Catalunya
En el punto de mira de las patrullas de Mataró

En la calle de la Riera de Mataró, a la una del mediodía, dos policías locales paran a dos chavales de origen magrebí frente a la casa de apuestas Sportium. Es sábado, las terrazas están llenas. Un agente identifica a uno de los chicos, mientras el otro les pide que abran las mochilas, de las que sacan toallas de playa hechas un ovillo. También les examina los móviles. “Puedes ver que hay fotos mías dentro”, le dice uno de ellos al policía, apoyado en su patinete. Tras comprobar sus datos y pertenencias, los dos policías se alejan, y uno de los adolescentes entra en la casa de apuestas. “Los hemos identificado porque están sucediendo una serie de hechos y nos han avisado de que alguien con determinado aspecto era uno de los autores”, explica asépticamente un tercer agente al preguntarle sobre la escena. “A mí solo me han pedido el nombre, a mi amigo lo han identificado porque dicen que ha habido un robo en la playa y que el que roba lleva una camiseta amarilla como él. Pero solo es eso, tranqui”, cuenta el chaval del patinete, que se ha quedado fuera del local. Una estampa que trae cola.

En estos momentos, se achaca a nueve jóvenes, algunos de ellos menores migrados, la comisión de 70 delitos por los que han sido detenidos reiteradamente. Desde que comenzó el año, la Policía Local ha realizado un centenar de actuaciones relacionadas con ocupaciones ilegales. El Ayuntamiento de Mataró, gobernado por el PSC-CP en coalición con En Comú Podem, ha aprobado en el pleno una propuesta de resolución para generar un Pla Integral de Seguretat, ante el repunte delictivo de los últimos meses y el surgimiento de patrullas vecinales.

Según el consistorio, el aumento de la delincuencia es fruto de “la presión policial en Barcelona, que ha trasladado la actividad delictiva al resto de municipios del área metropolitana, algo que el post confinamiento ha evidenciado”, en palabras de David Bote. El alcalde pide al Departament d’Interior “más Mossos que estén en Mataró de forma fija, no sólo refuerzos puntuales. El lunes 6 de julio, el Ayuntamiento informó de que se incorporarán doce agentes de policía al cuerpo municipal y se instalarán cámaras de seguridad en la vía pública. También se han contratado “mediadores sociales que trabajan estos problemas en la calle de forma coordinada con los otros servicios", apunta Bote.

Fue a finales de mayo, tras una concentración en el barrio dels Molins contra un grupo de jóvenes que ocupaban un edificio, cuando se creó el grupo de facebook Patrulla Vecinal Mataró, que en una semana tenía casi siete mil miembros, y que ahora roza los nueve mil. Poco después surgieron los grupos de Telegram de las patrullas en cinco barrios de la ciudad, en algunos de los cuales hay más de doscientas personas. Supuestamente, las patrullas pretenden afrontar los “robos con violencia” y presionar para desalojar edificios ocupados. Los barrios obreros de Rocafonda, El Palau y Cerdanyola, en los que se concentra la menor renta de la ciudad y el mayor índice de población de origen extranjero, son el epicentro de las ocupaciones que ahora llegan al centro de la ciudad. Las patrullas han convocado una manifestación para el próximo 19 de julio ante un edificio ocupado de la calle Jaume I del barrio de Cerdanyola, donde se alojan chavales migrados acusados de robo, mientras que la Asociación de Vecinos del barrio la convoca el 12 de julio.

El Ayuntamiento de Mataró recuerda que la seguridad es competencia de las autoridades, y que ningún ciudadano puede ponerse en riesgo, ni jugar con la integridad física de los demás

El activista de SOS Animals Maresme e impulsor de las patrullas, Toni Solana, explica el origen de la iniciativa: “Decidimos poner orden cuando vimos que crecían los atracos, especialmente a los ancianos. Desde entonces recorremos Mataró en grupos de seis o siete personas que nos organizamos por Telegram”. Solana, quien fue en listas electorales de Plataforma por Catalunya (PxC) por Calella en 2011, y de la candidatura de izquierdas Volem Mataró en 2015, remarca vehementemente que “se ha tachado a las patrullas de racistas pero de racistas tenemos poco: hay que parar la delincuencia venga de donde venga”, y puntualiza: “Somos gente pacífica y no hemos tenido ningún encontronazo, aunque cualquiera puede retener a un delincuente hasta que llegue la policía, y algún ciudadano a título individual lo ha hecho”.

