Argentina
Argentina: crisis económica y confrontación política

Argentina atraviesa una profunda crisis que se manifiesta con la forma de un animal bifronte: simultáneamente se produce una arremetida de los sectores más conservadores del peronismo por el control de la política económica, al mismo tiempo que la derecha macrista acentúa su discurso de odio en los medios de comunicación e instiga a sus aliados en el poder judicial para intentar una maniobra destituyente de quien representa al sector más progresista del peronismo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El giro derechista en la política económica

El gobierno de Alberto Fernández ha dado algunos volantazos en política económica en los últimos meses, desde que firmó en marzo pasado el acuerdo con el FMI, asumiendo el pago de la deuda fraudulenta de 44.000 millones de dólares adquirida por el gobierno anterior, y que es solo una parte del total de 100.000 millones de deuda externa. El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado por los sectores más próximos a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su negociación de la deuda, entre muchos otros desacuerdos, renunció intempestivamente el 2 de julio y fue reemplazado por la economista Silvina Batakis, una figura de bajo perfil político, cuya designación se concertó entre el presidente y la vicepresidenta después de la intervención de varios mediadores para que se comunicaran entre sí, ya que el diálogo entre ambos llevaba varios meses interrumpido. Esta anomalía de la política argentina puso a la nueva ministra en una situación de inicial fragilidad, en parte porque su designación se percibió como una improvisada solución de compromiso.

La respuesta inmediata del poder económico fue de boicot absoluto. Los grupos concentrados no aceptaron una gestión de la Economía que contase con el respaldo de la vicepresidenta, presuponiendo que esta implicaría una mayor intervención estatal y un posible aumento en la tributación de los más ricos, en particular de los grandes productores agropecuarios. El llamado dólar blue se disparó en el mercado informal con un incremento cercano al 50 % en pocos días, duplicando con creces el tipo de cambio oficial. Dada la política de restricción cambiaria que el gobierno implementa desde hace años para evitar la salida de divisas, el aumento del valor del dólar en el mercado negro -donde se efectúa un bajo volumen de operaciones- sirve como referencia automática para aumentar los precios de todos los productos, y en particular de los alimentos, desencadenando una espiral especulativa promovida por los grupos más concentrados de producción alimentaria y las cadenas de distribución. 

La inflación es la enfermedad crónica más grave de la economía argentina y la que genera mayores tensiones sociales. La tasa de inflación interanual alcanzó en julio un 71 %, superando a la de todo el año 2021 (51 %). Entre sus causas hay factores internacionales, como la guerra de Ucrania, que inciden en Argentina como en todo el mundo, pero esta dinámica inflacionaria es un mal enquistado en la economía nacional desde tiempos remotos y  los factores externos sólo pueden agravarlo. El ex ministro Martín Guzmán no logró controlar la inflación durante sus casi tres años de ejercicio, a pesar de un plan macroeconómico elaborado según las exigencias de los poderes fácticos del mundo de las finanzas internacionales. La persistencia de una altísima inflación resta valor a la moneda argentina no solo por su poder de compra, sino también como moneda de ahorro, de modo que un alto rango inflacionario favorece la fuga masiva de los ahorros al dólar, aumentando más aún la brecha entre el cambio paralelo y el cambio oficial de la moneda estadounidense. Un auténtico círculo vicioso que ninguno de los últimos gobiernos ha podido contener. 

La nueva ministra de Economía Silvina Batakis permaneció en el cargo menos de un mes: el presidente le comunicó que había sido destituida a su regreso del primer viaje que hizo al exterior para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del FMI

La nueva ministra de Economía Silvina Batakis permaneció en el cargo menos de un mes. El presidente le comunicó que había sido destituida a su regreso del primer viaje que hizo al exterior para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del FMI. En su lugar, el 28 de julio fue designado Sergio Massa como superministro de Economía, Producción y Agricultura, unificando los tres ministerios bajo su control. La posibilidad de su entrada en el gabinete dotado de poderes especiales para el área económica ya se había considerado antes de nombrar a Batakis, pero fue descartada porque no obtuvo el consenso inicial del sector que representa la vicepresidenta, ya que Massa supone continuidad o incluso una involución con respecto al ex ministro Martín Guzmán. 

