Catalunya
Política y negocios se unen para impulsar la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno Prineus 2030

El 24 de julio, el conjunto de la población de las seis comarcas que forman la veguería del Alt Pirineu y Aran podrán votar en una consulta “políticamente vinculante”, si están a favor o en contra de que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya presente la candidatura para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de 2030. En cambio, el ejecutivo que preside Pere Aragonès ha dejado fuera de la decisión a los residentes de Berguedà, Ripollès y Solsonès, que solo podrán posicionarse sobre la participación o no de sus respectivos territorios en el macroevento, en caso de que termine celebrándose.

Durante la rueda de prensa para anunciar la fecha y las preguntas del referéndum, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), y la de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina (Junts), aseguraron que el Gobierno explicará el proyecto “de manera neutra” y que no harán campaña a favor del sí o del no. A pesar de estas afirmaciones, ya hace tiempo que miembros del ejecutivo catalán y de los dos partidos que forman parte trabajan incansablemente para que los cargos públicos del Alt Urgell, Alta Ribagorça, Aran, La Cerdanya, Pallars Jussà y Pallars Sobirà den apoyo al proyecto olímpico.

Helena Guillén, ganadera y portavoz de la plataforma Stop JJOO, cree que no se ha necesitado mucho esfuerzo para convencer a la mayoría de electos pirinaicos. “Hay cargos políticos que tienen intereses personales en el sector turístico y ello les influencia a la hora de decidir impulsar una candidatura como esta o promocionar una determinada actividad económica, en detrimento de otras”. Esta vecina de La Cerdanya considera que algunos representantes políticos de la zona “no miran por el bien común o colectivo, sino que actúan en su propio beneficio”. 

Un 73% del PIB del Alt Pirineu y Aran depende del sector tericario y, de este porcentaje, la hostelería representa el 19%

El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, el cual previamente había ocupado el cargo de director general de la Fundació La Caixa, protagonizó en diciembre un acto de presentación de los presupuestos de la Generalitat para el año 2022 en Puigcerdá (La Cerdanya). En su comparecencia ante los principales representantes políticas de la zona, Giró se congratuló por las cifras acordadas y las relacionó con la candidatura Pirineus-Barcelona 2030, que según él contribuiría a “la dinamización económica y comercial del Pirineu”.

Estas cuentas prevén una inversión total de 43,4 millones de euros en estos territorios. Casi un 30% de esta dotación, 12,9 millones, irá destinada a las pistas de esquí de La Molina, Boí Taüll, Espot Esquí y Port Ainé, cuatro de las seis estaciones de gestión pública en manos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Si a la cifra dedicada al turismo se le suman las partidas previstas en el sector de las infraestructuras de transporte, principalmente por carretera, el resultado es un 82% del total presupuestado.

Por tanto, no es de extrañar que un 73,3% del producto interior bruto (PIB) del Alt Pirineu y Aran dependa del llamado sector servicios. Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) del año 2018, la hostelería representaba el 19,3% del porcentaje del PIB correspondiente al sector terciario. Estas y otras cifras son reveladoras en cuanto al modelo económico que las instituciones públicas han fomentado en este territorio, donde en 2020 había 72.913 personas empadronadas y 40.395 plazas de alojamiento turístico repartidas en 803 establecimientos.

Isidre Chia, presidente comarcal de La Cerdanya, ha virado del escepticismo con los Juegos Olímpicos a poner en duda si es necesario una consulta a la ciudadanía para llevarlos adelante

El poder de los Chia en La Cerdanya

Isidre Chia Trilles (Junts) es, desde agosto de 2021, el presidente del Consejo Comarcal de La Cerdanya, cargo al cual accedió gracias al acuerdo de Gobierno con ERC y al hecho de que dos años antes obtuvo la alcaldía del municipio de Bolvir. Chia se ha mostrado partidario de la candidatura olímpica desde su nombramiento, un apoyo que corroboró en febrero durante el encuentro que mantuvieron titulares de alcaldía de la comarca con Ricard Font, actual secretario general del Departamento de la Vicepresidencia de la Generalitat.