Un tanto diferente es la visión de Emilio Molinero, también fundador de las patrullas y miembro de Vox Mataró. Molinero asegura que “no somos agentes del orden, ni queremos serlo”. “Lo único que hace el que patrulla es informar si alguien delinque para que el Ayuntamiento lo sepa y ponga más seguridad. Las patrullas no retienen, que yo sepa hasta ahora no se ha retenido ni agredido a nadie”, señala. Según Molinero, “el tema de la ocupación hace como doce años que lo estamos luchando, pero la ley es muy estrecha. Y junto a la ocupación va la delincuencia, que con la pandemia se ha aumentado. También es cierto que hasta que no ha llegado al centro de la ciudad no se ha visibilizado, cuando pasaba en las barriadas no se le daba importancia”.

El Ayuntamiento de Mataró recuerda que la seguridad es competencia exclusiva de las autoridades, y que ningún ciudadano puede ponerse en riesgo, ni jugar con la integridad física de los demás. “Nuestra relación con el Ayuntamiento es nula y las asociaciones de vecinos están totalmente en nuestra contra”, apunta Toni Solana. “El Ayuntamiento sabe que no dispone de toda la policía para Mataró, para una población de ciento veintiocho mil personas. La gestión es nefasta. Y si ellos no pueden hacer nada, lo tendremos que hacer nosotros. A mí me da igual llevarme una puñalada si tengo que defender a una abuela”, dispara.

Pese a la determinación de Solana, a quien diversas fuentes acusan de tener un afán de protagonismo desmedido, no se sabe demasiado bien cuánta gente patrulla a pie de calle, y algunos vecinos aseguran que, realmente, se patrulla poco. En un mensaje en el grupo de Telegram de la patrulla del barrio del Escorxador-Palau un miembro afirma: “Yo ya me he ofrecido varias veces [a patrullar] y la única vez que han convocado es cuando viene la tele”. La Regió Policial Metropolitana Nord de los Mossos d'Esquadra no tiene constancia de que las patrullas estén funcionando. Desde El Salto se ha contactado a Toni Solana para hacer un seguimiento fotográfico a las patrullas, pero éste no ha contestado a la petición. Según David Bote, las patrullas han organizado “algunas convocatorias y movilizaciones de carácter puntual y esporádico”. 

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Líneas rojas y derecho a la seguridad

“Acabamos de pillar a tres moros, se han ido calentitos”, “Me he comprado una porra extensible para las patrullas”, “Si ya no se puede llamar a las cosas por su nombre, apaga y vámonos, si son moros son moros”, son algunos de los mensajes que circulaban a principios de junio en los grupos de Telegram las patrullas, a los que ha accedido El Salto. Pronto, las patrullas afirmaron en un comunicado que no se permitirían mensajes racistas, ni incitación al odio, ni el uso de armas o de violencia física, y que el que no cumpliese las normas sería expulsado. “Hay líneas rojas que nosotros no vamos a traspasar”, determina, tajante, Toni Solana. Sin embargo, la realidad se sobrepone a cualquier declaración de intenciones y, pese a la existencia de moderadores en los grupos, los mensajes han continuado y no parecen ser únicamente una salida de tono.

Diversos integrantes de Vox, entre ellos la exconcejal del PxC, Mónica Lora, imputada por delito de odio en 2011, se han hecho eco en las redes sociales del papel de las patrullas de Mataró

El 18 de junio, tres vecinas de Mataró se significaron contra una concentración que Vox había convocado en la Plaza Illa Cristina del municipio, ante un hostal donde se alojaban un grupo de jóvenes migrados. Un vídeo del episodio, difundido por Toni Solana en el grupo de Facebook de las patrullas, inició un escarnio hacia las ciudadanas. Entre las protagonistas del vídeo se encontraba la concejal de ERC-MES-AM, Soraya El Farhi, a la que responsabilizaron de “defender a delincuentes”. El 25 de junio, una de ellas denunció a Solana por exponerlas en el grupo, del cual es administrador. Entre los ataques recibidos destacan insultos como “gilipollas, lerdas, putas”, y mensajes que incitan a “manifestarse delante de los edificios ocupados y liarla con tomates, piedras, palos, huevos, y a la que haya cuatro o cinco movidas quizás se piensen seriamente eso de deportarlos”, según la denuncia consultada por El Salto.