Sergio Massa es un político todoterreno que procede del menemismo, y que tras haber sido alcalde del municipio de Tigre y durante un año jefe de gabinete de Cristina Kirchner (julio de 2008 a julio de 2009), lanzó su propio partido, el Frente Renovador, presentándose con un discurso cuyo principal argumento de mejorar la seguridad. Este dirigente de talante conservador sumó sus huestes al Frente de Todos (FdT), en las últimas elecciones presidenciales de 2019, llegando a un acuerdo de gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner dado su decisivo aporte de votos, por el cual obtuvo la presidencia del Congreso.

El nuevo contexto de aceleración de la guerra jurídica contra Cristina Kirchner, digitado por la oposición macrista y los medios afines, ha situado a la vicepresidenta en una situación defensiva dentro del mismo gobierno, ya que depende más que nunca del apoyo en bloque del peronismo y de sus principales dirigentes para enfrentar la trama mediático-judicial que se ha urdido en su contra. Después de dos cambios en el ministerio de Economía, la vicepresidenta accedió al nombramiento de Massa por entender que se requería una figura fuerte para contener la crisis. Sin embargo, la diferencia de enfoques es notable y podría ser causa de futuras fricciones.

Relaciones estrechas con Estados Unidos

La agenda económica de Sergio Massa está enfocada principalmente a atraer inversiones de compañías energéticas, mineras y de agroindustria para aumentar la capacidad exportadora del país y obtener más divisas. Este es su primer objetivo en el exterior, en su primera gira por Estados Unidos, donde se reunirá con ejecutivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras compañías. 

Su trayectoria es bien conocida por los sectores kirchneristas que aceptaron su nombramiento a regañadientes, considerándolo el mal menor. Aceptaron que el descontrol de la situación económica requería una figura de peso, con entrada en los mercados de capitales para calmar las turbulencias monetarias que presagiaban una espiral inflacionaria desenfrenada. Massa serviría así como parapeto para poner freno a una posible debacle económica, pero también, paradójicamente, como correa de transmisión de los planes del FMI y del Departamento de Estado para Argentina.

El primer conflicto interno en el peronismo como consecuencia del nombramiento del nuevo ministro se manifestó el 31 de agosto, cuando el líder social Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, anunció que su grupo saldría del bloque de Diputados del Frente de Todos para formar un grupo propio, con un alegato muy duro contra la orientación de la política económica de Massa. Afirmó que habían esperado casi un mes en vano a que el Ejecutivo cumpliera con la promesa de adoptar medidas destinadas a los sectores más vulnerables: “Nos mintieron... Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, afirmó Grabois, implicando en ese plural al presidente Alberto Fernández. Y sobre las reuniones de Massa con empresarios estadounidenses, sentenció: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”. “En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”. El Frente Patria Grande que dirige Grabois fue uno de los organizadores de las 50 marchas convocadas en todo el país el 20 de julio, en reclamo de un Salario Básico Universal inmediato para sacar de la indigencia a los más pobres, una exigencia que no obtuvo respuesta por parte del gobierno.

El sector kirchnerista de La Cámpora manifestó su respaldo al nuevo ministro Sergio Massa forzado por las circunstancias. Su portavoz, Andrés Larroque, reprochó a Grabois el haber tomada la “decisión inoportuna” de romper el bloque, restándole así centralidad en la agenda pública a “la recuperación de la épica y la mística del peronismo” con la defensa de Cristina del acoso jurídico.

Lawfare: acoso jurídico a la vicepresidenta

La persecución judicial y de los grandes medios corporativos contra Cristina Kirchner es la otra cabeza del animal bifronte que se apresta a devorar la convivencia entre los argentinos. Es sabido que el lawfare, o guerra jurídica, es la forma que ha adoptado la derecha latinoamericana para derrocar o inhabilitar mandatarios y candidatos del campo popular. Fue el caso de Lula da Silva en Brasil, con un proceso montado por quien sería el futuro ministro de Justicia de su adversario ultraderechista Jair Bolsonaro, por el cual se le impidió disputar las elecciones presidenciales en las que era el favorito. Es también el caso de Rafael Correa en Ecuador, perseguido por supuestos actos de corrupción con el fin de impedirle que vuelva a la política activa. Y fue el caso del ex presidente Evo Morales en Bolivia, perseguido y procesado sin fundamento durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez. 

