Catalunya
Termina el juicio a 13 estudiantes que se manifestaron por la rebaja de las tasas universitarias en 2017

“Hace 15 años, el precio de una matrícula no superaba los 600€, a día de hoy, tienes suerte si no supera los 2.000€.”, así empieza el discurso de uno de los trece estudiantes que se enfrenta hoy a la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Barcelona y así empezó la movilización estudiantil, un movimiento que hoy carga con un conjunto de procesos judiciales a sus espaldas.  

Las tasas universitarias catalanas incrementaron un 60% el año 2012. El entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert, durante el gobierno de Mariano Rajoy, implantó la reforma conocida como el sistema de horquillas. Este decreto provocó una gran indignación entre estudiantes y universidades, pero las protestas no fueron capaces de impedir que el aumento del precio de las matrículas se hicieran efectivos, y las matrículas catalanas pasan a ser las más caras del país. 

En consecuencia, en 2015 el movimiento estudiantil lanza una nueva propuesta: una rebaja del 30% de las tasas aumentadas. Durante todo ese curso universitario, se convocan vagas estudiantiles y movilizaciones que, con una alta participación, reclaman que se aplique esta medida para el curso siguiente. Finalmente, el Parlamento aprueba una moción para bajar las tasas antes del inicio del curso  2016/17 , pero en septiembre la medida todavía no ha pasado del papel (y no lo hará hasta cinco curso más tarde, es decir, el actual).

La Fiscalía pide para todos ellos exactamente la misma pena: 8 años y medio de prisión y 11.000€ de multa a cada uno por los daños y desórdenes públicos generados durante esa manifestación

La Fiscalía solicita 110 años de prisión para 13 jóvenes por una huelga estudiantil a Catalunya

Gessamí Forner

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Represión

La Fiscalía solicita 110 años de prisión para 13 jóvenes por una huelga estudiantil a Catalunya

Gessamí Forner

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El colectivo Alerta Solidària exige la absolución de los encausados, critica que las acusaciones de los delitos imputados (desórdenes públicos y daños) no son individuales, tal y como requiere el Derecho, y que del auto se desprende que los estudiantes estaban siendo rastreados por los Mossos d’Esquadra. 

Esto genera el descontento del movimiento estudiantil y se convoca una nueva manifestación el 2 de marzo de 2017. A esta manifestación acuden  los trece jóvenes, de entre 18 y 20 años, que cuatro años después, se han sentado en el banquillo de los acusados los días 3 y 4 de junio. La Fiscalía pide para todos ellos exactamente la misma pena: 8 años y medio de prisión y 11.000€ de multa a cada uno por los daños y desórdenes públicos generados durante esa manifestación. 

Los incidentes fueron la quema de dos contenedores, el lanzamiento de bolas de pintura a una compañía de telefonía y la ruptura de un cristal de una entidad bancaria. Las principales pruebas para inculpar a los estudiantes son las grabaciones que se hicieron durante la manifestación, dado que ninguno de los manifestantes fue detenido ni identificado cometiendo ninguno de estos actos. A partir de las grabaciones, los agentes policiales solo pueden vincular directamente a uno de ellos con la quema de un contenedor. Pese a eso, Fiscalía considera a los trece acusados autores de estos altercados. Argumenta que todos cooperaron, de formas distintas, en la comisión de los actos delictivos. 

“Se construye la teoría de que todos colaboraron en los daños, cuando a la mayoría de los acusados no se les puede atribuir una acción delictiva concreta, ni siquiera una vinculación directa con los altercados”,  Xavi Monge, abogado

Sin acción delictiva concreta

Xavi Monge, abogado de Alerta Solidaria, cree es una interpretación forzada del concepto de co-autoría: “Se construye la teoría de que todos colaboraron en los daños, cuando a la mayoría de los acusados no se les puede atribuir una acción delictiva concreta, ni siquiera una vinculación directa con los altercados. Es la manera de justificar la actuación policial y la acusación masiva que ha habido hacía los acusados.”

Por su parte, el grupo de apoyo, difusión y denuncia “La pública a Judici” ve en la acusación de Fiscalía un propósito de castigar y reprimir al movimiento estudiantil, además de criminalizar al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), asociación a la que en ese momento pertenecían los trece jóvenes encausados. Aseguran que la desproporción de las penas y la falta de pruebas durante todo el proceso judicial son una muestra clara de que los acusados van a ser juzgados por su ideología más que por los hechos que cometieron. 

Su periplo judicial se remonta al 8 de mayo de 2017, tres días antes de una nueva vaga estudiantil (que a su vez también será el motivo de una nuevo juicio). A lo largo de ese día detienen a tres militantes del  SEPC  y notifican a 10 más que están citados para declarar, en posición de investigados, sobre los hechos. 

Alba fue la primera de las encausadas que recibió la noticia: “Durante varias horas fueron llamando a más compañeras que estaban conmigo en las concentraciones por las detenidas. Se creó un clima muy tenso, de miedo, de pensar ¿quién será la siguiente?. Yo no podía entender nada. En la manifestación no identificaron a nadie, tampoco ninguna de nosotras tiene antecedentes. Si no me identificas, ¿cómo sabes que estuve en la manifestación?¿Cómo sabes quién soy?”.

En los ficheros policiales se reconoce que la investigación comienza en las redes sociales del SEPC. Buscaron entre los perfiles que interaccionaba el sindicato a las personas estuvieron en la manifestación

Identificación en las redes sociales del SEPC

Porque precisamente, uno de los puntos más controvertidos del caso es la identificación de los acusados. No se hicieron en la propia manifestación, sino a posteriori, a partir de las grabaciones que los Mossos d’Esquadra realizaron a lo largo de la manifestación. Diferenciaron a los acusados de otros manifestantes a través de la ropa que llevaban, la marca de sus bambas o el color de uñas de los estudiantes. 

