Armamento policial
La Ertzaintza gasta casi un millón de euros en munición para proyectiles de una empresa que apoyó a Bolsonaro

El lobby armamentista que financió la campaña a la presidencia del ultraderechista, luego recompensado por el Gobierno brasileño con ingentes contratos, proveerá munición 9mm Parabellum al cuerpo de seguridad vasco, que ha gastado casi 6,1 millones en suministros de este tipo. Esta firma también trabaja con el Ejército de Tierra y otras instituciones públicas del Estado.
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La Ertzaintza en una manifestación en Bilbao en 2008. Foto: ukberri.net

La Ertzaintza no cesa en su aprovisionamiento. Aunque ya no prueba su “búnker” con cabras vivas, como ocurría en los años noventa. En los últimos diez años ha destinado, solo en suministros, hasta 6,1 millones de euros para proyectiles de foam de “40mm menos letales”, munición “de baja penetración”, “cartuchería 12x70”, “munición calibre 6,56 y 7,62”, y “9mm Parabellum” blindado, semiblindado y notox. Hordago-El Salto ha podido comprobar que una empresa que actúa como grupo de presión del lobby armamentístico y que apoyó a Jair Bolsonaro en su camino hacia la presidencia brasileña es una de las suministradoras de munición a la Ertzaintza a través de un mediador español.

La última partida publicada, con fecha de 5 de abril del 2022, que tiene un coste de 878.460 euros y tiene como objetivo obtener munición 9mm Parabellum procedente de la firma Omena Techonologies, representante española de Companhia Brasileira de Cartutchos (CBC). Se trata de una firma que detenta el monopolio en Brasil y cuyos dirigentes fueron invitados especiales en la toma de posesión de Bolsonaro, tras haber defendido su campaña electoral a la presidencia. 

El presidente Bolsonaro, tras publicitar productos de la compañía que ha contratado la Ertzaintza, multiplicó las compras a la firma armamentista desde el Gobierno y flexibilizó las leyes para compra y tenencia de armas

Bolsonaro, ya en la presidencia y tras publicitar productos de la compañía, multiplicó las compras a la empresa armamentista desde el Gobierno brasileño y flexibilizó las leyes para compra y tenencia de armas. Brasil pasó de gastar en CBC 34,8 millones de reales brasileños entre 2011 y 2018 a 664,9 millones con la llegada de Bolsonaro. Antes de la victoria en las elecciones de 2018, CBC ya avisaba que “surfeaba la ola del bolsonarismo” y el estímulo se notaba con apertura de nuevas lonjas y clubes de tiro. La empresa tuvo sus acciones bloqueadas por los tribunales, pues sospechaban que fuera “parte de un esquema fraudulento”. 

Otro representante de Companhia Brasileira de Cartutchos, que además es contratista del Ejército español, la firma vizcaína Ardesa, también ha sido proveedora de munición para la Ertzaintza. Ardesa presume de tener una “producción anual alcanza las 60.000-70.000 armas al año” con una “cuota de exportación del 95 %”. En ocasiones, Ardesa compartió lotes de contratos del Gobierno Vasco con la guipuzcoana Asaey, habitual proveedora de munición 9mm Parabellum para la policía autonómica y “dedicada en un 90 % a equipamiento militar”.

La familia Rosell: CEOE y armas

Oscar Mena, el administrador de la intermediaria Omena Technologies, con sede en Barcelona, es el representante del fabricante brasileño Companhia Brasileira de Cartutchos. Tiene contratos con el Ministerio de Defensa español, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya o el Ayuntamiento de Barcelona. Mena, calificado como lobbista, estuvo vinculado a Syntesi Tech, una firma de distribución de equipos para la industria armamentística y en la que figuró como consejero Johnny Rosell, hijo del expresidente de la patronal CEOE Juan Rosell. La familia Rosell es a su vez fundadora de Gilac Investment, dedicada a la comercialización de material para defensa, interceptación, descifrado, e inhibidores de frecuencia, entre otros.

En anteriores décadas, el proveedor de munición para la Ertzaintza había sido Beretta Benelli Ibérica, con una fábrica en Araba. Esta firma estuvo representada por Oscar Mena. El contratista de material antidisturbios para la Ertzaintza entonces, por otra parte, era Falken, firma propiedad de la familia del diputado del PP (1997-2008) Ismael Bardisa.

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De Eibar a Río de Janeiro

Daniel Luz era miembro de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) cuando documentó en su tesis del año 2003 la aparición de armas cortas españolas en Río de Janeiro: “La policía y la ONG Viva Río han registrado desde 1998 más de 110.000 armas intervenidas a los narcotraficantes, y el 16,5 % eran españolas”. La mayoría eran de las marcas Star, Llama y Astra, fabricadas en Eibar. Cañones que cruzaban el charco en la clandestinidad y que vuelven como exportaciones.

En la década de los años ochenta, cuando el Gobierno Vasco puso empeño y fondos públicos para unificar la producción de muchas empresas de armas que operaban en Euskadi, Eibar era el epicentro de la industria española de armas cortas. Este municipio albergó en sus mejores tiempos entre 40 y 50 empresas del ramo. Ahora, algunas de ellas se dedican a la fabricación de rifles y escopetas artesanales, diseñadas a la carta para clientes particulares de gran poder adquisitivo, entre los que no faltan algunos jeques árabes.

Los dirigentes de la empresa que ha contratado la Ertzaintza fueron invitados especiales en la toma de posesión de Bolsonaro, tras haber defendido su campaña electoral a la presidencia

El “oasis vasco”, que ha pasado de ser potencia en venta a potencia en compra, ha crecido al calor de la industria armamentística. Así lo muestra Estas guerras son muy nuestras (Txalaparta, 2016), donde se explica que guerras, asesinatos y otros conflictos empiezan lejos de donde suceden, o el monográfico La SAPA de los Aperribay, autoeditado por Antimilitaristak EH, donde se exponía que en prácticamente cualquier guerra hay gente que muere por culpa de las armas que se fabrican en Euskadi. En la misma línea, el documental La guerra empieza aquí (2019) retrata el viaje que realizan las armas desde el mismo Puerto de Bilbao hasta Arabia Saudí a través de Ignacio Robles, bombero que se niega a formar parte del envío de explosivos desde Euskadi, y Faten Al Osimí, desde Sanaa (Yemen).

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