En esta misma concentración del 18 de junio, Emilio Molinero realizó una comparecencia. Al ser preguntado sobre esta cuestión, Molinero sostiene que participó como militante de Vox, no como integrante de las patrullas. Sin embargo, el ex coordinador de Vox en Mataró, José Casado, lo identificó como miembro de las patrullas durante la intervención. Así mismo, diversos integrantes de Vox, entre ellos la exconcejal del PxC, Mónica Lora, imputada por delito de odio por una campaña municipal de 2011, han participado en las comparecencias y se han hecho eco en las redes sociales del papel de las patrullas de Mataró. No es extraño que esto ocurra en uno de los municipios donde el extinto partido PxC consiguió su mejor marca en 2011, con tres concejales, y ha sido bastión de la extrema derecha en Catalunya.

"Es paternalista dar por hecho que todo el mundo es recuperable o que no se puede recriminar nada a una persona migrada por las violencias que sufre”, considera Nora Bartolo, de Dignitat Migrant

Pero en Mataró el panorama es complejo, y el debate forzoso sobre el derecho a la seguridad vecinal lo comparte todo el tejido asociativo e implica a diversas comunidades de un municipio con un 18,12 % de población extranjera. Así lo defiende Nora Bartolo, miembro de Dignitat Migrant, hija de la concejal Soraya El Farhi, y una de las vecinas que recibió insultos por criticar la concentración de Vox. Bartolo estima que “es un error decir que las patrullas son racistas por definición y quedarse ahí. Ya en febrero el vecindario marroquí de Rocafonda pilló a uno de los chavales que atracó a una mujer musulmana”. “Que haya racismo estructural no significa que no se puedan tener objetivos comunes como vecindario. Y además es paternalista dar por hecho que todo el mundo es recuperable o que no se puede recriminar nada a una persona migrada por las violencias que sufre”, considera.

Según Nora Bartolo, en las patrullas, puede haber desde “gente que tiene niveles de racismo de baja intensidad, como mis vecinas que les gusto yo porque soy la 'buena mora', algo que de alguna forma asumo para poder ir trabajándolo”, hasta gente que articula discursos de odio, también dentro de los moderadores, que no sancionan los comentarios racistas y se enzarzan con la gente que los señala, llegando a banearlos. “Aquí el debate está en cómo afrontamos esto a nivel de calle, si apostamos o no por la vigilancia pasiva, enviando fotos si vemos algo, por ejemplo. Podríamos decir que no condenamos la existencia de las patrullas, pero condicionamos nuestro apoyo, porque hay un sector de las patrullas que son un peligro, y ya no se trata sólo del derecho a la seguridad, sino también de garantizar el derecho a circular libremente tengas el fenotipo que tengas”, afirma Bartolo.

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La presencia de personas de orígenes diversos en las patrullas a día de hoy es limitada, aunque dentro hay vecinos como Omar, vecino marroquí del barrio de Rocafonda. Según Omar, hace un mes y medio le entraron a robar en casa. “Yo no quiero que mi madre vaya insegura por la calle, y las patrullas son una iniciativa lógica si el Ayuntamiento no puede hacer nada más, aunque está claro que hay que buscar una solución más allá, no creo que nadie robe por gusto”, explica Omar, sentado en una terraza de la plaza Santa Anna junto a Emilio Molinero. “Conozco a mucha gente de la comunidad marroquí que apoya a las patrullas, pero no quieren decirlo públicamente por si sus vecinos no lo ven bien”, añade.

“La vida fluye, y en Mataró convivimos más de ochenta comunidades. No quiero relativizar nada, pero delincuencia ha habido siempre, y peor”, dice Antonio, del barrio de Cerdanyola

Diferente es la visión de Bengalí Touré, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de Cerdanyola. Touré asegura que las patrullas “son un grupo orquestado por la extrema derecha y utilizan el lema de la inseguridad en barrios como Rocafonda y Cerdanyola, que son los barrios donde siempre se reúnen, para sacar votos. No sorprende que hayan surgido en un momento de desesperación social, como el confinamiento y la desescalada”. Para Touré, “el papel de la asociación es notificar los problemas a la administración, que es quien tiene que solucionarlos, no ir de justicieros”. Antonio Ruiz, miembro de la misma asociación, señala que “las patrullas lanzan el mensaje de que el barrio es intransitable y no es cierto. La vida fluye, y en Mataró convivimos más de ochenta comunidades. No quiero relativizar nada, pero delincuencia ha habido siempre, y peor. Hace treinta años, con la heroína, aquí te atracaban en una punta de la calle y salían por la otra”.