La defensa de parte de los acusados sostiene que es muy complicado identificar de esa manera a unas personas concretas entre la multitud, y que acotaron la búsqueda a los simpatizantes del SEPC: “En los ficheros policiales se reconoce que la investigación comienza en las redes sociales del SEPC. Buscaron entre los perfiles que interaccionaba el sindicato a las personas estuvieron en la manifestación. De esta manera los diferenciaron de entre más de mil asistentes. Esto quiere decir, en cierta manera, que están buscando a las personas, y después se le están atribuyendo unos hechos.”, afirma Xavi Monge. 

Cuando los encausados acudieron a sus citas judiciales, fueron conscientes de que no solo se les relacionaba con hechos delictivos, sino que durante los meses previos a las detenciones, los Mossos d’Esquadra los habían seguido en su día a día cotidiano sin su conocimiento. En el informe policial, de más de 500 páginas en total, hay fotografías suyas entrando en casa, tomando un café, yendo hacía al trabajo, así como un análisis de sus redes sociales y un listado de las amistades de los encausados. Los acusados califican la investigación que ha habido hacía ellos de persecución directa a sus vidas personales.

Alba recuerda cómo un día le pareció que la estaban siguiendo. Ahora sabe que era una agente policial: «La vi en la puerta de mi casa, de camino al tren, y finalmente subir al mismo vagón que yo y sentarse en diagonal a mí. Me dio la sensación de que me estaba haciendo una foto. Fue entonces cuando me planteé seriamente si me estaba siguiendo, pero no le di importancia, no me podía imaginar que realmente fuera así. Cuando me enseñaron el informe, comprobé que no eran imaginaciones mías.»

Después de ver los informes policiales a principios de verano de 2017, pasan tres años sin noticias del juzgado hasta que en 2020 Fiscalía les notifica las penas de prisión y las multas que les pide a cada uno de ellos, así como la fecha del juicio, para la que aún tendrán que esperar otro año. “Impresiona mucho ver que hay una persona que piensa que debes pasar más de ocho años en prisión. No puedes evitar pensar¿Si que soy peligroso, no? ¿O lo realmente peligroso es que los jóvenes nos organicemos para luchar por nuestros derechos y ganemos?”, explica Paco. 

Durante los cuatro años que separan el día de las detenciones del actual juicio, los estudiantes aseguran se ha sentido condicionados y con miedo de participar tan activamente en política como le hubiese gustado, algunos han decidido abandonar sus militancias políticas. Paco, uno de los encausados, cree que es precisamente uno de los objetivos de la acusación: “Des de 2017 tengo la sensación de tener una espada a mis espaldas que no me condiciona y no me permite desarrollarme como querría. Siento miedo por mi futuro, porque si paso a tener antecedentes, ya no podré, por ejemplo, opositar a cargos públicos. Por esta razón, nosotros ya hemos sido condenados sin haber pasado por el juzgado”.

De la misma manera, Xavi Monge considera que tanto las detenciones como los seguimientos previos fueron una forma de enviar un mensaje claro de disuasión y así desactivar posibles movilizaciones: “El derecho penal debería ser el recurso de persecución de delitos. Usarlo como herramienta de disuasión es una manera de pervertirlo.”

Desde La Pública a Judici defienden que se están enfrentando a un juicio político, en el que están juzgando su militancia en el SEPC, su capacidad de organización y su compromiso con sus ideales

Desde La Pública a Judici defienden que se están enfrentando a un juicio político, en el que están juzgando su militancia en el SEPC, su capacidad de organización y su compromiso con sus ideales. Por esta razón, reclaman la absolución de los trece encausados y piden al movimiento estudiantil no rebajar el nivel de movilización y seguir luchando por el proyecto político que defienden: una universidad pública y de calidad. 

“Cuando denuncias la desproporción de la justicia española, ves que la represión que estamos viviendo no detiene a los estudiantes, sino que hace que estén aún más concienciados. Te sientes reconfortado, sientes que todo esto está valiendo la pena”. Paco asegura que todo el apoyo que ha recibido por parte de La pública a Judici, así como de su entorno, familiares y amigos ha sido clave para poder sobrellevar la situación a lo largo del tiempo aunque, aseguran, “siempre llevas la mochila del proceso judicial y es imposible olvidarse de su peso”.

Hoy cierran una etapa, pero aún deberán esperar entre uno y tres meses para conocer el verdicto final del juzgado. “Cuando empezó todo esto solo tenía 18 años, ahora tengo 22. Sigo estudiando para tener una vida, pero ¿cómo lo hago con un juicio así pendiente?. Todo este proceso me está afectando. Estaba deseando que llegase este día, pese al miedo de entrar en prisión, porque necesito pasar página. Quiero rehacer mi vida”, sentencia Alba. 

Los acusados salen de su último día del juicio con la convicción de que son inocentes y con la esperanza de salir absueltos. Pese a todo lo que ha supuesto para ellos este proceso judicial durante los últimos años, si pudieran volver atrás, tienen claro lo que le dirían a esos jóvenes que acaban de empezar su vida universitaria y deciden manifestarse: “No tengas miedo, hay mucha gente que te apoya, no estas sola. Has hecho bien las cosas. No cuestiones tus ideales ni tus actos. Saldremos adelante. Tu sigue la lucha”.