Ricard Font, que anteriormente fue presidente de FGC, ha formado, junto con Anna Caula, secretaria general de Deporte, y Ricard Pérez, delegado del Gobierno en el Alt Pirineu y Aran, el tridente principal de altos cargos que han persuadido a la clase política pirinaica de la idoneidad del proyecto olímpico. Lo confirmaba Isidre Chia delante de la prensa justo después de la reunión de febrero: “Los alcaldes han quedado convencidos de cómo será este nuevo proyecto”.

La familia Chia es bien conocida en la comarca por sus intereses empresariales, que les han servido de impulso para irrumpir en la escena política. El padre del presidente del consejo comarcal, Ramon Chia, también es alcalde desde 2015; en su caso, del municipio de Fontanals, limítrofe con la localidad que gobierna su hijo Isidre. Este compagina el máximo cargo institucional de la comarca con la dirección de la empresa Jardineria Germans Chia, que cuenta con más de una cincuentena de trabajadores y que Isidre Chia dirige junto con su hermano Xavier. Constituida en 2004, la empresa ofrece servicios que comprenden desde el diseño y la construcción de espacios exteriores hasta el mantenimiento anual de jardines y piscinas, sobre todo de segundas residencias propiedad de familias con un alto poder adquisitivo. 

Además, el alcalde consta en el registro mercantil como administrador solidario de la sociedad limitada Immobles Chia, con domicilio social en la avenida Diagonal de Barcelona. Inscrita en noviembre de 2020, la empresa tienen como objeto la compraventa, intermediación, arrendamiento, administración y explotación de fincas rústicas y urbanas, así como la realización de toda clase de obras y construcciones. Casualmente, en la misma fecha, el presidente del Consejo Comarcal de La Cerdanya, constituyó otra sociedad llamada Grup Chia Cerdanya SL, dedicada a la compraventa, tenencia, administración, gestión y explotación  de participaciones, acciones, títulos y valores de sociedades mercantiles.

El alcalde de Vielha i Mijaran, Juan Antonio Serrano, es propietario de Hoteles Serrano, que explota como mínimo once apartamentos turísticos y dos hoteles

La constitución de estas dos sociedades coincide en el tiempo con el periodo en que la candidatura olímpica se concretó. Paralelamente, la posición de Chia ha virado del escepticismo y de reclamar “más información” a poner en duda recientemente la necesidad de llevar a término la consulta prevista a la ciudadanía. “Si realmente los dirigentes políticos del territorio creemos que esto es beneficioso, hemos de tirar hacia adelante”, afirmó en una entrevista en el diario Regió 7.

La familia Chia se ha visto hace poco envuelta en la polémica por sus decisiones a caballo entre la esfera pública y privada. En 2021, el Ayuntamiento de Fontanals, que preside Ramon Chia, autorizó la transformación de una barraca de cazadores en un lujoso centro cinegético con piscina, construido en un terreno familiar titulado por su hijo Xavier, catalogado como rústico y que aún no contaba con la licencia correspondiente. La Oficina Antifraude de Catalunya ha confirmado a La Directa que tiene una investigación abierta sobre este hecho.

En una situación similar se hallaba el hasta hace poco alcalde de la segunda población de la comarca en número de habitantes, Bellver de Cerdanya. Xavier Porta y su hijo y regidor de Cultura, Joan Porta, han dimitido por la presión vecinal generada después de que la entidad SOS Pirineus denunciara públicamente la casa que el segundo se está construyendo sobre una antigua barraca de herramientas que formaba parte de una explotación minera en una zona no urbanizable. Anteriormente, el Ayuntamiento había aprobado la modificación del catálogo de masías y casas rurales en suelo no urbanizable para incluir esta construcción.

A pesar de que el alcalde dimitido argumentó que la edificación se hace servir como “cobertizo agrícola” y tan solo se concedió una licencia para construir un anexo, el escándalo ha crecido tanto que padre e hijo han tenido que renunciar a sus respectivos cargos. Ambos, miembros del partido Endavant Cerdanya, habían mantenido un apoyo discreto a la candidatura olímpica. 