En lo que va de año, se han registrado cinco episodios de agresión a jóvenes migrantes por parte de vecinos, en los municipios de Premià de Mar, Blanes, Badalona, Barcelona y Llançà

Sobre los episodios delictivos recientes, Ouafa Aouattah, mediadora intercultural y agente de acogida, amplía el foco: “Muchos chicos extutelados de la DGAIA [Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència] se hacen mayores de edad antes de obtener la tarjeta de residencia y su futuro es la calle, donde no tienen ningún referente, ni orientación, donde no hay contratos de trabajo ni vivienda para ellos. ¿De qué van a comer? ¿Cómo no van a ocupar o a robar? No los justifico, pero están solos y desamparados”. Aouattah, quien trabajó durante ocho años en el servicio de mediación y traducción del Ayuntamiento hasta que entró Convergència en el anterior gobierno, considera que la solución pasa por “invertir en acogida y mediación, ya que el consistorio no está haciendo el circuito completo de acogida, y hacerles un acompañamiento a los chicos desde antes que se hagan adultos, para que puedan buscar vías laborales”. El alcalde de Mataró, David Bote, señala que la Generalitat ha ampliado un contrato con el Ayuntamiento para contratar “dos figuras dinamizadoras cívicas con tal de mejorar la inclusión y la ocupabilidad de los jóvenes que saldrán del sistema de protección”.

En el año 2018, llegaron a Catalunya 3.700 menores solos, gran parte de los cuales ya han cumplido la mayoría de edad. Unos 325 jóvenes han sido acogidos en centros de la comarca del Maresme, competencia de la Generalitat. En lo que va de año, se han registrado cinco episodios de agresión a jóvenes migrantes por parte de vecinos, en los municipios de Premià de Mar, Blanes, Badalona, Barcelona y Llançà. El Servei d’Atenció i Denúncia de Sos Racisme trabaja en once casos de agresiones cometidas entre el 2019 y el 2020, y ha documentado una treintena más.

“Las patrullas están estigmatizando a toda una comunidad y tengo miedo de que al final haya enfrentamientos, de que otras comunidades se organicen para dar una respuesta”, afirma sin cortapisas Ouafa Aouattah. Según Andrea Sánchez, portavoz de la Asociación de vecinos del barrio dels Molins, “durante la manifestación del 22 de mayo contra la ocupación de los chicos había vecinos legítimamente preocupados, porque la administración no ha dado respuesta al problema de convivencia y nosotros no hemos sabido cómo abordarlo, pero también había gente que quería ir a por ellos, y gritaban cosas como ‘salid de ahí, putos moros’, mientras golpeaban los cristales del edificio”.

Nora Bartolo sostiene que “aunque hasta el momento no ha pasado nada grave, la rueda de prensa de Vox del 18 de junio ante el hostal donde se alojaban los chavales parecía un guiño al episodio de Premià de Mar del 14 de junio”, noche en la que unas cincuenta personas de diversos orígenes apedrearon un piso ocupado por tres chicos migrados a los que acusaron de robos y, a uno de ellos, de una agresión sexual, resultando detenidos dos de los atacantes. Los Mossos d’Esquadra desvinculan la agresión sexual de los tres jóvenes. Ese mismo día, José Casado, militante de Vox en Mataró, publicó en Facebook: “No justifico la violencia pero a veces es la única salida”.

El 16 de junio, Casado preguntaba en el grupo de Facebook de las patrullas en referencia al caso de la localidad vecina: “¿y los menas okupas? ¿Están detenidos?”, a lo que Antonio Solana contestaba: “Están en Mataró, después te digo dónde”. Dos días más tarde fue cuando Vox se concentró delante del hostal de la Plaza Illa Cristina. El Salto ha contactado a uno de los jóvenes que sufrieron la agresión de Premià de Mar, y que se alojó en Mataró hasta la concentración de Vox, pero no ha obtenido respuesta.

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La ocupación, debate espinoso

En el piso ocupado en el que vive Kautar no hay agua ni luz desde hace tres semanas. Alguien ha cortado los cables. La cerradura está reventada, y el lavabo y la taza del retrete están partidos por la mitad, como si se hubieran atizado con un bate. Lo mismo ocurre con la vitrocerámica y la puerta del horno. El piso, que muestra signos de haber estado en buen estado hasta hace poco, rezuma humedad y resquicios de un hedor que, poco a poco, comienza a disiparse. “No entres mucho en el baño”, advierte Kautar, quien explica que volvió un martes, el único día de la semana que trabaja limpiando, y se encontró el piso en ese estado. Sospecha que alguien entró y lo destrozó para que se vaya. Ahora, Kautar duerme en casa de unos amigos.

