Centros sociales
Marco Aldany y sus matones, a juicio por el desalojo ilegal del CSOT La Pluma

Tras más de 4 años de proceso judicial, se ha dictado apertura de juicio oral contra los propietarios del edificio donde se encontraba el Centro Social Okupado Transfeminista La Pluma, así como contra los matones que contrataron para desokuparlo.
La Pluma
Miembros del CSOT La Pluma
9 ene 2023 13:35

El 24 de junio de 2018 inauguramos el Centro Social Okupado Transfeminista (CSOT) La Pluma en la calle Barbieri número 5 de Chueca. La mañana siguiente, cuando no habían pasado ni 24 horas desde su inauguración, apareció allí un grupo de matones desokupadores, armados con barras y cadenas, que echaron a las personas que había dentro al grito de “maricones de mierda, os vamos a matar a palos, fuera de aquí” y otra serie de improperios, ejecutando, de esa manera, el desalojo ilegal del centro social. [Matones: personas jactanciosas y pendencieras que procuran intimidar a los demás. RAE].

Las personas agredidas aquel día decidieron presentar una denuncia por lo ocurrido contra la propiedad y la empresa de desokupación que contrataron. Cuatro años y medio después, el 25 de noviembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid dictó auto de apertura de juicio oral contra la propiedad, su representante legal, su empresa ZZ Inmobiliari Proxima, el ingeniero de la obra del edificio y dos de los matones. Se les acusa de un delito de realización arbitraria del propio derecho, un delito de amenazas y tres delitos de lesiones leves. Tanto la Fiscalía de delitos de odio como la acusación particular, llevada a cabo por la abogada Naomi Abad Velasco, solicitan las penas correspondientes a cada uno de estos tipos penales: hasta cuatro años y seis meses de prisión, indemnizaciones de hasta 6.500 euros para cada uno de las personas perjudicadas y la imposición de una orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de los domicilios de las víctimas, y, durante seis meses, del edificio sito en la calle Barbieri 5.
Sin legalidad ni legitimidad, la propiedad y sus matones homófobos consiguieron truncar nuestro intento de realizar actividades del Orgullo Crítico, que iban a ser posibles en pleno corazón de Chueca

Estos cuatro años y medio han sido la historia de un éxito, de un fracaso y de una victoria. Un éxito porque desde el CSOT La Pluma conseguimos una vez más señalar públicamente la gentrificación de Chueca y despertar la ilusión de mucha gente con aquel proyecto. Un fracaso porque, a la fuerza bruta, sin legalidad ni legitimidad, la propiedad y sus matones homófobos consiguieron truncar nuestro intento de realizar actividades del Orgullo Crítico, que iban a ser posibles en pleno corazón de Chueca. Y una victoria porque, con estos cuatro años y medio que culminan con la apertura de un juicio oral, hemos demostrado que no nos amedrentan las amenazas, que no se pueden tomar la justicia por su mano. Que la propiedad, sus matones y quienes alberguen esas intenciones nos tendrán siempre de frente. Que no hay propiedad privada-abandonada ni dinero que se pueda imponer así a lo colectivo, que tenemos poder de hecho y de derecho, al menos para que no se nos avasalle con matones desokupadores.

Con la okupación de La Pluma no solo denunciamos la gentrificación del barrio de Chueca y la materialización y mercadeo que se ha hecho de nuestras identidades cuir con el MADO. Denunciábamos también la especulación salvaje que asfixia el centro de Madrid y alrededores, y a esos destructores que la llevan a cabo comprando edificios, vaciándolos por dentro y dejándolos cerrados durante años, como hicieron los hermanos Fernández Luengo (dueños de Marco Aldany y de la empresa ZZ InmobiliariProxima) con este inmueble de Barbieri 5, que durante años albergó el Hotel Mónaco que tantas historias guardaba en su interior, como contamos en este hilo de Twitter.


Por su parte, la Administración sigue este mismo juego: por acción los corruptos y por omisión, los demás. Largos plazos de espera para obtener licencias, procedimientos opacos, una comisión de defensa del patrimonio que se llama CIPAHN, tan oscura como su acrónimo que, al alargar los tiempos de obtención de informes, alarga el deterioro del patrimonio. Nos preguntamos de cuántas declaraciones de ruina inminente son cómplices en su indolencia.