La ganadera Helena Guillén lamenta que en la comarca “hay mucha especulación con la tierra, es un disparate”. Las cifras le dan la razón, porque La Cerdanya es la cuarta comarca de las 42 que tiene Catalunya (si se cuenta el territorio singular de Aran) con un precio medio de venda de viviendas de obra nueva más elevado: 2.750 euros por metro cuadrado construido. “Se recalifican suelos rústicos como urbanizables y eso hace que nos quedemos sin pasturas ni tierras cultivables”, asegura Guillén. “Muchos ganaderos tenemos tierras en régimen de arrendamiento. Si las urbanizan, las perdemos. Además, disminuye la oferta y aumentan los precios”. Esto también afecta al acceso a la vivienda, “a no ser que seas de aquí y tu familia tenga tierras o inmuebles, es muy difícil establecerse”, concluye la ganadera.

Aran, monopolio de la hostelería

Junto con La Cerdanya, el lugar donde tendría más impacto la concesión de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 en la candidatura Pirineus-Barcelona sería Aran, ya que entre ambas acogerían las competiciones de la mayoría de las disciplinas deportivas, así como dos de las tres vilas olímpicas que prevé el proyecto presentado por la Generalitat, entre otras infraestructuras. Las instituciones aranesas han dado apoyo en bloque a la propuesta olímpica desde su inicio, promoviéndolas por toda Noguera Ribagorçana de la mano del Gobierno español.

Roger Martorell es vecino de Aran y guía de alta montaña, una actividad que se podría ver beneficiada por la concesión de los Juegos Olímpicos. A pesar de vivir, en buena parte, del turismo, tiene una posición crítica con la candidatura porque, si bien considera que gracias al sector su comarca tiene unos ingresos económicos más elevados que otros sitios del Pirineu, cree que “las decisiones que se toman están escoradas en la época del boom turístico, porque se apuesta por traer más y más gente y no se toma como referencia otros lugares que han quedado saturados, y donde esta dinámica ha traído aparejada consecuencias negativas en el ámbito ambiental, en la vivienda y en la precarización de los empleos”. Martorell explica que en Aran toda la población está relacionada con el turismo en mayor o menor medida. “Es el motor que ha movido el valle y ha deslumbrado un poco a todo el mundo. Eso influye en los posicionamientos de la generación que ahora está en los lugares de toma de decisiones”.

Una persona con mucho poder político e intereses económicos en el sector turístico del valle es el alcalde de Vielha i Mijaran, Juan Antonio Serrano Iglesias, miembro del partido Unitat d’Aran-Partit Nacionalista Aranès (UA-PNA), asociado al PSC desde 1995. Serrano es propietario y gerente de la empresa Hoteles Serrano, que cuenta con al menos once apartamentos turísticos con 25 plazas de alojamiento y dos hoteles de 24 y 22 habitaciones en el mismo municipio que gobierna, según consta en el listado de empresas y apartamentos turísticos de la Generalitat. En total, Aran ofrece 112 establecimientos hoteleros con una capacidad de 6.491 plazas, cuando la cifra de personas empadronadas en el valle en enero de 2021 era de 10.265.

Serrano también es consejero, vicesíndic primero y responsable de Economía, Turismo y Promoción Económica del Consejo General de Aran, principal institución administrativa de este territorio pirinaico. La máxima autoridad del órgano de gobierno de Aran es la síndica general, cargo político que actualmente recae en Maria Vergés Pérez, del mismo partido que el alcalde de la capital.

Otros miembros del consejo aranés y del partido que gobierna tienen negocios privados en la hostelería. Es el caso de Francisco Bruna Capel, consejero, vicesíndic segundo y responsable de Territorio, paisaje y gestión ambiental, que es titular de un hotel apartamento de 50 plazas y un restaurante en el municipio de Naut Aran, donde se ubica la estación de esquí Baqueira-Beret y en el cual también ejerce de regidor. Probablemente, este término municipal tiene el récord de viviendas de uso turístico en proporción con su población, gracias a un marco normativo que favorece la proliferación. En 2021 contaba con 1.941 personas empadronadas, mientras que este año se han datado en 1.100 los inmuebles destinados a alquiler vacacional. 

Roger Martorell asegura que, a personas como él, que han venido de fuera para trabajar en el valle y que a pesar de no tener familia han querido establecerse, “se nos hace difícil encontrar vivienda porque prima el interés económico y hay mucha gente que prefiere poner la casa en el mercado turístico”. Lamenta que “la mayoría se ubica en la lógica del aprovechamiento, no en hacer comunidad y abrir las puertas a quien desea establecerse aquí”. Por eso apuesta por priorizar los intereses de los residentes: “No puede ser que los fines de semana los pueblos estén desbordados en cuanto a parkings, internet, residuos y agua, pero la mayoría del año las casas estén cerradas”. 

