, síndica de Unidas Podemos a las Cortes; o Iván Castañón, secretario autonómico de la Vicepresidència y Conselleria de Igualtat, para mostrar su rechazo a la reapertura de los CIE y exigir su cierre definitivo.

Después de que la situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 pusiera encima de la mesa la importancia de la preservación de la vida y, al mismo tiempo, marcara un nuevo punto de inflexión para la libre movilidad de las personas, el control de las fronteras y las políticas de deportación; la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros ha provocado el rechazo total de los movimientos sociales y de los colectivos antirracistas y en defensa de los derechos de los personas migradas.

En octubre de 2020, volvían a abrir algunos de los CIE del Estado español y retomaban su funcionamiento como espacios de privación de libertad para las personas migrantes en situación irregular. En el caso de Barcelona, la reapertura del CIE de la Zona franca, con un módulo para mujeres, provocó la movilización de los movimientos sociales, que bloquearon los accesos al centro para reclamar su cierre “inmediato”.

“Los CIE han estado cerrados durante meses. No se han llevado a cabo internamientos ni expulsiones, por lo tanto, se ha demostrado claramente que otra gestión de la migración es posible”, apuntaban entonces desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que no solo mostraba su rechazo a la reapertura del CIE de Algeciras, sino que también reclamaba la paralización de los obras de construcción “de uno de los mayores centros de detención de personas migrantes de toda la Unión Europea”, situado en esta ciudad y con un presupuesto que supera los veinte millones de euros.

A pesar de las declaraciones de intenciones, la realidad es que las vulneraciones de los derechos humanos continúan repitiéndose en estos espacios, donde la violencia y la criminalización de la migración parecen ser crónicos. La reciente publicación del Defensor del Pueblo, el Informe Anual Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, apunta que, en 2020, un total de 1.244 personas fueron internadas y repatriadas desde los CIE, en los cuales también se identificó que 44 menores habían sido privados de libertad en estos espacios.

También en el CIE de Aluche, en Madrid, las organizaciones sociales alzaban la voz a principios de este mes de julio, para denunciar ante los autoridades judiciales, “un preocupante aumento de la violencia hacia las personas migrantes, con la presentación formal, ante la Fiscalía de Extranjería y Delitos de Odio, de hasta siete quejas por presuntas agresiones físicas y verbales por parte de los funcionarios de la policía española en los últimos nueve meses.