Esta estrategia de guerra jurídica instigada por la derecha contra los gobiernos progresistas sigue extediéndose por todo el continente con parecidos objetivos. El último ejemplo es la persecución de Pedro Castillo y sus familiares en Perú desde el primer año de su presidencia, combinada con maniobras del Congreso, mayoritariamente opositor, para trabar la gestión de su gobierno y reclamar la vacancia presidencial.

La estrategia de guerra jurídica instigada por la derecha contra los gobiernos progresistas sigue extediéndose por todo el continente con parecidos objetivos

En Argentina, como en los demás países citados, la persecución judicial va acompañada de la difusión continua de falsedades y noticias ficticias por parte de los grandes grupos periodísticos de capital concentrado, en este caso principalmente Clarín y La Nación, que interactúan con los relatos y/o fabulaciones de fiscales sobornados y testigos arrepentidos para ofrecer un panorama siempre desdibujado y denigrante de los “K”, la familia Kirchner y sus allegados. En muchísimas ocasiones de la historia reciente, estos medios han servido como altavoz para la descalificación sin matices de la ex presidenta, también durante todo el gobierno de Macri, alimentando siempre la crispación social y la llamada grieta entre el peronismo y la oposicón .

Las causas judiciales contra Cristina Kirchner incluyen algunas tan absurdas como el intento de implicarla en un caso de supuesto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA en 1994, por un memorándum firmado en 2013 por su gobierno con el gobierno de Irán, para que los 'supuestos autores' del atentado accedieran a declarar ante la justicia argentina. En esta causa fue acusada de colaborar con el enemigo por un acto legítimo de su gobierno. Este estigma la persiguió durante años, ya que en 2017 un juez la procesó pidiéndole prisión preventiva por “traición a la patria”, de la que quedó eximida por ser senadora, hasta que en 2021 fue sobreseída. La causa fue iniciada en 2015 por el controvertido fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto en misteriosas circunstancias, supuestamente por suicidio. La oposición instrumentalizó la muerte del fiscal como una bandera política contra la presidenta, acusándola de haberlo asesinado, y realizó marchas multitudinarias antes de las elecciones de ese año, que dieron la victoria en segunda vuelta a Mauricio Macri con un ajustado 51 % de los votos.

Las manifestaciones populares en defensa de Cristina Kirchner de los últimos días de agosto tuvieron como detonante los pedidos de condena de los fiscales por el llamado caso Vialidad, uno de los múltiples juicios abiertos contra la expresidenta que se interpretan como parte de esa maniobra opositora para desgastarla y retirarla del ejercicio de la política. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han pedido para ella una pena de doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de inhibición de bienes, al involucrarla en una supuesta red delictiva de sobornos a cambio de obras públicas que habría tenido lugar en la provincia de Santa Cruz y de la que se habría beneficiado especialmente el empresario Lázaro Báez. Como quiera que sea, la investigación estuvo llena de irregularidades y no se permitió a la ex presidenta hacer todas las alegaciones, rechazando su pedido de ampliación de declaratoria. 

Los militantes peronistas se movilizaron para defender la integridad de su lideresa ante lo que consideran un avance de la “mafia judicial” sobre la esfera política. La convocatoria a manifestarse delante del domicilio de Cristina Kirchner fue reprimida por la policía del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, perteneciente al macrismo (Juntos por el Cambio), quien hizo cercar con vallas y un fuerte dispositivo policial el acceso a su vivienda, en el céntrico barrio de Recoleta. Esta medida tuvo un efecto reclamo, redirigiendo otras convocatorias realizadas en parques y plazas hacia ese mismo lugar. La defensa de la vicepresidenta en las calles adyacentes a su domicilio fue sostenida por La Cámpora, la agrupación kirchnerista que dirige su hijo Máximo Kirchner, expresidente del bloque de diputados del FdT en el Congreso, a quien la policía de la ciudad golpeó, insultó y maltrató cuando acudió a visitar a su madre.

