Catalunya
¿Quiénes son las 28 personas encarceladas durante la primera semana de protestas contra la sentencia del Supremo?

Desde que el lunes 14 de octubre se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que condena a entre 9 y 13 años de prisión Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, Catalunya ha vivido una semana de protestas ininterrumpidas que han dejado cifras altísimas de personas detenidas y heridas por la acción de los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Según los datos facilitados por el ministro del Interior del gobierno en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha habido 194 detenciones desde el lunes en toda Catalunya en relación con las movilizaciones, 154 de las cuales han sido practicadas por los Mossos, 32 por CNP y 8 por la Guardia Urbana de Barcelona. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informaba el domingo por la noche de que 104 de ellas ya han pasado a disposición judicial, acordándose la prisión provisional, comunicada y sin fianza para 28, y la libertad con medidas cautelares para el resto. Estas medidas varían según los casos, contemplando desde la prohibición de participar en protestas hasta el veto de acercarse a menos de un kilómetro y medio, pasando por la retirada de pasaporte o por tener que personarse en los juzgados cada quince días.

A dos personas detenidas en Lleida, incluidas dentro de las 76 personas que han quedado en libertad con medidas cautelares, se les ha abierto un expediente de internamiento con orden de expulsión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, mientras que a un tercer ciudadano estadounidense —extracomunitario— también se le ha iniciado un proceso de expulsión a pesar de que dispone de permiso de residencia permanente de un familiar comunitario.

Por otra parte, es importante aclarar que el centenar de personas más que han sido detenidas estos días pero no han sido puestas a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos y sin medidas cautelares a la espera de ser citadas a declarar. Sus detenciones habrían quedado sin efecto en comisaría, donde un agente de policía ejerce funciones de instructor y valora la gravedad de los hechos que se les atribuye —en función del atestado policial redactado posteriormente a su detención— y decide dejar en libertad a la espera de comparecer o llevarlos automáticamente ante el juez.

El abogado Eduardo Cáliz, de la organización antirrepresiva de la izquierda independentista Alerta Solidaria, cree que en estos casos la prisión provisional no está justificada con ninguna finalidad de las que legalmente están previstas. “Fiscalía está pidiendo prisión para todos los detenidos con una finalidad de escarnio público para atemorizar a la población y que no continúen expresando su malestar con la situación política”, remacha con rotundidad.

También considera que los jueces están siguiendo directrices de la fiscalía y esto “conlleva una vulneración flagrante al derecho a la libertad y el derecho a manifestación y puede acarrear consecuencias nefastas para todas las personas jóvenes que están en la cárcel y que muy probablemente cuando lleguen a juicio serán absueltas”.

Finalmente, apunta que las medidas pueden suponer “un efecto bumerán y aumentar la indignación popular, al tiempo que suponen un alejamiento hacia la administración de justicia”.

Mancha de aceite en todo el territorio

De las 28 personas encarceladas, 16 fueron detenidas en la ciudad de Barcelona, ​​cinco en Lleida, cinco en Girona y dos en Tarragona. Alerta Solidaria, que coordina y asume la defensa de buena parte de ellas, denuncia la manipulación en los atestados policiales que les han llevado a prisión y afirma que “presentan pruebas exactamente iguales para diferentes personas encarceladas”. La inmensa mayoría tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años y, a pesar de ser detenidas en las cuatro capitales del país, tienen orígenes y procedencias diversas, mayoritariamente de municipios más pequeños.

Este es el caso de Laura Solé y Joan Tortosa, dos jóvenes de 25 y 22 años, respectivamente, que fueron detenidos por agentes de paisano de la Policía Nacional el jueves por la noche en Tarragona. La juez de guardia ordenó su ingreso en prisión el sábado y actualmente se encuentran en prisión de Mas d’Enric, el mismo centro del Catllar donde está tomada la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a once años y medio de prisión por sedición, y un tercer manifestante tarraconense detenido en Barcelona. Su encarcelamiento ha conmocionado a los pueblos de La Secuita (Tarragona) y el Pont d’Armentera (Alt Camp), de donde son hija e hijo, y en estos momentos ya se han celebrado dos concentraciones ante la prisión para exigir su liberación.

