Caza
Casi 100.000 firmas rechazan declarar BIC las monterías y rehalas en Extremadura

Los movimientos para declarar Bien de Interés Cultural las monterías y rehalas en la región comenzaron en 2018, cuando la Federación Extremeña de Caza presentó formalmente la documentación ante la Junta de Extremadura. Posteriormente, Ciudadanos propuso en la Asamblea de Extremadura instar a la Consejería de Cultura a agilizar dicho trámite, justo un año después de que el uso de rehalas saltara a la actualidad y sufriera un severo cuestionamiento mediático y ciudadano tras el despeñamiento de 12 perros y un ciervo en una montería celebrada en la localidad cacereña de Herreruela.

La concienciación social frente a esa modalidad de caza fue uno de los motivos por el que más de medio centenar de colectivos y profesionales formados por —entre otros— organizaciones ecologistas, de protección animal, educadores caninos, veterinarios y abogados, solicitaron formalmente a todos los grupos parlamentarios extremeños que votasen en contra de dicha propuesta. Ésta fue finalmente llevada al pleno de la Asamblea el 5 de diciembre de 2019 y aprobada con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE, y el pronunciamiento en contra de Unidas por Extremadura. En la actualidad, la materialización de la propuesta se encuentra en estudio por parte de la Consejería de Cultura de la Junta.

Un número creciente de entidades han mostrado públicamente su disconformidad con que se proteja públicamente y se subvencione (con partidas económicas destinadas a Cultura) una actividad que, en sus palabras, “está intentando blindarse, mientras es cuestionada por un amplio sector de la población”

Desde entonces, un número creciente de entidades han mostrado públicamente su disconformidad con que se proteja públicamente y se subvencione (con partidas económicas destinadas a Cultura) una actividad que, en sus palabras, “está intentando blindarse, mientras es cuestionada por un amplio sector de la población”. Así, la oposición a la declaración como BIC de rehalas y monterías en Extremadura ha tomado cuerpo en una recogida de firmas online abierta a tal efecto, llevando ya recabados más de 92.400 apoyos.

Los argumentos planteados por los organismos dinamizadores de la iniciativa son diversos. Uno de ellos, señalan, es que “el empleo de rehalas está en entredicho por su impacto negativo sobre el medio ambiente, especialmente por la imposibilidad de asegurar que los perros no ataquen a especies legalmente protegidas. Estos canes son seleccionados y se potencia su agresividad contra los animales silvestres, lo que pondría en peligro a especies amenazadas, como ya ha ocurrido con la muerte de un lince en la provincia de Córdoba y la huida de otro en el Parque Nacional de Monfragüe”.

En un contexto social cada vez más sensible ante el maltrato animal, otro aspecto a considerar en las rehalas, afirman, sería “la cuestionable calidad de vida en muchos de estos perros. Existe ya un apreciable número de denuncias y condenas por la deficitaria situación higiénico-sanitaria que a veces llegan a padecer, como la que se ha puesto de manifiesto en la investigación recientemente abierta al propietario y al cuidador de una rehala en la localidad pacense de Puebla de la Reina, en cuyas instalaciones el SEPRONA ha hallado más de una veintena de perros muertos a consecuencia de la desatención y abandono”.

El lobby extremeño de la caza impone su ley

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La reforma de la actual Ley de Caza ha contado solo con las aportaciones de parte de las asociaciones cinegéticas extremeñas, principalmente de Fedexcaza, dejando fuera al resto de actores afectados. 

Por otra parte, desde quienes se manifiestan favorables a blindar estas actividades cinegéticas se argumenta la relevancia económica de los recursos generados por las mismas, pero, apuntan desde las organizaciones ecologistas, “se olvidan de cómo perjudican estas cacerías al desarrollo de otras actividades en auge y más rentables para el mundo rural, como el turismo de naturaleza o los deportes al aire libre, y a la riqueza económica que esto conlleva (hostelería, restauración y comercio de esas zonas)”.

La iniciativa que se opone a la declaración BIC concluye que “la protección del patrimonio cultural supone un reconocimiento que debe afianzar la continuidad de prácticas tradicionales que estén en armonía con el territorio en el cual se desarrollan, y no deben convertirse en simples declaraciones que vayan en contra de aspectos tan importantes como la sostenibilidad y la cohesión social. Una actividad que conlleva la muerte y sufrimiento de animales, y que es fuente de tanta controversia entre la ciudadanía, no debería ser objeto de blindaje por parte de las instituciones”.