La persecución judicial a Cristina Kirchner es el mayor triunfo de la derecha autoritaria para desactivar su potencial político.  Las causas más estrafalarias la persiguen desde que asumió la presidencia en 2007, y cuando algunas caen por la evidencia del montaje, en seguida arrecian las que permanecen activas. En un libro publicado hace cinco años (durante el gobierno de Macri), Cristina Kirchner se refiere a “cómo está funcionando el sistema judicial argentino, no como adminisrador de Justicia sino como un instrumento de persecución política […] ¿Y cómo? Muy simple: amenazando”. Y añade que a ella no la “van a hacer callar así armen 80 causas porque soy la misma de siempre”. 

Ni el intento de magnicidio detiene el acoso mediático contra Cristina Fernández de Kirchner

Pablo García Blanco

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Argentina Ni el intento de magnicidio detiene el acoso mediático contra Cristina Fernández de Kirchner

Pablo García Blanco

La líder de la oposición y los medios de comunicación argentinos cuestionan las imágenes del intento de atentado contra la vicepresidenta del país.

El hecho de aceptar los retos y tramoyas judiciales con valentía y confianza en sí misma no significa que esos golpes no dejen mella. El desgaste que ocasiona esta guerra (sucia) jurídica a sus víctimas es inimaginable, tanto a nivel emocional y familiar como por la dedicación intensiva que conlleva desmontar las patrañas de los fiscales y documentar las alegaciones. El lawfare obliga a concentrar la atención de sus víctimas en su defensa como prioridad absoluta, en pos de la supervivencia, desactivando así una parte de su potencial de intervención política.

No obstante, el nuevo proceso urdido contra la vicepresidenta puede resultar un búmeran que se vuelva contra la oposición. La encendida defensa que hace Cristina Kirchner de su inocencia puede ser finalmente un arma política que engrandezca su figura y reinstale la conexión popular con ella: “Este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, afirmó en sus redes sociales. “Necesitan dirigentes disciplinados”, aseguró, motivo por el cual Cristina Kirchner considera que “la sentencia ya está escrita”. La causa será resuelta en última instancia por los cuatro miembros de una Corte Suprema que también le sería adversa.

Democratizar la Justicia

Algunos intelectuales progresistas sugieren que la única forma de democratizar la Justicia es a través de una nueva Constitución. Por ejemplo el escritor Mempo Giardinelli ha solicitado en carta abierta al presidente que la convoque. El reclamo se basa en la necesidad de depurar el sistema judicial de fiscales y jueces corruptos, que han creado falsas pruebas de manera sistemática para implicar en supuestos casos de corrupción a la vicepresidenta y miembros de sus anteriores gobiernos. Algunos de estos funcionarios no están libres de culpa, como el famoso José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner a quien ella misma considera ahora corrupto, condenado por no poder justificar la posesión de nueve millones de dólares arrojados al jardín de un convento. La vicepresidenta alegó en el Senado que los jueces de la causa no quisieron “tirar del ovillo” del origen de esos fondos porque, según dijo, provenían de comisiones de empresarios cercanos al ex presidente Mauricio Macri.

La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos están de parte de Cristina Kirchner, incluidas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchas otras organizaciones populares. El juez español Baltazar Garzón es una de las figuras internacionales que acaba de denunciar la irregularidad de la docena de procesos iniciados contra Cristina Kirchner desde que fue nombrada presidenta, recordando que en casi todos se contó “con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri”. 

Por su parte el sacerdote Eduardo de la Serna, coordinador del Grupo de Curas en Opción por los Pobres responde así a una pregunta de este periodista: “Decir que el lawfare no existe como dijo el impresentable (fiscal) Luciani y todo el periodismo hegemónico es burlarse de todos y crear sentido en la sociedad con todos sus cañones mediáticos. Podrán invisibilizarlo, pero como ocurre con las brujas..., que las hay, ¡las hay!”.  