Una de las abogadas que las asiste, Montse Aumatell, explica que en los atestados policiales se las acusa de mover contenedores o llevar piedras, pero asegura que no hay constancia de que “acabaran ninguna de estas acciones y incurran en un delito, ya que afirman no saber que pasó después y no son capaces de individualizar conductas, tal como se requiere en el derecho penal”. La letrada anuncia que presentará un recurso de reforma al auto de ingreso en prisión y si este es denegado, apelará a la Audiencia de Tarragona.

Aumatell confirma que los dos jóvenes han recuperado una cierta tranquilidad una vez ingresados en el centro penitenciario, donde a diferencia de su paso por las manos del CNP, están recibiendo un trato respetuoso: “Aparte de la violencia que sufrieron durante la detención, nos han explicado que en comisaría se burlaron de ellos, recibieron empujones y los hicieron escuchar el himno español desde un radiocasete”.

En comarcas de Girona son cinco los jóvenes que han sido privados de libertad, todos ellos en estos momentos están en el centro penitenciario de Puig de les Basses (Figueres), donde también se encuentra Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias condenada a doce años de prisión y de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.

La orden de prisión contra los dos primeros se emitió el viernes, la tercera el sábado y las dos últimas, el domingo. Hasta el momento, solo ha trascendido el nombre de Robert Llach y Pablo Sánchez, naturales de Girona y Llagostera (Gironès) de 25 y 21 años, respectivamente. Ambos han sido los últimos de todos ellos en entrar en prisión, ya que fueron puestos a disposición judicial el domingo, tras ser detenidos por el CNP la noche del viernes al sábado.

Dos de los otros tres encarcelados son jóvenes extutelados que fueron detenidos durante los incidentes del miércoles por la noche e ingresaron el jueves en prisión, mientras que el encarcelamiento del tercero se efectuó el sábado. Los tres son jóvenes racializados de origen magrebí y fueron detenidos por los Mossos, en lo que Benet Salellas, abogado de cuatro de los encarcelados, ve “un sesgo que siempre ayuda” a la hora de aplicar un castigo más severo.

Salellas ha denunciado vía redes sociales que en el caso de Llach y Sánchez tomaron “declaración a los detenidos con la presencia de dos miembros del CNP encapuchados en la sala”, en referencia a su paso por el juzgado de guardia antes de ser enviados a la cárcel. Además, el letrado asegura que “hay instrucciones de la fiscalía general, vía fiscales de las demarcaciones territoriales, de pedir prisión por todas las causas con desórdenes públicos”.

A su vez, en la demarcación de Lleida se han producido cinco encarcelamientos, el primero de los cuales fue el de Albert Martí, popular músico de 35 años originario de Térmens (Noguera) detenido durante las protestas del miércoles bajo la acusación de romperle un brazo a un agente de los Mossos. Durante la jornada de huelga general, se llevó a cabo una concentración para reclamar su libertad en el Centro Penitenciario de Ponent, las mismas instalaciones donde han ido a parar cuatro de las personas detenidas en los disturbios posteriores a la marcha multitudinaria que se vivió el viernes —una vez más— en la capital del Segrià.

Uno de los chicos que ha ingresado en prisión es Amadeu Roca, natural de Artesa de Segre (Noguera), que habría sido detenido en la calle Almudín Viejo y por el que su familia ha hecho un llamamiento en las redes para buscar testigos y pruebas que puedan demostrar que no es responsable de los hechos que se le imputan. Otro es menor de edad y se encuentra en el centro educativo El Segre, mientras que de los dos restantes aún no hemos podido recoger más información, ya que los colectivos de apoyo y de juristas aún están organizándose para responder a la fuerte ola represiva de estos días, que ha dejado un total 43 personas detenidas en la ciudad.