Carlos Luis Isus, presidente comarcal de Pallars Sobirà, adquirió la estación de esquí de Espot en 2001, la cual la Generalitat tuvo que acabar rescatando 

El paradigma de Pallars Sobirà

El actual presidente del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Luís Isus Castellarnau (no adscrito, después de abandonar la bancada de Junts), es también regidor de Espot y responsable de obras, urbanismo y medio ambiente. Anteriormente, este empresario del sector turístico fue alcalde del municipio —entre 1991 y 1999— y después propietario de la estación de esquí de la localidad, que adquirió en 2001 de manos de la constructora Copcisa por valor de 4,8 millones de euros, gracias a un crédito concedido por el Institut Català de Finances (ICF).

Tres años después el ICF anunció el embargo del complejo por impago de crédito y la gestión pasó a manos de una nueva sociedad mixta, las acciones de la cual quedaron repartidas entre diversos ayuntamientos y empresarios turísticos de la zona. En noviembre de 2005, la Generalitat tomó el control de la titularidad de la estación de Espot Esquí para evitar su cierre y el ICF se quedó la propiedad, con la gestión delegada a FGC. Después de varias idas y venidas, en 2011, el dominio esquiable pasó definitivamente a FGC, que desembolsó 16 millones de euros de dinero público para Espot y Port Ainé.

A pesar de su estrepitoso fracaso en la gestión del complejo turístico, Isus Castellarnau es uno de los principales defensores en la zona de los Juegos Olímpicos de invierno. Combina su trayectoria política con el cargo de administrador único de la empresa Parc Natur Espot SL, dedicada a la promoción de actividades turísticas de aventura y radicada en el camping La Mola. En agosto de 2019, Isus recuperó la presidencia del consejo comarcal —que obtuvo en 2016 con las siglas de CIU— gracias a una moción de censura presentada por la coalición Fem Municipi-ERC contra Gerard Sabarich, miembro de Junts, presidente del PDeCAT en el Pirineu y alcalde de Rialp, que lo había sustituido en el cargo durante poco más de un mes.

Sabarich también apoya con vehemencia la candidatura olímpica y, de la misma manera que su rival político en el consejo comarcal, tiene intereses familiares en el sector turístico, concretamente en la empresa Rialp Car 4.4., la sociedad limitada de la cual fue administrador solidario hasta final de 2020, dedicada al alquiler de material de deportes de invierno y a ofrecer servicios relacionados con el mundo de la restauración, que ahora dirigen su madre y su hermano. Según el listado de empresas y establecimientos turístico del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, actualizado en abril, el Hotel Pey Resort de Sort, con 92 plazas, aún consta a nombre de Cerveseria de Rialp SL, otra empresa de la familia Sabarich Fernández-Coto, que sería absorbida por Rialp Car 4.4. hace un año.

Ciertamente, la lista de cargos públicos con intereses económicos en el sector turístico y de la construcción en Pallars es inacabable: desde el gerente del consejo comarcal Ivan Guiu Farré (administrador mancomunado de Pallars Esports 2014 SL), pasando por cargos actuales y anteriores hasta diversos alcaldes. Asimismo, en el caso del municipio de Alt Àneu es paradigmático, influido también por su condición de fronterizo con Aran. El alcalde es Xavier Llena (IAA-independents), hijo de el exalcalde y consejero de Agricultura durante el segundo tripartito, entre 2006 y 2010, Joaquim Llena (PSC).

Llena padre tuvo que ir a los tribunales por un litigio urbanístico proveniente de su etapa como alcalde (1995-2006), cuando impulsó la construcción de 48 pisos en los terrenos del hotel La Bonaigua, propiedad de sus padres, en el contexto de expansión urbanística de la estación de esquí de Baqueira-Beret. La hermana del exconsejero tiene cinco apartamentos turísticos en el municipio y su sobrino y actual alcalde ha fichado hace poco como asesor de la síndica de Aran, Maria Vergés, con una retribución de 55.000 euros brutos anuales.