“Me da mucho miedo dormir sola aquí, la puerta está abierta”, señala esta mujer de 32 años, originaria de Tánger. Llegó al piso, propiedad de un particular que no lo habita, hacia mitad de mayo, gracias al aviso de un conocido. El inmueble forma parte de uno de los tres edificios con cinco pisos ocupados de Mataró que el pasado 17 de junio fue acordonado por un dispositivo policial contra la delincuencia, coordinado entre los Mossos de Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Local. Una operación en la que se identificaron a dieciséis personas y se hicieron siete detenciones, cinco de ellas por estancia irregular en el país, una por tráfico de drogas, y otra por tener un requerimiento policial previo.

La redada policial y el destrozo de los pisos en los que viven Abdel y Kautar son dos caras de uno de los principales frentes de batalla de la ciudad de Mataró: las ocupaciones ilegales de inmuebles

En esa misma operación, la Policía identificó a Abdel (nombre ficticio), de 22 años, proveniente de Alcazarquivir. Abdel llegó a España hace cuatro meses, tras un trayecto de 35 horas en los bajos del “último autobús de Marruecos que entró en Granada”, antes de que cerrasen las fronteras por el Estado de alarma. “Dormí en un albergue un tiempo y luego dormí una semana en la calle con mi hermano, que acaba de salir de un centro de menores tutelados”, cuenta. Poco después, entró en el piso en el que vive.

Abdel asegura que pagó mil euros por las llaves del inmueble que hoy, como el piso de Kautar, está destrozado. “Entraron unos hombres y lo rompieron todo”, explica. ¿La policía? “No, la policía no, unos hombres muy fuertes”, contesta. Según su relato, se trataría de una empresa de desalojo, aunque nadie sabe nada más. Ninguno ha oído hablar de las patrullas vecinales. En cualquier caso, ésta no es la única preocupación de Abdel. Después de la identificación del 17 de junio, recibió un aviso de expulsión por estancia irregular en España. En la documentación consta que fue asistido por un intérprete árabe, algo que él niega que ocurriese.

La redada policial y el destrozo de los pisos en los que viven Abdel y Kautar son dos caras de uno de los principales frentes de batalla de la ciudad de Mataró: las ocupaciones ilegales de inmuebles. El punto en el que se interrelacionan vulnerabilidad y convivencia, y donde confluyen el Ayuntamiento, las patrullas y las asociaciones de vecinos, con sus diferentes perspectivas de la cuestión. En 2017, había 445 edificios ocupados en Mataró, el 84,2% de los cuales eran propiedad de entidades financieras, según el Pla Local d’Habitatge. El mismo documento indica que en la ciudad hay 3.382 viviendas vacías, aunque el censo es de 2011.

Los vecinos llevan tiempo exigiendo que el conflicto se aborde con el rigor pertinente de cada caso: desde el año 2013, la familia que ocupa por la ejecución de una hipoteca ya no es el único perfil de las ocupaciones, ni todas las ocupaciones son cívicas. “Van a pagar justos por pecadores. Es muy mal momento para ocupar, especialmente si no es un piso de un banco, porque todo el mundo ha puesto la vista en la ocupación, aunque siempre se ha ocupado”, apunta Nora Bartolo, de Dignitat Migrant. “Estoy aquí porque no tengo a donde ir pero pregunta a quien quieras de la calle, verás como nosotros no damos problemas”, invita Kautar.

El debate sobre la ocupación cobra fuerza en el número 37-41 de la calle Jaume I del barrio de Cerdanyola, donde viven alrededor de ochenta personas. En Jaume I casi nadie abre al tocarle la puerta, y el que abre te despacha pronto. La principal entrada al edificio, antigua propiedad de la SAREB, da paso a una escalera carcomida por la mugre y la humedad, y un armario de contadores de agua, sin contadores. Los telefonillos han sido arrancados. Un cable de luz cruza medio rellano de puerta a puerta de la entrada trasera. Es el edificio donde las patrullas han convocado para el 19 de julio una manifestación, bajo la consigna “concentración ante el edificio más conflictivo de Mataró”, azuzando los ánimos de un vecindario sumido en el hartazgo, frente a las reticencias de la asociación de vecinos del barrio, que ha convocado el 12 de julio. La guerra por el relato está servida.