Barcelona, ​​punto de confluencia

Dieciséis de las personas actualmente encarceladas fueron detenidas en la ciudad de Barcelona durante las movilizaciones organizadas entre martes y viernes. Sin embargo, muchas de ellas no son vecinas de la capital catalana sino que habían acudido para manifestarse.

David Pérez y Álvaro Alierta tienen 20 y 21 años respectivamente y fueron detenidos por los Mossos la madrugada del jueves al viernes en la calle Aragó. Según explicó la hermana de Alierta el domingo en Twitter, “después de tres días hemos podido ver a mi hermano encarcelado ayer”. La familia denuncia que “cuando lo detuvieron lo golpearon: tiene puntos en una pierna y está todo magullado, según los agentes todo lo ha hecho él solito”.

A ambos les acusan de tirar piedras a un furgón policial pero su entorno asegura que “no tienen ningún tipo de prueba y los detuvieron cuatro horas más tarde y en un lugar diferente de donde supuestamente había pasado el alboroto”. Para protestar contra su encarcelamiento, más de 300 personas se concentraron el sábado en la plaza de la villa de su municipio, Parets del Vallès (Barcelona). Ambos se encuentran en la prisión de jóvenes de la Roca del Vallès, centro penitenciario destinado a personas entre los 18 y los 21 años, junto con un tercer chico también detenido en Barcelona y encarcelado el pasado miércoles. Según fuentes de Servicios Penitenciarios, en esta prisión habría un total de diez personas internas detenidas durante las protestas.

Otro caso es el de Xènia Garcia, chica de 22 años de Caldes de Montbui (Barcelona), golpeada y detenida el viernes en la calle Jonqueres, acusada de tirar objetos contra agentes del CNP y de llevar unas bolas dentro de la bolsa que llevaba, extremo que aparece en el atestado aunque después no se han presentado estos objetos como prueba.

Está actualmente encerrada en el centro penitenciario de mujeres de Wad-Ras y resulta que las mismas bolas de las que se le acusa de ser portadora también aparecen en otros atestados de personas detenidas el mismo día.

Al menos dos jóvenes detenidas durante las protestas están reclusas actualmente en la misma prisión ubicada en el barrio barcelonés del Poblenou, donde ya se han celebrado concentraciones de protesta domingo y lunes —que a partir de ahora se prevé que tengan continuidad cada día— para exigir su libertad.

Una de ellas es Paula, una joven de 20 años que fue detenida el mismo día de la huelga general y que según denuncia su grupo de apoyo, que ha iniciado una campaña pidiendo su absolución, fue detenida por los agentes antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del CNP, que la habrían retenido durante catorce horas sin comunicar su detención. La tercera chica se llama Andrea, fue detenida el martes 15 de octubre en la capital catalana y es originaria de Sabadell, donde está vinculada al centro social La Obrera y se ha creado un grupo para apoyarla.

Otro joven detenido el martes en Barcelona es el tercer preso de estos días en el centro penitenciario de Mas d'Enric, donde este lunes se han manifestado medio millar de personas para pedir la puesta en libertad de todos ellos. Se llama David Solé, es de Tarragona y el juzgado que decretó el ingreso asegura que él y otras tres personas que fueron detenidas en el mismo momento habrían hecho acciones para “impedir la ejecución de una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo”. La acusación particular, ejercida por la Generalitat en representación de los agentes que habrían quedado heridos durante los disturbios, también solicitó prisión, en este caso eludible con fianza de 2.000 euros, pero finalmente todos fueron enviados a prisión sin fianza.

Finalmente, Francisco Colomines fue golpeado entre ocho policías y detenido el viernes por la noche en la calle Trafalgar. Su familia ha pedido imágenes y testigos para su defensa y actualmente está recluido en Brians I. También se tiene conocimiento de un joven de Mataró (Barcelona) que actualmente está encarcelado, mientras que aún no han trascendido los nueve casos restantes de personas detenidas en la ciudad de Barcelona y posteriormente encarceladas, ya que están asistidos por abogados de oficio o por deseo expreso de sus familias.