La parcialidad de la Justicia en esta causa fue denunciada también por la dirección del Frente de Izquierda (FIT), una formación marxista que impugna radicalmente la política económica del gobierno peronista y sostiene la movilización popular en su contra. A pesar de estas diferencias y viejas disputas, rechazaron de forma categórica el pedido de inhabilitación para Cristina Kirchner. La diputada Myriam Bregman, dirigente del FIT, aseguró que el juicio resultaba sospechoso, entre otras razones, por las estrechas relaciones de amistad entre el fiscal de la causa y el presidente del tribunal con el ex presidente Mauricio Macri, con quien ambos suelen jugar al fútbol en su casa. La trotskista Myriam Bregman, partidaria de crear tribunales populares para juzgar los casos de corrupción, denunció: “Quieren ir hacia un gobierno de los jueces”. También acudió en defensa de la vicepresidenta el dirigente social Juan Grabois, a pesar de su denuncia pública de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández.

Ante el cariz que han tomando los acontecimientos, hay quien opina que aunque Cristina Kirchner no merezca ser condenada, el lawfare ya habría triunfado

Ante el cariz que han tomando los acontecimientos, hay quien opina que aunque Cristina Kirchner no merezca ser condenada, el lawfare ya habría triunfado. La prueba es la imposición del programa económico neoliberal de Sergio Massa. La estrategia de condicionar el proceso político para influir en las decisiones del gobierno estaría operando con éxito. 

Aunque así fuera, el desempeño de los fiscales en el caso Vialidad anuncia una nueva etapa de confrontación social. El nuevo esquema ideado por la derecha para dejar a Cristina Kirchner fuera de la contienda electoral en las próximas elecciones de 2023 puede incendiar las calles. Según una encuesta del mes de abril, la vicepresidenta es la candidata mejor situada en cuanto a preferencias de voto, con el 15 % del total nacional en las primarias (sobre 31 % para todos los candidatos del FdT). El candidato peronista que suma todas la preferencias del establishment sin duda es el actual superministro Sergio Massa, pero apenas mereció el 3 % de las preferencias y nunca podría competir en popularidad con ella. 

El intento de magnicidio

La primera gran chispa acaba de encenderse con el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al regresar a su casa el 1 de septiembre. Después de 10 días de concentraciones populares de apoyo ante su domicilio, un ultraderechista se coló entre la multitud que la espera a diario y disparó un arma a pocos centímetros de su cara. Milagrosamente, no había ninguna bala en la recámara, aunque la pistola estaba  cargada con cinco municiones. El autor del disparo, Fernando Andre Sabag Montiel, es un brasileño de 35 años -nacionalizado argentino- que frecuenta páginas de internet esotéricas y supremacistas, se define como 'Cristiano' en su perfil de Instagram y lleva tatuado en el codo izquierdo un sol negro típico de la simbología neonazi.

Este intento de magnicidio, cuyo ejecutor está siendo interrogado para conocer quiénes fueron los autores intelectuales, supone el cenit la degradación de la lucha política en Argentina. El presidente Alberto Fernández se dirigió a la nación esa misma noche:

“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, declaró el presidente. “Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”, insistió, anunciando también que el día siguiente sería festivo laboral “para que en paz y armonía, el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

El acoso jurídico contra Cristina Kirchner, coronado ahora por el intento de asesinarla, ha situado a su figura en el centro del debate político nacional

En el nuevo contexto que se abre, la derecha política y mediática está quedando descolocada. Cada uno de sus actos tiene el resultado de un búmeran que vuelve con fuerza contra sus propios fines. El acoso jurídico contra Cristina Kirchner, coronado ahora por el intento de asesinarla, ha situado a su figura en el centro del debate político nacional. Las crecientes movilizaciones y vigilias en su respaldo muestran que ella no ha perdido poder de convocatoria a pesar de las deficiencias del actual gobierno. Horas antes del intento de asesinato, varios dirigentes de La Cámpora, incluido su hijo Máximo Kirchner, expresaron festivamente su “deseo militante” de favorecer su candidatura a la presidencia, un tema que hasta ahora estuvo fuera de la agenda pública. A partir del pedido de condena de los fiscales, se generó un proceso interno en el peronismo que le permitió expandir su poder de convocatoria y resaltar su liderazgo. Los efectos perversos de la cacería política, jurídica y periodística a la que se ve sometida Cristina Kirchner aún no se conocen en todas sus dimensiones, pero los resultados que ya son visibles parecen incluso contraproducentes para sus adversarios políticos, enemigos y perseguidores.