La Unidad de Convivencia y Civismo, creada por la Policía Local en 2017, ha intervenido una treintena de veces en el inmueble de la calle Jaume I desde septiembre de 2019

Así lo explican desde la Asociación de Vecinos del barrio de Cerdanyola, que hace un mes pidió el desalojo del edificio. “Nosotros no estamos en contra de que familias necesitadas ocupen una vivienda, siempre y cuando sean viviendas vacías dejadas por los bancos”, empieza Javier Sánchez, vicepresidente de la asociación, quien recuerda que Cerdanyola es un barrio muy castigado por los desahucios. “Pero hay un sector de los okupas que son incívicos, y son los que perjudican a todos los demás que necesitan esa vivienda”, matiza, antes de señalar que “parte de ellos han pagado a las mafias por entrar al edificio, porque se ha creado todo un mercado alrededor de la precariedad”.

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El edificio de la calle Jaume I fue uno de los primeros que fueron abandonados antes de la crisis de 2007. “Hubo gente que entró por detrás y se llevó los cables y las puertas, lo desvalijaron, y los pisos se quedaron inhabitables. El Ayuntamiento intentó intervenir pero le pedían tres millones de euros por el inmueble, una bestialidad. Y al final se quedó así durante diez años. Ha ido entrando gente pero siempre han salido. Hasta que un poquito antes de la pandemia llegó un grupo de chavales que trapichean, duermen de día, ponen la música hasta las tantas, e insultan y amenazan a los vecinos”, explica Antonio Ruiz, miembro de la asociación.

La Unidad de Convivencia y Civismo, creada por la Policía Local en 2017, ha intervenido una treintena de veces en el inmueble desde septiembre de 2019, por altercados e infracciones en la instalación eléctrica. “La policía ha venido hasta 300 veces los últimos años y no puede hacer nada”, apunta Ruiz. “Si el problema con este edificio no se resuelve, tendremos que movilizarnos”, advierte Javier Sánchez. El alcalde David Bote sostiene que el Ayuntamiento está actuando en el caso de edificios que suponen un riesgo para las personas, ya sea sanitario o por seguridad, pero señala que se necesitan “criterios unificados entre juicios y fiscales para saber cómo actuar ante ocupaciones conflictivas”.

Los barrios de Rocafonda, el El Palau, y l'Escorxador concentran el 14% de la población del municipio. Gran parte de estos suburbios fueron creados a mitad de los años 60 y habitados por migración trabajadora proveniente de Andalucía y Extremadura hasta finales de los años 90, que comenzó a llegar población no comunitaria, sobre todo marroquí. Rocafonda es el barrio donde se concentran los pisos más baratos y el que presenta mayor necesidad en materia de vivienda, con una notable falta de mantenimiento de los edificios. También es la zona con mayor índice de población migrada, un 33,64%. Cerdanyola, por su parte, es el barrio con la renta más baja y con la tasa de paro más elevada, según el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. “Los 32 departamentos del edificio de Jaume I deberían recuperarse para uso social”, considera Antonio Ruiz.

A finales del 2016, el Ayuntamiento de Mataró creó una comisión para abordar las ocupaciones ilegales y, en marzo de 2017, hizo una declaración institucional en la que pedía cambios legislativos para agilizar los trámites para desalojar pisos ocupados donde ya vivía alguien, o pisos ocupados que previamente estaban pensados para abordar la emergencia habitacional de vecinos en lista de espera. Una voluntad de agilizar el desalojo que se vuelve a poner sobre la mesa con la resolución de la creación del Plan Integral de Seguretat, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2018 ya da respuesta a parte de las peticiones del consistorio. Pero las casuísticas son tantas que la solución no pinta fácil. Según la Plataforma de Afectados por la Crisis y el Capitalismo de Mataró (PACC), donde hay unas 600 familias, “el 95% de los casos que estamos atendiendo son por temas de ocupación y va subiendo”. Muchos de los afectados van a la PACC por falta de renovación de contrato de alquiler de entidades financieras, algo que se ha enfatizado tras la pandemia.