Cabe preguntarse por qué los dueños de Marco Aldany se dieron tanta prisa en desalojar ilegalmente y por la fuerza “su2 edificio, pero tan poca prisa en ejecutar las obras. ¿Quizá hacían tiempo para que surgiera algún desperfecto, declararlo en ruina inminente y así poder derribarlo, como es habitual en este tipo de operaciones? Lo hemos visto tantas veces... En el Paseo de las Delicias esquina calle Palos de la Frontera hay un buen botón de muestra; al tiempo de este artículo todavía en Google Maps sale lo que se acaba de echar abajo: terminó la agonía de las poquitas casitas de ferroviario del barrio que quedan. Dicen que serán viviendas de lujo. Si los Fernández Luengo siguieran ese camino, ya no poseerían un edificio, sino un solar, con posibilidad de hacer varias plantas más debajo para un parking: edificio y parking, un pelotazo. Pero ¿y el patrimonio histórico? Desaparecido.

Señores Fernández Luengo: ustedes poseerán un edificio, pero el patrimonio histórico es herencia de todas, no es de su propiedad, y no tienen derecho a dejarlo vacío y en desuso, ni mucho menos a destruirlo

Señores Fernández Luengo: ustedes poseerán un edificio, pero el patrimonio histórico es herencia de todas, no es de su propiedad, y no tienen derecho a dejarlo vacío y en desuso, ni mucho menos a destruirlo. El patrimonio histórico no es nuestro, sino que está a nuestro cuidado, y ese era el objetivo del CSOT La Pluma cuando se inauguró: cuidar el antiguo Hotel Mónaco llenándolo de vida, de gente y de actividades durante las semanas del Orgullo. Pero la propiedad no lo permitió. ¿Y cómo sigue en 2022 el edificio que durante unas horas fue La Pluma? Efectivamente: cerrado. Pero las ventanas no lo están: puede entrar el deterioro y el abandono deliberado, el tiempo y el aire sucio, y la lluvia ácida; lo que lo termine echando abajo puede entrar, nosotras no. Los adalides de la propiedad privada y la libertad de empresa se olvidan del límite constitucional de “su” cacareado derecho: la función social de la propiedad, el valor inapropiable del patrimonio y de la historia de Madrid.

Ya no quedan apenas centros sociales porque la mayoría han sido desalojados, algunos de ellos ilegalmente, y en los dos últimos meses hemos visto cómo en Tetuán ha habido múltiples desalojos deviviendas que llevaban años okupadas, con su posterior e inmediato derribo
Desde hace años asistimos a una guerra abierta de los gobiernos de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid contra la okupación en la ciudad. Ya no quedan apenas centros sociales porque la mayoría han sido desalojados, algunos de ellos ilegalmente, como sucedió con la Ingobernable, y en los dos últimos meses hemos visto cómo en el barrio de Tetuán ha habido múltiples desalojos de viviendas que llevaban años okupadas, con su posterior e inmediato derribo.
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Al mismo tiempo, la televisión y la radio están llenas de anuncios de sistemas de alarma que emplean un miedo infundado a la okupación. La propaganda al servicio del negocio, repitiendo como un mantra situaciones de okupación que no existen en la vida real. Se ha logrado que el miedo de los grandes dueños a perder lo que tienen por no ocuparse de lo “suyo” sea ahora un miedo de todas. Hay gentes de pensión no contributiva que no dejan su casa sola para bajar a comprar por si se la okupan. No se comunitariza la propiedad, pero sí sus miedos.

Cuando en 2018 se inició este proceso judicial contra la propiedad y sus matones desokupas, sabíamos que no iba a ser un camino fácil. Temíamos que quedara en nada, que ganaran otra vez los de siempre. Sin embargo, sabemos bien que la presa no se suelta: así hemos ido llegando hasta donde estamos hoy, a sentarlos en el banquillo de los acusados. Hemos logrado que lo que hicieron no quede impune, y aquí y ahora podemos animar al movimiento okupa de Madrid y de todo el Estado español a que siga okupando, porque mientras haya gente sin casa no puede haber casas sin gente, porque necesitamos centros sociales donde encontrarnos y organizarnos, y porque la okupación será ilegal, pero es justicia social. La ley es la ley y no entramos en Barbieri 5 con violencia

o intimidación en las personas, pero así fue como nos arrastraron de allí.

Este juicio lo hemos ganado ya, aunque la sentencia esté por caer: el miedo ha cambiado de bando, las vergüenzas han quedado al aire y no hay dinero ni abogadas de prestigio que puedan quitar el uno y tapar las otras.

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