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La lucha por el padrón

“No tengo nada. No tengo papeles, no tengo ninguna ayuda. Solo gano 100 euros al mes por el trabajo del martes”. Kautar llegó por mar hasta Algeciras pronto hará tres años. “En Marruecos trabajaba tejiendo doce horas diarias por ocho euros, por eso vine”, contextualiza Kautar, que tiene un hijo de ocho años. “Lo echo de menos pero no puedo volver a Marruecos. Necesito los papeles para ir. No está bien visto que una mujer sola se haya ido”, explica. “Aunque si llego a saber que iba a estar así quizás no habría arriesgado mi vida para venir”, reflexiona.

Actualmente, en Mataró hay un 18,12% de población extranjera censada, pero muchas personas no figuran en ningún registro, al no poder empadronarse por estar alquilados sin contrato

El padrón es uno de los documentos fundamentales para solicitar la autorización de residencia en España por arraigo, demostrando que se ha estado tres años sucesivos residiendo en el país, según marca la Ley de Extranjería. Sin el padrón, además, no es posible acceder a servicios sociales, al médico o a la escolarización. Desde hace años, hay quien paga por empadronarse en un piso ajeno. No es algo que se haga a escondidas. Consultando portales de pisos como Milanuncios se pueden ver las ofertas, tanto de pago como de venta del padrón. Este fue el caso de Kautar. La mujer asegura que estuvo empadronada durante un año tras pagar 250 euros a un particular, hasta que un buen día dejó de estarlo. Le habían dado de baja. “A veces los dueños de los pisos exigen pagar por renovar el padrón a los seis meses”, apunta Bengalí Touré.

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Pablo Elorduy

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Pobreza

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Philip Alston, relator de pobreza de la ONU señala a la burocracia como una de las principales causas de exclusión social. Las ayudas, asegura, llegan con más facilidad a los hogares de clase alta que a las rentas bajas.

Actualmente, en Mataró hay un 18,12% de población extranjera censada, pero muchas personas no figuran en ningún registro, al no poder empadronarse por estar alquilados sin contrato, no tener autorización del arrendador o sufrir discriminación xenófoba en materia de vivienda. Para hacer frente a la demanda del padrón y prevenir ocupaciones, la Asociación de Vecinos de Cerdanyola, tras reunirse con Dignitat Migrant, ha ofrecido la dirección de su local, propiedad del Ayuntamiento, para empadronar. A cambio, las personas que quieran empadronarse deberán pagar 10 euros que ayuden a asumir las tasas del proceso y hacerse socio de la asociación de vecinos, como muestra de compromiso. “Si yo necesito regularizar mi situación pero nadie me autoriza a empadronarme, y veo un piso vacío, ¿qué hago? Pues ocuparlo mientras hago los trámites, que son muy lentos. Hay que atacar esto”, señala Bengalí Touré.

La iniciativa de la Asociación de Vecinos de Cerdanyola ha despertado el recelo dentro de las patrullas vecinales de Mataró. Cuando salió la noticia, a los grupos de Telegram de las patrullas llegaron mensajes como “ale, así están consiguiendo que tengamos una ciudad de mierda. Allí les podían habilitar varias literas y que su domicilio sea ese”, “Esto ya da asco” o “Cansado de ver las pancartas de VOLEM acollir”. El Ayuntamiento de Mataró ha denegado la petición de la Asociación de Vecinos del barrio de Cerdanyola de usar el local para empadronar a vecinos.

La Resolución de 29 de abril de 2020 del Gobierno de España da instrucciones técnicas a los municipios para que empadronen a todos los vecinos, independientemente de su situación administrativa. Ya en 2018 se aprobó en el pleno municipal una moción en la que el consistorio se comprometía a empadronar a las personas que no tienen domicilio fijo, como hace el Ayuntamiento de Barcelona. La Asociación de vecinos de Cerdanyola señala que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Mataró no lo ha hecho. Según el alcalde David Bote, el consistorio “cumple escrupulosamente” con la nueva normativa. Una afirmación que no quiere decir que haya desarrollado una política de empadronamiento activa antes de mayo de 2020.

Sea como sea, la sensación que queda tras recorrer estos barrios es la de estar en un municipio desbordado por la necesidad de seguridad y convivencia, pero que no encuentra el consenso para diseñar medidas que tengan en cuenta todas las vulnerabilidades, e impliquen algo más que mano dura con los robos y ocupaciones. Una presión policial que exigen las polémicas patrullas de Mataró, a medio camino entre un reclamo vecinal legítimo y preocupantes esquemas racistas.